La Presidenta Michelle Bachelet designó al abogado Carlos Carmona Santander como nuevo ministro del Tribunal Constitucional por un plazo de nueve años, cargo que comenzará a desempeñar el próximo 9 de abril.
Carmona llega a reemplazar a Jorge Correa Sutil, quien ejercía como ministro desde enero de 2006, luego de la renuncia del jurista Juan Agustín Figueroa.
El nuevo integrante del Tribunal Constitucional, quien tiene 47 años y es militante de la Demócracia Cristiana, fue subsecretario general de la Presidencia entre 1999 y 2000.
Carmona cumplía funciones desde hace 14 años como jefe de la División Jurídica de la Secretaría General de la Presidencia, cargo que será asumido por el actual jefe de la División Jurídica del Ministerio del Interior, el abogado Jorge Claissac Schnake.
En la actualidad Carmona, abogado de la Universidad de Chile, es profesor de derecho administrativo de la misma casa de estudios y del magíster en derecho constitucional de la Universidad Católica.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=351593 (Emol)
martes, 31 de marzo de 2009
Falabella y AFPs piden remoción de todos los ejecutivos de Fasa vinculados a caso de colusión
A las 17:20 del lunes 23 de marzo, el directorio en pleno de Farmacias Ahumada (Fasa) se enteró del acuerdo extrajudicial al que llegó la administración de la compañía con la Fiscalía Nacional Económica (FNE), y que se anunció públicamente al día siguiente. En dicho acuerdo, Fasa reconoce haber participado en un alza concertada con otras cadenas de farmacias en el precio de más de 222 medicamentos, situación que provocó una pugna con sus competidoras -también acusadas por la FNE-, Salcobrand y Cruz Verde.Pero el quiebre llegó también al directorio de Fasa. Según una alta fuente ligada a la mesa directiva, la administración superior de la cadena de farmacias -encabezada por Alejandro Rosemblatt, yerno del controlador, José Codner- siempre había señalado que no había riesgos frente a la demanda de colusión presentada por la FNE el 10 de diciembre de 2008.Falabella (que tiene el 20% de Fasa) y las AFP (los institucionales manejan el 25%) hicieron ver su molestia al propio Codner.Actitud que "sorprendió" a Alexander Fernández, director de Fasa elegido con los votos del controlador (ver entrevista).
La misiva
En una carta de cuatro puntos enviada ayer, los representantes de Falabella y de las AFP en el directorio de Fasa repudiaron la reconocida colusión con la competencia y calificaron como muy grave que la administración no haya estado en antecedentes, dando entrever falta de control.Fasa achacó responsabilidad a "algunos ejecutivos" que realizaron prácticas "que no habían sido conocidas antes por la administración superior".La misiva fue firmada por los representantes de Falabella en Fasa -el vicepresidente de la multitienda, Juan Cúneo, y el gerente general, Juan Benavides- y los directores elegidos con los votos de las AFP, Ernesto Labatut y Pablo Lamarca. En ésta, se pidió la salida del vicepresidente ejecutivo, Alejandro Rosemblatt, y del fiscal, Sergio Mesías.También se criticó que no se informara al directorio sobre el acuerdo con la FNE antes de sellarse. La conciliación fue firmada por Mesías el 13 de marzo; el viernes 20 se llamó a directorio, y el lunes 23 se informó a éste.Una fuente ligada al directorio dice que nunca se había informado sobre las implicancias de la demanda de la fiscalía. Es más, dice la misma fuente, hubo directorios en enero, febrero y principios de marzo en que "no se informó de nada".Pero Falabella fue más allá. En una segunda carta, el gerente general de la multitienda, Juan Benavides, pidió la realización de una junta extraordinaria de accionistas, siguiendo la petición que ya habrían hecho las AFP, para que la empresa explique los alcances y consecuencias del acuerdo de conciliación.Esta situación no revertiría el acuerdo con la FNE, dado que son cuatro directores de nueve.La multitienda pagó unos US$ 25 millones por el 20% de Fasa en 1999Falabella ingresó a la propiedad de Farmacias Ahumada en 1999, adquiriendo el 20% de la compañía en US$ 25 millones, según detalla la Memoria de la multitienda de ese año.Hoy, el paquete de acciones de la empresa fundada en 1968 por José Codner vale en bolsa US$ 36 millones."Tras evaluar el mercado y las distintas alternativas, finalmente invirtió US$ 25 millones en la adquisición de un 20% de la cadena Farmacias Ahumada, con opción a aumentar su participación a un 25%", dice la Memoria de Falabella de 1999."Los fundamentos de esta inversión en el sector farmacéutico son que es un área que crece mucho y es un producto muy importante para los consumidores y donde Falabella tiene sinergias que aportar", dijo quien fuera en ese año el gerente general de SACI Falabella, José Concha.En 1999, Fasa tenía operaciones sólo en Chile y Perú. Sus ventas consolidadas bordeaban los US$ 300 millones.Hoy, también está en México, y facturó US$ 1.450 millones en 2008.
Presentan querella y otra demanda
Una querella por el "aumento fraudulento del precio de los medicamentos" y por asociación ilícita para subirlos y vulnerar la ley, fue presentada ayer ante el Séptimo Juzgado de Garantía en contra de todos los que resulten responsables de la colusión entre las farmacias Ahumada, Salcobrand y Cruz Verde.La acción judicial fue interpuesta por la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada Confusam; el Colegio de Matronas y parlamentarios de la comisión de salud, encabezados por el senador PPD, Guido Girardi y el diputado DC, Gabriel Silber.Pero no fue la única acción judicial. Además se presentó ayer una nueva demanda colectiva por infracción a ley del Consumidor contra de Fasa y quienes resulten responsables de la colusión de farmacias para subir los precios.La acción judicial está patrocinada por abogados de Problemas.cl y es por alza de 201 medicamentos.En la demanda se acusa a Fasa de "discriminación" a más de 120 consumidores. También solicitan que los medicamentos vuelvan al precio de mercado, la devolución de dinero, e indemnizaciones.Esta demanda se suma a la presentada la semana pasada por 55 usuarios.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/31/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/94051811-D141-4251-B4BC-4CBAC3E7098E.htm?id={94051811-D141-4251-B4BC-4CBAC3E7098E} (El Mercurio)
La misiva
En una carta de cuatro puntos enviada ayer, los representantes de Falabella y de las AFP en el directorio de Fasa repudiaron la reconocida colusión con la competencia y calificaron como muy grave que la administración no haya estado en antecedentes, dando entrever falta de control.Fasa achacó responsabilidad a "algunos ejecutivos" que realizaron prácticas "que no habían sido conocidas antes por la administración superior".La misiva fue firmada por los representantes de Falabella en Fasa -el vicepresidente de la multitienda, Juan Cúneo, y el gerente general, Juan Benavides- y los directores elegidos con los votos de las AFP, Ernesto Labatut y Pablo Lamarca. En ésta, se pidió la salida del vicepresidente ejecutivo, Alejandro Rosemblatt, y del fiscal, Sergio Mesías.También se criticó que no se informara al directorio sobre el acuerdo con la FNE antes de sellarse. La conciliación fue firmada por Mesías el 13 de marzo; el viernes 20 se llamó a directorio, y el lunes 23 se informó a éste.Una fuente ligada al directorio dice que nunca se había informado sobre las implicancias de la demanda de la fiscalía. Es más, dice la misma fuente, hubo directorios en enero, febrero y principios de marzo en que "no se informó de nada".Pero Falabella fue más allá. En una segunda carta, el gerente general de la multitienda, Juan Benavides, pidió la realización de una junta extraordinaria de accionistas, siguiendo la petición que ya habrían hecho las AFP, para que la empresa explique los alcances y consecuencias del acuerdo de conciliación.Esta situación no revertiría el acuerdo con la FNE, dado que son cuatro directores de nueve.La multitienda pagó unos US$ 25 millones por el 20% de Fasa en 1999Falabella ingresó a la propiedad de Farmacias Ahumada en 1999, adquiriendo el 20% de la compañía en US$ 25 millones, según detalla la Memoria de la multitienda de ese año.Hoy, el paquete de acciones de la empresa fundada en 1968 por José Codner vale en bolsa US$ 36 millones."Tras evaluar el mercado y las distintas alternativas, finalmente invirtió US$ 25 millones en la adquisición de un 20% de la cadena Farmacias Ahumada, con opción a aumentar su participación a un 25%", dice la Memoria de Falabella de 1999."Los fundamentos de esta inversión en el sector farmacéutico son que es un área que crece mucho y es un producto muy importante para los consumidores y donde Falabella tiene sinergias que aportar", dijo quien fuera en ese año el gerente general de SACI Falabella, José Concha.En 1999, Fasa tenía operaciones sólo en Chile y Perú. Sus ventas consolidadas bordeaban los US$ 300 millones.Hoy, también está en México, y facturó US$ 1.450 millones en 2008.
Presentan querella y otra demanda
Una querella por el "aumento fraudulento del precio de los medicamentos" y por asociación ilícita para subirlos y vulnerar la ley, fue presentada ayer ante el Séptimo Juzgado de Garantía en contra de todos los que resulten responsables de la colusión entre las farmacias Ahumada, Salcobrand y Cruz Verde.La acción judicial fue interpuesta por la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada Confusam; el Colegio de Matronas y parlamentarios de la comisión de salud, encabezados por el senador PPD, Guido Girardi y el diputado DC, Gabriel Silber.Pero no fue la única acción judicial. Además se presentó ayer una nueva demanda colectiva por infracción a ley del Consumidor contra de Fasa y quienes resulten responsables de la colusión de farmacias para subir los precios.La acción judicial está patrocinada por abogados de Problemas.cl y es por alza de 201 medicamentos.En la demanda se acusa a Fasa de "discriminación" a más de 120 consumidores. También solicitan que los medicamentos vuelvan al precio de mercado, la devolución de dinero, e indemnizaciones.Esta demanda se suma a la presentada la semana pasada por 55 usuarios.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/31/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/94051811-D141-4251-B4BC-4CBAC3E7098E.htm?id={94051811-D141-4251-B4BC-4CBAC3E7098E} (El Mercurio)
Suprema instruye a jueces sobre su vestuario y trato
El Pleno de la Corte Suprema acordó entregar instrucciones a todos los jueces del país para "que observen especialmente" sus maneras en el vestuario que usan en las audiencias, además del trato que dan a abogados, testigos y público en general. En un autoacordado, también instruye a los magistrados que cuiden el trato con sus subordinados, "evitando toda actitud o acción que menoscabe tal condición". Las cortes de apelaciones velarán por el cumplimiento de estas normas. En otro ámbito, y para evitar nuevas anomalías en la emisión de órdenes y contraórdenes de detención, la Corte Suprema fijó un calendario para que los tribunales comiencen a usar folios y aplicaciones que les proveerá la Corporación Administrativa del Poder Judicial, además de una firma digital. Los juzgados de garantía y las cortes deberán hacerlo a partir del 1 de abril.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/31/nacional/nacional/noticias/939C70FF-FC0C-4DB2-A3CC-3D55278B5AE7.htm?id={939C70FF-FC0C-4DB2-A3CC-3D55278B5AE7}
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/31/nacional/nacional/noticias/939C70FF-FC0C-4DB2-A3CC-3D55278B5AE7.htm?id={939C70FF-FC0C-4DB2-A3CC-3D55278B5AE7}
Testigo de EE.UU. declarará en contra de Pilar Pérez
A través del teléfono desde Estados Unidos, el médico norteamericano Hudo Kronberg relató la semana pasada al Ministerio Público lo que sucedió el día en que María del Pilar Pérez López, conocida como "La Quintrala", agredió a la entonces futura esposa de su hijo Juan José Zamorano.Se trata de un valioso testimonio para la indagatoria de los fiscales Vinko Fodich y Carlos Gajardo, quienes además de las imputaciones por los crímenes del ex marido de la acusada, Francisco Zamorano Marfull, y su pareja, Héctor Arévalo, y del economista Diego Schmidt-Hebbel, le adjudican a Pérez el delito de homicidio simple en grado de frustrado cometido en contra de su nuera M.D.H.B., hecho sucedido el 7 de julio de 2007.Al igual como ocurrió con Carlos Felip Imperatore, ex pareja de la imputada que vive en Canadá, Kronberg viajará a mediados de abril a Chile con el fin de declarar en el tribunal a modo de prueba anticipada para ser presentada en el juicio oral.Ese día de invierno, Pérez empujó a su nuera por las escaleras de su edificio de cuatro pisos en Seminario 95, le propinó golpes de pies y puños, y le golpeó la cabeza con un mortero de piedra, según los antecedentes de la indagatoria.Este hecho ocurrió luego de una discusión entre ambas, y tras haber revisado las flores que escogerían para la ceremonia de matrimonio de M.H. con el hijo de Pérez López.El médico Kronberg fue testigo privilegiado del suceso, pues estaba caminando por calle Seminario hacia el norte cuando se encontró casualmente con M.H. botada en el piso, muy ensangrentada, semiinconsciente y con severos golpes en la cabeza, según su relato.El profesional dijo haber auxiliado a la víctima, mientras llegaba al lugar Juan José Zamorano, a quien había conocido en el Hospital Clínico de la Universidad Católica, donde el hijo de Pilar Pérez realizaba su internado.La diligencia fue pedida al 8º Juzgado de Garantía y será agendada en los próximos días.
Refuerzan seguridad
Gendarmería decidió aumentar a tres la cantidad de efectivos que vigilan diariamente a María del Pilar Pérez, sobre todo tras el intento de suicidio del sábado. También se retiró de su celda cualquier elemento que pudiera utilizar para autoeliminarse o hacerse daño. Está en estudio instalar una cámara de seguridad. También se reforzó el apoyo psicológico y espiritual, a través de una religiosa de la cual se hizo amiga, quien la visitará con más frecuencia.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/31/nacional/_portada/noticias/F9D90108-7E24-4AD9-AFBB-3234460FC1A2.htm?id={F9D90108-7E24-4AD9-AFBB-3234460FC1A2}
Refuerzan seguridad
Gendarmería decidió aumentar a tres la cantidad de efectivos que vigilan diariamente a María del Pilar Pérez, sobre todo tras el intento de suicidio del sábado. También se retiró de su celda cualquier elemento que pudiera utilizar para autoeliminarse o hacerse daño. Está en estudio instalar una cámara de seguridad. También se reforzó el apoyo psicológico y espiritual, a través de una religiosa de la cual se hizo amiga, quien la visitará con más frecuencia.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/31/nacional/_portada/noticias/F9D90108-7E24-4AD9-AFBB-3234460FC1A2.htm?id={F9D90108-7E24-4AD9-AFBB-3234460FC1A2}
Sumario al MOP ante supuestas irregularidades en Hospital Militar
Por desórdenes, anomalías en la contratación de consultorías y aumento de la obra en un 5% respecto de su presupuesto original, entre otros aspectos, la Contraloría abrió un sumario contra la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP) por la construcción del nuevo Hospital Militar, ubicado en La Reina.La obra fue ejecutada por la empresa OHL, la misma que construyó el Centro de Justicia, con un plazo de 850 días y un presupuesto de 120 millones de dólares.Otro de los puntos cuestionados por el ente fiscalizador es que se habrían efectuado 5 modificaciones de contrato, de las cuales sólo 4 fueron tramitadas en dicha entidad, y que al momento de la inspección los contratos de construcción y asesoría no estaban vigentes.La directora de Arquitectura del MOP, Verónica Serrano, dijo ayer a "El Mercurio" que, a pesar de que aún no recibe la notificación del sumario, encuentra extraño la forma en que esto salió a la luz pública.
"La Contraloría ha tomado razón de todas las modificaciones de contratos que nosotros (el MOP) hemos hecho con la empresa constructora. Además, la Contraloría respalda las gestiones, desde el punto de vista administrativo, de esas modificaciones porque está toda la justificación técnica que las sustenta", explicó.
Serrano agregó que todos los preinformes que pudo conocer hacían mención de algunos temas que los reconvenían, en términos de procedimientos administrativos, pero que en ningún caso se referían a incrementos de contratos inapropiados ni nada por el estilo. "Todo el tema técnico está ciento por ciento respaldado y tomado razón por la Contraloría, porque se ajusta a nuestro procedimiento y a lo que nos mandató el Ejército", puntualizó.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/31/nacional/_portada/noticias/53CF35CA-8E81-4A35-951C-2EF6B692B9AF.htm?id={53CF35CA-8E81-4A35-951C-2EF6B692B9AF} (El Mercurio)
"La Contraloría ha tomado razón de todas las modificaciones de contratos que nosotros (el MOP) hemos hecho con la empresa constructora. Además, la Contraloría respalda las gestiones, desde el punto de vista administrativo, de esas modificaciones porque está toda la justificación técnica que las sustenta", explicó.
Serrano agregó que todos los preinformes que pudo conocer hacían mención de algunos temas que los reconvenían, en términos de procedimientos administrativos, pero que en ningún caso se referían a incrementos de contratos inapropiados ni nada por el estilo. "Todo el tema técnico está ciento por ciento respaldado y tomado razón por la Contraloría, porque se ajusta a nuestro procedimiento y a lo que nos mandató el Ejército", puntualizó.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/31/nacional/_portada/noticias/53CF35CA-8E81-4A35-951C-2EF6B692B9AF.htm?id={53CF35CA-8E81-4A35-951C-2EF6B692B9AF} (El Mercurio)
lunes, 30 de marzo de 2009
Fiscales "verdes" investigan siete grandes causas ambientales y de salud en tres regiones
Los llamados "fiscales verdes" del Ministerio Público -que persiguen delitos contra el medio ambiente, patrimonio cultural y salud de las personas- concentran hoy su tarea en siete grandes causas en las regiones Metropolitana (4), de OHiggins (2) y del Maule (1).La mayoría de las causas que llevan estos prosecutores, que debutaron en noviembre, está en etapa investigativa e, incluso, algunas aún desformalizadas. La más avanzada es el "atentado" contra la salud pública con resultado de muerte por la falta de potasio del suplemento alimencio ADN, indagatoria a cargo de la fiscal Marisa Navarrete. Hace pocos días hubo un revés: se intentó llevar a juicio abreviado a los cinco ejecutivos de laboratorio B. Braun Medical que están formalizados, pero el tribunal de San Bernardo resolvió que el caso debe ir a juicio oral, lo que alargaría el proceso en un año.
