sábado, 21 de noviembre de 2009

Suprema pide juzgado para Alto Hospicio

La preocupación del máximo tribunal del país por el "gran menoscabo" en el acceso a la justicia que sufren los habitantes de la comuna de Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá, planteó ayer el presidente (s) de la Corte Suprema, Milton Juica, quien cuestionó que dicha localidad de 85 mil habitantes no cuenta "siquiera con un juez de policía local".
"Es una comuna que necesita de tribunales de justicia", afirmó el magistrado, a quien como visitador de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Iquique le correspondió palpar en terreno la problemática situación de Alto Hospicio.
Juica recordó que esta es la tercera vez que plantean su inquietud por esta situación al Ministerio de Justicia.
"Alto Hospicio merece un tribunal, con un número suficiente de jueces, porque a veces se cree que con un juez se soluciona el tema", apuntó.
El ministro destacó además que Alto Hospicio representa cerca del 30% del movimiento jurisdiccional de Iquique y que "gente que es de escasos recursos, tiene que gastar en movilización para ir a tribunales (sobre todo en materias penales y de familia). Y muchas veces la gente no va, porque no puede costear el pasaje o la estadía en Iquique". Agregó que "hemos reiterado la necesidad urgente de solucionar el tema".
Durante su visita, el vocero se reunió con la alcaldesa de Iquique y el intendente de Tarapacá, quienes le transmitieron la preocupación por la falta de tribunales y cómo esto afecta a la ciudadanía.

Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/21/nacional/nacional/noticias/C637AF66-81B3-4A24-A2C5-64BDA0767D54.htm?id={C637AF66-81B3-4A24-A2C5-64BDA0767D54} (El Mercurio)

Desde ayer rige ley que elimina el cheque en garantía

Ayer fue publicada en el Diario Oficial la ley que prohíbe el cheque en garantía a todos los prestadores de salud, tanto hospitales públicos como centros de salud privados.
Con esto comienza a regir la nueva normativa, que contempla multas de entre 10 y 1.000 unidades tributarias mensuales (entre $360 mil y $36 millones, aproximadamente) a aquellos centros que condicionen la atención de salud a sus pacientes al otorgamiento de cheques o dinero en efectivo.
La ley, en todo caso, permite a los prestadores la posibilidad de "garantizar el pago por otros medios idóneos, tales como el registro de la información de una tarjeta de crédito, cartas de respaldo otorgadas por los empleadores, letras de cambio o pagarés".
Es decir, la ley amplía los métodos que tienen los pacientes para garantizar el pago, y establece por primera vez dentro de la legislación chilena el derecho de los prestadores de salud de pedir dicha garantía, por lo que la eliminación del cheque en garantía sólo entrega un espectro más amplio de opciones para los usuarios.
De hecho, la nueva legislación también permite a los pacientes entregar voluntariamente dinero en efectivo o un cheque.
En las atenciones de urgencia, en tanto, se impide la solicitud de cualquier documento, según la ley de urgencia.
$36millones es la multa máxima que podrá aplicar la Superintendencia de Salud, encargada de fiscalizar el cumplimiento de la ley.
12veces podrá multiplicar la multa la autoridad si detecta reincidencia.

Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/21/nacional/nacional/noticias/E9CD9094-28E5-451E-9D63-BA90A85866ED.htm?id={E9CD9094-28E5-451E-9D63-BA90A85866ED} (El Mercurio)

Corte Suprema llama a la "cordura" tras polémico correo

Un llamado a la "cordura" hizo el presidente (s) de la Corte Suprema, Milton Juica, por la polémica generada entre jueces de garantía luego que la Fiscalía Oriente presentara una queja disciplinaria y recurriera al Tribunal Constitucional para evitar que uno de sus fiscales declarara como testigo en juicio oral de María del Pilar Pérez y su supuesto sicario José Ruz, por los crímenes de Providencia, y fuera inhabilitado en la causa.
Juica reconoció que "desde el punto de vista jurisdiccional no nos han parecido bien las actuaciones de algunos jueces de reprochar las decisiones de otras autoridades que no pertenecen al Poder Judicial", aludiendo al correo electrónico enviado por el magistrado del 13° Juzgado de Garantía, Eduardo Gallardo, en el que calificó de "matonaje" las actuaciones de la Fiscalía Oriente.
"En realidad, han tomado opinión no los que son verdaderamente interesados en el tema; salieron apoderados que han provocado este conflicto jurídico respecto de la procedencia de una determinada prueba. No nos gusta que los jueces defiendan, ataquen, critiquen sus resoluciones porque para eso están los mecanismos legales pertinentes. Hay que poner cordura en estas cosas", sostuvo.
Agregó que a la Suprema "le interesa tener el mayor diálogo y cordialidad con otros estamentos que están relacionados con el sistema procesal penal y que los jueces deben adoptar la conducta de concretar el tema a la cuestión puramente jurídica". Chahuán respeta postura de fiscalía y elogia a juez
Por primera vez, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, se refirió a la polémica entre la Fiscalía Oriente y jueces de garantía. "Es un tema procesal, de opinión jurídica y debemos centrarlo ahí. Hay una posición clara de la fiscalía. Y si no es compartida por los tribunales, tendremos que atenernos a ello. Yo creo que debe ser respetada la posición jurídica de la fiscalía, pero ir más allá me parece que es una exageración". Respecto del correo del magistrado Eduardo Gallardo, afirmó "que como él mismo lo dice, fue una imprudencia, una equivocación", pero insistió en que "es un juez destacado".


Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/21/nacional/_portada/noticias/B7038C17-27FF-439A-BCCD-1577258FAF87.htm?id={B7038C17-27FF-439A-BCCD-1577258FAF87} (El Mercurio)

Juez reconoció "imprudencia" por el correo contra Fiscalía Oriente

Viernes 20 de Noviembre de 2009

En un informe de dos páginas, el magistrado del 13.er Juzgado de Garantía, Eduardo Gallardo, reconoció que incurrió "en una imprudencia" y que usó "términos impropios" en el polémico correo enviado a sus pares en el que califica de "matonaje" las últimas actuaciones de la Fiscalía Oriente.
En el documento -que envió al presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Dahm- escribió que se trató de "una falta de mesura frente a la cual no cabe más que manifestar mis más sinceras disculpas, en especial considerando que la publicación referida, de una u otra manera, podría haber afectado la imagen de nuestra judicatura".
El polémico correo fue enviado por Gallardo luego de conocer la decisión del jefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Xavier Armendáriz, de presentar una queja disciplinaria en contra del juez Daniel Aravena y un recurso ante el Tribunal Constitucional para revertir la decisión de este magistrado de incluir como testigo al fiscal Patricio Caroca en el juicio oral en contra de María del Pilar Pérez y José Ruz, por los crímenes de Providencia.
El juez Gallardo sostiene que el mail fue enviado "en el marco de la profunda incomodidad y molestia motivadas por la situación puntual que un colega se encontraba enfrentando, a propósito de la queja disciplinaria interpuesta en su contra (Aravena)", aunque admitió que "no pretendo en caso alguno justificar mi proceder, que reconozco inadecuado".
El magistrado explicó que se trató de una discusión entre colegas enviada a un grupo de correo perteneciente al Poder Judicial.
En su argumentación, se refirió a la privacidad de sus declaraciones: "Si bien mi actuación pudiera ser ingenua, en el sentido de pretender una mayor expectativa de privacidad, en atención al número de destinatarios, es importante destacar que la opinión vertida pretendía mantenerse en el ámbito de una discusión entre colegas".
El próximo lunes, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago conocerá este informe del magistrado, y resolverá si abre un sumario administrativo.
Ese mismo día se verá la queja de la Fiscalía Oriente en contra del juez Aravena, quien también envió su informe a la Corte.
DISCULPAS
"Se trató de una falta de mesura frente a la cual no cabe más que manifestar mis más sinceras disculpas".


Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/20/nacional/nacional/noticias/1F6E7C07-6CC8-4177-B67C-77FBD5A996EC.htm?id={1F6E7C07-6CC8-4177-B67C-77FBD5A996EC}(El Mercurio)

Corte pide informe a magistrado antes de resolver si abre sumario

Jueves 19 de Noviembre de 2009

Un informe deberá entregar en los próximos días el magistrado del 13° Juzgado de Garantía, Eduardo Gallardo, para explicar a la Corte de Apelaciones de Santiago el polémico correo electrónico que envió a sus colegas, en el que califica de "clásico matonaje" la decisión de la Fiscalía Oriente de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) por la decisión de otro magistrado que accedió a que declarara como testigo uno de sus fiscales.
La información fue dada a conocer ayer por el presidente del tribunal de alzada, Jorge Dahm, quien ayer se reunió con el presidente (s) de la Corte Suprema, Milton Juica.
"Al Poder Judicial no le corresponde entrar en ningún tipo de polémica, simplemente salió anunciada en el diario la existencia de este correo electrónico y se están pidiendo los informes pertinentes y haciendo la investigación correspondiente. No es más que una opinión, y eso es lo que indagaremos oportunamente", dijo.
El Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago podría ver la situación del magistrado el próximo lunes. Ese día se deberá determinar si se abrirá un sumario administrativo por el e-mail en donde también califica de "tinterillada" el requerimiento del fiscal Xavier Armendáriz en contra del juez Daniel Aravena, lo que paralizó el juicio en contra de María del Pilar Pérez y su supuesto sicario José Ruz. TC y recurso
El Tribunal Constitucional (TC) acogió a tramitación el recurso de inaplicabilidad de la defensa de Rocío Zamorano, hija de María del Pilar Pérez, en que se impugna la norma que sólo le concede al Ministerio Público la apelación por exclusión de pruebas. "Por igualdad ante la ley y debido proceso los querellantes también deben tener esta posibilidad", dijo el abogado Francisco Cox.Asociación de Fiscales lamenta las expresiones de Gallardo
La presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales, Patricia Muñoz, analizó ayer con los dirigentes del gremio el impasse originado por el e-mail del juez Eduardo Gallardo, tras lo cual calificó como "lamentables" las expresiones vertidas en el correo.
No obstante, planteó que a juicio de la agrupación, tales comentarios corresponden a una comunicación privada entre magistrados que se filtró por una vía desconocida a la opinión pública. Y descartó otras motivaciones en los contenidos del e-mail .
Sobre la actitud que podría tener la Fiscalía Oriente cuando alguna causa sea vista por el citado juez, Patricia Muñoz respondió: "Lo que se resuelva en ese caso corresponde a una resolución del fiscal regional y no nos corresponde a nosotros, como asociación, intervenir u opinar. Son decisiones que deberá adoptar el fiscal (Xavier) Armendáriz, seguramente con consulta al fiscal nacional (Sabas Chahuán), que son quienes marcan el trabajo de los fiscales adjuntos".
También desechó la posibilidad de que esta situación pueda marcar un precedente, por lo que restó mayor importancia al incidente.En silencio
"No voy a hablar nada; si quiere tener mi versión, llame a la dirección de comunicaciones (del Poder Judicial)", se limitó a decir ayer el juez de garantía Eduardo Gallardo, contactado por "El Mercurio".
El magistrado es conocido por sus extensas argumentaciones para explicarle a la prensa por qué algunas veces le impide registrar a los imputados durante sus audiencias, las que generalmente aluden a la experiencia judicial de otros países.
Con la Fiscalía Oriente ya se había enfrentado públicamente en agosto pasado, cuando refutó su versión respecto de la libertad de C.A.V.M., de 15 años, a quien se le imputó un asalto en la comuna de Peñalolén.
En julio de 2007 desafió -junto a la actual presidenta de la regional Santiago de la Asociación de Magistrados, María Francisca Zapata- al senador Alberto Espina y al diputado Cristián Monckeberg en un inédito debate, originado luego de fallos polémicos, como el de la jueza Paola Robinovich, quien había dejado en libertad a "boqueteros" que intentaron robar una sucursal de BancoEstado en Avenida Matta. Robinovich y Gallardo, quien es separado, tuvieron una relación sentimental.
"Ser juez de garantía no es un concurso de popularidad", argumentó en esa ocasión Gallardo. En una entrevista televisiva, dijo que él no comentaba fallos, pero reconoció que todo sistema de justicia penal "tiene márgenes de error".
En noviembre de ese año, se desafilió de la Asociación Nacional de Magistrados.
En abril de 2005 fue uno de los 24 jueces de garantía que firmaron una carta cuestionando dos sanciones de la Suprema contra jueces.Asociación de Magistrados sostiene que correo tiene carácter privado
El presidente de la Asociación de Magistrados, Leopoldo Llanos, no quiso referirse a la actuación del magistrado del 13° Juzgado de Garantía, Eduardo Gallardo, de enviar un correo electrónico a otros jueces.
Sin embargo, Llanos explicó que el mail a su juicio era reservado.
"Es una comunicación privada entre el magistrado Eduardo Gallardo y otros jueces, y éste nunca pensó que se iba a conocer públicamente", aseguró Llanos.
Pese a la polémica que ha generado la disputa entre jueces y fiscales, el presidente de la asociación insistió ayer en que no existe "ningún conflicto entre los organismo gremiales".
En tanto, la presidenta de la Regional Santiago de la Asociación de Magistrados, Francisca Zapata, al ser consultada por "El Mercurio" explicó que no se referirá al tema porque "el magistrado Gallardo no es asociado".Juez Aravena recuerda en informe casos de otros fiscales-testigos, entre ellos Vinko Fodich
Junto con un video y un set fotográfico obtenido de éste, el juez del Octavo Juzgado de Garantía, Daniel Aravena, entregó un informe de ocho carillas a la Corte de Apelaciones de Santiago en el que se defiende del recurso de queja presentado en su contra por la Fiscalía Oriente, luego que inhabilitara al fiscal Patricio Caroca en una audiencia de la investigación contra María del Pilar Pérez y José Ruz, citado como testigo de la defensa.
En el documento, el juez Aravena afirma que Caroca sólo participó en la formalización de Claudio Soza, quien más tarde fue absuelto, y que tras ello la nueva línea investigativa contra Pérez y Ruz la siguieron los fiscales Vinko Fodich y Carlos Gajardo, quienes el día de la audiencia de lectura de auto de apertura de juicio oral se quedaron fuera de la sala de audiencia, lo que Aravena acreditó entregando un video y fotografías. "Con su ausencia voluntaria coadyuvaron a la creación de esta situación", dice.
Agrega que inhabilitó en esa audiencia a Caroca porque "más parecía motivado por un interés personal, derivado de la molestia de ser citado como testigo, que como representante del Ministerio Público"; por ello, para "salvaguardar los derechos de todos los intervinientes" ordenó oficiar al fiscal regional para que citara a un representante no cuestionado.
Recuerda que si la Presidenta de la República ha podido declarar, "con mayor razón un fiscal adjunto". Agrega que Armendáriz "quiere atribuirse la competencia jurisdiccional de determinar quiénes tienen la calidad de testigos hábiles". Además, alude a casos en que los fiscales han declarado tras ser citados como testigos, incluso del Ministerio Público: ocurrió en un caso del juzgado oral en lo penal de Chillán, y otro del tribunal oral de Valparaíso.
Asimismo, recuerda que el propio Fodich declaró como testigo ante el tribunal oral de Curicó. Lo mismo hizo en La Serena el fiscal regional de la zona.

Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/19/nacional/nacional/noticias/78B661B2-D36E-4B2F-BCE4-75DC32327289.htm?id={78B661B2-D36E-4B2F-BCE4-75DC32327289}(El Mercurio)

Senado ratificó a la sexta mujer en la Corte Suprema

Jueves 19 de Noviembre de 2009

El Senado ratificó ayer por unanimidad (31 votos) a Rosa Egnem Saldías como miembro de la Corte Suprema, convirtiéndola en la sexta mujer que llega al máximo tribunal de justicia.
La hasta ayer ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel ocupará la vacante dejada por el ex ministro Ricardo Gálvez.
Egnem acompañará en la Suprema a las actuales ministras Margarita Herreros, Gabriela Pérez, Sonia Araneda y Rosa María Maggi, todas nombradas por la Presidenta Michelle Bachelet.
A ellas se suma la ex ministra María Antonia Morales, quien en 2000 fue la primera mujer en acceder a ese tribunal.
Además de sus méritos profesionales, Egnem se distingue por profesar el cristianismo y participar en grupos de oración y estudios bíblicos. Hasta ahora, la Suprema sólo tuvo integrantes católicos, masones o agnósticos.
La nueva "suprema", que ingresó al Poder Judicial en 1973, jurará en los próximos días, una vez que se complete la tramitación de su decreto de nombramiento.

Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/19/nacional/nacional/noticias/32A132B5-1A93-4C79-8780-3CD048D8FEC7.htm?id={32A132B5-1A93-4C79-8780-3CD048D8FEC7} (El Mercurio)

Fiscal Xavier Armendáriz y correo de juez Gallardo: "Nadie puede acusar de matonaje"

Jueves 19 de Noviembre de 2009

"Nadie puede hablar de matonaje, si lo que estamos haciendo es usar recursos del Código", dijo ayer el fiscal regional oriente, Xavier Armendáriz, en clara respuesta al polémico correo electrónico enviado por el juez del 13º Juzgado de Garantía, Eduardo Gallardo, a sus pares de todo Chile, en el que califica como "matonaje" la actitud de la Fiscalía Oriente.
El creador del mensaje criticó en duros términos la decisión del fiscal regional de presentar una queja disciplinaria en contra del juez Daniel Aravena y un recurso ante el Tribunal Constitucional para revertir la decisión de este magistrado de incluir como testigo al fiscal Patricio Caroca en el juicio oral en contra de María del Pilar Pérez y José Ruz por los crímenes de Providencia.
En el correo, Gallardo no sólo impugnó la presentación de recursos, sino que manifestó abiertamente su opinión sobre la posibilidad de que un fiscal declare en un juicio oral, así como cuestionó los procedimientos y decisiones adoptadas por Caroca en la investigación del "doble homicidio" de calle Infante, en Providencia.
"Nadie puede hablar de matonaje, si lo que estamos haciendo es usar recursos del Código, es decir, interponer recursos que están en la ley. Nadie puede acusar de matonaje. Eso está sometido a las instancias correspondientes, que en su momento emitirán su juicio, y eso no puede ser considerado matonaje por nadie, de la misma manera que un querellante, un defensor o la propia Defensoría puede hacer uso de los recursos que estime, y eso no puede ser considerado matonaje", afirmó Armendáriz.
A renglón seguido, el fiscal regional insistió en la idea de que la decisión de que un fiscal sea a la vez testigo de su propia causa "distorsiona" el sistema procesal penal.
"El sistema sufre una distorsión, una perversión, si los fiscales a cargo de las causas son llamados a declarar, porque su papel es investigar y no convertirse en prueba. Si a la Defensoría le interesaba aclarar ese punto podría haber llamado a declarar a los dos detectives que participaron en el interrogatorio realizado por el fiscal Caroca", dijo.
Finalmente, Armendáriz asegura que no busca proteger al fiscal, negándose a la posibilidad de que sea testigo.
"De ningún modo se quiere proteger a un fiscal, por la simple razón de que el contenido de la investigación es justamente lo que vamos a discutir en el juicio. Por lo tanto, creemos que no se debe llamar a declarar al fiscal", concluyó.
La polémica surgió cuando el juez Daniel Aravena, quien resolvió la audiencia de preparación del juicio oral, aceptó al fiscal Patricio Caroca como testigo, acogiendo la petición de las defensas de Pérez y Ruz, quienes buscan que el investigador declare sobre la forma en que investigó y obtuvo la confesión de Claudio Soza Zamorano. Este último fue imputado por el crimen de su primo y ex marido de Pérez, Francisco Zamorano y su pareja gay Héctor Arévalo, pero luego fue sobreseído, tras otra confesión: la del presunto sicario José Ruz.
Nuevas acciones
Ayer el fiscal Xavier Armendáriz sostuvo sendas reuniones con su equipo de fiscales de la zona oriente con el objetivo de definir posibles acciones judiciales a raíz de los dichos del juez Gallardo.
Lo que más preocupó es que el magistrado resuelve en causas que son investigadas por fiscales de las comunas de Peñalolén y Macul, que pertenecen a la zona oriente.
Por esta razón, en el Ministerio Público evalúan la posibilidad de esgrimir recursos o recusaciones en contra del magistrado para evitar que participe en procesos de esta jurisdicción, pero ayer no se definió ninguna acción concreta.
Por el momento, Armendáriz tiene una reunión pendiente con el fiscal nacional, Sabas Chahuán, para delinear los cursos a seguir.
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CHAHUÁN NO HABLA
Consultado el fiscal Sabas Chahuán sobre lo ocurrido, a través de sus asesores comunicacionales respondió que "no va a emitir opinión sobre el tema".

Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/19/nacional/nacional/noticias/B3E53FD3-2B6A-48B6-A273-BAD4E2430F93.htm?id={B3E53FD3-2B6A-48B6-A273-BAD4E2430F93}(El Mercurio)

miércoles, 18 de noviembre de 2009

El polémico correo que juez de garantía envió a sus pares acusando "matonaje" de Fiscalía Oriente

