Sin efecto quedó el contrato de compraventa suscrito por Rocío Zamorano y su madre María del Pilar Pérez, conocida como "La Quintrala", a través del cual esta última le traspasó cuatro departamentos de calle Seminario que habían sido previamente embargados por el 8º Juzgado de Garantía a petición del Ministerio Público.Esta operación fue calificada por los fiscales Vinko Fodich y Carlos Gajardo como contrato simulado en perjuicio de terceros, a raíz de lo cual iniciaron una indagatoria el pasado 25 de febrero. Esto, con el objetivo de resguardar la indemnización futura a los familiares de las víctimas de los tres crímenes de Providencia encargados presuntamente por Pérez López.Rocío Zamorano gestionó el pasado 5 de marzo la resciliación del citado contrato, pero como la fiscalía había pedido nuevamente el embargo, esta vez a su nombre, los bienes seguirán siendo suyos hasta que se decida alzar la medida precautoria.Francisco Cox, abogado de Zamorano, aseguró que su clienta desconocía que existía un embargo sobre los inmuebles al momento de realizar el traspaso.
1 MANDATO
Pilar Pérez firmó desde la cárcel y ante notario un mandato con escritura para que su hija pudiera comprar o vender las propiedades.
2 CONTRATO
Rocío suscribió contrato de compraventa y adquirió los cuatro inmuebles el mismo día que fueron embargados.
3 RESCILIACIÓN
Rocío dejó sin efecto el contrato, pero como los bienes están embargados ahora a su nombre, siguen en sus manos.
Fuente: http://diario.elmercurio.com/2009/03/11/nacional/_portada/noticias/080B1292-7F22-444E-A331-9D4995768F44.htm?id={080B1292-7F22-444E-A331-9D4995768F44}
viernes, 13 de marzo de 2009
Jueces de policía local definirán si siguen bajo dependencia municipal
Seguir dependiendo de los municipios, pasar al Poder Judicial o un sistema mixto, son las opciones por las cuales deberán pronunciarse los 315 jueces de policía local del país la próxima semana, los días 19 y 20, en una asamblea nacional.Cristián Arévalo, presidente del instituto que agrupa a esos magistrados, dijo que la falta de una definición en esa materia los obligó a abandonar en diciembre pasado la mesa de trabajo constituida en el Ministerio de Justicia para elaborar un proyecto de reforma a la justicia local, la que esperan retomar una vez definido el tema de la dependencia.Arévalo dijo ser partidario de un sistema mixto, como los juzgados tributarios, donde son considerados jueces especiales y dependen de un comité de autoridades, con presupuesto del Tesoro Público, si bien estima que la opinión mayoritaria está por seguir en el ámbito municipal.También esperan que se incorporen a esa reforma la nivelación de sus rentas con los jueces del Poder Judicial, que los secretarios de los juzgados diminuyan su diferencia de grados con los jueces, acceder a capacitación en la Academia Judicial, y racionalizar las numerosas materias que son de su competencia.Respecto a la edad máxima para ejercer, dijo que no se oponen al tope de 75 años de edad, pero eso requiere de modificación legal y que se indemnice adecuadamente a quienes vean afectadas sus carreras.El subsecretario de Justicia, Jorge Frei, valoró que como grupo de interés adopten una posición frente a la dependencia que deberían tener, pero advirtió que en definitiva serán los legisladores y el Ejecutivo los que tendran que pronunciarse.Lo importante, precisó Frei, es que más alla de la dependencia se fortalezca el carácter jurisdiccional de estos magistrados, que sean tratados como todos los jueces y no como funcionarios municipales, profesionalizando su accionar y que tengan dedicación exclusiva.En este contexto, si se les aplican los mismos criterios y estatus que todos los jueces, se asume que para ellos rige también el tope legal de 75 años de edad."El 50% de los juzgados de policía local tienen un funcionario y un juez. En 100 de las 270 comunas donde hay son la única presencia judicial".