"Por responsabilidad por producto no ha habido casos con condenas en Chile. Esto es relevante, porque se apunta a quienes tomaron las decisiones", recalca la fiscal.
También en la R.M., el fiscal de Talagante, Heriberto Reyes, puso sus ojos sobre el río Maipo, debido a la contaminación de aguas por residuos líquidos sin tratamiento, presuntamente vertidos por la vitivinícola Lourdes S.A. En esta causa están formalizados dos ejecutivos y un operario. Reyes explica que "se está en la etapa de monitoreos, pero en este tipo de casos se necesita tiempo para investigar y tenemos plazo hasta abril".
El mismo fiscal formalizará en abril a dos personas por la extracción y venta ilegal de fósiles en el Cajón del Maipo
Una tercera investigación en poder de Reyes se orienta a determinar la eventual responsabilidad de planteles de cerdo en la contaminación ambiental que afecta a Talagante y Melipilla. "Esta indagatoria es en contra de varias empresas, pero Agrosuper es la más importante", precisa el fiscal.A la espera de informes técnicos está el fiscal de San Fernando, VI Región, Néstor Gómez, quien indaga la presunta presencia de dioxinas en carne de cerdo que se enviaba a Japón y Corea, en julio de 2008. A la fecha ha establecido que habría 13 planteles involucrados en cuatro regiones. El fiscal precisa que "lo importante es establecer en qué parte de la cadena se produjo el daño".Gómez indaga también la contaminación del lago Rapel por la proliferación de algas. "Cerca hay una planta de Agrosuper que podría estar asociada al hecho, pero sin el peritaje científico no me atrevería a concluir nada", dice.Más al sur, el fiscal de Licantén, VII Región, José Alcaíno, cuenta que está terminando la investigación que, desde junio de 2007, sigue por la contaminación del río Mataquito.En abril próximo, dijo, presentará acusaciones en contra de dos ex ejecutivos de la planta Licancel del grupo Arauco, ya que según indagó desde esta empresa se habrían vertido al río residuos no tratados que provocaron una mortandad de peces.
Los fallos que han marcado jurisprudencia
Una serie de fallos y resoluciones han ido sentando jurisprudencia en materia ambiental y hoy sirven a los fiscales como referencia en el estudio de sus causas. Éstos son algunos de los más relevantes:El 29 de marzo de 2007 fue condenado a 541 días de presidio, bajo la Ley de Seguridad Nuclear, Sergio Pérez Valdés por su actitud calificada por el tribunal como negligente, la que originó el accidente radiactivo que dejó cuatro lesionados graves tras manipular una fuente de iridio.El hecho ocurrió durante la construcción de la planta Nueva Aldea del grupo Arauco, en la VIII Región, el 14 de diciembre de 2005.El 8 de abril de 2008 se suspendió condicionalmente el procedimiento, mediante el cual tres ejecutivos de Enap no fueron enjuiciados por el derrame de 700 m{+3} de petróleo en la bahía de San Vicente, en Talcahuano, el 25 de mayo de 2005.La empresa fue obligada a construir un muelle de US$ 50 millones para retirar del fondo marino los ductos por donde se filtró el crudo y donar $300 millones para un centro para el rescate de especies marinas.El 15 de diciembre de 2008, en un procedimiento abreviado se condenó a tres años de cárcel a tres empresarios por atentar contra la salud pública, estafa y uso indebido de nombre de fabricante. Se los acusó de comercializar para consumo humano leche para animales que importaban de Uruguay y reenvasaban y rotulaban en San Bernardo.Algunos de los casos más relevantes que indaga el Ministerio Público
DAÑOS EN EL SUPLEMENTO ALIMENTICIO ADN
El producto que vendía la empresa B. Braun ocasionó severos daños físicos y mentales a niños y adultos que la consumieron. El tribunal de garantía de San Bernardo rechazó el juicio abreviado el 17 de marzo pasado y habrá un juicio oral que puede tardar un año. Los ejecutivos están con arraigo y arresto domiciliario.
La presencia de dioxinas en cerdos
Es investigada aún sin formalización. Surgió en septiembre pasado a raíz de su detección en muestras enviadas a Japón y Corea. Se estima que hay 13 planteles y se indaga la alimentación dada en la crianza de los porcinos.
Contaminación del lago Rapel
Las algas proliferaron en diciembre y generaron un olor pestilente. La Cámara de Turismo local y vecinos interpusieron denuncias que desencadenaron las indagaciones del Ministerio Público. No se descarta que una planta agroindustrial haya vertido desechos al estero Alhué, afluente del lago.
Vertidos industriales no tratados al río Mataquito y muerte de peces
Este caso, que se indaga desde junio de 2007, se aproxima a la recta final. El fiscal va a presentar en abril las acusaciones en contra de los dos ex ejecutivos de la planta Licancel del grupo Arauco que están formalizados en el caso, Eduardo Quezada y Gustavo Kroll.
Aumentarán de 11 a 17 estos investigadores
La Fiscalía designará este año seis nuevos "fiscales verdes" para ampliar cobertura a todo el país. Hoy existen 11 en Arica, Copiapó, Valparaíso, San Bernardo, Talagante, San Fernando, Licantén, Talca, Talcahuano, Temuco y Pto. Montt. Los fiscales exponen que el trabajo suele ser largo, especializado y caro, debido a la envergadura de los peritajes. Además, se torna complejo determinar responsabilidades y, dada la cantidad dispersa de normas legales, se nota la falta de una legislación orgánica.
Autor:http://diario.elmercurio.com/2009/03/30/nacional/nacional/noticias/A702C077-45A2-4919-A4FC-93714BA40BEA.htm?id={A702C077-45A2-4919-A4FC-93714BA40BEA} (El Mercurio)
"Por responsabilidad por producto no ha habido casos con condenas en Chile. Esto es relevante, porque se apunta a quienes tomaron las decisiones", recalca la fiscal.
También en la R.M., el fiscal de Talagante, Heriberto Reyes, puso sus ojos sobre el río Maipo, debido a la contaminación de aguas por residuos líquidos sin tratamiento, presuntamente vertidos por la vitivinícola Lourdes S.A. En esta causa están formalizados dos ejecutivos y un operario. Reyes explica que "se está en la etapa de monitoreos, pero en este tipo de casos se necesita tiempo para investigar y tenemos plazo hasta abril".
El mismo fiscal formalizará en abril a dos personas por la extracción y venta ilegal de fósiles en el Cajón del Maipo
Una tercera investigación en poder de Reyes se orienta a determinar la eventual responsabilidad de planteles de cerdo en la contaminación ambiental que afecta a Talagante y Melipilla. "Esta indagatoria es en contra de varias empresas, pero Agrosuper es la más importante", precisa el fiscal.A la espera de informes técnicos está el fiscal de San Fernando, VI Región, Néstor Gómez, quien indaga la presunta presencia de dioxinas en carne de cerdo que se enviaba a Japón y Corea, en julio de 2008. A la fecha ha establecido que habría 13 planteles involucrados en cuatro regiones. El fiscal precisa que "lo importante es establecer en qué parte de la cadena se produjo el daño".Gómez indaga también la contaminación del lago Rapel por la proliferación de algas. "Cerca hay una planta de Agrosuper que podría estar asociada al hecho, pero sin el peritaje científico no me atrevería a concluir nada", dice.Más al sur, el fiscal de Licantén, VII Región, José Alcaíno, cuenta que está terminando la investigación que, desde junio de 2007, sigue por la contaminación del río Mataquito.En abril próximo, dijo, presentará acusaciones en contra de dos ex ejecutivos de la planta Licancel del grupo Arauco, ya que según indagó desde esta empresa se habrían vertido al río residuos no tratados que provocaron una mortandad de peces.
Los fallos que han marcado jurisprudencia
Una serie de fallos y resoluciones han ido sentando jurisprudencia en materia ambiental y hoy sirven a los fiscales como referencia en el estudio de sus causas. Éstos son algunos de los más relevantes:El 29 de marzo de 2007 fue condenado a 541 días de presidio, bajo la Ley de Seguridad Nuclear, Sergio Pérez Valdés por su actitud calificada por el tribunal como negligente, la que originó el accidente radiactivo que dejó cuatro lesionados graves tras manipular una fuente de iridio.El hecho ocurrió durante la construcción de la planta Nueva Aldea del grupo Arauco, en la VIII Región, el 14 de diciembre de 2005.El 8 de abril de 2008 se suspendió condicionalmente el procedimiento, mediante el cual tres ejecutivos de Enap no fueron enjuiciados por el derrame de 700 m{+3} de petróleo en la bahía de San Vicente, en Talcahuano, el 25 de mayo de 2005.La empresa fue obligada a construir un muelle de US$ 50 millones para retirar del fondo marino los ductos por donde se filtró el crudo y donar $300 millones para un centro para el rescate de especies marinas.El 15 de diciembre de 2008, en un procedimiento abreviado se condenó a tres años de cárcel a tres empresarios por atentar contra la salud pública, estafa y uso indebido de nombre de fabricante. Se los acusó de comercializar para consumo humano leche para animales que importaban de Uruguay y reenvasaban y rotulaban en San Bernardo.Algunos de los casos más relevantes que indaga el Ministerio Público
DAÑOS EN EL SUPLEMENTO ALIMENTICIO ADN
El producto que vendía la empresa B. Braun ocasionó severos daños físicos y mentales a niños y adultos que la consumieron. El tribunal de garantía de San Bernardo rechazó el juicio abreviado el 17 de marzo pasado y habrá un juicio oral que puede tardar un año. Los ejecutivos están con arraigo y arresto domiciliario.
La presencia de dioxinas en cerdos
Es investigada aún sin formalización. Surgió en septiembre pasado a raíz de su detección en muestras enviadas a Japón y Corea. Se estima que hay 13 planteles y se indaga la alimentación dada en la crianza de los porcinos.
Contaminación del lago Rapel
Las algas proliferaron en diciembre y generaron un olor pestilente. La Cámara de Turismo local y vecinos interpusieron denuncias que desencadenaron las indagaciones del Ministerio Público. No se descarta que una planta agroindustrial haya vertido desechos al estero Alhué, afluente del lago.
Vertidos industriales no tratados al río Mataquito y muerte de peces
Este caso, que se indaga desde junio de 2007, se aproxima a la recta final. El fiscal va a presentar en abril las acusaciones en contra de los dos ex ejecutivos de la planta Licancel del grupo Arauco que están formalizados en el caso, Eduardo Quezada y Gustavo Kroll.
Aumentarán de 11 a 17 estos investigadores
La Fiscalía designará este año seis nuevos "fiscales verdes" para ampliar cobertura a todo el país. Hoy existen 11 en Arica, Copiapó, Valparaíso, San Bernardo, Talagante, San Fernando, Licantén, Talca, Talcahuano, Temuco y Pto. Montt. Los fiscales exponen que el trabajo suele ser largo, especializado y caro, debido a la envergadura de los peritajes. Además, se torna complejo determinar responsabilidades y, dada la cantidad dispersa de normas legales, se nota la falta de una legislación orgánica.
Autor:http://diario.elmercurio.com/2009/03/30/nacional/nacional/noticias/A702C077-45A2-4919-A4FC-93714BA40BEA.htm?id={A702C077-45A2-4919-A4FC-93714BA40BEA} (El Mercurio)
domingo, 29 de marzo de 2009
Legisladores y usuarios presentan este lunes querella por colusión de farmacias
El Colegio Médico, abogados, usuarios de farmacias, legisladores, organizaciones de la salud y de consumidores presentarán mañana lunes una querella criminal contra las cadenas Farmacias Ahumada, Cruz Verde, y Salcobrand "por asociación ilícita por aumentar fraudulentamente los precios de los medicamentos".
Así lo informó este domingo el senador Guido Girardi (PPD) quien dijo que en esa instancia solicitarán "acciones penales para todos, y evidentemente contra las tres cadenas de farmacias, porque los artículos 285 y 286 del Código Penal tipifican absolutamente claro las transgresiones a la ley", dijo.
"Nos vamos a sumar a todas las iniciativas incluyendo una movilización que están anunciando. La Confederación de la Salud Municipalizada está organizando para el 6 de abril una movilización y nosotros seremos parte de ese comité de iniciativa y creo que hay que asociarse todos en una lucha por establecer los derechos para la gente, para los usuarios, y no permitir que esto ocurra", expresó Girardi.
Autor: http://www.latercera.com/contenido/680_114365_9.shtml (La Tercera)
Así lo informó este domingo el senador Guido Girardi (PPD) quien dijo que en esa instancia solicitarán "acciones penales para todos, y evidentemente contra las tres cadenas de farmacias, porque los artículos 285 y 286 del Código Penal tipifican absolutamente claro las transgresiones a la ley", dijo.
"Nos vamos a sumar a todas las iniciativas incluyendo una movilización que están anunciando. La Confederación de la Salud Municipalizada está organizando para el 6 de abril una movilización y nosotros seremos parte de ese comité de iniciativa y creo que hay que asociarse todos en una lucha por establecer los derechos para la gente, para los usuarios, y no permitir que esto ocurra", expresó Girardi.
Autor: http://www.latercera.com/contenido/680_114365_9.shtml (La Tercera)
Pilar Pérez se recupera tras intento de suicidio
Una horca hecha con los cordones de sus zapatillas, trozos de toallas y sábanas, todo amarrado entre sí, fue lo que confeccionó María del Pilar Pérez López, conocida como "La Quintrala", para intentar quitarse la vida la madrugada del sábado en el baño de la antigua sección Menores, al interior del Centro de Detención Femenina (CDF).La alerta la dio una funcionaria, encargada de su vigilancia las 24 horas del día, quien relató que la imputada por los tres crímenes de Providencia, pidió permiso para ir al baño poco antes de la una de la madrugada.Hasta ahí todo bien. Pero Pérez López demoraba más de lo normal. Luego de tres minutos de espera, la gendarme decidió ingresar al pequeño baño y la encontró colgada desde un fierro de cañería que estaba al aire.De inmediato, la funcionaria cortó el vínculo y la bajó, semiinconsciente. La llevó a la enfermería del penal, donde fue atendida por un paramédico. No tenía lesiones visibles, pese a lo cual igual fue trasladada hasta el Hospital Penitenciario, donde fue chequeada por los médicos de Gendarmería.Según el coronel Carlos Muñoz, jefe del Departamento de Seguridad de la institución, la mujer no presentó lesiones y durante el día de ayer retornó a su normalidad. Pero Gendarmería dispuso de inmediato medidas para reforzar su vigilancia, entre las que se contempla instalar cámaras de vigilancia.Mario Palma, su nuevo abogado, la visitó ayer y comprobó que la mujer tenía un leve hematoma en el cuello producto del roce de los elementos con que intentó suicidarse. Además, dijo que la vio desecha, angustiada y desamparada.Esa fue la conclusión a la que llegó tras un breve diálogo que tuvo con Pérez López, en el que la mujer lloró amargamente."El principal motivo de su aflicción es la falta de sus hijos, quienes no la vienen a ver. Ella los necesita en estos momentos difíciles. Trataré de contactarme con ellos para lograr un acercamiento", dijo ayer Palma.
Querella de su hija
Esta intención se contrapone con la posición de sus dos hijos Rocío y Juan José Zamorano.La primera tomó el viernes pasado la decisión de ampliar la querella por la muerte de su padre Francisco Zamorano, responsabilizando a su madre del delito de parricidio y al sicario José Ruz Rodríguez, de homicidio calificado.Con esto se terminó de quebrar la relación, que ya estaba dañada desde el 4 de marzo pasado, en la última visita familiar que recibió Pérez López. Ese día, el marido de Rocío, Rodrigo Arroyo y su hermana Etelvina, recibieron el encargo de la imputada para intentar sobornar a Ruz y su abogado para que se retracte y la exculpe.
Fiscales buscan controlar todos los dineros de "La Quintrala"
Libertad de acción. Eso es lo que no tiene María del Pilar Pérez en la cárcel, desde donde hasta hace unos meses intentaba ordenar y mover sus recursos que, ahora, están bajo el control total del Ministerio Público.Todos sus intentos han sido interceptados por los fiscales Vinko Fodich y Carlos Gajardo, quienes indagan su autoría en los crímenes de Francisco Zamorano, ex marido de Pérez, y su pareja Héctor Arévalo; además de la muerte del economista Diego Schmidt-Hebbel, novio de su sobrina María Belén.Los últimos recursos conocidos de la imputada son tres pagos pendientes por honorarios que recibiría de la empresa Supermercado 10, del grupo que ahora controla Unimarc. Según fuentes de la causa, Pérez había realizado trabajos para tres supermercados, ubicados en los sectores de San Pablo, 5 de abril y en Santa Rosa, por los que se le adeudan $3.772.554.En febrero pasado, Etelvina Arroyo, la cuñada de su hija Rocío Zamorano, estaba encargada de retirar los cheques y depositarlos en favor de ésta última, quien tenía un mandato de su madre. Pero el trámite quedó pendiente luego que la propia Etelvina y su hermano Rodrigo recibieron el encargo de Pérez de sobornar al sicario, en la última visita a la cárcel.Esto llegó a oídos de Unimarc, que informó a la fiscalía de la existencia de los honorarios. La semana recién pasada los fiscales pidieron la retención de los dineros, que fue aceptada por el 8º Juzgado de Garantía.Para los fiscales es vital mantener a la imputada sin la posibilidad de acceder a sus recursos, debido a que se le imputa ofrecer dinero a cambio de los crímenes.En control de la justicia ya se encuentran sus cuentas corrientes en los bancos de Chile y Scotiabank, las que están congeladas. También están embargadas todas sus propiedades, inclusive aquellas que traspasó a su hija Rocío con el propósito de venderlas, justo cuando estaba siendo tramitada la custodia.En este caso se trata de su departamento de cuatro pisos en Seminario 95, los deptos. 41 y 32 de Seminario 96 y el depto. 43 de Seminario 98. También están bajo custodia los inmuebles que recibió de la herencia que disputa con sus hermanas, a saber, los departamentos 21, 31 y 42 de calle Seminario, además de una camioneta y una casa en Talagante.