El martes 10 de noviembre, un inusual correo electrónico llegó a los computadores de todos los jueces del Centro de Justicia de Santiago. El remitente era el magistrado del 13.er Juzgado de Garantía, Eduardo Gallardo, quien compartía con sus pares encendidas críticas a la actitud que habría tomado la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente al presentar sendos recursos judiciales en contra de su colega Daniel Aravena, juez del 8º Juzgado de Garantía de la capital.
La fiscalía está impugnando a Aravena por su decisión de incluir al fiscal Patricio Caroca, quien investigó el doble homicidio de calle Infante, en Providencia, como testigo en el juicio oral en contra de María del Pilar Pérez ("La Quintrala") y su presunto sicario, José Ruz, ambos acusados por ese mismo ilícito.
Gallardo envió la misiva a las 12:13 horas desde su correo institucional y lo encabezó con la siguiente frase: "El cásico (sic) matonaje de la Fiscalía Oriente", aludiendo a la queja disciplinaria presentada en contra de Aravena y al recurso que elevó el jefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Xavier Armendáriz, ante el Tribunal Constitucional (TC), que paralizó la preparación del juicio por los crímenes de Providencia (ver nota relacionada).
En el e-mail, enviado a todos los jueces de garantía de la Región Metropolitana, el juez opina abiertamente sobre las actuaciones del fiscal Caroca para esclarecer la muerte del ex marido de Pilar Pérez, Francisco Zamorano, y la pareja de éste, Héctor Arévalo. Por ese doble homicidio, en un comienzo fue imputado un primo de Zamorano, Claudio Soza, quien confesó el crimen, pero luego fue sobreseído.
A continuación del calificativo de matonaje, el texto agrega: "... En vez de asumir que en la primera investigación por los homicidios la investigación llevada por el fiscal en cuestión significó que un inocente 'confeso' bajo coacción extrajudicialmente estuviera un mes en la cárcel... ¿Acaso los métodos de investigación de este fiscal o de quienes le sirvieron de auxiliares en este caso no son relevantes para la defensa?".
Gallardo, quien resuelve causas que investiga la Fiscalía Oriente en Macul y Peñalolén, alude además a la credibilidad del Ministerio Público y defiende la decisión de Aravena de acceder a la petición de los defensores de Pérez y Ruz para que el fiscal Caroca sea testigo en el juicio: "La cosa es muy clara: en casos groseros, la credibilidad de la investigación del MP (Ministerio Público) debe y puede ser ventilada en juicio a través, si es del caso, del testimonio del propio fiscal (que dicho sea de paso, jamás ha dado una explicación de cómo y por qué obtuvo una confesión autoincriminatoria de un inocente de 70 años). ¿No genera eso un manto (sic) de cualquier confesión que se preste ante ese fiscal?".
El juez opina, asimismo, sobre el recurso ante el Tribunal Constitucional: "Lo que pretende aquí el MP recurriendo al TC (que en todo caso es, además, incompetente) es una simple tinterillada. La posibilidad de que un fiscal declare en juicio es ciertamente excepcional, pero éste es el caso clásico en que en todas partes se permite".
"El cásico (sic) matonaje de la Fiscalía Oriente".
"¿Acaso los métodos investigativos de este fiscal o de quienes le sirvieron de auxiliares en este caso no son relevantes para la defensa?".
"Lo que pretende aquí el MP recurriendo al TC (que en todo caso es, además, incompetente) es una simple tinterillada".
EDUARDO GALLARDOJuez del 13.er Juzgado de Garantía de Santiago El Tribunal Constitucional admite la contienda de competencia
La Segunda Sala del Tribunal Constitucional (TC) resolvió ayer declarar admisible la contienda de competencia que presentó el jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Xavier Armendáriz, y que tiene paralizada la preparación del juicio oral en contra de María del Pilar Pérez y su presunto sicario, José Ruz, por los crímenes de Providencia.
La resolución fue estrecha -tres votos contra dos- y el Pleno del organismo deberá ahora pronunciarse sobre la contienda entre el fiscal Armendáriz y el magistrado del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Aravena, quien acogió la petición de la defensa de ambos imputados para que el fiscal Patricio Caroca -quien indagó el doble homicidio de calle Infante y participó en la causa- declare como testigo en el juicio.
En los próximos días, el TC deberá fijar la audiencia para escuchar los alegatos, para luego resolver la contienda.
En tanto, la Asociación Nacional de Magistrados presentó en la Corte de Apelaciones de Santiago un amparo gremial a favor del juez de garantía Daniel Aravena, solicitándole al tribunal de alzada que rechace la queja disciplinaria presentada en su contra por el fiscal Armendáriz -este recurso es paralelo al presentando en el Tribunal Constitucional- luego que el magistrado inhabilitara al fiscal Caroca, presentado como testigo de la defensa de los dos imputados en el caso.
La citada presentación plantea que para que los jueces mantengan su independencia interna no deben ser sancionados disciplinariamente por sus actuaciones jurisdiccionales.
Según expresó el presidente de la Asociación de Magistrados, Leopoldo Llanos, "la cuestión que motivó la indebida queja de que fue objeto el juez Aravena es opinable desde el punto de vista del derecho y aún por tratarse de una decisión jurisdiccional que pudiere haber causado agravio a alguno de los intervinientes, la ley franquea otras vías procesales para impugnar éstas (decisiones), que no atenten contra nuestra independencia al actuar en el proceso".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/18/nacional/nacional/noticias/01A16C9A-A26-4AC2-)B5F9-D45AB1A5912A.htm?id={01A16C9A-2A26-4AC2-B5F9-D45AB1A5912A} (El Mercurio)

El polémico correo que juez de garantía envió a sus pares acusando "matonaje" de Fiscalía Oriente

El martes 10 de noviembre, un inusual correo electrónico llegó a los computadores de todos los jueces del Centro de Justicia de Santiago. El remitente era el magistrado del 13.er Juzgado de Garantía, Eduardo Gallardo, quien compartía con sus pares encendidas críticas a la actitud que habría tomado la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente al presentar sendos recursos judiciales en contra de su colega Daniel Aravena, juez del 8º Juzgado de Garantía de la capital.
La fiscalía está impugnando a Aravena por su decisión de incluir al fiscal Patricio Caroca, quien investigó el doble homicidio de calle Infante, en Providencia, como testigo en el juicio oral en contra de María del Pilar Pérez ("La Quintrala") y su presunto sicario, José Ruz, ambos acusados por ese mismo ilícito.
Gallardo envió la misiva a las 12:13 horas desde su correo institucional y lo encabezó con la siguiente frase: "El cásico (sic) matonaje de la Fiscalía Oriente", aludiendo a la queja disciplinaria presentada en contra de Aravena y al recurso que elevó el jefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Xavier Armendáriz, ante el Tribunal Constitucional (TC), que paralizó la preparación del juicio por los crímenes de Providencia (ver nota relacionada).
En el e-mail, enviado a todos los jueces de garantía de la Región Metropolitana, el juez opina abiertamente sobre las actuaciones del fiscal Caroca para esclarecer la muerte del ex marido de Pilar Pérez, Francisco Zamorano, y la pareja de éste, Héctor Arévalo. Por ese doble homicidio, en un comienzo fue imputado un primo de Zamorano, Claudio Soza, quien confesó el crimen, pero luego fue sobreseído.
A continuación del calificativo de matonaje, el texto agrega: "... En vez de asumir que en la primera investigación por los homicidios la investigación llevada por el fiscal en cuestión significó que un inocente 'confeso' bajo coacción extrajudicialmente estuviera un mes en la cárcel... ¿Acaso los métodos de investigación de este fiscal o de quienes le sirvieron de auxiliares en este caso no son relevantes para la defensa?".
Gallardo, quien resuelve causas que investiga la Fiscalía Oriente en Macul y Peñalolén, alude además a la credibilidad del Ministerio Público y defiende la decisión de Aravena de acceder a la petición de los defensores de Pérez y Ruz para que el fiscal Caroca sea testigo en el juicio: "La cosa es muy clara: en casos groseros, la credibilidad de la investigación del MP (Ministerio Público) debe y puede ser ventilada en juicio a través, si es del caso, del testimonio del propio fiscal (que dicho sea de paso, jamás ha dado una explicación de cómo y por qué obtuvo una confesión autoincriminatoria de un inocente de 70 años). ¿No genera eso un manto (sic) de cualquier confesión que se preste ante ese fiscal?".
El juez opina, asimismo, sobre el recurso ante el Tribunal Constitucional: "Lo que pretende aquí el MP recurriendo al TC (que en todo caso es, además, incompetente) es una simple tinterillada. La posibilidad de que un fiscal declare en juicio es ciertamente excepcional, pero éste es el caso clásico en que en todas partes se permite".
"El cásico (sic) matonaje de la Fiscalía Oriente".
"¿Acaso los métodos investigativos de este fiscal o de quienes le sirvieron de auxiliares en este caso no son relevantes para la defensa?".
"Lo que pretende aquí el MP recurriendo al TC (que en todo caso es, además, incompetente) es una simple tinterillada".
EDUARDO GALLARDOJuez del 13.er Juzgado de Garantía de Santiago El Tribunal Constitucional admite la contienda de competencia
La Segunda Sala del Tribunal Constitucional (TC) resolvió ayer declarar admisible la contienda de competencia que presentó el jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Xavier Armendáriz, y que tiene paralizada la preparación del juicio oral en contra de María del Pilar Pérez y su presunto sicario, José Ruz, por los crímenes de Providencia.
La resolución fue estrecha -tres votos contra dos- y el Pleno del organismo deberá ahora pronunciarse sobre la contienda entre el fiscal Armendáriz y el magistrado del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Aravena, quien acogió la petición de la defensa de ambos imputados para que el fiscal Patricio Caroca -quien indagó el doble homicidio de calle Infante y participó en la causa- declare como testigo en el juicio.
En los próximos días, el TC deberá fijar la audiencia para escuchar los alegatos, para luego resolver la contienda.
En tanto, la Asociación Nacional de Magistrados presentó en la Corte de Apelaciones de Santiago un amparo gremial a favor del juez de garantía Daniel Aravena, solicitándole al tribunal de alzada que rechace la queja disciplinaria presentada en su contra por el fiscal Armendáriz -este recurso es paralelo al presentando en el Tribunal Constitucional- luego que el magistrado inhabilitara al fiscal Caroca, presentado como testigo de la defensa de los dos imputados en el caso.
La citada presentación plantea que para que los jueces mantengan su independencia interna no deben ser sancionados disciplinariamente por sus actuaciones jurisdiccionales.
Según expresó el presidente de la Asociación de Magistrados, Leopoldo Llanos, "la cuestión que motivó la indebida queja de que fue objeto el juez Aravena es opinable desde el punto de vista del derecho y aún por tratarse de una decisión jurisdiccional que pudiere haber causado agravio a alguno de los intervinientes, la ley franquea otras vías procesales para impugnar éstas (decisiones), que no atenten contra nuestra independencia al actuar en el proceso".

Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/18/nacional/nacional/noticias/01A16C9A-2A26-4AC2-B5F9-D45AB1A5912A.htm?id={01A16C9A-2A26-4AC2-B5F9-D45AB1A5912A} (El Mercurio)

martes, 17 de noviembre de 2009

Magistrados presentan amparo a favor de juez por polémica en caso "La Quintrala"

La Asociación Nacional de Magistrados presentó hoy un amparo gremial a favor del juez Daniel Aravena ante la Corte de Apelaciones de Santiago, para que desestime la queja disciplinaria interpuesta por el fiscal Xavier Armendáriz contra la decisión del magistrado de inhabilitar al fiscal Patricio Caroca en una audiencia preparatoria del caso "La Quintrala".
De acuerdo a la entidad gremial, el libelo no apunta a los hechos que motivaron la acción del jefe de la fiscalía oriente, sino que tiene por objeto que el tribunal de alzada deseche la queja, argumentando que "es condición de la necesaria independencia interna de los jueces el que no sean sancionados disciplinariamente por sus actuaciones jurisdiccionales".
Según el presidente de la Asociación, Leopoldo Llanos, "la cuestión que motivó la indebida queja de que fue objeto el juez Aravena es opinable desde el punto de vista del derecho y aún por tratarse de una decisión jurisdiccional que pudiere haber causado agravio a alguno de los intervinientes, la ley franquea otras vías procesales para impugnar éstas (decisiones), que no atenten contra nuestra independencia al actuar en el proceso".
La polémica se inició luego que Aravena aceptara la solicitud de la defensa de María del Pilar Pérez y José Ruz -acusados por los homicidios del joven economista Diego Schmidt-Hebbel, del ex marido de la mujer, Francisco Zamorano, y de la pareja de éste, Héctor Arévalo- de incluir como testigo al fiscal Caroca y luego lo inhabilitara "en los hechos".
La resolución molestó profundamente a Armendáriz, e incluso tuvo eco en la Fiscalía Nacional, pues se interpretó como una "intromisión" de Aravena en las atribuciones exclusivas que tiene el fiscal regional para designar o administrar a sus fiscales.
Tras ello, el fiscal recurrió de queja contra el juez y presentó una contienda de competencia en el Tribunal Constitucional, lo que significó la paralización del juicio oral contra la mujer y su sicario.

Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=385356 (Emol)

Juez presenta un video en nuevo capítulo de su disputa con fiscales

Quienes defienden la actuación del juez Daniel Aravena están decididos a demostrar que los fiscales Vinko Fodich y Carlos Gajardo se habrían quedado intencionalmente fuera de la polémica audiencia en que el magistrado inhabilitó al fiscal Patricio Caroca en el caso "La Quintrala".
En su defensa, Aravena hizo llegar ayer a la Corte de Apelaciones -donde se tramita un recurso de queja presentado en su contra por la fiscalía oriente- un informe requerido junto a un video en que se observaría a Fodich y Gajardo conversando con Caroca antes de que éste entrara solo a la audiencia en que se daría lectura al auto de apertura del juicio oral, y donde según el juez y la defensoría el fiscal se limitó a alegar contra su inclusión como testigo de la defensa de los imputados.
Tras la conversación, los dos fiscales, quienes habían asistido sin Caroca a todas las audiencias preparatorias anteriores, se habrían quedado en el pasillo esperando y atentos al desarrollo de la audiencia, lo que mostraría el video. Esto a juicio de quienes respaldan al juez Aravena demostraría una "concertación" para hacer aparecer a Caroca como fiscal de la causa e impedir su citación como testigo.
En un escrito presentado ante el tribunal de alzada capitalino, el defensor regional metropolitano norte, Leonardo Moreno, asegura que "el fiscal Caroca no es fiscal de la causa (...) Es evidente y así lo corroboró el juez de garantía consultando el sistema de seguimiento de causas del Poder Judicial, que el fiscal Caroca había dejado hace ya casi un año la investigación".
Moreno recuerda que Caroca inició la investigación y formalizó a Claudio Soza Zamorano, quien luego fue absuelto, y que tras esto se abrió otra investigación, "la cual fue asumida por los fiscales Fodich y Gajardo".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/17/nacional/nacional/noticias/157E32F2-0F5C-476C-80FF-AC6DA53A3CE3.htm?id={157E32F2-0F5C-476C-80FF-AC6DA53A3CE3} (El Mercurio)

Demandó a Unesco Santiago, pero organismo es inmune a tribunales

G.R.Q. es una geógrafa de 40 años. Tras trabajar cerca de un año y medio en Unesco Santiago -como consultora y encargada de finanzas- terminó por auto despedirse el 1 de septiembre pasado acusando una serie de hostigamientos que se desencadenaron tras denunciar por acoso sexual a su jefe directo.
G.R.Q., madre de tres hijos y con una pareja estable, está decidida a exigir una investigación al interior del organismo y obtener una respuesta, pese a todas las dificultades que se le han presentado. La principal es que en la entidad se amparan en su inmunidad de jurisdicción como organismo internacional. Bajo ese principio, Unesco Santiago impidió el ingreso de la Inspección del Trabajo cuando quisieron indagar su denuncia de acoso sexual.
La afectada presentó un reclamo formal en mayo ante el director de la sede de la Unesco en Santiago, Jorge Sequeira, por acoso sexual, acoso laboral y malas prácticas laborales. También notificó lo sucedido a la oficina central de Unesco París, que recién anoche le informó que inició una indagatoria, sólo por su denuncia de acoso.
La geógrafa dice tener pruebas concretas de éste, entre ellas un mail de su ex jefe -quien según dice debía evaluarla mensualmente para que le pagaran el sueldo- y notas que asegura él escribió en su presencia en las que le dice "tengo ganas de comerte" y "me encantan tus senos, ¡disculpa!".
"Los escribía delante mío y me los entregaba. El acoso fue paulatino, empezó como en diciembre (de 2008) y en marzo (de 2009) la cosa se puso insostenible, porque además estaba mezclada con acoso laboral", recuerda la profesional, que terminó con un diagnóstico de "trastorno depresivo reactivo" por "disfunción laboral" y una licencia que se extendió por tres meses, de los cuales sólo le pagaron el primero, tras reclamar.
Primero le habían señalado que no le pagarían el sueldo del primer mes de licencia -pese a que había trabajado 14 días-, argumentando que por su contrato no tenía derecho a hacer uso de este recurso.
Luego de reclamar ante la Inspección del Trabajo le pagaron el primer mes, pero en los dos siguientes no le recibieron las licencias médicas, y le informaron que si no se presentaba a trabajar al 31 de julio se pondría término anticipado a su contrato, que duraba hasta diciembre de 2009.
Casi dos meses después le dijeron que no se aplicaría esa advertencia. "Era un nivel de chacota", recuerda la mujer, quien reclama que tampoco le pagaron cotizaciones previsionales y de salud durante su relación laboral. Precisa que le hicieron "fee contract", que es para consultores independientes y que no generaban vínculo laboral con Unesco, porque pese a que ella sí tenía dependencia laboral, trabajaba media jornada.
Por ello, a su "fee contract" se le agregó un anexo en que se establecían sus horarios, y la supervisión y subordinación directa en el organismo.
"Lo que a mí no me dijeron nunca es que yo no tenía ningún derecho", reclama. Por ello presentó una demanda laboral en los nuevos juzgados del trabajo por "incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo". En ella exige el pago de los meses que estuvo con licencia, lo que restaba de su contrato desde que dejó de trabajar y las cotizaciones previsionales y de salud adeudadas.
Ya tuvieron audiencia preparatoria, a la que Unesco Santiago no se presentó, y la próxima cita es el 27 de noviembre.
Seguirá el proceso, aunque sabe que de existir una condena, la justicia chilena no puede exigir su cumplimiento al organismo.
"Para mí no es un problema de plata, es un problema de dignidad", sentencia. Su abogado, Álvaro Gallegos, añade: "Ellos se amparan en su inmunidad, pero el problema es que inmunidad no es impunidad".
Consultados por "El Mercurio", en Unesco Santiago informaron que se trata de un tema privado, que se está tratando internamente y existe un "proceso" en curso, sin precisar cuándo habría resultados.
Ministerio de Relaciones Exteriores: no están sometidos a la jurisdicción de nuestros tribunales
El Ministerio de RR.EE. informó que la Unesco y el jefe de la oficina, el jefe adjunto de dicha oficina y los funcionarios superiores de la misma que tengan un grado equivalente o superior al grado máximo de la categoría profesional del organismo, gozan de inmunidad de jurisdicción y ejecución en materia laboral en este país, de acuerdo al Tratado Internacional entre Chile y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). "Lo anterior implica que no están sometidos a la jurisdicción de los tribunales chilenos", señaló la respuesta oficial entregada a solicitud de "El Mercurio".
Según el ministerio, sin perjuicio que los convenios internacionales aplicables en este caso no contemplan mecanismos de reclamos para los empleados locales, "estimamos que la interesada podría recurrir a la Sede Central de la Unesco en París o directamente a Naciones Unidas". Al mismo tiempo, expresó que la afectada también puede hacer llegar todos los argumentos que fundan su denuncia a la Cancillería, para que ésta pida a Unesco un informe detallado "de todas las acciones e investigaciones que dicha organización haya emprendido respecto de la denuncia".

Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/17/nacional/nacional/noticias/063EB197-72D2-4037-A390-4D2A55A8A7D6.htm?id={063EB197-72D2-4037-A390-4D2A55A8A7D6}(El Mercurio)

Fallos del TC contra isapres apuran discusión para reforma

Un escenario que puede poner en jaque el sistema de salud privada es el que podría generarse por los cotizantes de isapres que han recurrido al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar el alza de sus planes por la "tabla de factores de riesgo".
Ésta permite a las aseguradoras subir el precio de los planes cuando los usuarios alcanzan ciertos tramos de edad. Cada isapre actualmente ocupa dos tablas de factores, y en total en el sistema son 14.
El TC ya falló como inconstitucionales tres requerimientos de cotizantes, y a dos de ellos se les dejó sin efecto el alza. En el tercer caso, la Corte Suprema expuso que el contrato de la cotizante era anterior a la última reforma a la ley de isapres, del año 2005, por lo que no era aplicable la decisión del TC.
Sin embargo, la postura de anular las alzas por tabla de factores del TC ante estos tres casos puede llevar a dicha instancia a aplicar la facultad que posee de derogar el artículo impugnado de la ley de isapres.
Para que esto ocurra, deben estar de acuerdo los 4/5 del tribunal; es decir, ocho de sus diez miembros.
A ello se suma un requerimiento interpuesto en julio de este año por un grupo de parlamentarios de la Concertación que pidieron un pronunciamiento al TC sobre la constitucionalidad de la aplicación de la tabla a los cotizantes de isapres.
La última votación de los 10 ministros del TC fue de 7 votos contra 2 y 1 ausencia, por lo que la posibilidad de alcanzar los 4/5 en los próximos fallos es alta. Según la autoridad de salud, existen unos 40 casos tramitándose hoy en esta instancia.
A negociar
La posibilidad entonces de que se afecte el sistema de reajustabilidad que tienen las isapres y que se ponga en riesgo la sustentabilidad del sistema privado es alta, por lo que en el Gobierno ya se ponen en el escenario de que esta situación pudiese pasar.
De ahí que la Superintendencia de Salud anunciara ayer, en el marco del congreso de Superintendencias de Salud de Latinoamérica, que se prolongará hasta hoy, que dentro de la mesa de negociación con las isapres, que se retomaría en 10 días, se pondrán sobre la mesa las alternativas a la tabla de factores para reajustar el plan.
La opción que aparece como probable para zanjar el problema es la aplicación de un fondo de compensación, tal como el que se ocupa actualmente dentro del plan AUGE, y que con unos $29 mil millones al año pueda cubrir las diferencias de riesgo.
La Asociación de Isapres se abstuvo de opinar de los dichos del superintendente.
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40
requerimientos tramita el TC sobre la constitucionalidad de la tabla de factores.
Dos
Grupos
son afectados por estas alzas: adultos mayores y mujeres en edad fértil.
$29
mil millones
podría tener el fondo de compensación propuesto por la superintendencia.
Tres
fallos del TC
han declarado ya inconstitucional el alza por la tabla de factores.
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''(Se deben) regular de mejormanera las discriminaciones deriesgo que hoy viven los afiliados".MANUEL INOSTROZASUPERINTENDENTE DE SALUD

Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/17/nacional/nacional/noticias/56BEDD8C-B60E-43E3-BBCB-550F18BA275A.htm?id={56BEDD8C-B60E-43E3-BBCB-550F18BA275A} (El Mercurio)

Senado aprueba proyecto del Gobierno que elimina las coremas

Lunes 16 de Noviembre de 2009

Tras la aprobación que obtuvo en la sala del Senado el martes de la semana pasada, el Gobierno logró suprimir las Comisiones Regionales de Medio Ambiente -denominadas coremas- para evitar el voto político por sobre las consideraciones técnicas en la aprobación de los proyectos de inversión en las regiones del país, lo que implica excluir de dichas instancias a los gobernadores y consejeros regionales.
En su reemplazo, el proyecto de ley -que quedó listo para su promulgación una vez que su texto sea revisado por el Tribunal Constitucional- consagra como parte de la nueva institucionalidad ambiental la creación de una comisión de diez secretarios regionales ministeriales (seremis) de diversos sectores, además del intendente de la región respectiva donde se realizará la inversión.
Consideración final
La máxima autoridad regional fue integrada a último minuto tras la negociación del Gobierno con los senadores de oposición, a fines de octubre pasado, lo que facilitó la aprobación de la iniciativa del Ejecutivo que incluía la eliminación de las coremas.
El tema de la supresión de las coremas cobró significación, pues esta materia no pudo quedar zanjada en la Cámara de Diputados.
El articulado del proyecto de ley del Ejecutivo define la nueva instancia destinada a aprobar los proyectos públicos y privados en cada región vía una Comisión Evaluadora.
"Los proyectos serán calificados por una comisión presidida por el secretario regional ministerial (seremi) del Medio Ambiente e integrada por los secretarios regionales ministeriales de Salud, Economía, Fomento y Reconstrucción, Energía, Obras Públicas, Agricultura, Vivienda y Urbanismo, Transportes y Telecomunicaciones, Minería, Planificación, y el director regional del servicio, quien actuará como secretario". Y a ello sumado el intendente de cada región.
Para el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, Roberto Sepúlveda (RN), no es posible "despolitizar" las votaciones que aprueban o rechazan los proyectos ambientales. "La Concertación y sus partidos quieren que el sistema siga determinado por el factor político. No veo a las autoridades preservando el medio ambiente, en que los servicios públicos miran para un lado a la hora de votar los proyectos como sucedió con El Tatio", acusa.
Coincide el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional Metropolitano, Félix Viveros (RN), quien no ve factible lograr la despolitización, porque los funcionarios de Gobierno de turno seguirán en mayoría en dichas instancias.
"Hoy en la Corema Metropolitana hay 17 funcionarios públicos y sólo cuatro consejeros regionales", acota. Sin embargo, tras la votación en el Senado no quedará ninguno de estos últimos.
Comisión evaluadora
No obstante, tras la aprobación en el Senado, los senadores Pablo Longueira (UDI), Soledad Alvear (DC), Juan Pablo Letelier (PS) y Andrés Allamand (RN) explicaron que previo a la votación de la Comisión Evaluadora operará un comité técnico, cuyos informes consolidados serán vinculantes u obligatorios, de forma que es una garantía de hacer primar el mérito técnico.
El senador Carlos Ominami (ex PS) expresó dudas sobre la autonomía del nuevo ente encargado de votar los proyectos ambientales.
Ambientalistas: visiones encontradas
Posiciones opuestas tienen los ambientalistas en cuanto a la eliminación de las coremas para buscar despolitizar las decisiones a la hora de ser aprobadas o rechazadas por la Comisión Evaluadora.
Para la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, hay avances, pues existirá un comité técnico que deberá evacuar previamente un informe consolidado que tendrá un carácter vinculante para dicha comisión que deberá votarlo.
Reconoce que la incorporación última del intendente a esta instancia final no es lo que se esperaba, pues operará como un "infiltrado" del Gobierno central desde La Moneda. "Pero hay garantías de que el informe consolidado sea vinculante, que de no cumplirse, sirva como vacío esencial a ser presentado judicialmente. Hay un avance respecto de lo que había antes", destaca.
Consultada por casos en los que, a su juicio, hay notoria discrecionalidad política por sobre factores técnicos, Larraín mencionó Celco, El Tatio, Ralco, Alto Maipo, la planta de Peñalolén y Campiche en Quintero, entre otros.
Difiere totalmente el coordinador de Acción Ecológica, Luis Mariano Rendón, pues considera que no hay ninguna posibilidad de "despolitizar" las votaciones. "Los seremis son funcionarios públicos designados por el Gobierno y los intendentes son funcionarios colocados por el Ministerio del Interior. Tras una transaca de último minuto, hay un retroceso ostensible y no hay opción de desterrar el voto politizado sobre el mérito técnico", dijo.

Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/16/nacional/nacional/noticias/D5B7F8A6-5207-41E8-BCA9-795EF2FC66C0.htm?id={D5B7F8A6-5207-41E8-BCA9-795EF2FC66C0} (El Mercurio)

domingo, 15 de noviembre de 2009

Nuevo sistema de pago de licencias médicas promete reducir a la mitad tiempo del trámite

Sigilosamente y sin la publicidad que le han dado otras reparticiones de Gobierno al tema, la subsecretaría de Salud Pública prepara para diciembre la transformación más profunda que se haya hecho en los últimos veinte años en relación a las licencias médicas.
Desde esa fecha comenzará a operar el pago de los subsidios en todas las sucursales del BancoEstado, lo que vendrá asociado a una reducción a casi la mitad del tiempo que hasta ahora deben esperar los cotizantes para la visación de sus dineros.
El próximo mes, el compromiso es que este modelo esté funcionando en la Región Metropolitana, pero ya en enero del próximo año deberá estar operativo en todo el país. Este cambio es posible luego que esta subsecretaría decidiera asumir el pago de los subsidios, que hasta ahora eran financiados directamente por medio de la Superintendencia de Seguridad Social (que paga las licencias de pre y posnatal) y el Fonasa (que cancela el resto de las licencias por enfermedades comunes), pero que a partir de ahora transferirán los dineros a la subsecretaría para que ésta efectúe el pago.
La magnitud del cambio se muestra al considerar que cada año el órgano encargado del análisis y pago de licencias médicas, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), efectúa el pago de 3,9 millones de licencias que corresponden sólo al sector público (cerca del 80% del total), y funciona como segunda instancia cuando una isapre rechaza la licencia de uno de sus cotizantes.
En términos prácticos, ya la gente no tendrá que ir al Compin, salvo si es citado para algún peritaje médico, puesto que también se levantará antes de marzo de 2010 una plataforma web donde se podrá consultar el estado de la tramitación de la licencia, y que complementará el "Fono Compin", que actualmente entrega una fecha estimada de pago a los cotizantes (ver nota relacionada).
Consultada sobre la lógica que quiere entregar la autoridad de salud al sistema, la subsecretaria de Salud Pública, Jeannette Vega, expresó que "queremos hacer efectivo el derecho de los trabajadores a recibir su previsión social cuando corresponda, de manera que enfermarse no implique un apuro económico para las familias, porque también así se garantiza el derecho al reposo".
Además de las mejoras de gestión, habrá avances en infraestructura que se completará con $2.200 millones durante 2010.
3,9millones de licencias tramitaron durante 2008 las diferentes Compin a lo largo de Chile.
Tresremodelaciones de Compin hubo en 2009: Illapel, Santiago Sur Oriente y Magallanes.
Nuevesedes de Compin se proyectan renovar durante los próximos años.
15 milllamados mensuales ya recibe el "Fono Compin", que entrega el estado de avance del trámite.
Seguimiento vía web y teléfono
Los cambios al sistema de tramitación de las licencias médicas también incluirán la posibilidad de hacer el seguimiento para la aprobación del subsidio. Así es como Salud ya dispone del "Fono Compin" en la Región Metropolitana, que con 15 mil llamadas al mes aporta los datos respecto de en qué paso está la licencia y cuál es la fecha estimada de pago.
Una situación similar se espera echar a andar antes de marzo de 2010, e incluso la licitación para proveer el desarrollo informático que permita a los usuarios revisar en línea su situación está pronto a ser licitado en el portal de Chilecompra.
Pero la plataforma web también servirá para obtener certificados "en línea" de otros trámites que también realiza la Compin. Entre ellos se cuentan los dictámenes de invalidez, la reposición de licencias médicas rechazadas a cotizantes de Fonasa, la certificación de discapacidad y reclamos en contra de Isapres, entre otros trámites que buscan descongestionar las compines.

Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/15/nacional/nacional/noticias/65F39660-0C5D-42BC-B88E-414DC5B255B2.htm?id={65F39660-0C5D-42BC-B88E-414DC5B255B2} (El Mercurio)

Fiscal Nacional: "El sistema está obligado a reconocer ciertas garantías"

Sábado 14 de Noviembre de 2009

El sistema está obligado a reconocer ciertas garantías, como la presunción de inocencia de toda persona", declaró ayer el fiscal nacional, Sabas Chahuán, a propósito de la polémica instalada respecto de la existencia de una suerte de "puerta giratoria" de delincuentes que entran y salen del sistema.
En la víspera, la Corte Suprema dio a conocer cifras que demuestran que los jueces sí cumplen con su labor al decretar casi el 90% de las prisiones preventivas que les son solicitadas.
El jefe de los persecutores no quiso referirse a esta postura en particular, pero advirtió que "el sistema reconoce garantías porque no es la inquisición, como era el antiguo sistema".
El fiscal nacional apuntó que si "por 'puerta giratoria' se entiende que hay ciertos casos en que la medida cautelar o la condena no satisface a la sociedad, ese es un tema que pasa por una modificación legal del Código Penal". Pero no para aumentar las penas, sino que para hacerlo concordante. "Por ejemplo, no puede ser que un homicidio simple tenga la misma pena que el robo de una gallina", planteó.
Chahuán enfatizó que "los fiscales siempre vamos a pedir las condenas más rigurosas (...) otra cosa es si esa condena apareja o no presidio efectivo, porque eso depende de la ley y de lo que aprecien los jueces, que es su labor primordial".
Para la defensora nacional, Paula Vial, las cifras entregadas por la Corte Suprema son concordantes con las que maneja el organismo que dirige.
"Claro que estos números no son para enorgullecerse de nuestro sistema porque me parece que éste debiera de proveer de alternativas eficaces o soluciones que logren una ecuación más perfecta entre seguridad y respeto de derechos".
Reiteró que el concepto de "puerta giratoria" no existe y que es un mito. Y que "hay un uso excesivo de la prisión preventiva", en especial en el caso de los jóvenes y la internación provisoria.
"Nos preocupa que sobre el 80% de los jóvenes que han estado en internación provisoria, que es el equivalente a la prisión preventiva, luego son absueltos o condenados a penas no privativas de libertad", planteó.
"Debe reforzarse el control del cumplimiento de las medidas altenativas".
SABAS CHAHUÁN

Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/14/nacional/nacional/noticias/9D7E8CC2-D97F-4C4E-AB10-F692B05F165D.htm?id={9D7E8CC2-D97F-4C4E-AB10-F692B05F165D} (El Mercurio)

Crece polémica en tribunales por citación de fiscal como testigo en caso de "La Quintrala"

Sábado 14 de Noviembre de 2009

Mientras el Tribunal Constitucional (TC) y la Corte de Apelaciones aún no se pronuncian sobre la contienda de competencia y la queja presentadas, respectivamente, por el fiscal regional oriente, Xavier Armendáriz, contra la decisión del juez de garantía Daniel Aravena de "inhabilitar en los hechos" al fiscal Patricio Caroca en una audiencia preparatoria del caso de "La Quintrala", en los pasillos del Palacio de Tribunales y en los del Centro de Justicia la polémica cada vez cobra más fuerza.
A la presentación de la presidenta de la regional Santiago de la Asociación de Magistrados, María Francisca Zapata, al presidente del tribunal de alzada Jorge Dahm, ayer se sumó la de la máxima dirigenta de la Asociación Nacional de Fiscales, Patricia Muñoz, quien impugnó la decisión del juez Aravena de aceptar la solicitud de la defensa de María del Pilar Pérez y José Ruz de incluir como testigo al fiscal Caroca, quien indagó y pidió la formalización de Claudio Soza, absuelto más tarde tras determinar su inocencia.
Muñoz aseguró que los fiscales "no tienen ningún problema ni temor a presentarse a declarar", siempre que no sea en casos que ellos han indagado, porque ello "pervierte" el sistema, y si se acepta dicha práctica, "se podría dar el absurdo de yo, como fiscal, me sentara en el estrado a contarles a los jueces los detalles de la investigacion. Ni siquiera sería necesario que se presentaran testigos presenciales".
La dirigenta destacó que en el actual sistema, "cada uno tiene un rol", y el de los fiscales "es recabar la prueba; por lo tanto, no me puedo constituir yo como fiscal en un medio de prueba".
Declaraciones que encontraron inmediata respuesta de parte de la jueza Zapata, quien señaló que de ser cierto lo que afirman los fiscales, "la Ley Orgánica del Ministerio Público es perversa, pues su artículo 63 regula expresamente la comparecencia de los fiscales como testigos respecto de hechos de que hubieren tomado conocimiento en el ejercicio de sus funciones".
Además, llamó "a los fiscales a no dramatizar", y recordó casos en los que habiendo sido citados a declarar como testigos los prosecutores, "no han provocado esta batahola inexplicable". Entre ellos, el del fiscal regional de Coquimbo, quien declaró hace poco como testigo presentado por la defensa.
Pero los fiscales no sólo han declarado citados por la defensa de los imputados. El propio Ministerio Público, en 2002, citó a la en ese entonces fiscal Sandra Toro -hoy asesora de Armendáriz- para exponer en un juicio oral en Calama sobre la falta de credibilidad del testimonio de la supuesta víctima, en una causa que ella investigó, donde habían decidido no perseverar.
"De tolerar lo que dice el señor Armendáriz, quedaría al arbitrio del Ministerio Público decidir cuándo un fiscal tiene o no el estatus de testigo, y eso es ir en contra de la Constitución y la ley".
JUEZ DANIEL ARAVENA,EN INFORME ANTE EL TC
"La existencia de este conflicto de competencias se produjo a raíz de la invasión de atribuciones en que incurre el señor magistrado, pues su resolución no hace sino atentar contra el principio de legalidad".
JAVIER ARMENDÁRIZ,EN INFORME ANTE EL TC
Fiscal y Defensora nacionales entran al debate por el rol de un fiscal como testigo
El fiscal nacional, Sabas Chahuán, aseguró que no es procedente que un fiscal sea citado a declarar como testigo de una investigación que haya tenido a su cargo.
"Eso es incongruente e incoherente con el sistema de justicia criminal vigente en Chile", dijo el personero.
Para fundamentar sus argumentos, Chahuán dijo a este diario que "a nadie se le ocurriría que yo citara a declarar a un juez de garantía que durante la investigación, por ejemplo, controla la detención de un sujeto, después decide sobre la prisión preventiva de éste y eventualmente cita a una audiencia para recibir la declaración judicial del imputado. Y eventualmente accede a lo que pide la Defensoría y le sugiere al fiscal -porque no puede ordenarle- realizar diligencias en la investigación".
"Y con posterioridad -añadió- el fiscal o la defensa, al acusar y llevar a juicio oral esa causa, piden que el juez de garantía sea citado a declarar como testigo de una investigación que él controló".
Por su parte, la defensora nacional, Paula Vial, reconoció que es un tema complejo resolver la intervención de un fiscal como testigo, tema que lo tienen en estudio.
Pero respecto del caso particular del fiscal Patricio Caroca, dijo que "es bastante sorprendente la actividad del Ministerio Público, por un lado, porque obviamente pretendieron, a través de la intervención en la última audiencia del fiscal, que éste tuviera ese carácter, en circunstancias que no había actuado como investigador en esta causa en particular. Pero, por otro lado, porque ellos también en otras ocasiones lo han logrado y han intentado presentar fiscales o asistentes de fiscales como testigos".
El mail que preocupa a los investigadores
El martes pasado, un correo electrónico muy particular les llegó a todos los jueces del Centro de Justicia. Se trataría de una misiva en la que se critica duramente la actitud que habrían tomado los fiscales que impetraron los sendos recursos judiciales que paralizaron el juicio oral en contra de Pilar Pérez y José Ruz.
El correo electrónico fue enviado a una casilla institucional que los reenvía a todos los jueces de los juzgados de garantía de Santiago.
El texto fue ampliamente conocido en círculos judiciales, tanto que su contenido incluso habría llegado hasta las oficinas de la Fiscalía Nacional.
Las críticas contenidas en el mail generaron profunda molestia al interior de la institución, donde afirman que la contienda esgrimida se habría "distorsionado".

Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/14/nacional/nacional/noticias/3863E1E6-0EDA-425C-A240-2A8BAF44E830.htm?id={3863E1E6-0EDA-425C-A240-2A8BAF44E830} (El Mercurio)

El insólito error en tribunales que hizo levantar restricción horaria a conocido restaurante

Viernes 13 de Noviembre de 2009

Poco les duró la celebración a los dueños del restaurante "Ana María", ubicado en el barrio República: El lunes la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones acogió una orden de no innovar con la que los eximía de tener que cumplir con la ordenanza del municipio de Santiago que restringe sus horarios, pero al día siguiente dejó sin efecto la decisión por un "error de hecho".
¿Qué había pasado? Según la resolución dictada el martes, el día anterior la relatora asignada a la Cuarta Sala -funcionaria que organiza las causas y expone sus principales aspectos a los magistrados- puso entre las órdenes de no innovar (ONI) incluidas en recursos de protección contra isapres la de la presentación del restaurante, "sin dar cuenta de la misma y del contenido de su solicitud".
Según fuentes de tribunales, como los ministros de esa sala ya tienen fijada su postura de acoger las ONI en los recursos contra isapres -siempre con el voto en contra del ministro Juan Escobar-, sin saber que se trataba de otra materia, votaron de la misma manera y firmaron la resolución que favoreció a los locatarios.
"El relator se equivocó en la forma de plantear los antecedentes y eso indujo a que el tribunal tomara una resolución errónea", explicó ayer el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Dahm, quien reconoció que el caso será analizado por el pleno del tribunal de alzada, sin descartar eventuales sanciones.
Al preguntársele si fallas de ese tipo son habituales, el magistrado afirmó que "los jueces somos humanos, y nos equivocamos. Tratamos de minimizar eso al máximo, pero cuando nos sucede tenemos que reconocerlo y obrar en consecuencia".
El "Ana María" insistirá
El abogado del restaurante "Ana María", Julio Ignacio Ahumada, anunció que hoy presentará un recurso de reposición, luego que el lunes la Corte acogiera una orden de no innovar incluida en el recurso de protección presentado por el local y un día después la anulara. Los dueños del tradicional recinto no quieren someterse a la ordenanza municipal que los obliga a cerrar de 16 a 19 horas, y a no vender alcohol más allá de las 23. Inicialmente, Santiago instauró esta norma para terminar con los desórdenes en los barrios Universitario y República, pero recientemente el alcalde Pablo Zalaquett dijo que será corregida para no perjudicar a los restaurantes, y sí aplicar mano dura en bares ilegales y botillería.

Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/13/nacional/nacional/noticias/B0BB9543-D8FD-48CE-9CAC-9F463F4BBA75.htm?id={B0BB9543-D8FD-48CE-9CAC-9F463F4BBA75} (El Mercurio)

Suprema revela que jueces han rechazado sólo el 10,3% de las prisiones preventivas solicitadas

Viernes 13 de Noviembre de 2009

En medio de la polémica generada por las declaraciones de los candidatos presidenciales sobre la existencia de la llamada "puerta giratoria", la Corte Suprema divulgó ayer cifras que revelan que el 10,3% de las prisiones preventivas solicitadas por el Ministerio Público han sido rechazadas por los jueces de garantía, desde que se inició la Reforma Procesal Penal, en 2000, hasta 2009.
En estos nueve años han ingresado a los tribunales dos millones 416 mil 805 causas. La cifra de imputados con control de detención es de 870 mil 194 y la de formalizados es de 822 mil 896.
Según estos antecedentes, en 653 mil 900 casos los fiscales han solicitado alguna medida cautelar. Entre ellas, la prisión preventiva ha sido pedida a los jueces de garantía en 103 mil 592 casos, lo que representa el 15,8% del total de medidas cautelares.
Los magistrados han decretado 92 mil 907 de esas prisiones, mientras que han rechazado 10 mil 685; es decir, el 10,3%.
Los fiscales han apelado al rechazo de 2.436 de estas prisiones y las cortes han acogido el 45%, mandando tras las rejas a 1.095 imputados.
Según el vocero de la Corte Suprema, ministro Milton Juica, hay que distinguir entre quienes cometen delitos graves y menos graves. "Se dice que los violadores, los narcotraficantes, los homicidas hacen uso de la puerta giratoria. Eso hay que comprobarlo. ¡Eso no es cierto!".
En el mismo plano, la presidenta metropolitana de la Asociación de Magistrados, Francisca Zapata, afirmó que "el Poder Judicial ha sacado cifras contundentes, con lo cual ha demostrado a la ciudadanía que quien afirma que la puerta giratoria existe, miente o simplemente se equivoca".
La Defensoría Penal Pública, en tanto, observa una tendencia al alza en la prisión preventiva para delitos de la agenda corta, como secuestro, sustracción de menores, violación, homicidio, robo con sorpresa y robo en lugar no habitado. Hace 18 meses, detalla, el porcentaje de prisiones preventivas por estos ilícitos era de 45%, y en junio, de 53%.
La entidad agrega que el porcentaje de imputados que son absueltos al concluir el proceso, pero que han permanecido en prisión durante la tramitación de la causa, es alto: 20,48%.
Expertos de Paz Ciudadana y Flacso: cifras no reflejan la realidad
La directora ejecutiva de Fundación Paz Ciudadana (FPC), Francisca Werth, estima que las cifras reveladas por la Corte Suprema dejan en evidencia que casi el 90% de las prisiones preventivas solicitadas a los jueces finalmente se concede.
"La pregunta que uno debiera hacerse es sobre la disminución que hay entre las medidas cautelares que se solicitan y cuántas de esas son prisiones preventivas. En el fondo, el tema se enfocaría en el sentido de si los fiscales están o no pidiendo las suficientes prisiones preventivas", señala la experta.
Werth recordó que los jueces no son quienes decretan este tipo de medidas, sino que es el Ministerio Público el que tiene las atribuciones para pedir prisiones preventivas. "Y eso es lo que están demostrando los jueces con esas cifras", explicó.
Sin embargo, la directora de FPC hizo notar que la mayoría de los casos que ingresan al sistema son delitos contra la propiedad, en los que no se justificaría pedir prisión preventiva, la que debe ser una medida excepcional.
"La pregunta básica no es si estamos pidiendo pocas prisiones preventivas. El punto es qué control le estamos dando al otro número de personas que queda con o sin medida cautelar", expresó Werth.
La directora del Programa de Seguridad y Ciudadanía de Flacso, Lucía Dammert, estima que tanto las estadísticas mostradas por la Corte Suprema como las que entregan el Ministerio Público y el Ministerio del Interior "son cifras parciales".
¿Quién tiene la culpa?
Según Dammert, "lo que dicen (las estadísticas) es una parte mediana o pequeña de la película" que no permite explicitar "si hay puerta giratoria o no, si hay aumento de la sensación de impunidad o si las policías no entregan todas las pruebas o tienen falencias en la investigación que no permite formalizar a los autores".
Para la experta de Flacso, es importante que las cifras salgan a la luz pública, "pero no pueden servir para el juego de 'yo no tengo la culpa, la culpa la tiene el del lado'".
Estima que es necesario "ponerse bastante más serios" y comenzar a analizar los números desde un nivel más riguroso y cualitativo. "La única forma de derribar todos estos mitos, es comenzar a integrar la información con criterios de calidad" entre las instituciones involucradas.
En el Ministerio Público declinaron comentar las cifras mostradas.

Autor:http://diario.elmercurio.com/2009/11/13/nacional/_portada/noticias/C9C284DE-4AAD-4D21-90C3-44E5C0149126.htm?id={C9C284DE-4AAD-4D21-90C3-44E5C0149126} (El Mercurio)

Crímenes de Providencia: las jugadas clave de uno de los juicios más largos de la Reforma