Fuente: http://diario.elmercurio.com/2009/03/13/nacional/nacional/noticias/0D1B43D6-9951-4A85-B11E-B0A3EA30FE3E.htm?id={0D1B43D6-9951-4A85-B11E-B0A3EA30FE3E}
Fuente: http://diario.elmercurio.com/2009/03/13/nacional/nacional/noticias/0D1B43D6-9951-4A85-B11E-B0A3EA30FE3E.htm?id={0D1B43D6-9951-4A85-B11E-B0A3EA30FE3E}
Suprema y tuición a padre gay: "Sólo se rechazan los acuerdos cuando son ilegales"
El Presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín, afirmó esta tarde que "normalmente sólo se rechazan los acuerdos cuando son ilegales", al referirse a la decisión del juez del Tribunal de Familia de Puente Alto, Francisco Loret, que aprobó la tuición de dos hijos de 10 y 17 años a su padre gay, luego de que su madre la cediera. El magistrado señaló que "en el tema de familia en principio los jueces actúan subsidiariamente al acuerdo de las partes" y que la labor del juez a cargo del caso era "definir si lo aprobaba o no", el acuerdo al que llegaron los padres de los menores.Marín evitó polemizar en torno a este caso, afirmando que "no puedo entrar a un caso en el que ha resuelto otro magistrado y que, eventualmente, puede llegar incluso a la Corte".Gobierno afirma que respeta "todas las decisiones judiciales"En tanto, el subsecretario General de Gobierno, Neftalí Carabantes, afirmó respecto a este caso que "el principio del Gobierno es el respeto absoluto a todas las decisiones judiciales".Carabantes además precisó que "un juicio de tuición lo que busca es proteger el interés superior de los niños, no de los padres. De esta forma, pueden existir padres buenos o malos". En este sentido, el subsecretario sostuvo que "en Chile no puede ser factor la condición sexual, religiosa o étnica de una persona".
Fuente: http://www.lasegunda.com/ediciononline/cronica/detalle/index.asp?idnoticia=471891
Jueves 12 de Marzo de 2009
Padre gay que obtuvo tuición de sus hijos asegura que era el más idóneo para tenerlos
El padre gay que obtuvo la tuición legal de sus dos hijos de 10 y 17 años, luego que la madre aceptara ceder su custodia ante el Juzgado de Familia de Puente Alto, aseguró que la mujer sabía de su condición sexual cuando contrajeron matrimonio, y que su separación se debió a otros motivos.El caso de C.P.W. abrió un intenso debate en el país, pues la justicia le entregó el cuidado de los menores en circunstancias que convive con otro hombre, H.A.M., su pareja homosexual, desde hace un año.Él defiende la resolución. "Después del fallo se abrieron las puertas de la sala y cuando abracé a mis niños nos pusimos a llorar. Estaban mi padre, la polola de mi hijo y lloramos de alegría. Yo sabía que la persona más idónea para tenerlos era yo, junto con mi pareja", asegura.C.P.W. agregó que sus hijos quieren a su pareja "como a otro papá" y que se muestran como niños que tienen dos papás y una mamá. "Mi hijo chico me dijo: 'bakán papá que esta persona sea tu pololo', y el mayor me dijo: 'es tu vida e, independiente de eso, yo quiero vivir contigo'. Mis hijos están felices y sé que van a seguir apoyándome, porque estamos viviendo algo muy lindo".
Crece la polémica
Respecto de la decisión del Juzgado de Familia de Puente Alto, el Servicio Nacional de Menores (Sename) indicó que no le cabe competencia alguna en el caso, pues la tuición fue otorgada por un magistrado y tras la expresa voluntad de la madre. Precisó que su labor se remite a situaciones en que menores ven vulnerados sus derechos, son infractores de ley o han sido entregados en adopción, lo que no ocurre en este caso.El presidente del Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiménez, calificó el hecho como "histórico", pero descartó que la disposición marque un precedente legal."El cuidado de los hijos se debe dar respecto de la idoneidad de los padres, y en este caso su papá cumple con todas las condiciones para cuidar de sus hijos. Que sea gay no viene al caso", argumentó Jiménez.Para el director ejecutivo de la organización de padres separados "Amor de Papá", David Abuadba, siempre se debe velar por la no discriminación hacia los padres, "sea cual sea su condición, raza u opción sexual". Y agregó su deseo de que la tuición de los niños "sea compartida, con el fin de que ésta no afecte al desarrollo de los niños".Sebastián Otero, vocero de la organización católica "Jóvenes por la vida", evitó pronunciarse sobre el caso, pero indicó que "es un ejemplo de la desvalorización que en la actualidad han sufrido la maternidad y la paternidad".Añadió que "da la impresión de que el asunto se ha tomado con poca seriedad, y que los hijos son un objeto de intercambio que va de un lado para otro"."Amo a mis hijos, pero ya no podía más. No quería tener a los niños obligados a mi lado".A.G.L.La madre que entregó la tuición de dos niños a su padre gay."Es un ejemplo de la desvalorización que en la actualidad han sufrido la maternidad y la paternidad"