Querella de su hija
Esta intención se contrapone con la posición de sus dos hijos Rocío y Juan José Zamorano.La primera tomó el viernes pasado la decisión de ampliar la querella por la muerte de su padre Francisco Zamorano, responsabilizando a su madre del delito de parricidio y al sicario José Ruz Rodríguez, de homicidio calificado.Con esto se terminó de quebrar la relación, que ya estaba dañada desde el 4 de marzo pasado, en la última visita familiar que recibió Pérez López. Ese día, el marido de Rocío, Rodrigo Arroyo y su hermana Etelvina, recibieron el encargo de la imputada para intentar sobornar a Ruz y su abogado para que se retracte y la exculpe.
Fiscales buscan controlar todos los dineros de "La Quintrala"
Libertad de acción. Eso es lo que no tiene María del Pilar Pérez en la cárcel, desde donde hasta hace unos meses intentaba ordenar y mover sus recursos que, ahora, están bajo el control total del Ministerio Público.Todos sus intentos han sido interceptados por los fiscales Vinko Fodich y Carlos Gajardo, quienes indagan su autoría en los crímenes de Francisco Zamorano, ex marido de Pérez, y su pareja Héctor Arévalo; además de la muerte del economista Diego Schmidt-Hebbel, novio de su sobrina María Belén.Los últimos recursos conocidos de la imputada son tres pagos pendientes por honorarios que recibiría de la empresa Supermercado 10, del grupo que ahora controla Unimarc. Según fuentes de la causa, Pérez había realizado trabajos para tres supermercados, ubicados en los sectores de San Pablo, 5 de abril y en Santa Rosa, por los que se le adeudan $3.772.554.En febrero pasado, Etelvina Arroyo, la cuñada de su hija Rocío Zamorano, estaba encargada de retirar los cheques y depositarlos en favor de ésta última, quien tenía un mandato de su madre. Pero el trámite quedó pendiente luego que la propia Etelvina y su hermano Rodrigo recibieron el encargo de Pérez de sobornar al sicario, en la última visita a la cárcel.Esto llegó a oídos de Unimarc, que informó a la fiscalía de la existencia de los honorarios. La semana recién pasada los fiscales pidieron la retención de los dineros, que fue aceptada por el 8º Juzgado de Garantía.Para los fiscales es vital mantener a la imputada sin la posibilidad de acceder a sus recursos, debido a que se le imputa ofrecer dinero a cambio de los crímenes.En control de la justicia ya se encuentran sus cuentas corrientes en los bancos de Chile y Scotiabank, las que están congeladas. También están embargadas todas sus propiedades, inclusive aquellas que traspasó a su hija Rocío con el propósito de venderlas, justo cuando estaba siendo tramitada la custodia.En este caso se trata de su departamento de cuatro pisos en Seminario 95, los deptos. 41 y 32 de Seminario 96 y el depto. 43 de Seminario 98. También están bajo custodia los inmuebles que recibió de la herencia que disputa con sus hermanas, a saber, los departamentos 21, 31 y 42 de calle Seminario, además de una camioneta y una casa en Talagante.
Urbano Marín: "El abogado mal preparado es más fácil que haga trampa"
"Más transparencia, más eficiencia y especialmente mejor atención a los usuarios". Esas son las metas que se pone el presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín, para este año, su último a cargo del máximo tribunal del país.
En esta entrevista, aborda los temas más importantes, como la dispar calidad de los nuevos abogados.
-En la Corte Suprema se ha hablado repetidamente de la preocupación por el excesivo número de abogados y su dispar calidad. ¿Cómo constatan eso?
"El número es una realidad objetiva. 16 mil abogados en un período de poco más de diez años es una cantidad que puede no ser excesiva para el país, pero sí es un contingente importante de nuevos profesionales. Lo que a nosotros nos merece duda es si la calidad desde el punto de vista de la preparación es homogénea en los términos que requiere la sociedad chilena".
-¿Eso es porque ustedes, en el ejercicio diario de los tribunales, detectan que hay disparidad entre los abogados?
"Uno no ve que todos los colegas tengan el mismo nivel que antes existía para trabajar en la Corte Suprema. Antes eran muy pocos los abogados que llegaban a la Corte Suprema. Hoy, por la gran amplitud que tienen los recursos de casación, es más fácil que un colega alegue o presente (recursos), y ahí uno nota un poco que la preparación no es la misma en todos los casos".
-A su juicio, ¿una mala preparación profesional aumenta el riesgo de posteriores faltas a la ética?
"Es que justamente el abogado mal preparado es más fácil que haga trampa, y trampa en perjuicio de su cliente, de sus otros colegas y de los jueces, que también descansan un poco en el abogado como auxiliar de la administración de justicia".
El diagnóstico parece estar claro. ¿Cuál es la solución?
"Un comité nuestro está trabajando esto, estudiando con el Colegio de Abogados, y probablemente vamos a tener luego (una propuesta). A título muy personal, creo que la materia pasaría por tres aspectos. Primero, un poco la evaluación de las facultades de Derecho como organismos docentes. Segundo, establecer de alguna manera las condiciones en que el abogado se ha preparado al momento de iniciar el ejercicio de la profesión. Y tercero, darle al Colegio de Abogados o a un tribunal especial el control de la ética profesional.
En los años 90 yo era consejero del Colegio, redactamos un proyecto de ley que creaba un tribunal de ética. El Colegio o la asociación que tuviera más número de afiliados era representado en un tribunal, formado por otras personas, y que tenía un control ético sobre todos los abogados, fueran inscritos o no. Eso se lo presentamos al Ejecutivo en ese minuto, pero nunca se llegó, que sepamos, a presentar como iniciativa".
-¿Usted lo ha conversado con el Colegio de Abogados?
"El Colegio siempre ha reclamado la necesidad de recuperar el control sobre toda la profesión y, a mi juicio, la profesión de abogado, a diferencia de las otras, siendo todas muy importantes y necesarias, tiene una característica especial: que el derecho a la asistencia jurídica es un derecho constitucional, y la Constitución los asegura como derecho individual.
-¿Qué le parece la idea de algunos decanos de Derecho de hacer un examen nacional voluntario?
"No es tema mío, forma parte de un tema de preparación que es ajeno a nosotros".
-¿Pero apoya esta idea?
"Claro, pero habría que ver en qué condiciones habría que configurarlo y llevarlo a efecto".
Corrupción en el Poder Judicial: "Son casos aislados. No somos un sistema corrupto".
Sobre las dos redes de corrupción detectadas, en la que también participaron funcionarios del Poder Judicial, Marín asegura que "son casos aislados", pero que hay que investigarlos y aplicar castigos cuando haya mérito para ello.
El alto magistrado no descartó que las indagaciones también se amplíen a los juzgados del crimen, ya que hasta ahora han abarcado sólo los de garantía.
-¿No cree que hayan fallado los controles internos?
No, porque nosotros somos un sistema integrado por 480 tribunales, no hay forma de impedir que se produzca una situación como esta en un tribunal determinado. Lo que hay que hacer, apenas se detecta esto, es investigar y corregir (...) No es un sistema corrupto por definición, no se puede decir que en la administración del Estado y en el Poder Judicial estamos invadidos por la corrupción".
-Pero, según el informe del ministro Carroza, en la mayoría de los juzgados no se cumplía con el autoacordado de la Suprema sobre las contraórdenes....
"Sí, por eso adoptamos medidas para evitar que eso se produzca (se realizarán sumarios administrativos)".
"No ha habido nunca un problema relacionado con opciones de género dentro del Poder Judicial".
Polémica causó el autoacordado de la Suprema que obliga a los funcionarios del Poder Judicial a declarar sus vínculos de estrecha familiaridad. Según Marín, se referían a la convivencia, porque se produce una situación similar a la de un cónyuge en matrimonio. Según él, con esta medida no se está transgrediendo la Constitución, pues cuando se acepta una función pública "se deja en alguna medida de tener cosas tan privadas, por ejemplo la declaración de bienes, patrimonio o de intereses que nosotros debemos hacer por ley".
-¿Qué pasa con la intimidad de las parejas que podrían ser homosexuales?
"Ningún problema, pues. Que yo sepa, no ha habido nunca un problema relacionado con opciones de género dentro del Poder Judicial".
-Esos funcionarios pueden temer a que se haga público...
Pero por qué van a temerlo, si estamos en una sociedad que acepta estas relaciones. Esto no debería ser motivo de vergüenza o de ocultamiento".
-¿Podría garantizarles que no serán discriminados?
"Le repito, yo no he visto nunca que ese factor haya influido en ninguna decisión nuestra como Corte Suprema. Puede que haya personas que tengan otro criterio, pero yo, en parte de mis colegas y yo mismo, jamás hemos considerado eso. Incluso en la sentencia del caso de la jueza Atala, expresamente se reconoce su derecho a la opción que tomó; no tiene nada que ver el contenido de ese fallo".
-Los funcionarios que tengan esta condición sexual y no la hayan declarado por temor, ¿podrían ser sancionados?
"Se impone esto como una obligación, como la misma que tiene de declarar su patrimonio".
-¿Estas declaraciones van a ser públicas?
"Yo creo que no habría razón para ocultarlas. Ahora, puede generar problemas, y eso hay que considerarlo, es que si el magistrado o magistrada tiene un vínculo matrimonial no disuelto pueda generar una situación incómoda".
"Hoy, por la gran amplitud que tienen los recursos de casación, es más fácil que un colega alegue o presente (recursos), y ahí uno nota un poco que la preparación no es la misma en todos los casos".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/29/nacional/nacional/noticias/37ED0A6F-18EA-4524-8FFA-681ABFC3EB41.htm?id={37ED0A6F-18EA-4524-8FFA-681ABFC3EB41}
En esta entrevista, aborda los temas más importantes, como la dispar calidad de los nuevos abogados.
-En la Corte Suprema se ha hablado repetidamente de la preocupación por el excesivo número de abogados y su dispar calidad. ¿Cómo constatan eso?
"El número es una realidad objetiva. 16 mil abogados en un período de poco más de diez años es una cantidad que puede no ser excesiva para el país, pero sí es un contingente importante de nuevos profesionales. Lo que a nosotros nos merece duda es si la calidad desde el punto de vista de la preparación es homogénea en los términos que requiere la sociedad chilena".
-¿Eso es porque ustedes, en el ejercicio diario de los tribunales, detectan que hay disparidad entre los abogados?
"Uno no ve que todos los colegas tengan el mismo nivel que antes existía para trabajar en la Corte Suprema. Antes eran muy pocos los abogados que llegaban a la Corte Suprema. Hoy, por la gran amplitud que tienen los recursos de casación, es más fácil que un colega alegue o presente (recursos), y ahí uno nota un poco que la preparación no es la misma en todos los casos".
-A su juicio, ¿una mala preparación profesional aumenta el riesgo de posteriores faltas a la ética?
"Es que justamente el abogado mal preparado es más fácil que haga trampa, y trampa en perjuicio de su cliente, de sus otros colegas y de los jueces, que también descansan un poco en el abogado como auxiliar de la administración de justicia".
El diagnóstico parece estar claro. ¿Cuál es la solución?
"Un comité nuestro está trabajando esto, estudiando con el Colegio de Abogados, y probablemente vamos a tener luego (una propuesta). A título muy personal, creo que la materia pasaría por tres aspectos. Primero, un poco la evaluación de las facultades de Derecho como organismos docentes. Segundo, establecer de alguna manera las condiciones en que el abogado se ha preparado al momento de iniciar el ejercicio de la profesión. Y tercero, darle al Colegio de Abogados o a un tribunal especial el control de la ética profesional.
En los años 90 yo era consejero del Colegio, redactamos un proyecto de ley que creaba un tribunal de ética. El Colegio o la asociación que tuviera más número de afiliados era representado en un tribunal, formado por otras personas, y que tenía un control ético sobre todos los abogados, fueran inscritos o no. Eso se lo presentamos al Ejecutivo en ese minuto, pero nunca se llegó, que sepamos, a presentar como iniciativa".
-¿Usted lo ha conversado con el Colegio de Abogados?
"El Colegio siempre ha reclamado la necesidad de recuperar el control sobre toda la profesión y, a mi juicio, la profesión de abogado, a diferencia de las otras, siendo todas muy importantes y necesarias, tiene una característica especial: que el derecho a la asistencia jurídica es un derecho constitucional, y la Constitución los asegura como derecho individual.
-¿Qué le parece la idea de algunos decanos de Derecho de hacer un examen nacional voluntario?
"No es tema mío, forma parte de un tema de preparación que es ajeno a nosotros".
-¿Pero apoya esta idea?
"Claro, pero habría que ver en qué condiciones habría que configurarlo y llevarlo a efecto".
Corrupción en el Poder Judicial: "Son casos aislados. No somos un sistema corrupto".
Sobre las dos redes de corrupción detectadas, en la que también participaron funcionarios del Poder Judicial, Marín asegura que "son casos aislados", pero que hay que investigarlos y aplicar castigos cuando haya mérito para ello.
El alto magistrado no descartó que las indagaciones también se amplíen a los juzgados del crimen, ya que hasta ahora han abarcado sólo los de garantía.
-¿No cree que hayan fallado los controles internos?
No, porque nosotros somos un sistema integrado por 480 tribunales, no hay forma de impedir que se produzca una situación como esta en un tribunal determinado. Lo que hay que hacer, apenas se detecta esto, es investigar y corregir (...) No es un sistema corrupto por definición, no se puede decir que en la administración del Estado y en el Poder Judicial estamos invadidos por la corrupción".
-Pero, según el informe del ministro Carroza, en la mayoría de los juzgados no se cumplía con el autoacordado de la Suprema sobre las contraórdenes....
"Sí, por eso adoptamos medidas para evitar que eso se produzca (se realizarán sumarios administrativos)".
"No ha habido nunca un problema relacionado con opciones de género dentro del Poder Judicial".
Polémica causó el autoacordado de la Suprema que obliga a los funcionarios del Poder Judicial a declarar sus vínculos de estrecha familiaridad. Según Marín, se referían a la convivencia, porque se produce una situación similar a la de un cónyuge en matrimonio. Según él, con esta medida no se está transgrediendo la Constitución, pues cuando se acepta una función pública "se deja en alguna medida de tener cosas tan privadas, por ejemplo la declaración de bienes, patrimonio o de intereses que nosotros debemos hacer por ley".
-¿Qué pasa con la intimidad de las parejas que podrían ser homosexuales?
"Ningún problema, pues. Que yo sepa, no ha habido nunca un problema relacionado con opciones de género dentro del Poder Judicial".
-Esos funcionarios pueden temer a que se haga público...
Pero por qué van a temerlo, si estamos en una sociedad que acepta estas relaciones. Esto no debería ser motivo de vergüenza o de ocultamiento".
-¿Podría garantizarles que no serán discriminados?
"Le repito, yo no he visto nunca que ese factor haya influido en ninguna decisión nuestra como Corte Suprema. Puede que haya personas que tengan otro criterio, pero yo, en parte de mis colegas y yo mismo, jamás hemos considerado eso. Incluso en la sentencia del caso de la jueza Atala, expresamente se reconoce su derecho a la opción que tomó; no tiene nada que ver el contenido de ese fallo".
-Los funcionarios que tengan esta condición sexual y no la hayan declarado por temor, ¿podrían ser sancionados?
"Se impone esto como una obligación, como la misma que tiene de declarar su patrimonio".
-¿Estas declaraciones van a ser públicas?
"Yo creo que no habría razón para ocultarlas. Ahora, puede generar problemas, y eso hay que considerarlo, es que si el magistrado o magistrada tiene un vínculo matrimonial no disuelto pueda generar una situación incómoda".
