jueves, 19 de marzo de 2009

Corte rechaza recurso de nulidad en caso por homicidio de María Soledad Lapostol

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de nulidad presentado por la defensa de Luis Araya Galaz respecto de las sentencias dictadas en su contra por el homicidio de María Soledad Lapostol y el uso fraudulento de tarjeta de crédito de la misma víctima.En fallo unánime (rol 2699-2008) los ministros Raúl Rocha, Jessica González y el abogado integrante Ángel Cruchaga desestimaron el recurso en contra del fallo del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago que condenó a Araya Galaz a presidio perpetuo en el caso del homicidio y 541 días de presidio por el delito de uso fraudulento de tarjeta de crédito.La Corte consideró que el tribunal de primera instancia realizó una correcta valoración de las pruebas en el caso del homicidio y una correcta aplicación del derecho en el caso del uso fraudulento de tarjeta de crédito, por lo que rechazó las dos causales de nulidad presentada por el defensa.De esta forma la sentencia del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago comenzará a cumplir efectivamente una vez que quede ejecutoriada.

Autor: http://www.lasegunda.com/ediciononline/cronica/detalle/index.asp?idnoticia=473416

Ministra Jiménez y LGE: "La educación tiene que avanzar con acuerdos"

Luego de que esta tarde la Cámara de Diputados aprobara la Ley General de Educación (LGE) con excepción de un artículo, la ministra de Educación, Mónica Jiménez, sostuvo que la educación en Chile "tiene que avanzar con acuerdos""Salió el proyecto, pero le queda un pequeño trámite en la Comisión Mixta. Eso se tendrá que hacer durante la primera semana de abril, porque ahora se van a semana distrital, entonces, la primera semana de abril tiene que convocarse la comisión y después tiene que votarse en la Cámara", afirmó la secretaria de Estado una vez que finalizó la sesión en la Cámara Baja.La máxima autoridad de la Educación argumentó que el proyecto "es lo máximo que se pudo hacer en un diálogo que, prácticamente, duró dos años: primero 9 meses en la Cámara de Diputados y después 6 meses en el Senado. Fue lo que pudimos hacer ahora como chilenos. Como dije desde el comienzo, la educación tiene que avanzar con acuerdos". Respecto al resto de los proyectos que complementarán lo establecido como marco legal por la LGE, Jiménez llamó a tener confianza de que "hay una Ley de Educación Pública presentada por medio de la Cámara y ahí tenemos que dedicarnos a fortalecer la Educación Pública, eso también es un compromiso de la Presidenta y eso depende solamente del trabajo que nosotros hagamos en la Cámara de Diputados primero y en el Senado después". Asimismo, agregó que "tengo confianza y creo que cuando salió esta ley (LGE), que ha sido muy debatida, igual como saldrá la Superintendencia y la Agencia de Calidad -que ya partió su debate en el Senado-, creo que también saldrá la Ley de Educación Pública".En cuanto al artículo que se discutirá en Comisión Mixta, sobre la posibilidad de que licenciados o profesionales puedan realizar clases en establecimientos educacionales por periodos de tiempo determinados, la ministra Jiménez aseguró que el Gobierno "es partidario de que existan".

"El Gobierno no se opone a eso, todo lo contrario, el Gobierno estimula a los jóvenes, ya sean ingenieros o médicos -entre otros-, que quieren dedicar dos años al trabajo en educación. El Gobierno no se puede oponer a una iniciativa de esa naturaleza", insistió.

Autor: http://www.lasegunda.com/ediciononline/cronica/detalle/index.asp?idnoticia=473457 (La Segunda)