Fuente: http://diario.elmercurio.com/2009/03/12/nacional/nacional/noticias/AB609E7B-7F22-4FA1-8032-022D7A526D1A.htm?id={AB609E7B-7F22-4FA1-8032-022D7A526D1A}
Miércoles 11 de Marzo de 2009
Padre gay pide tuición de sus hijos, y madre se la cede en tribunales
El 30 de diciembre pasado, ante el juez de familia de Puente Alto, Francisco Loret, A. G. L. cedió a su esposo, C. P. W. -a quien demandó unilateralmente de divorcio en el juzgado de familia de Santiago debido a su homosexualidad-, la tuición de sus dos hijos, de 10 y 17 años.Con el acuerdo, que además reguló el régimen de visitas de la madre respecto de los menores, ambos quedaron bajo la custodia permanente de su padre. Actualmente viven junto a él y la pareja gay de éste, H.A.M.Aunque la convivencia del C. P. W. con su pareja del mismo sexo es un antecedente que no figura en la resolución firmada por el magistrado Loret, sí aparece señalado por A. G. L. en la demanda de divorcio que presentó ante el Primer Juzgado de Familia de Santiago el 20 de noviembre pasado, donde planteó que "mi cónyuge me ha confesado en el mes de marzo del presente año que él es homosexual, y que mantiene una pareja estable de su mismo sexo".En esa misma demanda, la mujer solicitó el cuidado personal de los menores, pero en una audiencia desarrollada este lunes en el Primer Juzgado de Familia de Santiago se desistió de ello, atendido el acuerdo alcanzado en el Juzgado de Familia de Puente Alto.En octubre de 2008, C. P. W. interpuso en este último tribunal una medida de protección mediante la cual obtuvo el cuidado provisorio de sus dos hijos durante 90 días.En dicha oportunidad, un informe de la consejera técnica del tribunal de Puente Alto Raquel Garrido Espinoza -asistente social que entrevistó al padre y a sus hijos- señaló que los niños acusaron haber sufrido maltrato verbal de parte de su madre, que en "estado de descontrol" los habría expulsado de su casa, en presencia del padre, quien entonces los llevó a vivir con él.En dicha instancia además se informó que ninguno de los dos niños deseaba volver junto a la madre. Ambos, según ella misma reconoce en la demanda presentada en el juzgado de familia de Santiago, "apoyan (a su padre) en la decisión de que él tenga una nueva pareja y viva con una persona de su mismo sexo"."Yo amo a mis hijos, (pero) no quería tener a los niños obligados a mi lado", dijo A. G. L., en entrevista con Emol."El Mercurio" solicitó audiencia con el juez Loret a través de la administradora del juzgado de Puente Alto, Lucía Fernández, pero no obtuvo respuesta.
EN EMOL
Lea detalles del caso y entrevista a la madre en Emol.
PLAZO
EN JULIO, el tribunal de familia verá el divorcio de la pareja, tras 16 años de matrimonio.
Fuente: http://diario.elmercurio.com/2009/03/11/nacional/nacional/noticias/95E7009E-AF30-4D6F-8A2D-26F3BB8E1A22.htm?id={95E7009E-AF30-4D6F-8A2D-26F3BB8E1A22}
Fuente: http://www.lasegunda.com/ediciononline/cronica/detalle/index.asp?idnoticia=471891
Jueves 12 de Marzo de 2009
Padre gay que obtuvo tuición de sus hijos asegura que era el más idóneo para tenerlos
El padre gay que obtuvo la tuición legal de sus dos hijos de 10 y 17 años, luego que la madre aceptara ceder su custodia ante el Juzgado de Familia de Puente Alto, aseguró que la mujer sabía de su condición sexual cuando contrajeron matrimonio, y que su separación se debió a otros motivos.El caso de C.P.W. abrió un intenso debate en el país, pues la justicia le entregó el cuidado de los menores en circunstancias que convive con otro hombre, H.A.M., su pareja homosexual, desde hace un año.Él defiende la resolución. "Después del fallo se abrieron las puertas de la sala y cuando abracé a mis niños nos pusimos a llorar. Estaban mi padre, la polola de mi hijo y lloramos de alegría. Yo sabía que la persona más idónea para tenerlos era yo, junto con mi pareja", asegura.C.P.W. agregó que sus hijos quieren a su pareja "como a otro papá" y que se muestran como niños que tienen dos papás y una mamá. "Mi hijo chico me dijo: 'bakán papá que esta persona sea tu pololo', y el mayor me dijo: 'es tu vida e, independiente de eso, yo quiero vivir contigo'. Mis hijos están felices y sé que van a seguir apoyándome, porque estamos viviendo algo muy lindo".