"Hoy, por la gran amplitud que tienen los recursos de casación, es más fácil que un colega alegue o presente (recursos), y ahí uno nota un poco que la preparación no es la misma en todos los casos".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/29/nacional/nacional/noticias/37ED0A6F-18EA-4524-8FFA-681ABFC3EB41.htm?id={37ED0A6F-18EA-4524-8FFA-681ABFC3EB41}
sábado, 28 de marzo de 2009
Jueces de policía local optan por dependencia municipal
Por amplia mayoría, en la asamblea nacional de jueces de policía local, desarrollada el 19 y 20 de marzo en Providencia, se impuso la decisión de mantenerse bajo la dependencia de los municipios, postura que no comparte pero sí acata el presidente del Instituto de Jueces de Policía Local, Cristián Arévalo, quien prefiere un sistema mixto, como el de los juzgados tributarios, donde son considerados jueces especiales y dependen de un comité de autoridades, con presupuesto del Tesoro Público y no de cada municipio.Según explicó Arévalo a "El Mercurio", casi el 80 por ciento de los jueces que asistieron al encuentro -cerca de 200- prefirieron la opción de depender del municipio, porque de haber un cambio de sistema se les podría exigir que se dediquen exclusivamente a su cargo, y hoy la mayoría de los jueces de policía local ejercen también como abogados particulares para acceder a un mejor sueldo.Con esta definición, el Instituto de Jueces de Policía Local se reintegró a la mesa de trabajo constituida en el Ministerio de Justicia para elaborar un proyecto de reforma a la justicia local.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/28/nacional/nacional/noticias/36C18775-596E-4958-8A0F-B442B1039523.htm?id={36C18775-596E-4958-8A0F-B442B1039523} (El Mercurio)
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/28/nacional/nacional/noticias/36C18775-596E-4958-8A0F-B442B1039523.htm?id={36C18775-596E-4958-8A0F-B442B1039523} (El Mercurio)
Jueza no encarcela a anarquista por insuficiencia de pruebas
La jueza de garantía María Elena Llanos dispuso reclusión nocturna en su domicilio en Santiago, arraigo nacional y prohibición de trasladarse a la Región de la Araucanía, salvo para efectos judiciales, al anarquista pro mapuche Edgardo Hernández Crucero (26), formalizado por conducta terrorista como presunto autor en la confección y detonación de un artefacto explosivo en el edificio de la Defensoría Penal Pública de Temuco, la noche del pasado 11 de diciembre.La magistrada consideró insuficientes para disponer su prisión preventiva los antecedentes proporcionados por los fiscales Sergio Moya y Fracisco Jacir, que así lo solicitaban.Hernández fue detenido el jueves en Santiago y luego trasladado a esta ciudad.Los fiscales Moya y Jacir dijeron sentirse sorprendidos por la resolución de la magistrada y anunciaron que apelarán de ella ante la Corte de Apelaciones de Temuco, a fin de dejar sin efecto las medidas cautelares y que se imponga la prisión preventiva, por ser el imputado un peligro para la sociedad.Ambos fiscales expusieron que el día anterior al atentado el imputado pernoctó en la comunidad Temucuicui, en Ercilla, desde donde viajó a Temuco para instalar el artefacto explosivo que causó destrozos en puertas y ventanales.Agregaron que 10 minutos antes de la explosión, en un cibercafé a dos cuadras de distancia, escribió y envió un comunidado de prensa a los medios locales y seguidamente caminó hacia la Defensoría Penal para instalar y detonar el artefacto.Su presencia en el cibercafé fue reconocida por fotografías y por un empleado del local.Sin embargo, el abogado defensor público, Álvaro Valdebenito, cuestionó los antecedentes del Ministerio Público y sostuvo que el reconocimiento era dudoso, dada la incerteza demostrada por el testigo en su declaración.
AUSENCIA
EL GOBIERNO no se ha hecho parte en el caso. Intendencia evalúa entablar una querella.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/28/nacional/nacional/noticias/642FFE01-CA6A-4DC0-AEE7-D18AA399CF81.htm?id={642FFE01-CA6A-4DC0-AEE7-D18AA399CF81} (El Mercurio)
AUSENCIA
EL GOBIERNO no se ha hecho parte en el caso. Intendencia evalúa entablar una querella.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/28/nacional/nacional/noticias/642FFE01-CA6A-4DC0-AEE7-D18AA399CF81.htm?id={642FFE01-CA6A-4DC0-AEE7-D18AA399CF81} (El Mercurio)
Defensor: "Pilar Pérez no es compleja, sino muy obediente"
"No es una mujer compleja, ni menos como todos piensan que es". Esa es la primera impresión que dio sobre María del Pilar Pérez López su nuevo abogado, el defensor penal público Mario Palma.El profesional tuvo su primer encuentro con la imputada en la mañana del jueves, en una reunión que duró más de una hora en el Centro de Detención Femenina (CDF). El día anterior había asumido la representación de la mujer, luego que los tres abogados que la defendían renunciaran en la tarde del martes por "incompatibilidad de intereses".Palma recibió ayer las copias completas de la carpeta de investigación del Ministerio Público, en la que se reúne una gran cantidad de evidencia que vinculan a la mujer como la autora mediata de los crímenes de su ex marido, Francisco Zamorano Marfull, y la pareja de éste, Héctor Arévalo, además de la muerte del joven economista y novio de su sobrina, Diego Schmidt-Hebbel."Ella no es nada compleja ni complicada, sino muy obediente de las sugerencias que realiza su defensa. Creo que no tendré problemas con ella, es una persona absolutamente normal, no es la persona que la opinión pública cree que es, no es dominante", dijo ayer con insistencia su nuevo defensor.Siguiendo la misma línea de los abogados anteriores, Palma adelantó que si Pérez López decide declarar ante los fiscales no permitirán la presencia de un policía en la diligencia."La declaración es algo que tenemos que analizar; si llega a declarar, necesariamente se van a exigir todas las garantías del ordenamiento jurídico. No se va a aceptar la declaración ante ningún funcionario policial, porque las declaraciones se hacen ante el fiscal y con su defensor", dijo.Por ahora, Palma estudiará el expediente para decidir las acciones a seguir, pues queda sólo un mes de indagación.
Defendió a la modelo Adriana Barrientos y a la mafia italiana
De ser el defensor de la modelo Adriana Barrientos, en una querella por injurias presentada por la también modelo María José López, pasó a representar a María del Pilar Pérez, conocida como "La Quintrala". Mario Palma es abogado de la Universidad Alonso de Ovalle y ejerce desde los inicios de la reforma penal en Santiago como defensor público. Participó en el juicio oral seguido en contra de los narcotraficantes que tenían nexos con la mafia italiana, logrando absoluciones de dos imputadas vinculadas con la organización. Sus cercanos dicen que es un "mateo" y muy correcto en sus formas. Además es disciplinado, característica que adquirió en su paso por la Escuela de Grumetes.
"Creo que no tendré problemas con ella (Pilar Pérez); es una persona absolutamente normal, no es la persona que la opinión pública cree que es, no es dominante".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/28/nacional/nacional/noticias/5ADC53BB-53C0-40CF-B0BF-00A55C3BB2A2.htm?id={5ADC53BB-53C0-40CF-B0BF-00A55C3BB2A2} (El Mercurio)
Defendió a la modelo Adriana Barrientos y a la mafia italiana
De ser el defensor de la modelo Adriana Barrientos, en una querella por injurias presentada por la también modelo María José López, pasó a representar a María del Pilar Pérez, conocida como "La Quintrala". Mario Palma es abogado de la Universidad Alonso de Ovalle y ejerce desde los inicios de la reforma penal en Santiago como defensor público. Participó en el juicio oral seguido en contra de los narcotraficantes que tenían nexos con la mafia italiana, logrando absoluciones de dos imputadas vinculadas con la organización. Sus cercanos dicen que es un "mateo" y muy correcto en sus formas. Además es disciplinado, característica que adquirió en su paso por la Escuela de Grumetes.
"Creo que no tendré problemas con ella (Pilar Pérez); es una persona absolutamente normal, no es la persona que la opinión pública cree que es, no es dominante".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/28/nacional/nacional/noticias/5ADC53BB-53C0-40CF-B0BF-00A55C3BB2A2.htm?id={5ADC53BB-53C0-40CF-B0BF-00A55C3BB2A2} (El Mercurio)
viernes, 27 de marzo de 2009
Bachelet promulga reforma que establece voto voluntario e inscripción automática
La Presidenta Michelle Bachelet promulgó hoy la reforma constitucional que consagra el voto voluntario y la inscripción automática en los registros electorales.
De esta forma y una vez que se apruebe la ley orgánica que determinará cómo se concreta la reforma, todas las personas que cumplan los 18 años quedarán automáticamente inscritas y habilitadas para votar.
"Es justo y bueno que haya debate y distintas perspectivas sobre esto, pero la verdad que lo que importa es que ampliemos el universo de votantes, porque el padrón electoral ha ido envejeciendo notoriamente, importa que los jóvenes puedan decir su palabra", explicó la Mandataria.
En tanto, el ministro del Interior (s), Patricio Rosende, aseguró que el gobierno hará todos los esfuerzos necesarios para que este sistema esté vigente en las elecciones de fin de año y en ese sentido, confirmó que le pondrán urgencia al proyecto sobre la ley orgánica que normará el voto voluntario y la inscripción automática.
Frente a las dificultades que podría enfrentar la iniciativa, Rosende señaló que si el Parlamento aprobó la reforma constitucional "casi por unanimidad es muy extraño que alguien no tenga esa voluntad ahora en la ley orgánica".
Reconoció no obstante que si el proyecto no está vigente a fines de abril, "es muy difícil implementarlo en diciembre", tal como advirtió el Servicio Electoral.
El ministro (s) indicó además que el proyecto contempla la votación de los chilenos en el extranjero, porque, a juicio del gobierno, "si uno establece un sistema de inscripción automática para todos los chilenos da lo mismo si viven en Chile o fuera de Chile" y "habría sido muy irracional excluir de la inscripción automática a los chilenos por el sólo hecho de vivir fuera de Chile".
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=350970 (Emol)
De esta forma y una vez que se apruebe la ley orgánica que determinará cómo se concreta la reforma, todas las personas que cumplan los 18 años quedarán automáticamente inscritas y habilitadas para votar.
"Es justo y bueno que haya debate y distintas perspectivas sobre esto, pero la verdad que lo que importa es que ampliemos el universo de votantes, porque el padrón electoral ha ido envejeciendo notoriamente, importa que los jóvenes puedan decir su palabra", explicó la Mandataria.
En tanto, el ministro del Interior (s), Patricio Rosende, aseguró que el gobierno hará todos los esfuerzos necesarios para que este sistema esté vigente en las elecciones de fin de año y en ese sentido, confirmó que le pondrán urgencia al proyecto sobre la ley orgánica que normará el voto voluntario y la inscripción automática.
Frente a las dificultades que podría enfrentar la iniciativa, Rosende señaló que si el Parlamento aprobó la reforma constitucional "casi por unanimidad es muy extraño que alguien no tenga esa voluntad ahora en la ley orgánica".
Reconoció no obstante que si el proyecto no está vigente a fines de abril, "es muy difícil implementarlo en diciembre", tal como advirtió el Servicio Electoral.
El ministro (s) indicó además que el proyecto contempla la votación de los chilenos en el extranjero, porque, a juicio del gobierno, "si uno establece un sistema de inscripción automática para todos los chilenos da lo mismo si viven en Chile o fuera de Chile" y "habría sido muy irracional excluir de la inscripción automática a los chilenos por el sólo hecho de vivir fuera de Chile".
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=350970 (Emol)
Presentan Primera demanda colectiva en contra de las tres cadenas de farmacias
La primera demanda colectiva en contra de las Farmacias Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand presentaron 55 personas en tribunales, luego de conocerse el alza concertada de precios en que habrían incurrido las tres empresas distribuidoras de medicamentos. Los demandantes representada por el ex alcalde de Estación Central, Gustavo Hasbún, y el abogado Rafael Marambio, presentaron el recurso en beneficio de protección del interés colectivo difuso de los consumidores y solicitaron que se apliquen multas en contra de las tres cadenas y que las indemnizaciones para cada una de los demandantes sea fijada por el tribunal. De a cuerdo al abogado, el libelo se justifica en supuestas infracciones a los articulo 3 (letras B y C), 18 y 30 de la ley 19.446 del consumidor en las que se pide compensaciones cuyos montes deben ser los "máximo que la ley establece" y que son pagaderos al tercer día de ejecutoriado la causa.
Autor: http://cl.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200903271525_INV_77943105 (Terra Networks Chile S.A.)
Autor: http://cl.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200903271525_INV_77943105 (Terra Networks Chile S.A.)
Tribunal condena a 12 años de presidio a homicidas de Oliva
Como un triunfo recibieron ayer César Osores y Marcelo Morales -ex guardaespaldas y ex chofer de Gerardo Rocha, respectivamente- la sentencia de 12 años de presidio efectivo que les impuso el Tribunal Oral en lo Penal de San Antonio, como autores del homicidio calificado del martillero Fernando Oliva.Su sensación se explica porque el Ministerio Público había solicitado presidio perpetuo (ver recuadro) por el crimen cometido el 21 de febrero de 2008 en El Quisco, pero los jueces resolvieron aplicarles la pena más baja asignada al ilícito cometido.Y aunque el tribunal no les concedió ningún beneficio de cumplimiento alternativo, los condenados sí podrían optar a los que concede Gendarmería, una vez cumplida más de la mitad de sus respectivas condenas."Debieran estar en libertad en seis años, que es lo que yo hablé desde un comienzo, seis, siete años máximo", aseveró el abogado de Morales, Alexis Lam.Tras escuchar la sentencia, Osores y Morales dirigieron miradas de satisfacción a sus familias, que también valoraron la sentencia que los absolvió del delito de incendio, y en el caso de Morales también del de tenencia ilegal de arma de fuego."Estoy conforme (con la sentencia), porque tenía miedo a lo que pedía el fiscal, porque encontraba que él no se merecía eso, y siempre le pedí a Dios menos de 15 años", dijo la esposa de Marcelo Morales, Eva Riquelme.Su abogado adelantó que no objetarán la sentencia, mientras que el defensor de Osores, Iván Seperiza, explicó que hablaría con su cliente para tomar una decisión, aunque afirmó que "12 años nos deja tranquilos".
Las partes tienen diez días para recurrir de nulidad
En la sentencia, que supera las 150 páginas, los jueces Mónica López, Claudio Espinoza y Wilson González señalan que Morales "evidenció una particular malignidad", pues ejecutó el delito obrando "sobre seguro" y a traición, valiéndose de la confianza depositada en él por la víctima. Sin embargo, le reconocieron como atenuante su irreprochable conducta anterior. Osores tiene una condena previa, pero ello no se consideró como agravante por el tribunal.
Fiscalía pedía presidio perpetuo, pero se declaró satisfecha
La Fiscalía de San Antonio solicitaba presidio perpetuo simple (20 años) para Osores y Morales, y antes, en la etapa de acusación, había solicitado presidio perpetuo calificado, es decir, 40 años de cárcel.Sin embargo, ayer una vez conocida la sentencia de 12 años de presidio dictada por el tribunal, el fiscal Álvaro Pérez afirmó que el fallo se ajustó a derecho, por lo que no recurrirían de nulidad, y además señaló que la investigación del caso fue muy compleja.En tanto, el abogado querellante, Héctor Musso, explicó que esperará a ver cómo actúa la defensa de los condenados antes de definir sus próximos pasos, aunque estimó que "12 años de presidio es una pena que se ajusta al mérito del proceso".El hijo del martillero, Fernando Oliva, quien también asistió a la lectura de la sentencia, se manifestó tranquilo con el término de este proceso judicial: "Para mí no es una pena justa o injusta, son los jueces quienes recibieron toda la información, y en base a eso decidieron la pena que correspondía. Es un tema doloroso para nosotros, pero tenemos que enfrentarlo. También ellos (Osores y Morales) van a tener que reflexionar su lealtad mal entendida en este tiempo que van a tener".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/27/nacional/nacional/noticias/9A6A5E0E-70D8-420C-AC2A-8769BE92B250.htm?id={9A6A5E0E-70D8-420C-AC2A-8769BE92B250} (El Mercurio)
Las partes tienen diez días para recurrir de nulidad
En la sentencia, que supera las 150 páginas, los jueces Mónica López, Claudio Espinoza y Wilson González señalan que Morales "evidenció una particular malignidad", pues ejecutó el delito obrando "sobre seguro" y a traición, valiéndose de la confianza depositada en él por la víctima. Sin embargo, le reconocieron como atenuante su irreprochable conducta anterior. Osores tiene una condena previa, pero ello no se consideró como agravante por el tribunal.
Fiscalía pedía presidio perpetuo, pero se declaró satisfecha
La Fiscalía de San Antonio solicitaba presidio perpetuo simple (20 años) para Osores y Morales, y antes, en la etapa de acusación, había solicitado presidio perpetuo calificado, es decir, 40 años de cárcel.Sin embargo, ayer una vez conocida la sentencia de 12 años de presidio dictada por el tribunal, el fiscal Álvaro Pérez afirmó que el fallo se ajustó a derecho, por lo que no recurrirían de nulidad, y además señaló que la investigación del caso fue muy compleja.En tanto, el abogado querellante, Héctor Musso, explicó que esperará a ver cómo actúa la defensa de los condenados antes de definir sus próximos pasos, aunque estimó que "12 años de presidio es una pena que se ajusta al mérito del proceso".El hijo del martillero, Fernando Oliva, quien también asistió a la lectura de la sentencia, se manifestó tranquilo con el término de este proceso judicial: "Para mí no es una pena justa o injusta, son los jueces quienes recibieron toda la información, y en base a eso decidieron la pena que correspondía. Es un tema doloroso para nosotros, pero tenemos que enfrentarlo. También ellos (Osores y Morales) van a tener que reflexionar su lealtad mal entendida en este tiempo que van a tener".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/27/nacional/nacional/noticias/9A6A5E0E-70D8-420C-AC2A-8769BE92B250.htm?id={9A6A5E0E-70D8-420C-AC2A-8769BE92B250} (El Mercurio)
En prisión quedó ex rector de la Usach por ser un peligro para la sociedad
En un fallo dividido, la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago envió a prisión preventiva al ex rector de la Universidad de Santiago de Chile (Usach) Ubaldo Zúñiga, quien fue formalizado por el delito de fraude al fisco, en calidad de reiterado, por un contrato con el Registro Civil cuyo monto total asciende a $400 millones.El tribunal de alzada revocó la decisión del 7º Juzgado de Garantía de Santiago que lo había dejado con firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con otros imputados en la causa.Sin prestar declaración, acompañado por su esposa y por su defensa, Zúñiga, actual docente de la Usach, se entregó ante el tribunal pasadas las 15.30 horas y posteriormente ingresó al penal Santiago Uno.La decisión de la Corte fue adoptada por el ministro Juan Manuel Muñoz y el abogado integrante Francisco Tapia, quienes argumentaron que Zúñiga representa un peligro para la seguridad de la sociedad, dada "la naturaleza y gravedad de los delitos atribuidos, las penas que la ley contempla para dichos ilícitos y la forma en que se articularon los imputados, representantes y cabezas de instituciones básicas del Estado para la comisión de los delitos".La ministra suplente Marcia Undurraga, a su vez, estuvo por confirmar la libertad, ya que "las medidas alternativas a la prisión preventiva son eficaces para su afianzamiento en el proceso".A Zúñiga se le imputa suscribir un convenio de asesoría con Guillermo Arenas, ex director del Registro Civil, con el fin de "simular servicios y por esa vía extraer recursos monetarios del fisco".Se trata de una asesoría del proceso de licitación de la plataforma tecnológica y un proyecto de rediseño organizacional. Por este trabajo se pagaron $200 millones, y el 1 de mayo de 2007 se prorrogó el contrato por otros $200 millones.Según la fiscal Ximena Chong y los querellantes, los informes fueron copiados de unos trabajos de funcionarios del Registro Civil.La defensa de Zúñiga alegó que quien debe responder es el actual rector, Juan Zolezzi, porque "fue él quien firmó la prórroga". El rector dijo ayer que la Usach "no avala ningún acto o conducta irregular por parte de ninguno de sus funcionarios".La Corte, además, confirmó la prisión para Jorge Lobos, ex jefe de gabinete de Arenas, por ser un peligro para la seguridad de la sociedad, y de Luis Araya, ex asesor de Zúñiga. Sólo quedó libre Humberto Jorquera, docente de la Usach que trabajó en el convenio.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/27/nacional/_portada/noticias/298C3AD9-515E-4F77-A443-38994C6C27B0.htm?id={298C3AD9-515E-4F77-A443-38994C6C27B0}
(El Mercurio)
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/27/nacional/_portada/noticias/298C3AD9-515E-4F77-A443-38994C6C27B0.htm?id={298C3AD9-515E-4F77-A443-38994C6C27B0}
(El Mercurio)
Directorio de Fasa mandata a gerencia para que compense a clientes afectados por colusión
Farmacias Ahumada analiza opciones como descuentos en productos o devolución de dinero a los consumidores: Directorio de Fasa mandata a gerencia para que compense a clientes afectados por colusión En tanto, el Tribunal Constitucional rechazó recurso de la empresa Cruz Verde que cuestionaba investigación de la Fiscalía Nacional Económica.J. Troncoso y C. CarvajalEn reunión extraordinaria realizada ayer, el directorio de Fasa, matriz de Farmacias Ahumada, mandató a la administración de la compañía para que compense a los clientes que se habrían visto afectados por la colusión en que, según la Fiscalía Nacional Económica (FNE), habría participado.Esto, después del reconocimiento que hizo la propia compañía, como parte del acuerdo de conciliación al que llegó con la FNE, y que generó un fuerte conflicto con las otras empresas acusadas, Cruz Verde y Salcobrand.Fuentes cercanas a la empresa explicaron que las alternativas que se barajan son descuentos en medicamentos y devolución en dinero para los clientes que hayan comprado entre noviembre de 2007 y marzo de 2008 alguno de los 222 remedios que son parte de la acusación de alza concertada de precios formulada por la FNE.La administración debe aún decidir la fórmula para llegar a los clientes afectados, lo que es complejo dado que la empresa no cuenta con una tarjeta propia, de fidelización o de crédito.
