lunes, 20 de abril de 2009

Viña lidera ofensiva legal de 7 municipios para retener millonarios fondos de casinos

El municipio de Viña del Mar encabeza una ofensiva legal que busca retener los ingresos para los siete casinos municipales que hay en el país -que significan un aporte total anual superior a los $32 mil millones a sus comunas- y sólo rigen hasta el 31 de diciembre de 2015, según la Ley de Casinos.A partir de 2016, las comunas afectadas deberán competir con otros proyectos privados, y podrán seguir operando casinos si sus propuestas son iguales o mejores. Pero incluso si los ganan, sus utilidades igual disminuirían considerablemente y deberían compartirlas con el gobierno regional.Como primer paso, la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, convocó a los alcaldes de Arica, Iquique, Coquimbo, Pucón, Puerto Varas y Puerto Natales a una reunión que se hará en los próximos días en esa ciudad, a objeto de determinar acciones conjuntas para evitar perder los recursos, que les significan entre 10 y 38% de sus presupuestos comunales.Reginato propondrá ahí una primera alternativa legal a sus pares: acusar la inconstitucionalidad de la Ley de Casinos, argumentando que la aplicación de esa normativa significa "expropiar" bienes que, en el caso de Viña, ha tenido el municipio por 80 años. Otro objetivo es modificar la norma, ampliando su ofensiva al plano legislativo.La creación de un frente común de los municipios que históricamente contaron con casinos municipales para apoyar su desarrollo también es impulsada por la alcaldesa de Iquique, Myrta Dubost, quien señala que la pérdida de esos ingresos sería muy fuerte para el municipio. "Vamos a quedar completamente desfinanciados", asegura.Por ello, propone una compensación del Estado para las comunas afectadas o bien que el Ejecutivo los deje exentos de la nueva Ley de Casinos.La preocupación también se instala en Pucón. Su alcaldesa, Edita Mancilla, plantea que verán disminuidos ingresos que hoy se utilizan en contratación de personal y obras de desarrollo turístico. "Habrá que generar una agenda común, y será vital la conversación con los parlamentarios", adelanta la autoridad edilicia.Para el alcalde de Puerto Varas, Ramón Bahamonde, el tema se veía venir. "Soy el más antiguo en este sistema y tenía claro que iba a pasar (...) Lo que ha pasado con Mostazal, la Quinta Región y el impacto en Viña ya lo veíamos", asegura.Bahamonde alude al impacto que ha generado la competencia de los nuevos casinos. El municipio de Viña del Mar recibió en los primeros meses de este año $300 millones menos de lo esperado, cifra que llegaría a $5 mil millones para 2009.Por ello, el gerente del casino de esa ciudad, Eduardo García, reconoce preocupación por lo que ocurrirá en 2015, agregando que "apoyaremos las iniciativas que tome el municipio al respecto".

Lo que dice la Ley de Casinos

En su artículo 3º transitorio, señala: "... las leyes actualmente vigentes, a través de las cuales se ha autorizado la instalación y funcionamiento de casinos de juego en las comunas de Arica, Iquique, Coquimbo, Viña del Mar, Pucón, Puerto Varas y Puerto Natales se entenderán derogadas desde la fecha en que las concesiones amparadas por dichas leyes se extingan definitivamente por cualquier causa, y en todo caso, a partir del 1 de enero del 2016. Con posterioridad a dicha fecha las comunas señaladas tendrán derecho preferente a ser sede de un casino de juegos, cuando el proyecto postulado para alguna de ellas al menos iguale el mejor puntaje ponderado de otro proyecto propuesto para una comuna distinta de aquéllas".

"La ciudad es la legítima propietaria del casino, que además es un inmueble patrimonial. No podemos permitir que se nos expropie lo que poseemos legítimamente, sin ningún tipo de compensaciones".

