jueves, 26 de marzo de 2009

Si no hay salida judicial, ex lautarista será devuelto hoy

Contra reloj realiza gestiones la familia del ex lautarista Jorge Escobar Díaz (43), retenido ayer en el Aeropuerto Internacional luego de quebrantar el extrañamiento que lo obligaba a estar hasta el año 2014 fuera de Chile, para lograr una autorización que le permita entrar al país.Escobar, que salió del país en 1994 rumbo a Noruega -tras ser beneficiado con la conmutación de su condena (ver recuadro) por la expulsión del país por 25 años- volvió para visitar a su madre, muy enferma.El ex lautarista tiene plazo hasta el mediodía de hoy para resolver su situación, de lo contrario será devuelto en el mismo vuelo en el que llegó al país; un Swiss Air con escala en Sao Paulo, que parte a las 12:45 horas.La familia apeló al subsecretario de Justicia, Jorge Frei, a través de una carta, pero éste aclaró que no le correspondía pronunciarse. Les sugirió acudir al tribunal que dictó la condena, la Corte de Apelaciones de San Miguel, que hasta ayer no había recibido requerimiento alguno.Los defensores de Escobar sí acudieron al Primer Juzgado de Garantía de Santiago, donde presentaron un recurso de amparo, que fue rechazado por la jueza Isabel Margarita Zúñiga, luego de visitar en la tarde de ayer al ex lautarista y confirmar que se encontraba bien.Escobar se encontraría en una situación de tránsito, y técnicamente no ha ingresado al país, por lo que no ha quebrantado su condena, ya que su pasaporte no ha sido timbrado. Su defensa estima que lo que debió hacer Policía Internacional es dejarlo ingresar y llamar a un fiscal, para que se hiciera cargo del quebrantamiento de su pena.Hasta el aeropuerto llegó Ramón Escobar, hermano del ex lautarista, quien dijo que desde hace tres años se gestiona el ingreso, sin éxito. También acudió el fiscal Emiliano Arias, quien aseguró que no podía intervenir ya que al no haber ingreso al país no hay delito.El abogado Hiram Villagra, que también defiende a Escobar, dijo anoche que esperan que el tribunal de San Miguel desarchive la causa y le permita estar tres semanas en el país, plazo de vida que le quedaría a su madre.Estuvo involucrado en muerte de una niña durante tiroteo en 1989Escobar Díaz, hoy nacionalizado noruego, suma 20 años de condenas por infracción a la Ley de Armas, maltrato de obra a carabineros y homicidio. En 1989 participó en una acción propagandística del Mapu Lautaro denominada "copamiento territorial" en el paradero 22 de Santa Rosa y protagonizó un tiroteo con una patrulla de carabineros, en el que murió alcanzada por una bala la menor Macarena Torres, de cinco años de edad, y dos uniformados quedaron heridos.En 1994 pudo salir del país, en el marco de las denominadas "Leyes Cumplido" con que el Presidente Patricio Aylwin conmutó por extrañamiento largas condenas de presidio a 26 miristas, frentistas y lautaristas vinculados a graves delitos.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/26/nacional/nacional/noticias/5AEF01CC-ABE6-4B44-8D61-47BCC3E6F175.htm?id={5AEF01CC-ABE6-4B44-8D61-47BCC3E6F175} (El Mercurio)

LyD objeta proyecto de diputados UDI que solicita 20% de música chilena en las radios

En una de sus últimas "reseñas legislativas", el Instituto Libertad y Desarrollo, ligado a la UDI, hizo un crudo análisis ante un proyecto presentado en el Parlamento por un grupo de diputados de ese partido.La moción busca "fijar porcentajes mínimos de emisión de música nacional y de música de raíz folclórica oral para la radiodifusión chilena". En otras palabras, obliga a las radioemisoras a transmitir diariamente música chilena durante al menos un 20% de su programación.Sin embargo, LyD señala en su informe que "la proposición no considera las preferencias de las personas. Si éstas prefieren escuchar música chilena, no hace falta la obligación legal; si no la escuchan voluntariamente, entonces la ley constituye una invasión en el desarrollo de la radiodifusión".La iniciativa fue presentada por las diputadas María Angélica Cristi, Marcela Cubillos y Marisol Turres, además de Enrique Estay, Alejandro García-Huidobro, Javier Hernández, Juan Masferrer, Manuel Rojas, Ignacio Urrutia y Gastón Von Mühlenbrock

Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/26/nacional/politica/noticias/D8EF1C2E-C81F-4B0F-B36B-29B95C340922.htm?id={D8EF1C2E-C81F-4B0F-B36B-29B95C340922} (El Mercurio)

Fiscalía Económica investiga a nueve laboratorios por colusión de farmacias para subir los precios de remedios

Cerca de nueve serían los laboratorios por investigar ante la supuesta concertación de precios que involucra a las tres principales cadenas farmacéuticas del país, según el fiscal económico, Enrique Vergara. "Nuestra hipótesis es que esta coordinación entre las tres cadenas, que es consistente con lo que reconoce Fasa, se hizo a través de los laboratorios. Después vamos a ver, cuando se desarrollen los hechos, qué tanta participación tuvieron los laboratorios en el mecanismo de colusión", explicó Vergara, quien en todo caso agregó que "el grado de participación en el mecanismo de coordinación de los laboratorios todavía no ha sido determinado, y mientras no esté claro la Fiscalía no va a hacer investigaciones ni acusaciones al voleo".Sin embargo, son 35 los proveedores de los 222 medicamentos que subieron sus precios entre noviembre de 2007 y marzo de 2008, de acuerdo con una lista presentada por la propia Fiscalía durante el proceso. ¿Por qué sólo un tercio estaría en la mira de la autoridad? "Dicho listado no significa que los laboratorios hayan incrementado sus precios junto a las cadenas", argumentó la asociación industrial de laboratorios farmacéuticos, Asilfa. Aunque formen parte del inventario de la Fiscalía, algunos proveedores dicen que fueron un espectador más en las guerras de precios.En el sector ya se dan nombres de los laboratorios que serían investigados por las autoridades. Pero, el gremio que agrupa a las firmas nacionales fue tajante en rechazar la concertación de precios. "Repudiamos cualquier acción, de cualquier actor (...), en cualquier actividad que esté fuera del marco de la ley", dijo María Angélica Sánchez, vicepresidenta ejecutiva de Asilfa, tras reunirse con el ministro del Interior (s), Patricio Rosende.

¿Divididos?

La defensa de los asociados a Asilfa -entre los que se encuentran Laboratorios Chile (de propiedad de la compañía norteamericana Ivax), Saval (ligado a la familia Saval) y Bagó (de la familia argentina Bagó)- también fue enérgica al reiterar que sus asociados "no tienen injerencia directa ni indirecta en el precio final de sus productos, ya que éstos son fijados directamente por las cadenas farmacéuticas". El gremio aclaró también que "hay otras empresas y laboratorios proveedores de medicamentos que no pertenecen a nuestra asociación". Esto, en una alusión a la Cámara de la Industria Farmacéutica, CIF, gremio que representa a las firmas de investigación, es decir, extranjeras como Novartis o Merck, y que declinaron referirse al tema.

Socios

Nueve firmas integran Asilfa. Cinco están en la lista de la FNE.

Pfizer: "No nos hemos coludido con nadie"

En conversación con "El Mercurio", Timothy Goodman, gerente de Asuntos Corporativos del Pfizer Chile aseguró que "nos sorprendimos en 2005 cuando vimos que algunos de nuestros (remedios) bajaron sus precios en forma importante y luego, a inicios de 2008, también nos sorprendimos cuando vimos los precios de algunos productos subiendo también en forma importante. De igual manera, nos sorprendimos al saber sobre esta supuesta colusión".El ejecutivo de la filial del laboratorio estadounidense agregó que "Pfizer no ha participado en ninguna conversación (...) con cualquier cadena de farmacia o laboratorio para instrumentar los precios de nuestros productos". Respeto de la investigación sobre cerca de nueve laboratorios dijo no tener información, pero reiteró que "Pfizer no se ha coludido con nadie".

FNE: "El juicio sigue (...) Cruz Verde y Salcobrand no han reconocido"

Para el fiscal económico, Enrique Vergara, la confesión de Fasa "es un hecho inédito". La autoridad planteó que es una conducta digna de imitar. "Que venga un participante de un cartel, se acerque voluntariamente a la Fiscalía, reconozca el hecho y colabore. Creo que es una conducta digna de imitar (...), esto desincentivará que se formen más carteles en el futuro", señaló.Para Vergara lo esencial del acuerdo es que "hay un reconocimiento expreso por parte de una de estas cadenas de farmacias sobre su participación en esta alza concertada de precios. Este reconocimiento lo que hace es acercarnos más a la verdad en el juicio", dijo. En todo caso, advirtió que "el juicio sigue, es para largo, Cruz Verde y SalcoBrand no han reconocido".

Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/26/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/5526AD4D-919B-4D4D-A858-5224BF7E8CE5.htm?id={5526AD4D-919B-4D4D-A858-5224BF7E8CE5} (El Mercurio)

Municipios no están preparados para partir con la Ley de Transparencia el 20 de abril

El lunes 20 de abril tendrán que responder en sus páginas web 248 reparticiones del Gobierno a las mayores exigencias de información que les impone la nueva Ley de Transparencia. Ésta obliga además a los 346 municipios y los otros poderes y órganos independientes.La entrada en vigencia de la Ley 20.285, promulgada en agosto pasado, no es cosa menor. Uno de sus dos autores, el senador UDI Hernán Larraín, que estuvo por largos años peleándola, la pondera como "la principal reforma del Estado en décadas, con impacto en la gestión pública, va a potenciar la probidad de los funcionarios y a incrementar significativamente la participación ciudadana".Pero no ha sido fácil aterrizar en meses las nuevas exigencias para lo cual otros países, como Inglaterra, se tomaron 5 años.Al Gobierno corresponde implementar la normativa y para eso se creó la Comisión de Probidad y Transparencia en la Segpres. La entidad ha capacitado a más de 3 mil funcionarios en todo Chile y otorgado herramientas que culminarán con mucha mayor información estadarizada por servicio en la web y sistemas que les permitirán recoger los reclamos de información, tramitarlos y responderlos.El Ejecutivo se coordina además con el Consejo para la Transparencia que será el organismo que fiscalizará el cumplimiento de la nueva ley y tiene facultades para dictar normas e instrucciones. Los poderes independientes, como el Judicial o el Legislativo, tienen ellos que adecuarse a las nuevas exigencias. Lo mismo ocurre con los municipios, que tienen que asumir su propia puesta en escena. El Ejecutivo los ha respaldado sí, a través de la Subdere y la Asociación Chilena de Municipalidades.

El balance en el Gobierno es que están listos para partir.

"Absolutamente preparados. Las dificultades están circunscritas al manejo de los archivos históricos, pero la información reciente estará disponible al público que la consulte", señala Felipe del Solar, secretario ejecutivo de la Comisión de Probidad y Transparencia de la Segpres.Otra es la versión del senador Hernán Larraín y de Jaime Pavez, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades.El senador UDI pidió al Consejo (autónomo e independiente del Ejecutivo) un plan de transición y no aplicar multas durante un año porque no quiere que el sistema pierda credibilidad. "No está claro que todos los organismos estén preparados. A mí me interesa la transparencia y no perjudicarla si eventualmente se saturan las páginas web o hay una avalancha de reclamos de información frustrados que terminan todos ante el Consejo".Pavez confirma que "no más del 60%, y sólo parcialmente, podría cumplir el día 20 con subir a la web toda la información que exige la ley. El 40% restante está muy lejos. Y faltan cosas básicas, como que hay muchos municipios que ni siquiera tienen internet".Por eso, al igual que el senador Larraín, le pidió al Consejo una aplicación gradual de la nueva ley. El Consejo podría acceder a ello. Pero su presidente, Juan Pablo Olmedo, pareciera no estar por revisar los plazos, por ahora:"Un eventual perfeccionamiento de la legislación exige una evaluación previa del funcionamiento de la institucionalidad generada tras un tiempo razonable desde su entrada en vigencia el próximo 20 de abril".El Consejo está en su propia constitución. Esta semana todavía no tenía reglamento (está en Contraloría) y tampoco planta telefónica.Sí tiene contratados los cuatro directores de área y el director ejecutivo, que reclutó el Servicio Civil.

Claves del nuevo sistema de transparencia pública

Transparencia activa: Obliga a las reparticiones públicas a informar en sus sitios web estructura, facultades, personal (planta, contrata y honorarios) y sus sueldos; contrataciones de suministros materiales, servicios, estudios, asesorías y consultorías relacionadas con proyectos de inversión, identificando a contratistas, socios y accionistas principales; actos o resoluciones que tengan efectos sobre terceros; trámites para los servicios; nómina de beneficiarios de los programas sociales en ejecución; presupuesto y su ejecución; auditorías y todas las entidades en que participe.