Tribunal Constitucional
En tanto, el Tribunal Constitucional (TC) rechazó un recurso presentado por la cadena Cruz Verde, que cuestionaba la demanda de la FNE.La compañía, controlada por la familia Harding, había solicitado al TC que suspendiera el proceso que lleva adelante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) mientras el organismo presidido por el ministro Juan Colombo Campbell no se pronunciara.Sin embargo, el TC -en una fallo unánime- declaró inadmisible la solicitud de Cruz Verde. La sala fue presidida por el ministro Juan Colombo e integrada por Raúl Bertelsen, Jorge Correa Sutil, Enrique Navarro y Hernán Vodanovic.Con esto, se reforzaría la tesis del fiscal Enrique Vergara, quien dice tener "pruebas sólidas" que sustentan la demanda en contra de las farmacias, a quienes acusa de haber elevado concertadamente el precio de 222 medicamentos, pero se ha negado a revelarlas hasta que el proceso judicial en el TDLC esté más avanzado.La cadena Cruz Verde cuenta con la asesoría legal del ex fiscal económico, Pedro Mattar.En su escrito al TC, la mayor cadena de farmacias del país sostuvo que es imposible poder defenderse sin conocer las pruebas.La Fiscalía Económica demandó en diciembre de 2008 a las tres cadenas, solicitándoles la multa máxima que permite la ley: 20 mil UTA, US$ 15 millones a cada una.El "espaldarazo" del Tribunal Constitucional al fiscal Enrique Vergara se suma al acuerdo al que llegó con la cadena Fasa, que reconoció haber sido partícipe de una colusión. El próximo miércoles 1 de abril, en las dependencias del TDLC, se llevará a cabo la audiencia de conciliación propuesta por Fasa y la fiscalía.De aprobarse la conciliación con la cadena Fasa, la multa bajaría a US$ 1 millón. El tribunal citó también a las farmacias Salcobrand y Cruz Verde, que de acogerse el acuerdo entre la FNE y Fasa, seguirán enfrentando el juicio.
Cuestionan contundencia de demanda
En la libre competencia, el círculo de abogados expertos en la materia es reducido. Por eso, nadie quiere criticar a viva voz al fiscal nacional económico. Pero entre los profesionales, no son pocos los que ponen en tela de juicio la contundencia de la demanda de colusión que presentó en contra de las cadenas. Esto, luego que el fiscal Enrique Vergara llegara a un acuerdo con Fasa."No tienen que haber sido tan sólidas las pruebas de la fiscalía, sino que más bien basadas en presunciones e indicios de alzas concertadas. Esas subidas pueden tener una perfecta explicación de licitud (o de ilicitud), de manera que una confesión por parte de uno de los supuestos involucrados le venía muy bien", sostiene un abogado de la plaza que prefiere mantener su nombre en reserva.Pero, dice otro experto, el acuerdo entre la FNE y Fasa pone en una situación en extremo compleja tanto a las otras cadenas como al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que deberá ver si acoge o no el acuerdo entre las partes.Por eso, no son pocos los abogados que se abren a la posibilidad de que SalcoBrand y Cruz Verde se sumen al acuerdo logrado por la FNE. "Creo que ahí la salida es mas fácil; y me imagino que le tendrán que imponer a todas la misma multa", sostiene un abogado. Y agrega: "Pero si siguen montados en la versión de negación se le va a hacer difícil al tribunal liberar a Fasa".Estas visiones son rebatidas por otro abogado experto en la materia: "Probar colusión y precios predatorios son las materias más difíciles en derecho de libre competencia, por lo tanto, que el fiscal nacional económico haya conseguido una confesión en esta materia facilita su trabajo en relación a las otras dos cadenas de farmacias y le pavimenta el resultado en el juicio en materia bastante clara (...) Optó por una salida mucho más directa, rápida y eficiente que terminar con un juicio cuyo resultado es siempre incierto", dice.
Agencias de publicidad rechazan colusión
La Fiscalía Nacional Económica también demandó, en septiembre del año pasado, a un grupo importante de agencias de publicidad por colusión.Y al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia comenzaron a llegar los escritos de las demandadas.Así es como las agencias BBDO, J. Walter Thompson, Lowe Porta y Leche rechazaron enérgicamente la acusación de colusión de la FNE.La fiscalía demandó a la Achap, su directorio (encabezado por Samuel Benavente ) y 34 agencias socias (de un total de 39), por coludirse para hacer fracasar, en abril del año pasado, los procesos de licitación de Metro, Transbank y U. Diego Portales, para la contratación de agencias de publicidad; imponiendo, según la FNE, términos y condiciones que estimaron más favorables y que contemplaban restringir el número de participantes y hasta pagos a los perdedores."Los mismos procesos de selección convocados por Metro -y por Transbank en su diseño original- eran abusivos al imponer los avisadores unilateralmente condiciones lesivas para las agencias, y que consecuentemente desincentivaron la participación de los mismos en dichos procesos", dijo la agencia BBDO.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/27/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/2489E5AA-638D-4A3C-82AC-4A8AB902ABB0.htm?id={2489E5AA-638D-4A3C-82AC-4A8AB902ABB0} (El Mercurio)
Sentencia Tribunal Constitucional
http://www.tribunalconstitucional.cl/index.php/sentencias/view/1115
Tribunal Constitucional
En tanto, el Tribunal Constitucional (TC) rechazó un recurso presentado por la cadena Cruz Verde, que cuestionaba la demanda de la FNE.La compañía, controlada por la familia Harding, había solicitado al TC que suspendiera el proceso que lleva adelante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) mientras el organismo presidido por el ministro Juan Colombo Campbell no se pronunciara.Sin embargo, el TC -en una fallo unánime- declaró inadmisible la solicitud de Cruz Verde. La sala fue presidida por el ministro Juan Colombo e integrada por Raúl Bertelsen, Jorge Correa Sutil, Enrique Navarro y Hernán Vodanovic.Con esto, se reforzaría la tesis del fiscal Enrique Vergara, quien dice tener "pruebas sólidas" que sustentan la demanda en contra de las farmacias, a quienes acusa de haber elevado concertadamente el precio de 222 medicamentos, pero se ha negado a revelarlas hasta que el proceso judicial en el TDLC esté más avanzado.La cadena Cruz Verde cuenta con la asesoría legal del ex fiscal económico, Pedro Mattar.En su escrito al TC, la mayor cadena de farmacias del país sostuvo que es imposible poder defenderse sin conocer las pruebas.La Fiscalía Económica demandó en diciembre de 2008 a las tres cadenas, solicitándoles la multa máxima que permite la ley: 20 mil UTA, US$ 15 millones a cada una.El "espaldarazo" del Tribunal Constitucional al fiscal Enrique Vergara se suma al acuerdo al que llegó con la cadena Fasa, que reconoció haber sido partícipe de una colusión. El próximo miércoles 1 de abril, en las dependencias del TDLC, se llevará a cabo la audiencia de conciliación propuesta por Fasa y la fiscalía.De aprobarse la conciliación con la cadena Fasa, la multa bajaría a US$ 1 millón. El tribunal citó también a las farmacias Salcobrand y Cruz Verde, que de acogerse el acuerdo entre la FNE y Fasa, seguirán enfrentando el juicio.
Cuestionan contundencia de demanda
En la libre competencia, el círculo de abogados expertos en la materia es reducido. Por eso, nadie quiere criticar a viva voz al fiscal nacional económico. Pero entre los profesionales, no son pocos los que ponen en tela de juicio la contundencia de la demanda de colusión que presentó en contra de las cadenas. Esto, luego que el fiscal Enrique Vergara llegara a un acuerdo con Fasa."No tienen que haber sido tan sólidas las pruebas de la fiscalía, sino que más bien basadas en presunciones e indicios de alzas concertadas. Esas subidas pueden tener una perfecta explicación de licitud (o de ilicitud), de manera que una confesión por parte de uno de los supuestos involucrados le venía muy bien", sostiene un abogado de la plaza que prefiere mantener su nombre en reserva.Pero, dice otro experto, el acuerdo entre la FNE y Fasa pone en una situación en extremo compleja tanto a las otras cadenas como al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que deberá ver si acoge o no el acuerdo entre las partes.Por eso, no son pocos los abogados que se abren a la posibilidad de que SalcoBrand y Cruz Verde se sumen al acuerdo logrado por la FNE. "Creo que ahí la salida es mas fácil; y me imagino que le tendrán que imponer a todas la misma multa", sostiene un abogado. Y agrega: "Pero si siguen montados en la versión de negación se le va a hacer difícil al tribunal liberar a Fasa".Estas visiones son rebatidas por otro abogado experto en la materia: "Probar colusión y precios predatorios son las materias más difíciles en derecho de libre competencia, por lo tanto, que el fiscal nacional económico haya conseguido una confesión en esta materia facilita su trabajo en relación a las otras dos cadenas de farmacias y le pavimenta el resultado en el juicio en materia bastante clara (...) Optó por una salida mucho más directa, rápida y eficiente que terminar con un juicio cuyo resultado es siempre incierto", dice.
Agencias de publicidad rechazan colusión
La Fiscalía Nacional Económica también demandó, en septiembre del año pasado, a un grupo importante de agencias de publicidad por colusión.Y al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia comenzaron a llegar los escritos de las demandadas.Así es como las agencias BBDO, J. Walter Thompson, Lowe Porta y Leche rechazaron enérgicamente la acusación de colusión de la FNE.La fiscalía demandó a la Achap, su directorio (encabezado por Samuel Benavente ) y 34 agencias socias (de un total de 39), por coludirse para hacer fracasar, en abril del año pasado, los procesos de licitación de Metro, Transbank y U. Diego Portales, para la contratación de agencias de publicidad; imponiendo, según la FNE, términos y condiciones que estimaron más favorables y que contemplaban restringir el número de participantes y hasta pagos a los perdedores."Los mismos procesos de selección convocados por Metro -y por Transbank en su diseño original- eran abusivos al imponer los avisadores unilateralmente condiciones lesivas para las agencias, y que consecuentemente desincentivaron la participación de los mismos en dichos procesos", dijo la agencia BBDO.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/27/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/2489E5AA-638D-4A3C-82AC-4A8AB902ABB0.htm?id={2489E5AA-638D-4A3C-82AC-4A8AB902ABB0} (El Mercurio)
Sentencia Tribunal Constitucional
http://www.tribunalconstitucional.cl/index.php/sentencias/view/1115
jueves, 26 de marzo de 2009
Si no hay salida judicial, ex lautarista será devuelto hoy
Contra reloj realiza gestiones la familia del ex lautarista Jorge Escobar Díaz (43), retenido ayer en el Aeropuerto Internacional luego de quebrantar el extrañamiento que lo obligaba a estar hasta el año 2014 fuera de Chile, para lograr una autorización que le permita entrar al país.Escobar, que salió del país en 1994 rumbo a Noruega -tras ser beneficiado con la conmutación de su condena (ver recuadro) por la expulsión del país por 25 años- volvió para visitar a su madre, muy enferma.El ex lautarista tiene plazo hasta el mediodía de hoy para resolver su situación, de lo contrario será devuelto en el mismo vuelo en el que llegó al país; un Swiss Air con escala en Sao Paulo, que parte a las 12:45 horas.La familia apeló al subsecretario de Justicia, Jorge Frei, a través de una carta, pero éste aclaró que no le correspondía pronunciarse. Les sugirió acudir al tribunal que dictó la condena, la Corte de Apelaciones de San Miguel, que hasta ayer no había recibido requerimiento alguno.Los defensores de Escobar sí acudieron al Primer Juzgado de Garantía de Santiago, donde presentaron un recurso de amparo, que fue rechazado por la jueza Isabel Margarita Zúñiga, luego de visitar en la tarde de ayer al ex lautarista y confirmar que se encontraba bien.Escobar se encontraría en una situación de tránsito, y técnicamente no ha ingresado al país, por lo que no ha quebrantado su condena, ya que su pasaporte no ha sido timbrado. Su defensa estima que lo que debió hacer Policía Internacional es dejarlo ingresar y llamar a un fiscal, para que se hiciera cargo del quebrantamiento de su pena.Hasta el aeropuerto llegó Ramón Escobar, hermano del ex lautarista, quien dijo que desde hace tres años se gestiona el ingreso, sin éxito. También acudió el fiscal Emiliano Arias, quien aseguró que no podía intervenir ya que al no haber ingreso al país no hay delito.El abogado Hiram Villagra, que también defiende a Escobar, dijo anoche que esperan que el tribunal de San Miguel desarchive la causa y le permita estar tres semanas en el país, plazo de vida que le quedaría a su madre.Estuvo involucrado en muerte de una niña durante tiroteo en 1989Escobar Díaz, hoy nacionalizado noruego, suma 20 años de condenas por infracción a la Ley de Armas, maltrato de obra a carabineros y homicidio. En 1989 participó en una acción propagandística del Mapu Lautaro denominada "copamiento territorial" en el paradero 22 de Santa Rosa y protagonizó un tiroteo con una patrulla de carabineros, en el que murió alcanzada por una bala la menor Macarena Torres, de cinco años de edad, y dos uniformados quedaron heridos.En 1994 pudo salir del país, en el marco de las denominadas "Leyes Cumplido" con que el Presidente Patricio Aylwin conmutó por extrañamiento largas condenas de presidio a 26 miristas, frentistas y lautaristas vinculados a graves delitos.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/26/nacional/nacional/noticias/5AEF01CC-ABE6-4B44-8D61-47BCC3E6F175.htm?id={5AEF01CC-ABE6-4B44-8D61-47BCC3E6F175} (El Mercurio)
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/26/nacional/nacional/noticias/5AEF01CC-ABE6-4B44-8D61-47BCC3E6F175.htm?id={5AEF01CC-ABE6-4B44-8D61-47BCC3E6F175} (El Mercurio)
LyD objeta proyecto de diputados UDI que solicita 20% de música chilena en las radios
En una de sus últimas "reseñas legislativas", el Instituto Libertad y Desarrollo, ligado a la UDI, hizo un crudo análisis ante un proyecto presentado en el Parlamento por un grupo de diputados de ese partido.La moción busca "fijar porcentajes mínimos de emisión de música nacional y de música de raíz folclórica oral para la radiodifusión chilena". En otras palabras, obliga a las radioemisoras a transmitir diariamente música chilena durante al menos un 20% de su programación.Sin embargo, LyD señala en su informe que "la proposición no considera las preferencias de las personas. Si éstas prefieren escuchar música chilena, no hace falta la obligación legal; si no la escuchan voluntariamente, entonces la ley constituye una invasión en el desarrollo de la radiodifusión".La iniciativa fue presentada por las diputadas María Angélica Cristi, Marcela Cubillos y Marisol Turres, además de Enrique Estay, Alejandro García-Huidobro, Javier Hernández, Juan Masferrer, Manuel Rojas, Ignacio Urrutia y Gastón Von Mühlenbrock
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/26/nacional/politica/noticias/D8EF1C2E-C81F-4B0F-B36B-29B95C340922.htm?id={D8EF1C2E-C81F-4B0F-B36B-29B95C340922} (El Mercurio)
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/26/nacional/politica/noticias/D8EF1C2E-C81F-4B0F-B36B-29B95C340922.htm?id={D8EF1C2E-C81F-4B0F-B36B-29B95C340922} (El Mercurio)
Fiscalía Económica investiga a nueve laboratorios por colusión de farmacias para subir los precios de remedios
Cerca de nueve serían los laboratorios por investigar ante la supuesta concertación de precios que involucra a las tres principales cadenas farmacéuticas del país, según el fiscal económico, Enrique Vergara. "Nuestra hipótesis es que esta coordinación entre las tres cadenas, que es consistente con lo que reconoce Fasa, se hizo a través de los laboratorios. Después vamos a ver, cuando se desarrollen los hechos, qué tanta participación tuvieron los laboratorios en el mecanismo de colusión", explicó Vergara, quien en todo caso agregó que "el grado de participación en el mecanismo de coordinación de los laboratorios todavía no ha sido determinado, y mientras no esté claro la Fiscalía no va a hacer investigaciones ni acusaciones al voleo".Sin embargo, son 35 los proveedores de los 222 medicamentos que subieron sus precios entre noviembre de 2007 y marzo de 2008, de acuerdo con una lista presentada por la propia Fiscalía durante el proceso. ¿Por qué sólo un tercio estaría en la mira de la autoridad? "Dicho listado no significa que los laboratorios hayan incrementado sus precios junto a las cadenas", argumentó la asociación industrial de laboratorios farmacéuticos, Asilfa. Aunque formen parte del inventario de la Fiscalía, algunos proveedores dicen que fueron un espectador más en las guerras de precios.En el sector ya se dan nombres de los laboratorios que serían investigados por las autoridades. Pero, el gremio que agrupa a las firmas nacionales fue tajante en rechazar la concertación de precios. "Repudiamos cualquier acción, de cualquier actor (...), en cualquier actividad que esté fuera del marco de la ley", dijo María Angélica Sánchez, vicepresidenta ejecutiva de Asilfa, tras reunirse con el ministro del Interior (s), Patricio Rosende.