Crece la polémica
Respecto de la decisión del Juzgado de Familia de Puente Alto, el Servicio Nacional de Menores (Sename) indicó que no le cabe competencia alguna en el caso, pues la tuición fue otorgada por un magistrado y tras la expresa voluntad de la madre. Precisó que su labor se remite a situaciones en que menores ven vulnerados sus derechos, son infractores de ley o han sido entregados en adopción, lo que no ocurre en este caso.El presidente del Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiménez, calificó el hecho como "histórico", pero descartó que la disposición marque un precedente legal."El cuidado de los hijos se debe dar respecto de la idoneidad de los padres, y en este caso su papá cumple con todas las condiciones para cuidar de sus hijos. Que sea gay no viene al caso", argumentó Jiménez.Para el director ejecutivo de la organización de padres separados "Amor de Papá", David Abuadba, siempre se debe velar por la no discriminación hacia los padres, "sea cual sea su condición, raza u opción sexual". Y agregó su deseo de que la tuición de los niños "sea compartida, con el fin de que ésta no afecte al desarrollo de los niños".Sebastián Otero, vocero de la organización católica "Jóvenes por la vida", evitó pronunciarse sobre el caso, pero indicó que "es un ejemplo de la desvalorización que en la actualidad han sufrido la maternidad y la paternidad".Añadió que "da la impresión de que el asunto se ha tomado con poca seriedad, y que los hijos son un objeto de intercambio que va de un lado para otro"."Amo a mis hijos, pero ya no podía más. No quería tener a los niños obligados a mi lado".A.G.L.La madre que entregó la tuición de dos niños a su padre gay."Es un ejemplo de la desvalorización que en la actualidad han sufrido la maternidad y la paternidad"
Fuente: http://diario.elmercurio.com/2009/03/12/nacional/nacional/noticias/AB609E7B-7F22-4FA1-8032-022D7A526D1A.htm?id={AB609E7B-7F22-4FA1-8032-022D7A526D1A}
Miércoles 11 de Marzo de 2009
Padre gay pide tuición de sus hijos, y madre se la cede en tribunales
El 30 de diciembre pasado, ante el juez de familia de Puente Alto, Francisco Loret, A. G. L. cedió a su esposo, C. P. W. -a quien demandó unilateralmente de divorcio en el juzgado de familia de Santiago debido a su homosexualidad-, la tuición de sus dos hijos, de 10 y 17 años.Con el acuerdo, que además reguló el régimen de visitas de la madre respecto de los menores, ambos quedaron bajo la custodia permanente de su padre. Actualmente viven junto a él y la pareja gay de éste, H.A.M.Aunque la convivencia del C. P. W. con su pareja del mismo sexo es un antecedente que no figura en la resolución firmada por el magistrado Loret, sí aparece señalado por A. G. L. en la demanda de divorcio que presentó ante el Primer Juzgado de Familia de Santiago el 20 de noviembre pasado, donde planteó que "mi cónyuge me ha confesado en el mes de marzo del presente año que él es homosexual, y que mantiene una pareja estable de su mismo sexo".En esa misma demanda, la mujer solicitó el cuidado personal de los menores, pero en una audiencia desarrollada este lunes en el Primer Juzgado de Familia de Santiago se desistió de ello, atendido el acuerdo alcanzado en el Juzgado de Familia de Puente Alto.En octubre de 2008, C. P. W. interpuso en este último tribunal una medida de protección mediante la cual obtuvo el cuidado provisorio de sus dos hijos durante 90 días.En dicha oportunidad, un informe de la consejera técnica del tribunal de Puente Alto Raquel Garrido Espinoza -asistente social que entrevistó al padre y a sus hijos- señaló que los niños acusaron haber sufrido maltrato verbal de parte de su madre, que en "estado de descontrol" los habría expulsado de su casa, en presencia del padre, quien entonces los llevó a vivir con él.En dicha instancia además se informó que ninguno de los dos niños deseaba volver junto a la madre. Ambos, según ella misma reconoce en la demanda presentada en el juzgado de familia de Santiago, "apoyan (a su padre) en la decisión de que él tenga una nueva pareja y viva con una persona de su mismo sexo"."Yo amo a mis hijos, (pero) no quería tener a los niños obligados a mi lado", dijo A. G. L., en entrevista con Emol."El Mercurio" solicitó audiencia con el juez Loret a través de la administradora del juzgado de Puente Alto, Lucía Fernández, pero no obtuvo respuesta.
EN EMOL
Lea detalles del caso y entrevista a la madre en Emol.
PLAZO
EN JULIO, el tribunal de familia verá el divorcio de la pareja, tras 16 años de matrimonio.
Fuente: http://diario.elmercurio.com/2009/03/11/nacional/nacional/noticias/95E7009E-AF30-4D6F-8A2D-26F3BB8E1A22.htm?id={95E7009E-AF30-4D6F-8A2D-26F3BB8E1A22}
Chahuán pide más reacción por las amenazas a fiscales
El fiscal nacional, Sabas Chahuán, aseguró que se han adoptado todas las medidas necesarias para proteger a los fiscales que han sido amenazados, pero demandó una reacción enérgica del Estado y de toda la sociedad chilena contra quienes pretenden amedrentarlos, ya que junto con las policías representan la primera línea en la lucha contra el delito.Chahuán entregó todo su respaldo al fiscal jefe de Calama, Cristián Aliaga, amenazado de muerte por narcotraficantes del norte del país, quienes, según estableció una investigación posterior, realmente habían diseñado un plan para atentar contra su vida.El fiscal nacional extendió ese respaldo a la fiscal Alejandra Godoy, que investiga el caso de las irregularidades detectadas en una millonaria licitación del Registro Civil y que también fue amenazada.
