05 de Marzo del 2009
Tras más de cuatro meses de trabajo, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Mario Carroza concluyó el catastro que le encomendó la Corte Suprema para chequear las contraórdenes de libertad emitidas por los tribunales de la Región Metropolitana desde que se inició la Reforma Procesal Penal. El magistrado detectó anomalías en más de 500 resoluciones, que no figuran en el Sistema Informático de Apoyo a la Gestión Judicial (SIAGJ).Al comienzo de su indagatoria, el magistrado cifró en 16 mil las contraórdenes que aparecían con inconsistencias al cotejar los antecedentes entregados por el Registro Civil con los del SIAGJ. Luego esa cifra bajó a 13.000 -al detectar que había resoluciones que en la primera entidad habían sido digitadas dos veces-, y finalmente, tras revisarlas detalladamente, estableció que entre un 5 y 10 por ciento de las resoluciones eran "críticas" y corrían el riesgo de ser falsas y haber beneficiado a presos.Lo anterior, sin embargo, sólo podría establecerse revisando una a una las contraórdenes anómalas, tarea que podría ser encomendada al mismo magistrado, ampliándole la indagatoria para la cual le dieron dedicación exclusiva en octubre pasado.Así se podría determinar si hubo más reos que obtuvieron su libertad mediante resoluciones falsificadas, como ocurrió con el caso que encendió las alarmas sobre la red de corrupción judicial y policial desbaratada el año pasado (ver nota lateral).En su catastro, el magistrado cotejó los antecedentes recibidos por el Registro Civil, Carabineros, la PDI y Gendarmería, con los existentes en el SIAGJ, y detectó las más de 500 contraórdenes que aparecían en la primera institución, pero no en el sistema del Poder Judicial.Las contraórdenes que llegan a Carabineros y a la PDI deben pasar por el Registro Civil, y por ello la indagatoria se centró en los antecedentes entregados por dicho organismo al magistrado y su equipo de trabajo.Carabinero fue expulsado por pagar para que se adulterara una alcoholemia suya. Ricardo Paulaza Rubilar (22) llevaba tres años en la institución.El carabinero Ricardo Alfredo Paulaza Rubilar (22) fue expulsado ayer de la institución por haber contactado a la red de corrupción liderada por Margarita Cuadros para adulterar el resultado de un examen de alcoholemia, al cual fue sometido en julio de 2008 tras chocar su vehículo particular en el centro de Santiago.Paulaza, quien ingresó hace tres años a Carabineros y hasta ahora se desempeñaba en la 19ª Comisaría de Providencia, admitió que canceló una "suma menor" de dinero a la organización criminal para ocultar que al momento de sufrir el accidente de tránsito conducía bajo los efectos del alcohol.Requerido por Carabineros, el policía exonerado confesó entre sollozos a sus superiores que sintió "miedo" de que el resultado positivo del análisis dañara su hoja de vida en la institución. Dijo además que sólo fue un beneficiario de la red de Cuadros, y que jamás prestó cooperación alguna a la asociación ilícita.El nexo de Paulaza con la organización fue indagado y confirmado por la propia Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar), luego de que el Ministerio Público le remitiera una serie de antecedentes que vinculaban al funcionario con la red.Tras reconocer su responsabilidad en los hechos, el carabinero quedó detenido en la Prefectura Oriente y, más tarde, fue puesto a disposición de la Fiscalía Centro Norte, donde prestó declaración.El prefecto oriente, coronel Luis Faggioni, explicó que "se ha establecido que un integrante de nuestra institución ha cometido una falta grave para nuestro sistema disciplinario y, por ello, amerita su inmediata desvinculación. Esos antecedentes, recopilados por controles internos, serán aportados a la justicia".En dependencias de la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte, el funcionario exonerado reiteró la declaración que había prestado ante Carabineros.Historia de la indagación que ordenó la Corte SupremaLa primera pista que alertó la falsificación de resoluciones fue el 1 de abril de 2008. Ese día, desde el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, uno de los involucrados envió por fax una contraorden a la cárcel de Los Andes para abonar 13 meses a la condena por narcotráfico que purgaba Janio González.Luego, el juzgado denunció los hechos al Ministerio Público, asumiendo la indagación la fiscal Nancy González. La falsificación había sido dirigida por la funcionaria de este tribunal Gloria Navarrete, quien también trabajaba con Uberlinda Elizondo, del 9° Juzgado de Garantía. Así se comenzaba a desbaratar la red de corrupción liderada por Margarita Cuadros.Con el fin de entregar los antecedentes, la fiscal fue a la Corte de Apelaciones de Santiago el 16 de abril. Ese día, en un pleno extraordinario, se nombró al ministro Mario Carroza para hacer el sumario administrativo de funcionarios.Tras descubrirse una resolución falsa y que había más funcionarios involucrados, el 19 de octubre la Suprema le dio dedicación exclusiva a Carroza y le ordenó realizar un catastro con las contraórdenes. El 14 de noviembre se resolvió hacer un pareo a nivel nacional.Magistrado también estableció que la mitad de los tribunales no cumple autoacordado de la SupremaEntregó antecedentes al ministro Sergio Muñoz, quien supervisa el catastro a nivel nacional.El martes pasado, el ministro Carroza hizo entrega a la Corte Suprema y al magistrado Sergio Muñoz de su informe respecto al pareo nacional que encomendó el máximo tribunal a ministros de las 17 cortes de apelaciones del país, respecto a las órdenes y contraórdenes de detención emitidas por los tribunales de sus respectivas jurisdicciones.En la Región Metropolitana Carroza revisó las resoluciones del Centro de Justicia, los juzgados del crimen y los juzgados de Colina, y determinó que cerca de un 50 por ciento de dichos tribunales no cumple con el autoacordado de la Corte Suprema de 2002 que regula la materia, emitiendo resoluciones fuera del sistema, sin seguir las instrucciones establecidas por el máximo tribunal.Entre éstas, se encuentra la obligatoriedad de que la orden de aprehensión tenga el nombre, edad, apodos, domicilio y nombres de los padres del detenido, además de que el secretario o jefe de la Unidad de Causas certifique en un registro el "oportuno despacho" de la orden, y compruebe su recepción y devolución por la policía.El dictamen agrega que los ministros visitadores deben velar por el cumplimiento de todas las exigencias.En su revisión, Carroza detectó que en algunas resoluciones no se ingresaba el RIT de la causa o faltaba la firma del juez, entre otras anomalías, que aumentan el riesgo de que las órdenes puedan ser falseadas al estar fuera del sistema.Para revisar las resoluciones de los juzgados del crimen capitalinos debieron digitalizarse los antecedentes y al hacerlo se detectó que había un 40% de información que, aunque debía estar en papel, no fue ubicada.El plazo para entregar el catastro a nivel nacional vence el próximo 15 de marzo.
Fuente: http://diario.elmercurio.com/2009/03/05/nacional/nacional/noticias/F8A02221-D1C1-48C8-B907-4F8F5AA45476.htm?id={F8A02221-D1C1-48C8-B907-4F8F5AA45476}
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