¿Divididos?
La defensa de los asociados a Asilfa -entre los que se encuentran Laboratorios Chile (de propiedad de la compañía norteamericana Ivax), Saval (ligado a la familia Saval) y Bagó (de la familia argentina Bagó)- también fue enérgica al reiterar que sus asociados "no tienen injerencia directa ni indirecta en el precio final de sus productos, ya que éstos son fijados directamente por las cadenas farmacéuticas". El gremio aclaró también que "hay otras empresas y laboratorios proveedores de medicamentos que no pertenecen a nuestra asociación". Esto, en una alusión a la Cámara de la Industria Farmacéutica, CIF, gremio que representa a las firmas de investigación, es decir, extranjeras como Novartis o Merck, y que declinaron referirse al tema.
Socios
Nueve firmas integran Asilfa. Cinco están en la lista de la FNE.
Pfizer: "No nos hemos coludido con nadie"
En conversación con "El Mercurio", Timothy Goodman, gerente de Asuntos Corporativos del Pfizer Chile aseguró que "nos sorprendimos en 2005 cuando vimos que algunos de nuestros (remedios) bajaron sus precios en forma importante y luego, a inicios de 2008, también nos sorprendimos cuando vimos los precios de algunos productos subiendo también en forma importante. De igual manera, nos sorprendimos al saber sobre esta supuesta colusión".El ejecutivo de la filial del laboratorio estadounidense agregó que "Pfizer no ha participado en ninguna conversación (...) con cualquier cadena de farmacia o laboratorio para instrumentar los precios de nuestros productos". Respeto de la investigación sobre cerca de nueve laboratorios dijo no tener información, pero reiteró que "Pfizer no se ha coludido con nadie".
FNE: "El juicio sigue (...) Cruz Verde y Salcobrand no han reconocido"
Para el fiscal económico, Enrique Vergara, la confesión de Fasa "es un hecho inédito". La autoridad planteó que es una conducta digna de imitar. "Que venga un participante de un cartel, se acerque voluntariamente a la Fiscalía, reconozca el hecho y colabore. Creo que es una conducta digna de imitar (...), esto desincentivará que se formen más carteles en el futuro", señaló.Para Vergara lo esencial del acuerdo es que "hay un reconocimiento expreso por parte de una de estas cadenas de farmacias sobre su participación en esta alza concertada de precios. Este reconocimiento lo que hace es acercarnos más a la verdad en el juicio", dijo. En todo caso, advirtió que "el juicio sigue, es para largo, Cruz Verde y SalcoBrand no han reconocido".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/26/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/5526AD4D-919B-4D4D-A858-5224BF7E8CE5.htm?id={5526AD4D-919B-4D4D-A858-5224BF7E8CE5} (El Mercurio)
¿Divididos?
La defensa de los asociados a Asilfa -entre los que se encuentran Laboratorios Chile (de propiedad de la compañía norteamericana Ivax), Saval (ligado a la familia Saval) y Bagó (de la familia argentina Bagó)- también fue enérgica al reiterar que sus asociados "no tienen injerencia directa ni indirecta en el precio final de sus productos, ya que éstos son fijados directamente por las cadenas farmacéuticas". El gremio aclaró también que "hay otras empresas y laboratorios proveedores de medicamentos que no pertenecen a nuestra asociación". Esto, en una alusión a la Cámara de la Industria Farmacéutica, CIF, gremio que representa a las firmas de investigación, es decir, extranjeras como Novartis o Merck, y que declinaron referirse al tema.
Socios
Nueve firmas integran Asilfa. Cinco están en la lista de la FNE.
Pfizer: "No nos hemos coludido con nadie"
En conversación con "El Mercurio", Timothy Goodman, gerente de Asuntos Corporativos del Pfizer Chile aseguró que "nos sorprendimos en 2005 cuando vimos que algunos de nuestros (remedios) bajaron sus precios en forma importante y luego, a inicios de 2008, también nos sorprendimos cuando vimos los precios de algunos productos subiendo también en forma importante. De igual manera, nos sorprendimos al saber sobre esta supuesta colusión".El ejecutivo de la filial del laboratorio estadounidense agregó que "Pfizer no ha participado en ninguna conversación (...) con cualquier cadena de farmacia o laboratorio para instrumentar los precios de nuestros productos". Respeto de la investigación sobre cerca de nueve laboratorios dijo no tener información, pero reiteró que "Pfizer no se ha coludido con nadie".
FNE: "El juicio sigue (...) Cruz Verde y Salcobrand no han reconocido"
Para el fiscal económico, Enrique Vergara, la confesión de Fasa "es un hecho inédito". La autoridad planteó que es una conducta digna de imitar. "Que venga un participante de un cartel, se acerque voluntariamente a la Fiscalía, reconozca el hecho y colabore. Creo que es una conducta digna de imitar (...), esto desincentivará que se formen más carteles en el futuro", señaló.Para Vergara lo esencial del acuerdo es que "hay un reconocimiento expreso por parte de una de estas cadenas de farmacias sobre su participación en esta alza concertada de precios. Este reconocimiento lo que hace es acercarnos más a la verdad en el juicio", dijo. En todo caso, advirtió que "el juicio sigue, es para largo, Cruz Verde y SalcoBrand no han reconocido".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/26/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/5526AD4D-919B-4D4D-A858-5224BF7E8CE5.htm?id={5526AD4D-919B-4D4D-A858-5224BF7E8CE5} (El Mercurio)
Municipios no están preparados para partir con la Ley de Transparencia el 20 de abril
El lunes 20 de abril tendrán que responder en sus páginas web 248 reparticiones del Gobierno a las mayores exigencias de información que les impone la nueva Ley de Transparencia. Ésta obliga además a los 346 municipios y los otros poderes y órganos independientes.La entrada en vigencia de la Ley 20.285, promulgada en agosto pasado, no es cosa menor. Uno de sus dos autores, el senador UDI Hernán Larraín, que estuvo por largos años peleándola, la pondera como "la principal reforma del Estado en décadas, con impacto en la gestión pública, va a potenciar la probidad de los funcionarios y a incrementar significativamente la participación ciudadana".Pero no ha sido fácil aterrizar en meses las nuevas exigencias para lo cual otros países, como Inglaterra, se tomaron 5 años.Al Gobierno corresponde implementar la normativa y para eso se creó la Comisión de Probidad y Transparencia en la Segpres. La entidad ha capacitado a más de 3 mil funcionarios en todo Chile y otorgado herramientas que culminarán con mucha mayor información estadarizada por servicio en la web y sistemas que les permitirán recoger los reclamos de información, tramitarlos y responderlos.El Ejecutivo se coordina además con el Consejo para la Transparencia que será el organismo que fiscalizará el cumplimiento de la nueva ley y tiene facultades para dictar normas e instrucciones. Los poderes independientes, como el Judicial o el Legislativo, tienen ellos que adecuarse a las nuevas exigencias. Lo mismo ocurre con los municipios, que tienen que asumir su propia puesta en escena. El Ejecutivo los ha respaldado sí, a través de la Subdere y la Asociación Chilena de Municipalidades.
El balance en el Gobierno es que están listos para partir.
"Absolutamente preparados. Las dificultades están circunscritas al manejo de los archivos históricos, pero la información reciente estará disponible al público que la consulte", señala Felipe del Solar, secretario ejecutivo de la Comisión de Probidad y Transparencia de la Segpres.Otra es la versión del senador Hernán Larraín y de Jaime Pavez, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades.El senador UDI pidió al Consejo (autónomo e independiente del Ejecutivo) un plan de transición y no aplicar multas durante un año porque no quiere que el sistema pierda credibilidad. "No está claro que todos los organismos estén preparados. A mí me interesa la transparencia y no perjudicarla si eventualmente se saturan las páginas web o hay una avalancha de reclamos de información frustrados que terminan todos ante el Consejo".Pavez confirma que "no más del 60%, y sólo parcialmente, podría cumplir el día 20 con subir a la web toda la información que exige la ley. El 40% restante está muy lejos. Y faltan cosas básicas, como que hay muchos municipios que ni siquiera tienen internet".Por eso, al igual que el senador Larraín, le pidió al Consejo una aplicación gradual de la nueva ley. El Consejo podría acceder a ello. Pero su presidente, Juan Pablo Olmedo, pareciera no estar por revisar los plazos, por ahora:"Un eventual perfeccionamiento de la legislación exige una evaluación previa del funcionamiento de la institucionalidad generada tras un tiempo razonable desde su entrada en vigencia el próximo 20 de abril".El Consejo está en su propia constitución. Esta semana todavía no tenía reglamento (está en Contraloría) y tampoco planta telefónica.Sí tiene contratados los cuatro directores de área y el director ejecutivo, que reclutó el Servicio Civil.
Claves del nuevo sistema de transparencia pública
Transparencia activa: Obliga a las reparticiones públicas a informar en sus sitios web estructura, facultades, personal (planta, contrata y honorarios) y sus sueldos; contrataciones de suministros materiales, servicios, estudios, asesorías y consultorías relacionadas con proyectos de inversión, identificando a contratistas, socios y accionistas principales; actos o resoluciones que tengan efectos sobre terceros; trámites para los servicios; nómina de beneficiarios de los programas sociales en ejecución; presupuesto y su ejecución; auditorías y todas las entidades en que participe.
Transparencia pasiva (o acceso a la información): Se puede solicitar información a cualquier órgano de la administración (por escrito o a través de la web). Si la solicitud es admisible en lo formal (nombre, información que requiere), el jefe de servicio tiene 20 días hábiles para responder, plazo que se puede extender por 10 días más.Sólo puede negarse el acceso si la información afecta a un tercero y éste se opone o si se configura una causal de secreto.
Reserva, la excepción: Sólo podrán negar información cuando darla afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido: porque está relacionada con delitos; porque son antecedentes previos a una resolución o medida política, o son genéricas y muy amplias.También cuando hacerlo afecte el derecho de las personas, la seguridad de la nación, el interés nacional, o una ley de quórum calificado declare secreta la información reclamada.
Consejo para la Transparencia: Resuelve los reclamos por solicitudes denegadas. Puede ratificar la denegación (caso en el cual el reclamante sólo puede recurrir a la Corte de Apelaciones) u otorgar el acceso a la información.Fiscaliza también el cumplimiento de la transparencia activa.Las sanciones más altas son por infringir la transparencia pasiva. En los casos en que se reitera no darle la información a un ciudadano que la reclama, el castigo para el jefe del servicio puede llegar hasta el 100% de su sueldo y 5 días de suspensión del cargo.
Fiscaliza también el cumplimiento de la transparencia activa.
Las sanciones más altas son por infringir la transparencia pasiva. En los casos en que se reitera no darle la información a un ciudadano que la reclama, el castigo para el jefe del servicio puede llegar hasta el 100% de su sueldo y 5 días de suspensión del cargo
"La ley no fue para nosotros"
No sólo no están capacitados para cumplir con las exigencias de la ley, sino que también tienen una serie de dudas respecto de ellas, dice el presidente de la Asociación de Municipalidades."El sistema no estaba pensado para los municipios. Nos metieron a último minuto, y ni nos consultaron. Los legisladores nos imponen deberes que no se imponen a sí mismos. En nombre de la transparencia se cometen abusos", añade.Según plantea, es un contrasentido que les pidan subir a la web todos los contratos de compra "cuando en la administración local compramos desde pañales a la construcción de edificios". Y menos que tengan que informar las 3 mil resoluciones que dictan anualmente, cuando muchas son sólo de orden interno y mejor servicio.También repara que el Consejo tendrá que coordinarse con la Contraloría porque con la ley "se traslaparán las funciones fiscalizadoras".
Problemas con los archivos
Los problemas para responder los tendrán con los archivos. "Allí tenemos una falencia histórica. Hay servicios atrasados en varias décadas en el envío de la información al Archivo Nacional, al cabo de cinco años, como procede", admite Felipe del Solar, de la Comisión de Probidad y Transparencia (Segpres).Información que es de los 60 y no se envió al Archivo Nacional, ¿ya no se recupera más?"No sabemos. En la Comisión tenemos un equipo encargado del archivo, que ha dado charlas a 180 servicios sobre cómo identificar, clasificar, conservar y recuperar la información".La ley tampoco pone límites a cuánto tiempo atrás se puede exigir información, y el Gobierno no tiene claro si podrá producirse una avalancha de solicitudes o qué cabe esperar. Lo único que aclara del Solar es que las reparticiones "no podrán escudarse en que los documentos no están, porque ahí entrará a arbitrar el Consejo".
"Hay que evaluar la ley después de que entre en vigencia".
JUAN PABLO OLMEDO
Presidente Consejo Transparencia
"El Gobierno está absolutamente preparado para partir".
FELIPE DEL SOLAR
Secretario de la Comisión de Probidad y Transparencia
"Tenemos problemas materiales y dudas frente a la norma".
JAIME PAVEZ
Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades
"No quiero que esto fracase. Por eso propuse un plan de transición al Consejo".
HERNÁN LARRAÍN
Senador autor de la Ley 20.285
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/21/claves/claves/noticias/C87589BE-B7A2-4273-B74B-E4A56BA68A40.htm?id={C87589BE-B7A2-4273-B74B-E4A56BA68A40} (El Mercurio)
El balance en el Gobierno es que están listos para partir.
"Absolutamente preparados. Las dificultades están circunscritas al manejo de los archivos históricos, pero la información reciente estará disponible al público que la consulte", señala Felipe del Solar, secretario ejecutivo de la Comisión de Probidad y Transparencia de la Segpres.Otra es la versión del senador Hernán Larraín y de Jaime Pavez, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades.El senador UDI pidió al Consejo (autónomo e independiente del Ejecutivo) un plan de transición y no aplicar multas durante un año porque no quiere que el sistema pierda credibilidad. "No está claro que todos los organismos estén preparados. A mí me interesa la transparencia y no perjudicarla si eventualmente se saturan las páginas web o hay una avalancha de reclamos de información frustrados que terminan todos ante el Consejo".Pavez confirma que "no más del 60%, y sólo parcialmente, podría cumplir el día 20 con subir a la web toda la información que exige la ley. El 40% restante está muy lejos. Y faltan cosas básicas, como que hay muchos municipios que ni siquiera tienen internet".Por eso, al igual que el senador Larraín, le pidió al Consejo una aplicación gradual de la nueva ley. El Consejo podría acceder a ello. Pero su presidente, Juan Pablo Olmedo, pareciera no estar por revisar los plazos, por ahora:"Un eventual perfeccionamiento de la legislación exige una evaluación previa del funcionamiento de la institucionalidad generada tras un tiempo razonable desde su entrada en vigencia el próximo 20 de abril".El Consejo está en su propia constitución. Esta semana todavía no tenía reglamento (está en Contraloría) y tampoco planta telefónica.Sí tiene contratados los cuatro directores de área y el director ejecutivo, que reclutó el Servicio Civil.
Claves del nuevo sistema de transparencia pública
Transparencia activa: Obliga a las reparticiones públicas a informar en sus sitios web estructura, facultades, personal (planta, contrata y honorarios) y sus sueldos; contrataciones de suministros materiales, servicios, estudios, asesorías y consultorías relacionadas con proyectos de inversión, identificando a contratistas, socios y accionistas principales; actos o resoluciones que tengan efectos sobre terceros; trámites para los servicios; nómina de beneficiarios de los programas sociales en ejecución; presupuesto y su ejecución; auditorías y todas las entidades en que participe.
Transparencia pasiva (o acceso a la información): Se puede solicitar información a cualquier órgano de la administración (por escrito o a través de la web). Si la solicitud es admisible en lo formal (nombre, información que requiere), el jefe de servicio tiene 20 días hábiles para responder, plazo que se puede extender por 10 días más.Sólo puede negarse el acceso si la información afecta a un tercero y éste se opone o si se configura una causal de secreto.