Fuente: http://diario.elmercurio.com/2009/03/12/nacional/nacional/noticias/0834EC1D-D762-46F9-9ADA-57622C75F891.htm?id={0834EC1D-D762-46F9-9ADA-57622C75F891}
Fuente: http://diario.elmercurio.com/2009/03/12/nacional/nacional/noticias/0834EC1D-D762-46F9-9ADA-57622C75F891.htm?id={0834EC1D-D762-46F9-9ADA-57622C75F891}
Yutronic revela dos reuniones con asesinado martillero Oliva
El investigador privado Dante Yutronic declaró ayer ante el tribunal oral de San Antonio haber sido engañado por el fallecido Gerardo Rocha, aunque admitió que investigó una eventual relación sentimental de la pareja de éste con el asesinado martillero Fernando Oliva.Dijo que el hilo conductor de su pesquisa fue el seguimiento y vigilancia del martillero Fernando Oliva, muerto en su hogar de El Quisco en el incendio originado por Rocha y los dos únicos enjuiciados, Marcelo Morales y César Osores, chofer y guardaespaldas del empresario."En octubre del 2007, Rocha me citó a su oficina en el edificio World Trade Center, y solicitó mis servicios para investigar al señor Oliva por el tráfico de influencia y los contactos que él pudiera tener en el Poder Judicial", indicó.Yutronic, testigo del fiscal Álvaro Pérez en la hipótesis del concierto previo de Rocha, Morales y Osores para eliminar a Oliva, admitió haber subcontratado servicios para filmar, recopilar datos e interceptar las comunicaciones del martillero.Por estos hechos, Yutronic cumple condena por tres años de reclusión nocturna. "Quería cumplir con el fiscal Pérez, con el abogado querellante Héctor Musso y salir de esto para siempre. Estoy cumpliendo mi sentencia y rehaciendo mi negocio de la investigación privada", dijo a "El Mercurio".En el interrogatorio, Yutronic admitió que el trabajo para el cual fue contratado -por el que recibió $74 millones- derivó en una indagación de la vida de Oliva para establecer una eventual relación sentimental con Verónica Espinoza, pareja de Rocha.Tal como declararon antes Morales y Osores, Yutronic dijo haber sido utilizado por el empresario. Incluso, relató que regaló a Rocha el electroshock y el gas pimienta cuando éste le pidió armas defensivas. Y en dos ocasiones, de la decena de veces que fue a su oficina, le enseñó cómo usarlas.El investigador privado ni siquiera insinuó haber conocido el plan de Rocha para vengarse de Oliva. Respecto de Morales, admitió haberlo visto dos veces en la oficina del empresario y que ignoraba quién era Osores.También reconoció haberse reunido en dos ocasiones con Oliva. La última vez en un café del centro de Santiago, donde éste le confidenció: "Creo saber quién es su cliente, porque he recibido muchos llamados telefónicos: el loco de Rocha".Luego Oliva le contó que Verónica Espinoza y su hermana Patricia Millas habían sido sus secretarias y que él les había pagado la universidad. También que tenía la "capacidad de solucionar algún juicio" y que disponía de un grupo de mujeres para pagar con favores sexuales a las personalidades que asistían a las fiestas que él hacía.
Fuente: http://diario.elmercurio.com/2009/03/12/nacional/nacional/noticias/D79E4307-937D-48B2-B979-E94D40F2CBAA.htm?id={D79E4307-937D-48B2-B979-E94D40F2CBAA}
Fuente: http://diario.elmercurio.com/2009/03/12/nacional/nacional/noticias/D79E4307-937D-48B2-B979-E94D40F2CBAA.htm?id={D79E4307-937D-48B2-B979-E94D40F2CBAA}
En Proceso
Juicio a médicos por fraude en operaciones
Ochocientos días de presidio e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos arriesgan los médicos René Vergara Cruz y Juan Raddatz Tereucán, ex directores titular y subrogante, respectivamente, del Hospital de Villarrica. A ambos se les acusa de celebrar en 2006 un convenio con una sociedad médica externa para realizar 30 operaciones de cálculos debido a que el establecimiento no podía practicarlas. Pero la Contraloría detectó que Raddattz era socio de la contraparte, y que 29 de las 30 intervenciones las hizo el mismo profesional en sus horas de trabajo y usando pabellones del hospital.
Rechazan amparo de líder de nueva red de corrupción.
