03 de Marzo del 2009
Una política integral para enfrentar en las respectivas competencias la situación de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y la de los menores afectados por ella fue una de las demandas que hizo ayer el presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín, durante la cuenta pública que inauguró el Año Judicial 2009.Según explicó, las cifras demuestran que es un "serio problema", pues durante 2008, de más de 372 mil causas ingresadas por asuntos de familia, 95 mil, es decir, más del 25%, corresponden a violencia intrafamiliar.A su juicio, y al igual que con la delincuencia juvenil, "la acción casuística de los tribunales no es suficiente", y se requiere que los "organismos competentes adopten medidas de otro orden".Marín planteó como prioridad identificar las causas y tendencias de "este preocupante fenómeno social", para luego fijar una política integral.Otro "grave problema social", planteó el presidente del máximo tribunal, es la delincuencia juvenil. A su juicio, la detención, formalización o condena de un adolescente no representa un logro, sino "una derrota en su debida protección y desarrollo integral".Al término de la ceremonia, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, aseguró que para el Ministerio Público la violencia intrafamiliar "es una prioridad", y se sumó al planteamiento de Marín advirtiendo que el fenómeno "escapa a los organismos de represión y persecución penal".Consultado por el alto porcentaje de casos que pese a ser denunciado ante la justicia no termina en condena -en 2008 alcanzó al 49,4%-, Chahuán explicó que por la baja penalidad que tiene un delito como el de amenazas (61 días), los fiscales normalmente optan por la suspensión condicional del procedimiento, ya que así pueden obtener medidas de protección para las denunciantes.Chahuán reconoció defectos en el control de tales medidas cautelares, y subrayó que "ese control no es resorte exclusivo de la fiscalía, no es nuestra responsabilidad"."Estamos dispuestos a revisarlo, pero no todos los juicios o todas las investigaciones por violencia intrafamiliar pueden llegar a condena. El sistema no está concebido así, y la ministra del Sernam lo sabe", agregó el fiscal nacional.Chahuán recordó que el Ministerio Público implementó proyectos piloto de intervención inmediata en ocho regiones, y que pretende extenderlos a otras cuatro, que se elegirán entre las de Antofagasta, Atacama, O'Higgins, Biobío, Araucanía, Aisén y Arica-Parinacota.Transparencia, eficiencia y atención a los usuarios son las prioridades para este añoMejorar la transparencia, la eficiencia y la atención a los usuarios son los desafíos en los que se deberá enfocar en 2009 el Poder Judicial, aseguró ayer el presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín.Al cerrar su revisión al trabajo realizado durante 2008, el ministro señaló que "aspiramos a una justicia que llegue a quienes la necesitan, cuando la necesitan. Y que sea valorada por la comunidad, porque existe certeza de que procedió en forma honesta".Respecto de la transparencia, y junto con valorar los avances en mayor acceso a la información que significaron los cambios a la página web institucional, Marín afirmó, citando a Voltaire, que "el ocultamiento de la verdad es el inicio de la corrupción de las costumbres"."No basta que sea amplia la publicidad de los actos y resoluciones judiciales y expedito el acceso a la información. Lo que realmente importa es que ambos permitan comprobar que la acción judicial se lleva a cabo correctamente. Es lo que queremos lograr por estas vías: mostrar todo el tiempo que el Poder Judicial es honesto y trabaja con eficiencia", precisó.Su discurso también hizo hincapié en la evaluación interna del Poder Judicial y en la probidad judicial, destacando que lo que corresponde es investigar las irregularidades y, si procede, corregirlas con los medios que franquea la ley. "Nuestro compromiso con esta exigencia lo demuestran los más de 14 casos en que la Corte castigó severamente tales anomalías en 2008", recordó. Urbano Marín también apuntó a la necesidad de hacer una revisión completa del sistema de capacitación y perfeccionamiento de los jueces y funcionarios a cargo de la Academia Judicial, y reorganizar y modernizar la secretaría de la Corte Suprema.Inquietud