Transparencia pasiva (o acceso a la información): Se puede solicitar información a cualquier órgano de la administración (por escrito o a través de la web). Si la solicitud es admisible en lo formal (nombre, información que requiere), el jefe de servicio tiene 20 días hábiles para responder, plazo que se puede extender por 10 días más.Sólo puede negarse el acceso si la información afecta a un tercero y éste se opone o si se configura una causal de secreto.

Reserva, la excepción: Sólo podrán negar información cuando darla afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido: porque está relacionada con delitos; porque son antecedentes previos a una resolución o medida política, o son genéricas y muy amplias.También cuando hacerlo afecte el derecho de las personas, la seguridad de la nación, el interés nacional, o una ley de quórum calificado declare secreta la información reclamada.

Consejo para la Transparencia: Resuelve los reclamos por solicitudes denegadas. Puede ratificar la denegación (caso en el cual el reclamante sólo puede recurrir a la Corte de Apelaciones) u otorgar el acceso a la información.Fiscaliza también el cumplimiento de la transparencia activa.Las sanciones más altas son por infringir la transparencia pasiva. En los casos en que se reitera no darle la información a un ciudadano que la reclama, el castigo para el jefe del servicio puede llegar hasta el 100% de su sueldo y 5 días de suspensión del cargo.

Fiscaliza también el cumplimiento de la transparencia activa.

Las sanciones más altas son por infringir la transparencia pasiva. En los casos en que se reitera no darle la información a un ciudadano que la reclama, el castigo para el jefe del servicio puede llegar hasta el 100% de su sueldo y 5 días de suspensión del cargo

"La ley no fue para nosotros"

No sólo no están capacitados para cumplir con las exigencias de la ley, sino que también tienen una serie de dudas respecto de ellas, dice el presidente de la Asociación de Municipalidades."El sistema no estaba pensado para los municipios. Nos metieron a último minuto, y ni nos consultaron. Los legisladores nos imponen deberes que no se imponen a sí mismos. En nombre de la transparencia se cometen abusos", añade.Según plantea, es un contrasentido que les pidan subir a la web todos los contratos de compra "cuando en la administración local compramos desde pañales a la construcción de edificios". Y menos que tengan que informar las 3 mil resoluciones que dictan anualmente, cuando muchas son sólo de orden interno y mejor servicio.También repara que el Consejo tendrá que coordinarse con la Contraloría porque con la ley "se traslaparán las funciones fiscalizadoras".

Problemas con los archivos

Los problemas para responder los tendrán con los archivos. "Allí tenemos una falencia histórica. Hay servicios atrasados en varias décadas en el envío de la información al Archivo Nacional, al cabo de cinco años, como procede", admite Felipe del Solar, de la Comisión de Probidad y Transparencia (Segpres).Información que es de los 60 y no se envió al Archivo Nacional, ¿ya no se recupera más?"No sabemos. En la Comisión tenemos un equipo encargado del archivo, que ha dado charlas a 180 servicios sobre cómo identificar, clasificar, conservar y recuperar la información".La ley tampoco pone límites a cuánto tiempo atrás se puede exigir información, y el Gobierno no tiene claro si podrá producirse una avalancha de solicitudes o qué cabe esperar. Lo único que aclara del Solar es que las reparticiones "no podrán escudarse en que los documentos no están, porque ahí entrará a arbitrar el Consejo".

"Hay que evaluar la ley después de que entre en vigencia".
JUAN PABLO OLMEDO
Presidente Consejo Transparencia

"El Gobierno está absolutamente preparado para partir".
FELIPE DEL SOLAR
Secretario de la Comisión de Probidad y Transparencia

"Tenemos problemas materiales y dudas frente a la norma".
JAIME PAVEZ
Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades

"No quiero que esto fracase. Por eso propuse un plan de transición al Consejo".
HERNÁN LARRAÍN
Senador autor de la Ley 20.285

Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/03/21/claves/claves/noticias/C87589BE-B7A2-4273-B74B-E4A56BA68A40.htm?id={C87589BE-B7A2-4273-B74B-E4A56BA68A40} (El Mercurio)