Reserva, la excepción: Sólo podrán negar información cuando darla afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido: porque está relacionada con delitos; porque son antecedentes previos a una resolución o medida política, o son genéricas y muy amplias.También cuando hacerlo afecte el derecho de las personas, la seguridad de la nación, el interés nacional, o una ley de quórum calificado declare secreta la información reclamada.
Consejo para la Transparencia: Resuelve los reclamos por solicitudes denegadas. Puede ratificar la denegación (caso en el cual el reclamante sólo puede recurrir a la Corte de Apelaciones) u otorgar el acceso a la información.Fiscaliza también el cumplimiento de la transparencia activa.Las sanciones más altas son por infringir la transparencia pasiva. En los casos en que se reitera no darle la información a un ciudadano que la reclama, el castigo para el jefe del servicio puede llegar hasta el 100% de su sueldo y 5 días de suspensión del cargo.
Fiscaliza también el cumplimiento de la transparencia activa.
Las sanciones más altas son por infringir la transparencia pasiva. En los casos en que se reitera no darle la información a un ciudadano que la reclama, el castigo para el jefe del servicio puede llegar hasta el 100% de su sueldo y 5 días de suspensión del cargo
"La ley no fue para nosotros"
No sólo no están capacitados para cumplir con las exigencias de la ley, sino que también tienen una serie de dudas respecto de ellas, dice el presidente de la Asociación de Municipalidades."El sistema no estaba pensado para los municipios. Nos metieron a último minuto, y ni nos consultaron. Los legisladores nos imponen deberes que no se imponen a sí mismos. En nombre de la transparencia se cometen abusos", añade.Según plantea, es un contrasentido que les pidan subir a la web todos los contratos de compra "cuando en la administración local compramos desde pañales a la construcción de edificios". Y menos que tengan que informar las 3 mil resoluciones que dictan anualmente, cuando muchas son sólo de orden interno y mejor servicio.También repara que el Consejo tendrá que coordinarse con la Contraloría porque con la ley "se traslaparán las funciones fiscalizadoras".
Problemas con los archivos
Los problemas para responder los tendrán con los archivos. "Allí tenemos una falencia histórica. Hay servicios atrasados en varias décadas en el envío de la información al Archivo Nacional, al cabo de cinco años, como procede", admite Felipe del Solar, de la Comisión de Probidad y Transparencia (Segpres).Información que es de los 60 y no se envió al Archivo Nacional, ¿ya no se recupera más?"No sabemos. En la Comisión tenemos un equipo encargado del archivo, que ha dado charlas a 180 servicios sobre cómo identificar, clasificar, conservar y recuperar la información".La ley tampoco pone límites a cuánto tiempo atrás se puede exigir información, y el Gobierno no tiene claro si podrá producirse una avalancha de solicitudes o qué cabe esperar. Lo único que aclara del Solar es que las reparticiones "no podrán escudarse en que los documentos no están, porque ahí entrará a arbitrar el Consejo".
"Hay que evaluar la ley después de que entre en vigencia".
JUAN PABLO OLMEDO
Presidente Consejo Transparencia
"El Gobierno está absolutamente preparado para partir".
FELIPE DEL SOLAR
Secretario de la Comisión de Probidad y Transparencia
"Tenemos problemas materiales y dudas frente a la norma".
JAIME PAVEZ
Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades
"No quiero que esto fracase. Por eso propuse un plan de transición al Consejo".
HERNÁN LARRAÍN
Senador autor de la Ley 20.285
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/21/claves/claves/noticias/C87589BE-B7A2-4273-B74B-E4A56BA68A40.htm?id={C87589BE-B7A2-4273-B74B-E4A56BA68A40} (El Mercurio)
miércoles, 25 de marzo de 2009
Suprema rechaza recurso de casación por fraude al Fisco en Refinería de Petróleos de Concón
La Corte Suprema rechazó los recursos de casación presentados en la investigación por estafa al Fisco en contra de la empresa Refinería de Petróleos de Concón, perteneciente a la Empresa Nacional de Petróleos (ENAP), hechos ocurridos entre el 17 de diciembre de 1990 y el 31 de agosto de 1992.
En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmetsch, Carlo Künsemüller y el abogado integrante Juan Carlos Cárcamo- rechazó la presentación hecha por las defensas de los dos condenados en la causa.
El 12 de septiembre de 2007 la Corte de Apelaciones de Valparaíso, estableció que Francisco Zárate Valenzuela será condenado a 541 días de presidio como autor del delito de estafa. Tendrá beneficio de la remisión condicional.
En tanto, Claudio Soto Barría fue condenado a 541 días de presidio como autor del delito de fraude al Fisco. Beneficio de la remisión condicional.
Además, los condenados deberán pagar una indemnización al Fisco ascendiente a $162 millones 648 mil 048 y en el caso de Soto Barría deberá cancelar una multa de $16 millones 264 mil 804.
Asimismo, la Segunda Sala confirmó la absolución de los acusados Óscar Mohor Abuauad, Carlos Chamorro Tapia y Marcos Díaz Espíndola, la que había sido decretada, en primera instancia, por la juez del Segundo Juzgado del Crimen de Viña del Mar Berta Froimovich Gun, el 21 de noviembre de 2002.
Autor: http://www.latercera.com/contenido/680_113209_9.shtml (La Tercera)
En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmetsch, Carlo Künsemüller y el abogado integrante Juan Carlos Cárcamo- rechazó la presentación hecha por las defensas de los dos condenados en la causa.
El 12 de septiembre de 2007 la Corte de Apelaciones de Valparaíso, estableció que Francisco Zárate Valenzuela será condenado a 541 días de presidio como autor del delito de estafa. Tendrá beneficio de la remisión condicional.
En tanto, Claudio Soto Barría fue condenado a 541 días de presidio como autor del delito de fraude al Fisco. Beneficio de la remisión condicional.
Además, los condenados deberán pagar una indemnización al Fisco ascendiente a $162 millones 648 mil 048 y en el caso de Soto Barría deberá cancelar una multa de $16 millones 264 mil 804.
Asimismo, la Segunda Sala confirmó la absolución de los acusados Óscar Mohor Abuauad, Carlos Chamorro Tapia y Marcos Díaz Espíndola, la que había sido decretada, en primera instancia, por la juez del Segundo Juzgado del Crimen de Viña del Mar Berta Froimovich Gun, el 21 de noviembre de 2002.
Autor: http://www.latercera.com/contenido/680_113209_9.shtml (La Tercera)
El CDE se querella por las amenazas a abogado
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló ayer por las amenazas que sufrió el abogado Rodrigo Reyes en el marco de la investigación del caso de lavado de dinero al clan Mazza.Reyes fue amenazado por el abogado Yieninson Yapur, que está procesado por lavado, por retirar de Lima US$ 500 mil que le debían a su cliente por la compra de divisas. Yapur era el abogado de Luis Mazza.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/25/nacional/nacional/noticias/87343474-8121-43EA-8FBC-D38439C39076.htm?id={87343474-8121-43EA-8FBC-D38439C39076} (El Mercurio)
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/25/nacional/nacional/noticias/87343474-8121-43EA-8FBC-D38439C39076.htm?id={87343474-8121-43EA-8FBC-D38439C39076} (El Mercurio)
Abogados de Pilar Pérez renuncian por "incompatibilidad de intereses"
Al mediodía de ayer los abogados particulares de María del Pilar Pérez López, conocida en su barrio como "La Quintrala", presentaron su renuncia indeclinable a la defensa de la mujer, quien se encuentra imputada como autora mediata de los tres crímenes de Providencia.Ayer el abogado Cristián Bouchette confirmó la decisión que fue tomada en forma unánime por todo el equipo jurídico, compuesto además por los ex fiscales Pablo Larredonda y Sergio Caro."Presentamos ayer la renuncia que fue aceptada por ella. Antes de abandonar la causa, se le comunicó el estado actual de su causa. Ahora respecto de las motivaciones sólo puedo decir que hay una incompatibilidad de intereses entre la defensa y la imputada. Los detalles son parte del secreto profesional que nos asiste", dijo ayer Bouchette.Cabe recordar que en las últimas semanas Pérez López se vio envuelta en diversas situaciones que sorprendieron incluso a sus defensores.Primero, intentó vender inmuebles de su propiedad a través de su hija Rocío Zamorano, mientras la fiscalía tramitaba el embargo de dichos bienes.En este caso involucró al propio Bouchette, quien declaró en calidad de imputado en la causa. Y ahora último, la fiscalía descubrió que intentó ofrecer dinero a su sicario José Ruz para que se retracte y la exculpe.A partir de ahora, Pérez López será representada por el defensor público Mario Palma. Si es que la imputada no cambia de parecer.
INVESTIGACIÓN
UN MES Y MEDIO queda de plazo para indagatoria
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/25/nacional/nacional/noticias/194B9D9C-2004-4FF3-A3BB-26CFFA40F0D8.htm?id={194B9D9C-2004-4FF3-A3BB-26CFFA40F0D8} (El Mercurio)
INVESTIGACIÓN
UN MES Y MEDIO queda de plazo para indagatoria
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/25/nacional/nacional/noticias/194B9D9C-2004-4FF3-A3BB-26CFFA40F0D8.htm?id={194B9D9C-2004-4FF3-A3BB-26CFFA40F0D8} (El Mercurio)
Gobierno enviará proyecto para facilitar la inscripción electoral
En dos líneas simultáneas se promoverá la inscripción electoral en el terreno legislativo, por el inminente envío de dos proyectos: uno sobre la "inscripción facilitada" y otro que define cómo se aplicará la nueva modalidad del voto voluntario y la inscripción automática.En el primer caso, el pasado 14 de enero, el Senado pidió formalmente a la Presidenta que enviara un proyecto destinado a facilitar la inscripción electoral. Y ayer el ministro de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, confirmó que la petición fue acogida.La idea tiene un origen transversal, ya que fueron los senadores Soledad Alvear (DC), Andrés Chadwick (UDI), Alberto Espina (RN) y José Antonio Gómez (PRSD quienes presentaron en esa fecha una moción a la sala pidiendo que se amplíe el horario de atención de las juntas inscriptoras para promover este trámite en un año electoral, más cuando el padrón permanece prácticamente sin renovación (ver nota aparte). Pero debido a que la iniciativa requiere recursos, la moción entonces fue declarada inadmisible, ya que al requerir nuevo financiamiento es necesario el patrocinio del Ejecutivo.Ahora, ya obtenido el respaldo del Gobierno, los parlamentarios esperan que en la discusión legislativa se agreguen otras medidas, como movilizar unidades del Servicio Electoral a las zonas de afluencia de jóvenes.En cuanto a la otra fórmula para incrementar el padrón electoral, el Gobierno confirmó que en la próxima semana enviará el proyecto sobre la ley orgánica que normará el voto voluntario y la inscripción automática, cuya idea de legislar ya fue aprobada.En la Alianza se ha insistido en que se agilice esta ley -las encuestas apuntan que Sebastián Piñera tiene ventaja en los no inscritos- para que rija en estas elecciones. Para ello debería estar aprobada el próximo mes. Sin embargo, el Gobierno la ingresará con urgencia simple.
Elecciones: 13 de diciembre
Otro tema que se verá en los próximos días será el cambio de la fecha de la elección. Mientras la Alianza promueve que los comicios fijados para el viernes 11 de diciembre se adelanten treinta días -para que la segunda vuelta se realice en diciembre-, Viera-Gallo confirmó lo que había anunciado la Presidenta, en cuanto a que se harán un domingo. Para esto, La Moneda enviará un proyecto para cambiarlas al 13 de diciembre.La Alianza, sin embargo, insistirá en adelantarlas, por lo que el senador Espina pondrá en tabla en la Comisión un proyecto que presentaron los senadores UDI Jovino Novoa y Juan Antonio Coloma.
Proyecto sobre juntas inscriptoras
En la moción que presentaron los senadores DC, UDI, RN y PRSD afirman que quienes desean inscribirse se encuentran con "un obstáculo que no resulta ni explicable ni coherente": el funcionamiento de las juntas inscriptoras. Se refieren al artículo 22 de la ley 18.556, sobre el Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, que establece que éstas suspenderán su funcionamiento noventa días antes de una elección y lo reanudarán el primer día hábil del mes subsiguiente a la fecha en que el Tribunal Calificador de Elecciones comunique al director del Servicio Electoral el fin del proceso calificador de una elección.Proponen cambiar este texto y establecer que las juntas suspenderán su funcionamiento diez días antes de una elección y lo reanudarán diez días hábiles después del término del proceso calificador de una elección.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/25/nacional/politica/noticias/2781621E-E58B-4DD6-9891-580D08509D2E.htm?id={2781621E-E58B-4DD6-9891-580D08509D2E}
Elecciones: 13 de diciembre
Otro tema que se verá en los próximos días será el cambio de la fecha de la elección. Mientras la Alianza promueve que los comicios fijados para el viernes 11 de diciembre se adelanten treinta días -para que la segunda vuelta se realice en diciembre-, Viera-Gallo confirmó lo que había anunciado la Presidenta, en cuanto a que se harán un domingo. Para esto, La Moneda enviará un proyecto para cambiarlas al 13 de diciembre.La Alianza, sin embargo, insistirá en adelantarlas, por lo que el senador Espina pondrá en tabla en la Comisión un proyecto que presentaron los senadores UDI Jovino Novoa y Juan Antonio Coloma.
Proyecto sobre juntas inscriptoras
En la moción que presentaron los senadores DC, UDI, RN y PRSD afirman que quienes desean inscribirse se encuentran con "un obstáculo que no resulta ni explicable ni coherente": el funcionamiento de las juntas inscriptoras. Se refieren al artículo 22 de la ley 18.556, sobre el Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, que establece que éstas suspenderán su funcionamiento noventa días antes de una elección y lo reanudarán el primer día hábil del mes subsiguiente a la fecha en que el Tribunal Calificador de Elecciones comunique al director del Servicio Electoral el fin del proceso calificador de una elección.Proponen cambiar este texto y establecer que las juntas suspenderán su funcionamiento diez días antes de una elección y lo reanudarán diez días hábiles después del término del proceso calificador de una elección.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/25/nacional/politica/noticias/2781621E-E58B-4DD6-9891-580D08509D2E.htm?id={2781621E-E58B-4DD6-9891-580D08509D2E}
Formalizarán investigación por caso de suplantación en Facebook
El próximo 1 de abril, una mujer de 37 años será formalizada por suplantar a su ex amante en la red social Facebook. La investigación se inició en octubre del año pasado cuando la víctima, un comerciante de San Miguel, presentó una querella por el delito de usurpación de identidad en contra de Evelyn S. M., quien lo suplantó dos veces como usuario de la red social.Este caso, cuya indagación está en manos del fiscal de Ñuñoa, Pablo Norambuena, y de la Brigada del Cibercrimen, sería la primera denuncia de este tipo que llega a una resolución judicial en nuestro país.La génesis de la historia se remonta a noviembre de 2007 cuando ambos iniciaron una relación sentimental extramarital, pues el comerciante llevaba 18 años casado.En febrero de 2008, el querellante abandonó a su familia y se fue a vivir con Evelyn. Pero un mes después decidió regresar a casa, aunque la siguió viendo en secreto.Según confesó en la querella, Evelyn lo amenazó con revelar el vínculo a su esposa. A cambio, el sujeto le compró ropa costosa y entradas a eventos. Incluso, le prestó un notebook que adquirió para su empresa.El hostigamiento tuvo su nivel máximo cuando utilizó sus cuentas de correo electrónico y de Facebook. La primera vez fue el 7 de julio pasado. Ese día, la mujer ingresó a la cuenta personal de Hotmail de su amante. Aprovechó de "chatear" con una amiga de la víctima y le reveló las intimidades entre ambos. La segunda fue el 30 de julio, el día del cumpleaños de la esposa de la víctima, a quien le dejó mensajes alusivos a su infidelidad. Ambos hechos fueron realizados por la querellada desde el notebook que el individuo le había facilitado.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/25/nacional/_portada/noticias/0866F7D5-C032-4493-BA24-40904725606E.htm?id={0866F7D5-C032-4493-BA24-40904725606E} (El Mercurio)
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/25/nacional/_portada/noticias/0866F7D5-C032-4493-BA24-40904725606E.htm?id={0866F7D5-C032-4493-BA24-40904725606E} (El Mercurio)
Tribunal permite que Aarón Vásquez tenga salidas diurnas
Demonio" y "asesino" le gritó a la salida del tribunal de garantía la madre de Alejandro Inostroza al padre de Aarón Vásquez. María Villarroel expresó su impotencia tras el fallo de la jueza Fresia Aino, quien decretó la sustitución de pena de un sistema cerrado a uno semicerrado (sólo reclusión nocturna) al que asesinó a su hijo con un bate de béisbol, en octubre de 2006.La defensa de Vásquez, a cargo del abogado Miguel Soto, pidió el cambio de condena para que Vásquez continuara estudios superiores, después de que éste cumpliera dos de los siete años de internación a los que fue condenado por el homicidio del joven Inostroza.Según Soto, el modelo educativo en Copiapó no proporciona la posibilidad de estudios en el sistema cerrado, argumento que fue acogido por la jueza.El propio Vásquez, en su intervención ante la magistrada, a quien dijo conocer hace ocho meses durante este proceso, le manifestó sus deseos de continuar una carrera y "por supuesto seguir mi sentencia en un sistema semicerrado".Los padres de Inostroza criticaron el cambio de fecha de esta audiencia, que estaba fijada en principio para el próximo 7 de abril, adelanto que no les permitió contar con su abogado, Felipe Marín. Fueron representados por el fiscal Rodrigo Mateluna.También anunciaron que apelarán del fallo de la jueza Aino.Mateluna argumentó en su alegato que Vásquez nunca ha pedido formalmente perdón a la familia de su víctima ni jamás hizo llegar una supuesta carta en la cual expresaría su arrepentimiento por el crimen.