La 3ª Sala de la Corte de Santiago rechazó ayer un recurso de amparo del líder de la nueva red de corrupción judicial, Alfonso de la Cerda Hernández, quien está en prisión preventiva e imputado por falsificación y uso malicioso de instrumento público. De la Cerda adulteró un fallo del tribunal de alzada para dejar en libertad a un asaltante.
Fuente: http://diario.elmercurio.com/2009/03/12/nacional/nacional/noticias/C8B243BA-E7F9-4B82-A6D4-0C9A3D1E094D.htm?id={C8B243BA-E7F9-4B82-A6D4-0C9A3D1E094D}
Ochocientos días de presidio e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos arriesgan los médicos René Vergara Cruz y Juan Raddatz Tereucán, ex directores titular y subrogante, respectivamente, del Hospital de Villarrica. A ambos se les acusa de celebrar en 2006 un convenio con una sociedad médica externa para realizar 30 operaciones de cálculos debido a que el establecimiento no podía practicarlas. Pero la Contraloría detectó que Raddattz era socio de la contraparte, y que 29 de las 30 intervenciones las hizo el mismo profesional en sus horas de trabajo y usando pabellones del hospital.
Rechazan amparo de líder de nueva red de corrupción.
La 3ª Sala de la Corte de Santiago rechazó ayer un recurso de amparo del líder de la nueva red de corrupción judicial, Alfonso de la Cerda Hernández, quien está en prisión preventiva e imputado por falsificación y uso malicioso de instrumento público. De la Cerda adulteró un fallo del tribunal de alzada para dejar en libertad a un asaltante.
Fuente: http://diario.elmercurio.com/2009/03/12/nacional/nacional/noticias/C8B243BA-E7F9-4B82-A6D4-0C9A3D1E094D.htm?id={C8B243BA-E7F9-4B82-A6D4-0C9A3D1E094D}
Corte Suprema anula su acuerdo que fijaba límite de 75 años para jueces de policía local
Un poco más de un mes alcanzó a regir el acuerdo del 10 febrero pasado del Pleno de la Corte Suprema que resolvió que los jueces de policía local que hayan cumplido 75 años, o que estén sobre esa edad, deberían dejar sus cargos a contar de este mes.El viernes pasado el pleno del máximo tribunal revisó una consideración presentada por el Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, y resolvió tras un debate dejar sin efecto la polémica resolución.De acuerdo a los antecedentes recopilados por "El Mercurio" los supremos consideraron, entre otras cosas, que anteriormente revisaron un proyecto de ley sobre el límite de edad de los jueces de policía local, y habían informado que ellos no podían hacer modificaciones al respecto sino por una reforma a la ley, que debe realizar el Ejecutivo.Además se discutieron los argumentos planteados por el Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, acerca de que no pertenecen al Poder Judicial.Al no ser formados en la Academia Judicial, los jueces de Policía Local no tienen ninguna especialización ni asisten a cursos de capacitación.Si bien son tribunales especiales, dependen económicamente de los municipios a los que pertenecen.Además tienen dentro de sus funciones alrededor de 50 competencias, entre ellas las infracciones de tránsito que se cursan anualmente.La medida había sido resuelta el pasado 10 de febrero por una consulta hecha en julio del año pasado por la Municipalidad de Curepto (VII Región) a la Corte de Apelaciones de Talca, la que fue derivada al máximo tribunal, en la que se consultaba si podía seguir en funciones el juez Eduardo Barrios, de 82 años.Tras conocerse la decisión este diario intentó contactarse con el presidente del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, Cristian Arévalo, pero no fue posible.El fallo está en acuerdo y se dará a conocer en los próximos días.Ministro es partidario de fijar tope de edad a los magistradosPara el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, es normal que a cierta edad las personas se retiren a descansar y den paso a las nuevas generaciones, y que como política general del Estado se han fijado límites para ejercer en determinados cargos."Como política general está el límite de edad. Si la Constitución lo ha establecido para los ministros de la Corte Suprema no veo por qué no se pueda aplicar a los jueces de policía local", dijo.El Ministerio de Justicia espera enviar durante el segundo semestre de este año un proyecto de reforma a los juzgados de policía local, como culminación de la labor de una mesa de trabajo que en julio del año pasado comenzó a sesionar para esos efectos.Entre los principales objetivos que se han trazado los jueces para esta iniciativa es avanzar a una mayor autonomía dejando la dependencia municipal y crear 70 juzgados en comunas donde no existen.Cada juzgado local revisa más de 3 mil causas al añoLos Juzgados de Policía Local son tribunales especiales tal como lo establece el artículo 5º del Código Orgánico de Tribunales. Tienen como finalidad resolver los problemas de justicia vecinal. Estos juzgados si bien pertenecen al Poder Judicial, dependen económicamente del municipio al que pertenecen, lo que provoca fuertes diferencias en los recursos con los que cuentan para resolver las causas.En Chile, hay 315 jueces de Policía Local los que están repartidos en 270 comunas a lo largo del país. Hay 74 comunas que no poseen este tipo de tribunales, por lo que las causas vecinales de esos sectores, son revisadas por los Juzgados de Policía Local de ciudades cercanas, provocando que