Alianza acusa que oficialismo no respetó acuerdo por LGE

Una fuerte ofensiva activó ayer la Alianza al acusar al Gobierno y al oficialismo de no respetar el acuerdo en torno a la Ley General de Educación (LGE).La iniciativa, que hoy será revisada en la Cámara de Diputados, fue aprobada el martes en el Senado con un amplio respaldo de la Alianza y la Concertación. Sin embargo, el rechazo de parlamentarios socialistas impidió que se incluyera la norma que permite hacer clases a profesionales de carreras de ocho semestres, distintas a las pedagogías.Este punto generó las críticas de la oposición -que evaluó con Sebastián Piñera los alcances de la LGE-, que salió a enrostrar a La Moneda el incumplimiento del acuerdo suscrito en noviembre de 2007 entre el Gobierno, la Alianza y la Concertación.Ayer, los diputados UDI y RN anunciaron en la Comisión de Educación que intentarán reponer la discusión de este artículo, para lo cual deberá continuar su trámite en la comisión mixta respectiva, compuesta por diputados y senadores. "Le hemos pedido al Gobierno que cumpla el acuerdo y que en comisión mixta se repare un problema que ellos reconocieron que se había producido en el Senado", afirmó la diputada Marcela Cubillos (UDI).La reacción de la Alianza tensionó el escenario para el Ejecutivo, que en la víspera había realizado intensas gestiones para ordenar al oficialismo.En la noche del martes, los ministros José Antonio Viera-Gallo (Segpres) y Mónica Jiménez (Educación) salieron optimistas del restaurante Portofino, en Valparaíso. Allí los jefes de las bancadas PS, PPD y DC comprometieron los votos de sus diputados para la LGE tal como había sido despachada del Senado, esto a pesar de que no incluyera la norma que permite el ejercicio de la docencia por parte de otros profesionales. Pero la aprobación de la LGE era lo que le interesaba al Gobierno, que buscaba impedir un eventual desorden oficialista, para que no se retrasara la iniciativa y potenciara las movilizaciones anunciadas por el Colegio de Profesores para el 2 de abril. La fuerte tensión, sumada a un acalorado debate con un diputado PPD que anunció ayer su rechazo al proyecto, hizo que la ministra Jiménez no pudiera contener el llanto (recuadro).Hasta anoche, sólo los diputados radicales habían anunciado su rechazo a la LGE, lo que no pone en riesgo su tramitación.

Por qué la norma eliminada es clave para RN y UDI

El artículo 46 (letra g) abre la posibilidad de que, además de los profesores, queden habilitados para ejercer la función docente las personas con un título profesional de al menos ocho semestres en un área afín a la especialidad que imparta. Este inciso fue incorporado en 2008 como parte del acuerdo político entre el Gobierno, la Concertación y la Alianza.La iniciativa Enseña Chile reclutó a 31 profesionales de carreras no pedagógicas para que trabajen dos años en colegios con alta vulnerabilidad social. Según su director, Tomás Recart, ahora que séptimo y octavo básico pertenecerán a educación media, faltarán cerca de 18 mil profesores con especialidad. "Si les cerramos la posibilidad a profesionales de hacer clases en colegios, durante al menos diez años no tendremos profesores (con especialidad) en el aula".

Ministra llora ante diputados
Ya casi terminaba de sesionar la Comisión de Educación cuando el diputado PPD Rodrigo González levantó inesperadamente la voz. "¡Yo me voy a abstener de votar la LGE! Es reírnos de los jóvenes", le advirtió González a la ministra Mónica Jiménez. "¿Usted se considera un diputado de la Concertación? Este es un compromiso de la Presidenta Bachelet", replicó la ministra en tono duro, quien no pudo contenerse y estalló en llanto y fue asistida por los parlamentarios presentes.Más tarde, ambos se refirieron al episodio. "Lloré... me duele cuando se rompen los acuerdos, lloré por Chile", dijo Jiménez. González, en tanto, replicó que "la ministra no tiene la tolerancia para aceptar opiniones diferentes".

Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/19/nacional/politica/noticias/A7D58EBE-5FF3-46FF-87C1-314D1ACAAE1A.htm?id={A7D58EBE-5FF3-46FF-87C1-314D1ACAAE1A} (El Mercurio)

"Ues" privadas divididas ante idea de un examen nacional de Derecho

Opiniones encontradas generó entre los decanos de facultades de Derecho privadas la propuesta de sus pares de universidades tradicionales -dada a conocer ayer por "El Mercurio"- de aplicar un examen nacional voluntario para medir la calidad de los nuevos egresados.Según la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor, Clara Szczaranski, se trata de una "excelente" idea, siempre que se incluya a otros planteles, además de las "Ues" tradicionales, en la creación y ejecución del sistema."Si uno ha preparado bien, los alumnos no tienen por qué temer una interrogación. El tema surge con quiénes debieran integrar la comisión examinadora o certificadora. Yo creo que por lo menos a nosotros nos gustaría participar en ella", advirtió.En la misma línea se manifestó el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae, Miguel Álex Schweitzer, quien aseguró que "es imprescindible que haya un examen de calidad", que a su juicio debería aplicarse sobre todo a quienes pretenden litigar en tribunales.Asimismo, precisó que el proceso de acreditación de las facultades no es la mejor alternativa, porque implica el riesgo de "burocratizar" el sistema.Juan Enrique Vargas, decano de la Universidad Diego Portales, en cambio, aseguró que "el examen nacional en Derecho es problemático, por varias razones", entre ellas que la enseñanza de esta disciplina está muy poco estandarizada, y hay distintas corrientes, por lo tanto, es complejo medir a través de una prueba destrezas y habilidades.Asimismo, destacó que el rol de certificar la calidad hoy lo cumple la Comisión Nacional de Acreditación, y es ese mecanismo el que se debe fortalecer. Una postura que comparten el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, Miguel Amunátegui, y la decana de la Universidad Central, Ángela Cattan.

Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/19/nacional/_portada/noticias/3BF70A5D-33C7-44FF-950C-49351C506AB5.htm?id={3BF70A5D-33C7-44FF-950C-49351C506AB5} (El Mercurio)

Fallo sobre el asesinato del martillero Oliva se conocerá hoy

La defensa de los dos procesados, Marcelo Morales y César Osores, chofer y guardaespaldas del fallecido empresario Gerardo Rocha, sostuvo que éste los utilizó y que él fue el único autor del homicidio del martillero Jaime Oliva (79) y del incendio intencional en su casa de El Quisco, ocurrido en febrero de 2008.En los alegatos de clausura de ayer, que dieron término al juicio oral, la defensa de Morales y Osores argumentó que ambos sólo deben ser condenados como cómplices de un homicidio simple y no como coautores.Oliva murió de un paro cardíaco luego de que sus atacantes le aplicaran dos descargas de electroshock y prendieran fuego a la habitación donde se encontraba.Tras los alegatos de clausura de ayer, el Tribunal Oral fijó para hoy la audiencia en la que dará a conocer su veredicto.El fiscal Álvaro Pérez insistió en que se trató de un homicidio calificado, ya que fue cometido con alevosía, por cuanto la víctima no tuvo cómo defenderse. Añadió que son coautores porque Morales ató los pies y Osores las manos de Oliva para que Rocha aplicara las descargas de electroshock que, según dijo, lo mataron. Indicó que ambos trasladaron los elementos usados en el crimen al sitio del suceso.

Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/19/nacional/_portada/noticias/6632D105-703E-4F35-820A-E90B0F30D090.htm?id={6632D105-703E-4F35-820A-E90B0F30D090}

TC valida a Gobierno para determinar acceso gratuito a playas

El Tribunal Constitucional (TC) validó la facultad del Gobierno para determinar el acceso gratuito a playas colindantes y rechazó un recurso de inaplicabilidad presentado por la sociedad Agrícola del Lago S.A., que cuestionaba la resolución exenta que dictó la intendenta de la Región de la Araucanía de crear un paso peatonal hacia los lagos Villarrica y Huilipilún.Esta es la primera vez que el organismo se pronuncia al respecto, y marcará un precedente para otros casos como el de Pingueral. El fallo -de 7 votos contra 2- fue redactado por el ministro Jorge Correa Sutil.La mayoría de los ministros sostuvo que "la obligación de los propietarios colindantes con las playas de otorgar gratuitamente una vía de acceso a éstas constituye una limitación al dominio, y no una privación total de éste o una imposibilidad absoluta del ejercicio de las facultades esenciales de uso o goce".Aseguran que el medio empleado fue "proporcionado", pues no impone a éste sino la obligación de permitir el acceso "para el goce de uso público del respectivo bien nacional".Para el TC sólo se establece la obligación de permitir el acceso para fines turísticos y de pesca, y se exige a la intendenta fijar "con prudencia" las correspondientes vías de acceso, "evitando causar daños innecesarios a los afectados".También el TC valida la gratuidad del acceso y no se pronuncia acerca de la indemnización porque no fue solicitada en la decisión del tribunal.Los votos disidentes fueron de los ministros Raúl Bertelsen y Marcelo Venegas, quienes estuvieron de acuerdo con los anteriores argumentos, pero que fueron partidarios de pronunciarse acerca de la indemnización.

Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/19/nacional/_portada/noticias/5A8F6B46-BF93-4F53-BFF6-77B5F032DC39.htm?id={5A8F6B46-BF93-4F53-BFF6-77B5F032DC39} (El Mercurio)