Pena efectiva y rehabilitación
El fallo también se basó en un informe del Sename favorable a la buena conducta de Vásquez en el centro Paipote, en Copiapó.Para el jurista penal Rafael Cortés, pese a que el beneficio otorgado a Vásquez está contemplado en la normativa vigente, es contrario a la sensación de justicia que buscan los familiares de la víctima y la gente. "La sociedad pretende que los delincuentes cumplan una pena efectiva, especialmente en un crimen tan atroz como el que cometió este joven", dijo.También sostuvo que los defensores abusan del sistema "al tratar de evitar que los sentenciados cumplan las condenas, aprovechándose de las bajas penas de este tipo de delitos".El director de Sename, Eugenio San Martín, aseguró que "la sustitución de condena busca favorecer la reinserción social".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/25/nacional/_portada/noticias/5B424222-6B4C-4B38-AEAC-CA3910CAFED9.htm?id={5B424222-6B4C-4B38-AEAC-CA3910CAFED9} (El Mercurio)
Pena efectiva y rehabilitación
El fallo también se basó en un informe del Sename favorable a la buena conducta de Vásquez en el centro Paipote, en Copiapó.Para el jurista penal Rafael Cortés, pese a que el beneficio otorgado a Vásquez está contemplado en la normativa vigente, es contrario a la sensación de justicia que buscan los familiares de la víctima y la gente. "La sociedad pretende que los delincuentes cumplan una pena efectiva, especialmente en un crimen tan atroz como el que cometió este joven", dijo.También sostuvo que los defensores abusan del sistema "al tratar de evitar que los sentenciados cumplan las condenas, aprovechándose de las bajas penas de este tipo de delitos".El director de Sename, Eugenio San Martín, aseguró que "la sustitución de condena busca favorecer la reinserción social".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/25/nacional/_portada/noticias/5B424222-6B4C-4B38-AEAC-CA3910CAFED9.htm?id={5B424222-6B4C-4B38-AEAC-CA3910CAFED9} (El Mercurio)
Farmacias Ahumada dice que hubo acuerdo con otras cadenas para subir precios de remedios
En un sorpresivo acuerdo extrajudicial, Farmacias Ahumada (Fasa) reconoció ante la Fiscalía Nacional Económica una concertación con algunos laboratorios y con su competencia, Salcobrand y Cruz Verde, para alzar coordinadamente los precios de algunos medicamentos entre noviembre de 2007 y marzo de 2008.Las tres cadenas de farmacias -que concentran el 92% del mercado a nivel nacional- habían sido demandadas por la fiscalía (FNE) a fines del año pasado de coludirse para elevar el precio de 222 medicamentos (en 36 categorías, incluidos anticonceptivos y remedios para la diabetes y la epilepsia), solicitándose el máximo de la multa que permite la ley: 20 mil UTA, US$ 15 millones a cada una.Sin embargo, con el acuerdo alcanzado el pasado 13 de marzo entre Fasa y la FNE (ver recuadro) y revelado ayer, el organismo encabezado por Enrique Vergara renuncia a la demanda que está siendo analizada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). Pero será este organismo, encabezado por el abogado Eduardo Jara, el que primero deberá ver si acepta o no la propuesta.De ser aprobada, la multa baja sustancialmente de lo solicitado por la FNE a US$ 1 millón que se obliga a pagar Fasa al fisco.Un aspecto polémico es el destinatario de la multa. El fisco ya se había visto beneficiado con el encarecimiento de los precios -debido al pago de IVA de los productos- y vuelve a recibir ahora US$ 1 millón como compensación. Sin embargo, los consumidores, que fueron los reales afectados por las alzas de precios, no reciben ningún resarcimiento.Con todo, el TDLC se pronunciará hoy miércoles sobre la propuesta. De acoger la petición, llamará a una audiencia de conciliación, a la cual podría citarse sólo a la FNE y a Fasa o a todas las partes. Recién ahí resolverá si acepta o no la propuesta.Según la FNE, las tres cadenas aprovecharon los precios de venta a público sugeridos (PVPS) y que "utilizaron" a los laboratorios para, incluso, coordinar y monitorear el acuerdo, comunicando éstos el alza del precio, su fecha de ocurrencia, y cuál de las farmacias debería reflejar primero el alza.Fasa se defiende: "Ni la vicepresidencia ejecutiva ni su directorio tuvieron jamás conocimiento de tales hechos, ni menos los consintieron o instruyeron; más aún, al tomar conocimiento de estos hechos con posterioridad al requerimiento de autos, se decidió ponerlos en conocimiento de la FNE".Fuentes de la compañía confirmaron que los hechos provocaron el despido de varios ejecutivos.La empresa explicó en el Acuerdo de Conciliación que se compromete a colaborar con la FNE para seguir aportando todos los antecedentes relevantes que puedan estar en su poder y que ayuden al esclarecimiento de los hechos. Desde Puerto Montt, la Presidenta Michelle Bachelet dijo que la colusión de Fasa con proveedores de la industria y sus competidores era la "presunción" del Gobierno desde un comienzo."Pese a todas las dificultades que podamos tener, las instituciones funcionan para proteger a los consumidores", sostuvo.A su turno, el ministro de Salud, Álvaro Erazo, dijo que "la colusión había que probarla y esto da buen pie para discutir mejor una regulación al mercado farmacéutico en Chile". Para su par de Economía, Hugo Lavados, "el caso es similar a una delación compensada, ya que Farmacias Ahumada ha reconocido su participación en un cartel para que la fiscalía reduzca la solicitud de sanción". Esta figura está incluida en la reforma legal que hoy tramita el Congreso, pero habla de "confidencialidad" para quien denuncia.Mientras, el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Hernán Calderón, dijo que "la fiscalía no debe aceptar la propuesta" de Fasa. "US$ 1 millón no va a resarcir la pérdida de los consumidores (...) Estamos estudiando iniciar una demanda colectiva", anunció. En esta línea, el director del Sernac, José Roa, dijo que "el procedimiento establece un proceso de reparación para las personas que hayan sido afectadas (...) por lo cual el Sernac recibirá todos los reclamos de los usuarios".
BENEFICIO
MÁS DE $27 mil millones habrían ganado "extra" las farmacias por esta colusión, según la FNE.
"Pese a todas las dificultades que podamos tener, las instituciones funcionan para proteger a los consumidores".
MICHELLE BACHELET
Presidenta de la República
Principales puntos del acuerdo
Lo que reconoce Fasa:
1 "... la industria de las farmacias se caracterizó por una intensa guerra de precios que comenzó el año 2005 y duró por casi tres años, y que llevó a Fasa a reducir los precios de un conjunto de medicamentos de manera tal, que en varios casos, no alcanzaba a resarcirse siquiera de los costos directos de adquisición de los mismos, situación de mercado que presumiblemente afectaba también a sus competidores SalcoBrand y Cruz Verde".
2 "... en noviembre de 2007, algunos ejecutivos de Fasa mantuvieron contactos personales con ejecutivos de algunos laboratorios con el objeto de reducir los costos de compra (...) algunos de tales ejecutivos de laboratorios transmitieron a los ejecutivos de Fasa la proposición de alzar coordinadamente los precios de las tres compañías (Fasa, SalcoBrand y Cruz verde) para un grupo determinado de medicamentos".
3 "En el marco de dichos contactos, esos ejecutivos de Fasa recibieron y en algunos casos elaboraron información -incluyendo listas de precios de medicamentos-, y aceptaron participar en un mecanismo de alza de precios coordinado con cu competencia".
4 "Con la implementación de este mecanismo, se logró, en un corto plazo, que los precios de los medicamentos objeto del mismo subieran a un valor casi idéntico en SalcoBrand, Cruz Verde y Fasa".
Las partes se obligan a:
1 Fasa se obliga a pagar cerca de US$ 1 millón al Fisco; elaborar un código interno para desincentivar toda conducta que pueda considerarse contraria a las normas de la libre competencia, y establecer la prohibición absoluta a sus ejecutivos de mantener propiedad o participación alguna, directa o indirecta, en las otras requeridas, así como en la administración de sus negocios, sea presente o futura.
2 La FNE se obliga a dejar sin efecto y renuncia a las peticiones formuladas en su requerimiento en relación a Fasa, así como en relación con sus directores, administradores, ejecutivos y trabajadores, actuales o en la época de ocurrencia de los hechos ventilados.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/25/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/274AD5C7-B96C-47D0-8A6B-6B4AAA8309EB.htm?id={274AD5C7-B96C-47D0-8A6B-6B4AAA8309EB} (El Mercurio)
BENEFICIO
MÁS DE $27 mil millones habrían ganado "extra" las farmacias por esta colusión, según la FNE.
"Pese a todas las dificultades que podamos tener, las instituciones funcionan para proteger a los consumidores".
MICHELLE BACHELET
Presidenta de la República
Principales puntos del acuerdo
Lo que reconoce Fasa:
1 "... la industria de las farmacias se caracterizó por una intensa guerra de precios que comenzó el año 2005 y duró por casi tres años, y que llevó a Fasa a reducir los precios de un conjunto de medicamentos de manera tal, que en varios casos, no alcanzaba a resarcirse siquiera de los costos directos de adquisición de los mismos, situación de mercado que presumiblemente afectaba también a sus competidores SalcoBrand y Cruz Verde".
2 "... en noviembre de 2007, algunos ejecutivos de Fasa mantuvieron contactos personales con ejecutivos de algunos laboratorios con el objeto de reducir los costos de compra (...) algunos de tales ejecutivos de laboratorios transmitieron a los ejecutivos de Fasa la proposición de alzar coordinadamente los precios de las tres compañías (Fasa, SalcoBrand y Cruz verde) para un grupo determinado de medicamentos".
3 "En el marco de dichos contactos, esos ejecutivos de Fasa recibieron y en algunos casos elaboraron información -incluyendo listas de precios de medicamentos-, y aceptaron participar en un mecanismo de alza de precios coordinado con cu competencia".
4 "Con la implementación de este mecanismo, se logró, en un corto plazo, que los precios de los medicamentos objeto del mismo subieran a un valor casi idéntico en SalcoBrand, Cruz Verde y Fasa".
Las partes se obligan a:
1 Fasa se obliga a pagar cerca de US$ 1 millón al Fisco; elaborar un código interno para desincentivar toda conducta que pueda considerarse contraria a las normas de la libre competencia, y establecer la prohibición absoluta a sus ejecutivos de mantener propiedad o participación alguna, directa o indirecta, en las otras requeridas, así como en la administración de sus negocios, sea presente o futura.
2 La FNE se obliga a dejar sin efecto y renuncia a las peticiones formuladas en su requerimiento en relación a Fasa, así como en relación con sus directores, administradores, ejecutivos y trabajadores, actuales o en la época de ocurrencia de los hechos ventilados.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/25/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/274AD5C7-B96C-47D0-8A6B-6B4AAA8309EB.htm?id={274AD5C7-B96C-47D0-8A6B-6B4AAA8309EB} (El Mercurio)
martes, 24 de marzo de 2009
Tribunal de Copiapó modificó condena de Aarón Vásquez a régimen semi cerrado
El Tribunal de Garantía de Copiapó resolvió sustituir de régimen cerrado a semi cerrado la condena de Aarón Vásquez, homicida del ciclista Alejandro Inostroza a quien golpeó con un bate de béisbol en la cabeza en 2006. Tras escuchar los argumentos tanto de la defensa como de la fiscalía, la jueza con dedicación exclusiva a la Ley Penal Juvenil Fresia Ainol Moncada, resolvió "dar lugar a la sustitución de pena de régimen cerrado a semi cerrado por el resto de la condena que le quede por cumplir".En virtud de la resolución, que será ejecutoriada en 5 días más, Vásquez tendrá la posibilidad de salir a la calle con mayor frecuencia. Según explicaron en el Servicio Nacional de Menores (Sename), esto implica que Vásquez pasará a un centro donde deberá permanecer entre las 22.00 y las 7.00 horas. Durante el día, el joven deberá desarrollar un plan de intervención individual elaborado por profesionales del Sename, que tendrá que ser aprobado por el tribunal. Dicho plan puede incluir, por ejemplo, educación y terapia, y su cumplimiento debe ser supervisado por un delegado.
Sename: Medida busca favorecer reinserción
Respecto de la modificación de la condena de Aarón Vázquez, el director del Sename, Eugenio San Martín, indicó que la Ley Penal Juvenil establece la posibilidad de sustituir una pena "siempre y cuando ésta favorezca el proceso de reinserción social del joven infractor y que los antecedentes del caso lo ameriten". "La sustitución de condena es uno de los derechos reconocidos en la Ley Penal Juvenil y busca favorecer la reinserción social del joven infractor. Ello no significa, eso sí, que el adolescente no siga con un plan de intervención tendiente a responsabilizarlo de los delitos cometidos y rehabilitarlo para la sociedad", recalcó. San Martín añadió que la variable educacional fue lo que más pesó en la decisión del Tribunal de Copiapó, "toda vez que el régimen cerrado hace incompatible que el joven pueda continuar sus estudios, uno de los aspectos relevantes establecidos en la propia Ley Juvenil". "Entendemos que el caso de Aarón es de alta connotación pública, pero para nosotros se trata de un joven que tiene los mismos derechos y los mismos deberes que todos los otros jóvenes internos en nuestros centros", señaló la autoridad.
Autor: http://www.lasegunda.com/ediciononline/cronica/detalle/index.asp?idnoticia=474424
Sename: Medida busca favorecer reinserción
Respecto de la modificación de la condena de Aarón Vázquez, el director del Sename, Eugenio San Martín, indicó que la Ley Penal Juvenil establece la posibilidad de sustituir una pena "siempre y cuando ésta favorezca el proceso de reinserción social del joven infractor y que los antecedentes del caso lo ameriten". "La sustitución de condena es uno de los derechos reconocidos en la Ley Penal Juvenil y busca favorecer la reinserción social del joven infractor. Ello no significa, eso sí, que el adolescente no siga con un plan de intervención tendiente a responsabilizarlo de los delitos cometidos y rehabilitarlo para la sociedad", recalcó. San Martín añadió que la variable educacional fue lo que más pesó en la decisión del Tribunal de Copiapó, "toda vez que el régimen cerrado hace incompatible que el joven pueda continuar sus estudios, uno de los aspectos relevantes establecidos en la propia Ley Juvenil". "Entendemos que el caso de Aarón es de alta connotación pública, pero para nosotros se trata de un joven que tiene los mismos derechos y los mismos deberes que todos los otros jóvenes internos en nuestros centros", señaló la autoridad.
Autor: http://www.lasegunda.com/ediciononline/cronica/detalle/index.asp?idnoticia=474424
Caso ADN: Corte de Apelaciones repuso prisión preventiva a dos ejecutivos de B. Braun
En decisión unánime, la Corte de Apelaciones de San Miguel resolvió reponer la prisión preventiva de los ejecutivos de B. Braun Medical Juan Cristóbal Costa Contreras y Reinaldo Leonel Torres Pizarro, revocando el fallo en que el Juzgado de Garantía de San Bernardo había dictado su arresto domiciliario. En tanto, el tribunal de alzada decidió mantener dicha medida cautelar en el caso del gerente general de la entidad Roberto Oetiker Luchsinger, considerando su avanzada edad y su irreprochable conducta anterior.En su decisión, las ministras Carmen Rivas, Lilian Medina y María Teresa Letelier, consideraron respecto de Juan Costa, gerente de exportaciones, y Reinaldo Torres, gerente de ADN, que su pronta libertad constituía un peligro para la seguridad de la sociedad.Dichos ejecutivos habían sido dejados con arresto domiciliario el pasado 17 de marzo por decisión de la jueza Gladys Villablanca, lo que provocó la indignación de los familiares de las víctimas que consumieron el suplemento alimenticio ADN Nutricomp defectuoso -con menores niveles de potasio de lo informado-.Los ejecutivos formalizados por el delito de atentado contra la salud pública con resultado de muerte por 14 de las 23 víctimas fatales, arriesgan una pena que llega a 15 años de presidio, pero su irreprochable conducta anterior permitiría la rebaja de condena hasta los 10 años, consignó Emol.
Autor: http://www.lasegunda.com/ediciononline/cronica/detalle/index.asp?idnoticia=474451 (La Segunda)
Autor: http://www.lasegunda.com/ediciononline/cronica/detalle/index.asp?idnoticia=474451 (La Segunda)
Sernac acogerá denuncias en contra de Fasa por colusión de precios
Luego que Fasa reconociera colusión en los valores de los medicamentos con las cadenas Cruz Verde y Salcobrand, el director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), José Roa, anunció que el organismo acogerá las denuncias de los consumidores en contra de la compañía.“El procedimiento establece, un proceso de reparación para aquellas personas que hayan sido afectadas por una infracción a la sana y libre competencia, por lo cual el Sernac recibirá todos los reclamos de los usuarios", dijo.En ese sentido, Roa aclaró que el Servicio está “en estrecha coordinación con la Fiscalia Nacional Económica", por lo que "realizaremos las acciones complementarias que sean necesarias en resguardo de la defensa de los derechos de los consumidores".A su juicio, lo realizado por las cadenas de farmacias vulneró gravemente la política de libre competencia, afectando a cientos de consumidores."La sana y libre competencia es altamente valiosa para los consumidores, los cuales tienen derecho a que los precios se fijen libremente y no por acuerdo entre las empresas, razón por la cual esta noticia en la que la empresa reconoce su error y ofrece reparar el daño causado, va en el sentido correcto, es una buena noticia para los consumidores, porque de ahora en adelante los precios serán fijado por la sana y libre competencia y no por acuerdos entre los sectores del mercado", afirmó.Respecto al acuerdo extrajudicial propuesto por Farmacias Ahumada a la Fiscalía Nacional Económica -que ascendería a un millón de dolares-, Roa explicó que “inicialmente es correcto, pero corresponde hacerse cargo del problema completo, esto es sólo una sanción por no haber respetado las reglas del juego y reparación del daño causado para los afectados".
Autor: http://www.lasegunda.com/ediciononline/cronica/detalle/index.asp?idnoticia=474501 (La Segunda)
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