Jueves 12 de Noviembre de 2009

Dos meses. Eso se estima que durará el juicio oral en contra de María del Pilar Pérez López y su presunto sicario, José Mario Ruz Rodríguez, quienes están acusados por los homicidios del joven economista Diego Schmidt-Hebbel, del ex marido de la mujer, Francisco Zamorano, y de la pareja de éste, Héctor Arévalo, todos ocurridos en la comuna de Providencia.
La poco usual duración del juicio se explica por la cantidad de testimonios, peritajes y documentos probatorios que presentarán en forma separada el Ministerio Público y las defensas de los dos acusados.
Hasta antes de la suspensión de la audiencia de preparación del juicio oral, el juez Daniel Aravena había dado luz verde a la mayoría de las pruebas presentadas por ambas partes, salvo un par de exclusiones probatorias.
Los fiscales Vinko Fodich y Carlos Gajardo pidieron dos penas de presidio perpetuo calificado para ambos, y para justificar este requerimiento, el máximo que contempla la ley, dispusieron de 108 testigos, 59 peritos y 289 documentos.
Durante la audiencia preparatoria, la defensa objetó la inclusión de varios testigos, lo que fue acogido por el juez en al menos ocho casos.
Entre los testimonios más relevantes y que fueron excluidos se cuenta el de Carlos Rafael Felip Imperatore, ex pareja de Pérez López. El testigo declaró anticipadamente hace un par de meses en el 8º Juzgado de Garantía, pues hoy vive en Canadá. Acusó a Pérez López de haber contratado a un sicario para matarlo, lo que descubrió porque éste se habría arrepentido.
Otros testigos relativos a este mismo episodio, como el propio sicario William Martínez, no fueron aceptados por Aravena.
También fue excluido como testimonio del Ministerio Público el relato de las dos gendarmes que atendieron a Pilar Pérez el día que intentó suicidarse al interior del penal de mujeres.
Por su parte, los defensores públicos de Pérez y Ruz presentaron cerca de 30 testigos cada uno, algunos de los cuales pertenecen a la prueba de la fiscalía.
La carga probatoria de ambas defensas se basa en el "doble homicidio" de calle Infante.
"Nuestra teoría del caso obviamente es que nuestra representada es inocente, y por lo tanto desde esa perspectiva mal podríamos hacernos cargo por ejemplo de la prueba del homicidio de Diego Schmidt-Hebbel. Nuestra tesis esencial es eximir a nuestra representada en el doble homicidio, lo que permitiría relevarla de responsabilidad en el homicidio de Diego", explicó ayer Andrés Ruitort, defensor de Pérez López.
Por lo mismo, presentaron como testigos a los primeros policías que investigaron este doble crimen, y que estuvieron en la confesión de Claudio Soza, imputado inicialmente por ese hecho y más tarde sobreseído. También postulan el relato de varios amigos de la pareja gay que refieren la existencia de un "tercero", jamás identificado, quien tendría plausibles motivaciones para haber cometido el delito.
Esa línea argumental implica además la polémica inclusión como testigo del fiscal Patricio Caroca, quien fue el primero en investigar el doble homicidio. Ruitort presentó también tres peritajes sobre este episodio.
Ahora, con todos los recursos impetrados se estima que el juicio oral recién podría desarrollarse en marzo o abril de 2010.
Antes, el Tribunal Constitucional debe resolver la presentación del fiscal regional Xavier Armendáriz (ver relacionada), estimándose que ese trámite durará cerca de un mes.
100testigos presentará la Fiscalía en el juicio oral contra Pilar Pérez y José Ruz.
Recurso ante el TC es seguido con interés por expertos y jueces
La decisión del fiscal regional, Xavier Arméndariz, de recurrir ante el Tribunal Constitucional por considerar que hay contienda de competencia con el juez del Octavo Juzgado de Garantía es seguido con interés por los expertos.
El profesor de derecho procesal penal de la UDP, Felipe Marín, explicó que el tema hay que verlo desde dos perspectivas.
Una, si los fiscales pueden ser testigos. Marín estima que sí, porque la ley señala que cualquier persona que haya conocido de un caso puede ser citado en esa calidad. Y eso significaría que queda inhabilitado como fiscal, porque debe permanecer fuera de la sala donde se ventila el juicio, y sólo puede ingresar cuando es llamado a declarar. Y la Fiscalía Regional, en un acto administrativo, debería designar otro profesional para el caso.
Lo segundo es la notificación del juez al fiscal regional inhabilitando a un persecutor y pidiendo la designación de otro. Según el abogado Marín, la ley no le otorga esa atribución al juez.
Por su parte, el abogado Marcelo Duce, uno de los autores de la reforma procesal penal, estima que la ley no contempla explícitamente este caso, por lo tanto el Tribunal Constitucional deberá fijar un precedente con su fallo.
La jueza de garantía y dirigenta de la Regional Santiago de la Asociación Nacional de Magistrados, María Francisca Zapata, se reunió ayer con el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Dahm, para entregarle antecedentes que fundamentarán la defensa del juez Daniel Aravena en la queja presentada en su contra por el fiscal Armendáriz.
La jueza aseguró que se trata de una polémica "artificial", "porque aquí aparece como si a un juez de repente le dio la locura e inhabilitó a un fiscal", en circunstancias de que, según dijo el juez Aravena, sólo le representó al fiscal Patricio Caroca -a quien la defensa de "La Quintrala" citó como testigo- que se había "inhabilitado en los hechos".
Ello, debido a que Caroca, en una audiencia de preparación del juicio oral, formuló reparos a su citación situándose como "un testigo molesto", y no como representante de la Fiscalía.
El vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, aunque evitó criticar el requerimiento presentado por el fiscal Armendáriz y afirmó que las partes pueden acudir a los recursos que les confiere la ley, dijo que de concretarse la declaración del fiscal, éste no debe tener temor de prestar testimonio.
"La obligación de declarar es una carga pública, y existen algunas excepciones por ley. En Chile nadie puede tener temor de prestar declaración, que es una exigencia de la misma ley", señaló el vocero del máximo tribunal.
El precedente en el que se basa la queja de Armendáriz
La queja presentada por el jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Xavier Armendáriz, tiene un precedente que el Ministerio Público considera clave y que data de junio de 2008. Se trata de una queja interpuesta por la Fiscalía Regional Metropolitana Centro-Norte, ante la Corte de Apelaciones, en contra del juez de garantía Ponciano Sallés, quien aceptó incluir en la lista de testigos de un juicio por hurto simple a la fiscal Claudia Valladares, precisamente la que llevaba la causa. En sus descargos, el juez Sallés señaló que actuó en cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones como magistrado.
Si bien el tribunal de alzada capitalino decidió rechazar la queja disciplinaria solicitada por el Ministerio Público, sí le llamó la atención a Sallés por lo que consideró una falta de criterio al permitir que la fiscal Valladares comparezca como testigo en el juicio. Por ello, anuló la polémica decisión del magistrado.

Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/12/nacional/nacional/noticias/600EF6AF-1527-458E-BAE3-8FAEB9F5FD0E.htm?id={600EF6AF-1527-458E-BAE3-8FAEB9F5FD0E} (El Mercurio)

Crímenes de Providencia: las jugadas clave de uno de los juicios más largos de la Reforma

Jueves 12 de Noviembre de 2009

Dos meses. Eso se estima que durará el juicio oral en contra de María del Pilar Pérez López y su presunto sicario, José Mario Ruz Rodríguez, quienes están acusados por los homicidios del joven economista Diego Schmidt-Hebbel, del ex marido de la mujer, Francisco Zamorano, y de la pareja de éste, Héctor Arévalo, todos ocurridos en la comuna de Providencia.
La poco usual duración del juicio se explica por la cantidad de testimonios, peritajes y documentos probatorios que presentarán en forma separada el Ministerio Público y las defensas de los dos acusados.
Hasta antes de la suspensión de la audiencia de preparación del juicio oral, el juez Daniel Aravena había dado luz verde a la mayoría de las pruebas presentadas por ambas partes, salvo un par de exclusiones probatorias.
Los fiscales Vinko Fodich y Carlos Gajardo pidieron dos penas de presidio perpetuo calificado para ambos, y para justificar este requerimiento, el máximo que contempla la ley, dispusieron de 108 testigos, 59 peritos y 289 documentos.
Durante la audiencia preparatoria, la defensa objetó la inclusión de varios testigos, lo que fue acogido por el juez en al menos ocho casos.
Entre los testimonios más relevantes y que fueron excluidos se cuenta el de Carlos Rafael Felip Imperatore, ex pareja de Pérez López. El testigo declaró anticipadamente hace un par de meses en el 8º Juzgado de Garantía, pues hoy vive en Canadá. Acusó a Pérez López de haber contratado a un sicario para matarlo, lo que descubrió porque éste se habría arrepentido.
Otros testigos relativos a este mismo episodio, como el propio sicario William Martínez, no fueron aceptados por Aravena.
También fue excluido como testimonio del Ministerio Público el relato de las dos gendarmes que atendieron a Pilar Pérez el día que intentó suicidarse al interior del penal de mujeres.
Por su parte, los defensores públicos de Pérez y Ruz presentaron cerca de 30 testigos cada uno, algunos de los cuales pertenecen a la prueba de la fiscalía.
La carga probatoria de ambas defensas se basa en el "doble homicidio" de calle Infante.
"Nuestra teoría del caso obviamente es que nuestra representada es inocente, y por lo tanto desde esa perspectiva mal podríamos hacernos cargo por ejemplo de la prueba del homicidio de Diego Schmidt-Hebbel. Nuestra tesis esencial es eximir a nuestra representada en el doble homicidio, lo que permitiría relevarla de responsabilidad en el homicidio de Diego", explicó ayer Andrés Ruitort, defensor de Pérez López.
Por lo mismo, presentaron como testigos a los primeros policías que investigaron este doble crimen, y que estuvieron en la confesión de Claudio Soza, imputado inicialmente por ese hecho y más tarde sobreseído. También postulan el relato de varios amigos de la pareja gay que refieren la existencia de un "tercero", jamás identificado, quien tendría plausibles motivaciones para haber cometido el delito.
Esa línea argumental implica además la polémica inclusión como testigo del fiscal Patricio Caroca, quien fue el primero en investigar el doble homicidio. Ruitort presentó también tres peritajes sobre este episodio.
Ahora, con todos los recursos impetrados se estima que el juicio oral recién podría desarrollarse en marzo o abril de 2010.
Antes, el Tribunal Constitucional debe resolver la presentación del fiscal regional Xavier Armendáriz (ver relacionada), estimándose que ese trámite durará cerca de un mes.
100testigos presentará la Fiscalía en el juicio oral contra Pilar Pérez y José Ruz.
Recurso ante el TC es seguido con interés por expertos y jueces
La decisión del fiscal regional, Xavier Arméndariz, de recurrir ante el Tribunal Constitucional por considerar que hay contienda de competencia con el juez del Octavo Juzgado de Garantía es seguido con interés por los expertos.
El profesor de derecho procesal penal de la UDP, Felipe Marín, explicó que el tema hay que verlo desde dos perspectivas.
Una, si los fiscales pueden ser testigos. Marín estima que sí, porque la ley señala que cualquier persona que haya conocido de un caso puede ser citado en esa calidad. Y eso significaría que queda inhabilitado como fiscal, porque debe permanecer fuera de la sala donde se ventila el juicio, y sólo puede ingresar cuando es llamado a declarar. Y la Fiscalía Regional, en un acto administrativo, debería designar otro profesional para el caso.
Lo segundo es la notificación del juez al fiscal regional inhabilitando a un persecutor y pidiendo la designación de otro. Según el abogado Marín, la ley no le otorga esa atribución al juez.
Por su parte, el abogado Marcelo Duce, uno de los autores de la reforma procesal penal, estima que la ley no contempla explícitamente este caso, por lo tanto el Tribunal Constitucional deberá fijar un precedente con su fallo.
La jueza de garantía y dirigenta de la Regional Santiago de la Asociación Nacional de Magistrados, María Francisca Zapata, se reunió ayer con el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Dahm, para entregarle antecedentes que fundamentarán la defensa del juez Daniel Aravena en la queja presentada en su contra por el fiscal Armendáriz.
La jueza aseguró que se trata de una polémica "artificial", "porque aquí aparece como si a un juez de repente le dio la locura e inhabilitó a un fiscal", en circunstancias de que, según dijo el juez Aravena, sólo le representó al fiscal Patricio Caroca -a quien la defensa de "La Quintrala" citó como testigo- que se había "inhabilitado en los hechos".
Ello, debido a que Caroca, en una audiencia de preparación del juicio oral, formuló reparos a su citación situándose como "un testigo molesto", y no como representante de la Fiscalía.
El vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, aunque evitó criticar el requerimiento presentado por el fiscal Armendáriz y afirmó que las partes pueden acudir a los recursos que les confiere la ley, dijo que de concretarse la declaración del fiscal, éste no debe tener temor de prestar testimonio.
"La obligación de declarar es una carga pública, y existen algunas excepciones por ley. En Chile nadie puede tener temor de prestar declaración, que es una exigencia de la misma ley", señaló el vocero del máximo tribunal.
El precedente en el que se basa la queja de Armendáriz
La queja presentada por el jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Xavier Armendáriz, tiene un precedente que el Ministerio Público considera clave y que data de junio de 2008. Se trata de una queja interpuesta por la Fiscalía Regional Metropolitana Centro-Norte, ante la Corte de Apelaciones, en contra del juez de garantía Ponciano Sallés, quien aceptó incluir en la lista de testigos de un juicio por hurto simple a la fiscal Claudia Valladares, precisamente la que llevaba la causa. En sus descargos, el juez Sallés señaló que actuó en cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones como magistrado.
Si bien el tribunal de alzada capitalino decidió rechazar la queja disciplinaria solicitada por el Ministerio Público, sí le llamó la atención a Sallés por lo que consideró una falta de criterio al permitir que la fiscal Valladares comparezca como testigo en el juicio. Por ello, anuló la polémica decisión del magistrado.

Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/12/nacional/nacional/noticias/600EF6AF-1527-458E-BAE3-8FAEB9F5FD0E.htm?id={600EF6AF-1527-458E-BAE3-8FAEB9F5FD0E} (El Mercurio)

Conama estudia norma para rebajar índice de contaminación acústica de autos y motos

Jueves 12 de Noviembre de 2009

La Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama) trabaja en la elaboración de una norma ambiental de "emisión de ruidos para vehículos livianos, medianos y motocicletas", que permitirá un máximo de ruido.
Los valores en decibeles se darán a conocer durante el primer semestre de 2010, cuando se publique el anteproyecto en el Diario Oficial, que luego se someterá a la participación ciudadana.
Hans Willumsen, jefe del Departamento de Control de la Contaminación de la Conama, reveló a "El Mercurio" que actualmente se realizan los estudios de definiciones técnicas, de costos y beneficios, metodología y fiscalización, pero no aventuró cuándo entrará en vigencia la normativa.
A diciembre de 2008, en el país había 1,7 millón de automóviles y casi 88 mil motos, según el INE.
"Todos los vehículos que se importen después de la vigencia de la norma tienen que cumplirla. Pero no es retroactiva y no se aplicará a los autos en circulación", explicó la autoridad.
El funcionario admitió que el organismo no contempla ninguna regulación acústica para los 147 mil camiones del país.
No obstante, la Conama también elabora un decreto para los ruidos generados por la construcción.
Hans Willumsen adelantó que "podría haber variación" en el horario actual permitido para las obras -de 7:00 a 21:00 horas- y que se incentivarán las "buenas prácticas" para disminuir el ruido.
Actualmente, sólo hay normativa para los ruidos de emisiones fijas y del transporte público.
El organismo también diseña un mapa de ruido piloto en las comunas de Providencia y Antofagasta, que delimitará las zonas por contaminación acústica.
El objetivo es incorporarlas en planos reguladores para definir los usos de suelo.
Ley ambiental
La nueva institucionalidad ambiental quedó ayer en condiciones de ser promulgada por el Ejecutivo -previo examen por parte del Tribunal Constitucional- luego que la Cámara de Diputados aprobara los cambios que al proyecto había introducido el Senado, tras un acuerdo político Gobierno-oposición.
"La discusión parlamentaria está concluida y la ley podrá ser promulgada durante el mandato de la Presidenta Michelle Bachelet", resaltó la ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte.

Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/12/nacional/_portada/noticias/6EBAC2F7-80C8-447E-84DE-CA15204D44D4.htm?id={6EBAC2F7-80C8-447E-84DE-CA15204D44D4}(El Mercurio)

La reforma del Sename incluye crear un Consejo para la Adopción

Miércoles 11 de Noviembre de 2009

Crear un Consejo para la Adopción, instaurar nuevos cargos ejecutivos y dar mayores atribuciones a los directores regionales son las principales novedades del anunciado proyecto de reestructuración del Servicio Nacional de Menores (Sename) que impulsa el Ministerio de Justicia, y que aún está en elaboración.
A la división del servicio en dos nuevos organismos, uno de protección de los derechos de la infancia y adolescencia y otro de responsabilidad penal adolescente, se suma la constitución de un Consejo de Licitaciones a nivel nacional y comités de adjudicación regionales.
El viernes pasado culminó en Santiago un seminario realizado por el Ministerio de Justicia, la Fundación Paz Ciudadana y Unicef en el que participaron jueces de la zona central del país, expertos y representantes de Carabineros y de organismos vinculados a la infancia y adolescencia para debatir respecto de la nueva institucionalidad para este sector.
Este encuentro se suma a otro realizado hace unas semanas en Iquique, donde expusieron representantes de la zona norte del país, y le seguirá otra cita, el 16 de noviembre, en Valdivia.
"Necesitamos que todos se sumen a poder dar su punto de vista. Este es un debate abierto, no entre cuatro paredes", destacó el subsecretario de Justicia, Jorge Frei.
La reforma involucra que tanto en el organismo de protección de derechos como en el de responsabilidad penal -cada uno de los cuales tendrá un director nacional- se establezcan además dos nuevos cargos: el de subdirector ejecutivo nacional y subdirector ejecutivo regional.
El primero será el encargado de organizar y supervisar las unidades administrativas del servicio, sobre la base de instrucciones generales del director nacional. Lo mismo hará en el nivel regional el subdirector ejecutivo regional.
Y dentro del Servicio Nacional de Derechos de la Infancia y Adolescencia, se creará un Consejo para la Adopción, cuya función será entregar opinión de los planes y programas en estas materias y responder las consultas del director nacional para cumplir con las obligaciones legales y los compromisos internacionales.
Eso significa que se modificarán tanto las atribuciones como la composición del actual Consejo Consultivo.
"La idea es tener un consejo que permita sumar a todos los actores que hoy trabajan en tema de adopción, jueces, organismos colaboradores, expertos, y tener una instancia paralela", precisó el subsecretario de Justicia.
Aunque aún no hay estimación del costo total de los cambios, el subsecretario de Justicia asegura que no habría problemas con el financiamiento, sobre todo considerando que "éste es un compromiso de Presidenta de la República".
Si bien el proyecto de ley respectivo podría ser enviado al Parlamento este año, la puesta en marcha de los cambios será materia del próximo gobierno, una situación que, según Jorge Frei, no debería poner en riesgo la iniciativa. "Hay consenso político y académico, así como hubo para la Reforma Procesal Penal, que tomó tres gobiernos", argumentó.
Eso sí, no se comprometió con plazos para el envío del proyecto de ley al Congreso: "Tenemos sentido de urgencia, pero también queremos ser claros en que no deseamos actuar bajo apresuramiento", explicó, por lo que continuarán con las evaluaciones en seminarios y en encuentros con expertos.
45 milniños atiende el Sename en todo Chile. De ellos, 12 mil son infractores de ley.
1.152menores deberán ser atendidos en 2011 en régimen cerrado.
Experto alemán recomienda un régimen de justicia juvenil totalmente separado del de adultos
El ex juez civil, ex juez de garantía (criminal) y ex juez de ejecución de condena de Alemania, Dierk Helmken, es consejero en justicia juvenil de la Unicef, OCDE, Comisión Europea e IRZ en su país, Azerbaidjan, Kosovo, Serbia y Montenegro.
Vino a Chile invitado por el Ministerio de Justicia para el seminario sobre reforma al Servicio Nacional de Menores (Sename).
Y es tajante al momento de señalar lo que hay que hacer para tener un buen sistema de procedimiento penal juvenil: "Hay que tener un régimen totalmente separado de los adultos".
A su juicio, la mentalidad del juez juvenil "es fundamentalmente diferente de los que trabajan en derecho penal de adultos" porque la reacción de estos últimos "es siempre castigar y sancionar". En cambio, "un juez juvenil busca el apoyo, la educación, la formación, la capacitación, la rehabilitación. El hecho punible que cometió el menor es sólo un motivo para examinar qué deficiencias tiene ese niño en su entorno familiar, en su colegio, en la población donde vive, de tal manera de que la sociedad se aboque compensar esas falencias", afirma.
Según el experto, es un error exigir a los jueces o profesionales que actúan en el proceso penal adulto participar en los dos sistemas. "Eso lleva a una situación esquizofrénica; el juez y el fiscal tienen que partirse en dos", dice. Un sistema penal juvenil separado necesita especialistas entrenados para tratar con menores. "Hablo de una policía para infractores juveniles, de fiscales especiales para menores, juez de menores y un organismo auxiliar que recibe órdenes e instrucciones del tribunal, pero que no es parte de él", argumenta.
En Chile, explica Helmken, el Sename "recién actúa o interviene cuando el joven ha sido condenado por un tribunal". Un cambio importante que sugiere para el organismo es ampliar su rango de acción para que se haga cargo del joven infractor desde el momento que es detenido y se aboque a reunir sus antecedentes socioeconómicos y psicológicos que le permitan recomendar al juez la medida a aplicar para facilitar su rehabilitación.

Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/11/nacional/nacional/noticias/82517B93-8C13-407D-A47B-9792CDC58705.htm?id={82517B93-8C13-407D-A47B-9792CDC58705} (El Mercurio)

Avanza la nueva institucionalidad ambiental tras la aprobación de la Sala del Senado

Miércoles 11 de Noviembre de 2009

Sorpresivamente, la Sala del Senado aprobó ayer en segundo trámite legislativo la nueva institucionalidad ambiental del país, votación que implica un nuevo diseño y reforma y cuyos alcances el Gobierno calificó como la más trascendental del sector.
En mayo pasado, la iniciativa del Ejecutivo había sido aprobada por la Cámara de Diputados.
La aprobación implica la creación de un Ministerio de Medio Ambiente, una superintendencia del ramo y un Servicio de Evaluación Ambiental. La nueva cartera tendrá facultades en materia de política y normativa.
El Servicio de Evaluación Ambiental será la instancia a cargo de administrar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Mientras, la superintendencia tendrá como misión fiscalizar el respeto por la normativa y para ello contará con amplias facultades y dotada de un abanico de sanciones para los infractores.
Se aprobó la creación de un Tribunal Ambiental, con características de panel de expertos por su composición mixta. Para el Gobierno ello requerirá un proyecto separado, a presentarse el 28 de octubre de 2010. "A este tribunal podrán acceder además de los regulados los directamente afectados dando mayores garantías a ciudadanos e inversionistas, a todos", destacó la ministra del Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte.
"Es la reforma ambiental más trascendente para Chile, pues los avances no tienen precedentes para el medio ambiente chileno", dijo, al presenciar la votación.
Tras el despacho por voto de mayoría de las normas, los senadores Pablo Longueira -presidente de la Comisión de Medio Ambiente-, Juan Pablo Letelier, Antonio Horvath, Soledad Alvear y Camilo Escalona defendieron el acuerdo político con el Gobierno del 26 de octubre, que facilitó la aprobación, por considerar que es positiva para el país.
Refutaron las críticas un sector parlamentario, encabezado por el senador Guido Girardi, y ambientalistas. Girardi -quien no votó ayer por estar integrando la comitiva presidencial a Corea del Sur- había rechazado el pacto por quedar fuera contenidos esenciales.
Corresponde ahora un último trámite en la Cámara de Diputados.
EXPORTACIONES
El 64% de las ventas de Chile al exterior de los últimos 20 años proviene de recursos naturales.
Nuevo hito ambiental tras Ley de Bases Generales de 1994
El avance legislativo de la nueva institucionalidad ambiental es un hito, expresaron autoridades gubernamentales.
Ello tras la Ley 19.300 sobre las Bases Generales del Medio Ambiente de 1994 que definió para el país las primeras pautas en materia de preservación de la flora y fauna del país.
Sin embargo, en el ámbito ejecutivo, las decisiones están actualmente en un Consejo de Ministros -14 en total-, lo que implicaba dificultades de diverso orden, razón que obligaba a la creación de una cartera de Estado, su Superintendencia para fiscalizar y el nuevo servicio de evaluación.
Y fue así como el Gobierno fijó tales prioridades hasta presentar en junio 19 de 2008 el proyecto respectivo en la Cámara de Diputados. El 5 de mayo de 2009 la Cámara aprobó el proyecto por unanimidad. Mientras, el Senado por su parte lo aprobó en general el día 19 de agosto de 2009 y fue aprobado por la Comisión de Medio Ambiente de esa Cámara el pasado 27 de octubre, tras el acuerdo político logrado el día anterior, compromiso que el Ejecutivo valoró por el país en orden a contar con nuevas reglas del juego claras para los actores involucrados en medio ambiente.

Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/11/nacional/nacional/noticias/CF1193F3-EC7B-4AFA-9065-23222C54896F.htm?id={CF1193F3-EC7B-4AFA-9065-23222C54896F} (El Mercurio)