algunos jueces revisen causas hasta de cinco comunas diferentes.Los magistrados que se desempeñan en la justicia local son considerados funcionarios públicos debido a su dependencia de la administración municipal. Hoy, son 24 los jueces que tienen más de 75 años, pese a que la Constitución Política de Chile fija esa edad como límite máximo para ejercer dicho cargo en los Tribunales de Justicia. Sin embargo, los jueces de Policía Local no están sujetos a esta restricción, ya que su actividad está normada por la Ley 15.231, que señala que los jueces locales "durarán indefinidamente en sus cargos".A estos magistrados se les permite ejercer su profesión como abogados paralelamente a sus funciones en el Juzgado de Policía Local. Esta garantía tiene como finalidad equiparar las remuneraciones con el resto de los magistrados del poder judicial. Cada juez local, dependiendo del municipio al que pertenezca, puede ganar entre 700 mil y 2 millones de pesos mensuales. Los juzgados de policía local funcionan desde las 9 hasta las 14 horas y en comunas pequeñas tres veces por semanas, mientras que en las mayores operan los cinco días hábiles, en el mismo horario.En cuanto a las competencias de estos magistrados, el poder judicial les asigna más de 50. Entre ellas están las relativas a las infracciones de tránsito, Ley de urbanismo y construcción, Ley sobre protección a los derechos de los consumidores, Ley de discriminación a discapacitados, entre otras. Sólo por infracciones de tránsito, ingresan un millón 500 mil causas cada año, siendo más del 50% del total de casos.Según cifras del Instituto de Jueces de Policía Local, un magistrado comunal ve unas tres mil causas al año.
CIFRAS
DE LOS 315 JUECES de policía local de todo el país, en la actualidad hay 24 que tienen 75 años, y otros cuatro cumplen el límite de edad este año.
Fuente: http://diario.elmercurio.com/2009/03/12/nacional/nacional/noticias/E9FC671B-21B3-4191-B381-75D7B0B49D72.htm?id={E9FC671B-21B3-4191-B381-75D7B0B49D72}
Miércoles 11 de Marzo del 2008
Resolución de pleno de la Corte Suprema: Jueces de policía local deberán dejar sus cargos cuando cumplan 75 años
Corte Suprema de Justicia resolvió que los jueces de policía local que hayan cumplido 75 años, o estén sobre esa edad, deberán dejar sus cargos a contar de este mes. Hoy 24 magistrados están en esta situación en el país y otros cuatro cumplen el límite de edad este año.La medida pone fin a una prerrogativa única que tenían estos jueces, de "permanecer en el cargo durante su buen desempeño", y fue tomada por el pleno de ministros el día 10 de febrero, al responder a una consulta hecha en julio del año pasado por la Municipalidad de Curepto (VII Región) a la Corte de Apelaciones de Talca, la que fue derivada al máximo tribunal.En ella se consultaba si podía seguir en funciones el juez Eduardo Barrios, de 82 años.La resolución suprema se basa en que, a juicio del pleno, el artículo 80 de la Constitución Política y su modificación introducida en diciembre de 2007 incluyen a los jueces de policía local en la disposición que señala que "los jueces cesarán en sus funciones al cumplir 75 años de edad".No obstante, el Instituto Nacional de Jueces de Policía Local presentó el 25 de febrero una reconsideración, al estimar que la medida provoca consecuencias "profundas y lamentables". Argumentan que los jueces de policía local no pertenecen al Poder Judicial y piden que, si no se deja sin efecto la resolución, al menos se postergue en un año su aplicación "a fin de que los afectados puedan impetrar los beneficios laborales y previsionales dado el carácter de funcionarios municipales del que estamos revestidos".El presidente del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, Cristian Arévalo, manifestó que la resolución es "grave", ya que afectará de inmediato a cerca de un 9% de los 315 jueces de policía local del país, por eso esperan sea acogida la reconsideración que permanece en acuerdo en el máximo tribunal. Por su parte, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, el alcalde de La Pintana, Jaime Pavez, manifestó que la edad no debiera ser una limitante, pero tendría que diseñarse un mecanismo de retiro con incentivos, como se ha hecho con otros funcionarios municipales.A su juicio, la edad no tiene que ser un límite si existe buen desempeño.Afectados lo creen injustoEl juez de Policía Local de San Felipe, Germán Esterio Sepúlveda, el más antiguo del país, con 90 años, ejerce desde el año 1975. Sostiene que los jueces de policía local dirigen tribunales especiales y por tanto la limitación de edad no puede ser aplicable a ellos."De la noche a la mañana cambian esto sin considerar ninguna indemnización", señala evidentemente dolido.Se vio tan afectado por la resolución de la Corte Suprema, que tuvo que pedir licencia médica.El juez de Policía Local de Curepto, Eduardo Barrios, cuyo caso generó la resolución de la Corte Suprema, dice no comprender por qué el municipio pide su salida.El alcalde Armando González afirma que las sanciones que aplica son escasas. "El municipio invierte 25 millones al año para mantener el juzgado y se recuperan en multas unos 3 millones", dice. Pero el juez Barrios sostiene que sólo aplica la ley como corresponde."Quedan instancias para revertir la situación, como recurrir al Tribunal Constitucional".
