lunes, 12 de octubre de 2009

Abogados en la mira de la justicia por estafas o engaños a sus clientes

Son depositarios de la confianza de sus clientes. Les resuelven los problemas legales. Pero, a veces se transforma en un verdadero lío. Con la Reforma Procesal Penal se han hecho visibles los casos de abogados que estafan a sus clientes, y cometen delitos en el ejercicio de su profesión. Son condenados, pero a penas bajas y con amplias posibilidades de seguir ejerciendo.
El caso más emblemático es el de Pedro Toledo Barrera, condenado en febrero pasado a cuatro años de libertad vigilada, y al pago de una multa de $37 mil por estafar a uno de sus clientes en $1.080 millones, un millonario empresario octogenario del rubro metalúrgico.
Toledo confesó la estafa, consistente en haberle dicho que había obtenido un convenio extrajudicial por la suma señalada, cuando en realidad el acuerdo era por $100 millones.
Se trataba de una demanda de paternidad que presentó una mujer de 60 años en contra del empresario.
Toledo se comprometió a devolver la mitad de lo defraudado, lo que hizo efectivo en cheques viajeros y propiedades que adquirió. Además fue condenado a dos penas de 61 días, por cohecho, que son las únicas que le prohíben ejercer la profesión, sólo mientras las cumpla.
Un caso similar fue resuelto el pasado 3 de octubre en un juicio oral. El abogado Eduardo Jerez Ebensperger (34) fue condenado a tres años de libertad vigilada, por apropiarse de $57 millones de un acuerdo extrajudicial en un juicio tramitado en el 24º Juzgado Civil de Santiago contra una constructora.
Jerez logró un avenimiento con los demandados, y éstos se comprometieron a pagar la suma de $357 millones. "Sin embargo, el imputado engañosamente informó a la víctima que el monto era de $300 millones (...) omitiendo fraudulentamente el saldo de los $57 millones", consigna el fallo.
La fiscal que indagó la causa, Giovanna Herrera, valoró que se acreditara el ilícito, ya que el profesional afirmó que el saldo era el pago de sus honorarios.
Explicó que sólo en los casos de prevaricación, la ley establece para los abogados sanciones accesorias como la prohibición de ejercer la profesión. Jerez fue sólo inhabilitado perpetuamente para ejercer sus derechos políticos, y para ejercer cargos u oficios públicos.
Al igual que el abogado Rodrigo Castro Gil, quien el 22 de diciembre del año pasado fue condenado a 21 días de prisión por ser encubridor de su cliente en el delito de estafa: el famoso químico Winston Michelson.
Castro Gil compró un vehículo Mitsubishi Lancer, que costaba $10 millones, con el dinero que Michelson había obtenido producto de una millonaria estafa al Banco de Chile. En este delito el químico ideó un método de depósito de cheques que vulneró el sistema de seguridad bancario y permitió aumentar su saldo disponible, en diferentes cuentas corrientes.
Sanción profesional
Preocupada se mostró la consejera del Colegio de Abogados, Olga Feliú, al ser consultada por el aumento de los casos.
Adelantó que pedirá al consejo del organismo que se revise la estadística de este tipo de casos. "Hay que inculcar a las personas los conceptos de probidad en todas las actividades, y también la honestidad en el caso de los abogados", sostuvo.
Según explicó, a los profesionales colegiados se los puede sancionar con la expulsión, la que es difundida en la revista del Colegio de Abogados. Sin embargo, las sanciones aumentarían de aprobarse en el Congreso la ley de los Colegios Profesionales, que es parte de la Reforma Constitucional de 2005.
Con la nueva normativa el Colegio de Abogados tendrá la facultad de suspender el ejercicio de la profesión a los colegiados. Pero también la ley contempla la creación de los Tribunales de Ética, que podrían aplicar esta misma sanción a los abogados no colegiados.
Según Feliú, la ley podría estar lista el próximo año.
Caso en el sistema antiguo
Fue el 2 de febrero de 2004 que la ciudadana francesa Liliana Chayet Timmling firmó un mandato general en favor de su abogado, Nelson Contreras Saa, que le permitió manejar sus cuentas bancarias, dineros e inversiones.
Cuatro meses después descubrió que su asesor no estaba titulado, lo que sucedió tiempo después. La mujer lo despidió y revocó los permisos, pagándole por sus servicios cerca de $ 63 millones en honorarios. Sin embargo, el abogado siguió actuando en su nombre, usando para ello el poder que firmó la clienta y realizó giros de dinero desde las cuentas corrientes y desde fondos mutuos por un monto superior a los US$ 145 mil (unos 93,8 millones de pesos de la época).
El dinero lo repartió con sus tres socios. Contreras está procesado como autor de estafa, y el resto como cómplices.

Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/12/nacional/nacional/noticias/6A4A821E-5438-43D5-9569-77AFC58760B6.htm?id={6A4A821E-5438-43D5-9569-77AFC58760B6} (El Mercurio)

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