por seguridad en juicios orales y tardía habilitación del Centro de JusticiaAunque fue menos crítico que en otros discursos de apertura del Año Judicial, el presidente de la Corte Suprema cuestionó ayer que persistan algunos problemas advertidos en cuentas anteriores del Poder Judicial, entre ellos el de la seguridad al interior de los tribunales. "Sucesos recientes demuestran que se mantiene un déficit en las condiciones de seguridad en los tribunales, con riesgo para jueces y funcionarios, abogados, peritos, testigos y las personas involucradas", señaló Urbano Marín.Hasta ahora la Corporación Administrativa del Poder Judicial ha instalado 78 paneles de separación en salas de audiencia y pronto contratará más guardias para labores de control y vigilancia.Marín también apuntó a la difícil situación de la mayoría de los juzgados mixtos -"los grandes olvidados de la reforma", planteó-, porque además de su variada competencia en asuntos antiguos deben conocer los nuevos procedimientos orales "sin contar con la estructura adecuada y dotaciones suficientes".Otro de los puntos pendientes, a juicio de la máxima autoridad de la Suprema, es habilitar el Centro de Justicia de Santiago con los equipos de climatización necesarios para usuarios, jueces y empleados. Es un problema, dijo el magistrado, cuya solución se ha seguido postergando, "pese a la buena disposición de los ministerios de Justicia y de Obras Públicas"."Esto significa tener ociosa gran parte del inmueble y continuar con un gasto tan oneroso como evitable por concepto de arrendamiento de otros recintos".El ministro de Justicia, Carlos Maldonado, adelantó que se enviará un proyecto de ley que aumentará la dotación de los gendarmes, y prometió que este año el Centro de Justicia estará totalmente habilitado.Colegio de Abogados apunta a reforma legal para fijar estándares a las uesLa preocupación de la Corte Suprema por el alto número de abogados que se han titulado en el último periodo (15.894 en la última década) -y por su idoneidad para ejercer la profesión- fue abordada ayer por Urbano Marín como uno de los temas que persisten como obstáculos para la mejor administración de justicia "y cuya resolución no depende sólo del Poder Judicial"."Como le corresponde otorgar el título, a la Corte Suprema le inquieta no sólo la cantidad de profesionales que se han incorporado a la abogacía, sino la calidad de su preparación y los riesgos que un alto número de letrados en competencia representa para la ética profesional. Este problema ha sido y debería seguir siendo objeto de estudio con el Colegio de Abogados, si bien eventualmente requiere de una iniciativa legal", manifestó el magistrado al inaugurar el Año Judicial 2009.Acogiendo este planteamiento, el presidente del Colegio de Abogados, Enrique Barros, recordó que han estado en conversaciones con las universidades y con la comisión de modernización de la Corte Suprema para llegar a una propuesta. No obstante, admitió que ha sido una tarea compleja.Además, advirtió que al final una modificación al sistema dependería de una reforma legal."Estamos simplemente recogiendo ideas, porque le digo el problema está claro, pero los caminos de solución son extremadamente complejos. Ahora es problema del consejo del Colegio que se pronuncie sobre esta materia. (Pero) se requiere un cambio legal, porque tal como está la ley, cualquier persona que tenga un título de una universidad reconocida por el Estado puede obtener el título (en la Corte Suprema)".Barros detalló que la idea del colegio es que se establezcan estándares mínimos en las facultades de Derecho, pues estima que "existe una tremenda asimetría y diferencia entre lo que son las buenas universidades y lo que es el estándar general que puede exigirse para obtener el título de abogado"."Hay universidades o hay licenciados que no están adquiriendo las calificaciones mínimas para al ejercicio de la profesión, y el problema es ése. El título de abogado debiera acreditar suficientemente sus cualidades profesionales, y ésa es la duda que nosotros tenemos y que creemos que debe resolverse", concluyó Enrique Barros.
Fuente: http://diario.elmercurio.com/2009/03/03/nacional/nacional/noticias/79AAED61-EBD3-4841-A529-04DA923D0E7A.htm?id={79AAED61-EBD3-4841-A529-04DA923D0E7A}
No hay comentarios:
Publicar un comentario