Fuente: http://diario.elmercurio.com/2009/03/11/nacional/nacional/noticias/0D589A9B-168C-4F30-994D-35A531E14E55.htm?id={0D589A9B-168C-4F30-994D-35A531E14E55}
CIFRAS
DE LOS 315 JUECES de policía local de todo el país, en la actualidad hay 24 que tienen 75 años, y otros cuatro cumplen el límite de edad este año.
Fuente: http://diario.elmercurio.com/2009/03/12/nacional/nacional/noticias/E9FC671B-21B3-4191-B381-75D7B0B49D72.htm?id={E9FC671B-21B3-4191-B381-75D7B0B49D72}
Miércoles 11 de Marzo del 2008
Resolución de pleno de la Corte Suprema: Jueces de policía local deberán dejar sus cargos cuando cumplan 75 años
Corte Suprema de Justicia resolvió que los jueces de policía local que hayan cumplido 75 años, o estén sobre esa edad, deberán dejar sus cargos a contar de este mes. Hoy 24 magistrados están en esta situación en el país y otros cuatro cumplen el límite de edad este año.La medida pone fin a una prerrogativa única que tenían estos jueces, de "permanecer en el cargo durante su buen desempeño", y fue tomada por el pleno de ministros el día 10 de febrero, al responder a una consulta hecha en julio del año pasado por la Municipalidad de Curepto (VII Región) a la Corte de Apelaciones de Talca, la que fue derivada al máximo tribunal.En ella se consultaba si podía seguir en funciones el juez Eduardo Barrios, de 82 años.La resolución suprema se basa en que, a juicio del pleno, el artículo 80 de la Constitución Política y su modificación introducida en diciembre de 2007 incluyen a los jueces de policía local en la disposición que señala que "los jueces cesarán en sus funciones al cumplir 75 años de edad".No obstante, el Instituto Nacional de Jueces de Policía Local presentó el 25 de febrero una reconsideración, al estimar que la medida provoca consecuencias "profundas y lamentables". Argumentan que los jueces de policía local no pertenecen al Poder Judicial y piden que, si no se deja sin efecto la resolución, al menos se postergue en un año su aplicación "a fin de que los afectados puedan impetrar los beneficios laborales y previsionales dado el carácter de funcionarios municipales del que estamos revestidos".El presidente del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, Cristian Arévalo, manifestó que la resolución es "grave", ya que afectará de inmediato a cerca de un 9% de los 315 jueces de policía local del país, por eso esperan sea acogida la reconsideración que permanece en acuerdo en el máximo tribunal. Por su parte, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, el alcalde de La Pintana, Jaime Pavez, manifestó que la edad no debiera ser una limitante, pero tendría que diseñarse un mecanismo de retiro con incentivos, como se ha hecho con otros funcionarios municipales.A su juicio, la edad no tiene que ser un límite si existe buen desempeño.Afectados lo creen injustoEl juez de Policía Local de San Felipe, Germán Esterio Sepúlveda, el más antiguo del país, con 90 años, ejerce desde el año 1975. Sostiene que los jueces de policía local dirigen tribunales especiales y por tanto la limitación de edad no puede ser aplicable a ellos."De la noche a la mañana cambian esto sin considerar ninguna indemnización", señala evidentemente dolido.Se vio tan afectado por la resolución de la Corte Suprema, que tuvo que pedir licencia médica.El juez de Policía Local de Curepto, Eduardo Barrios, cuyo caso generó la resolución de la Corte Suprema, dice no comprender por qué el municipio pide su salida.El alcalde Armando González afirma que las sanciones que aplica son escasas. "El municipio invierte 25 millones al año para mantener el juzgado y se recuperan en multas unos 3 millones", dice. Pero el juez Barrios sostiene que sólo aplica la ley como corresponde."Quedan instancias para revertir la situación, como recurrir al Tribunal Constitucional".
Fuente: http://diario.elmercurio.com/2009/03/11/nacional/nacional/noticias/0D589A9B-168C-4F30-994D-35A531E14E55.htm?id={0D589A9B-168C-4F30-994D-35A531E14E55}
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