VIRGINIA REGINATO}
ALCALDESA DE VIÑA DEL MAR

Abogados de casos de alto impacto social "enjuician" al nuevo sistema penal

El nuevo sistema de justicia penal cumplirá en junio próximo cuatro años de vigencia en la Región Metropolitana.Tiempo en el que se han resuelto de diverso modo casos de alto impacto social y mediático, como también aquellos de menor publicidad, pero que afectan directamente a la ciudadanía."El Mercurio" reunió a cinco abogados penalistas que intervienen frecuentemente en investigaciones mediáticas, para tomarle el "pulso" a la Reforma Procesal Penal.Cristián Muga, Francisco Cox, Juan Domingo Acosta, Alfredo Morgado y Carlos Cortés se encuentran a diario en el Centro de Justicia y actúan en los dos lados del proceso: como querellantes acusadores y defensores.Todos coinciden en que la nueva justicia está a "años luz" de la antigua, pero advierten que con el paso del tiempo ha ido mostrando una serie de falencias asociadas al curso de las investigaciones y al rol que deben jugar los diferentes actores que participan.Dicen que hay buenos y malos fiscales y, por ende, buenas y malas investigaciones, así como algunas "mañas" en las relaciones del Ministerio Público con sus contradictores.También preocupa a estos penalistas el rol que debe tener la víctima de los delitos durante el proceso penal.Para unos, existe una suerte de desprotección en aquellos delitos menores, en tanto que para otros la víctima está sobrevalorada en desmedro de las garantías de los imputados.También hay una preocupación especial sobre la calidad de los abogados, en línea con la advertencia hecha hace unos días por la propia Corte Suprema."No hay fiscalías buenas o malas, hay buenos y malos fiscales"Juan Domingo Acosta: "Estamos frente a un escenario que propicia una investigación y una defensa adecuadas. No hay fiscalías buenas o malas, hay buenos fiscales y malos fiscales o menos buenos fiscales. Me ha tocado actuar con fiscales que son muy rigurosos en sus investigaciones y gozan de un gran prestigio entre los abogados y en el tribunal. Pero también he interactuado en otros casos con fiscales que cometen errores por falta de criterio y desprolijidad".Alfredo Morgado: "El nuevo sistema penal abarca todos los ámbitos delictivos. Pero hay que analizar el trabajo del Ministerio Público en dos tipos de casos: los que generan preocupación social desde la perspectiva mediática, en contraste con los casos de connotación social, como los hurtos, robos, y lesiones. Estos últimos son los que afectan directamente a la comunidad y han registrado un aumento en las denuncias. Pareciera ser que en casos de mayor expectación ha habido una mayor preocupación y se han sacrificado esfuerzos en los casos de connotación social. Esto produce una sensación de desprotección de las víctimas".Cristián Muga: "La reforma tiene valores en sí misma que nadie se atreve a discutir. Uno piensa que la reforma se pensó para que cada fiscal tenga 1.200 causas y uno mira la fiscalía Centro Norte y los fiscales tienen 2.200. Entonces los fiscales se mueven dentro de lo que su nivel de trabajo y estrés lo permiten, tratando de focalizar los esfuerzos en aquellas investigaciones que les parecen más sensibles. No es bueno evaluar al sistema cuando se trata de casos emblemáticos, porque ahí generalmente el sistema funciona bien y todos ponen lo mejor que tienen".Francisco Cox: "Lo único que hace el sistema es ser sincero con las víctimas en aquellos casos chicos como el robo o el hurto, donde es imposible conseguir prueba. En el sistema antiguo no había sobreseimiento temporal, se citaba veinte veces a la señora víctima de un robo y a ella le daba la sensación de que el sistema estaba haciendo algo. Pero en realidad no se hacía nada. Este sistema es mucho más crudo, pero honesto. El sistema te dice, el fiscal te lo dice, te manda un carta y te dice: mire, con estos antecedentes no tenemos más que hacer".

"Se ha sobrevalorado el papel de la víctima en el nuevo proceso penal"

Cristián Muga: "Se ha sobrevalorado el papel de la víctima en el nuevo sistema penal. Tengo serias discrepancias respecto de cómo se están administrando resoluciones en investigaciones relevantes o no, sólo para intentar favorecer el derecho penal de víctimas. Cuando uno se sienta a ambos lados del sistema, cuando me toca de querellante, por Dios que me favorece el derecho penal de víctimas. Y más cuando la causa es buena en términos de imagen pública, hay fiscales muy enérgicos y jueces muy proclives a los intereses de la víctima. Sin embargo, cuando uno es defensor, le toca sufrir ese rigor".


Juan Domingo Acosta: "Las víctimas, con una visión tradicional del sistema penal, no tenían qué decir. Hoy en día el tema de las víctimas se está revisando con estudios comparados, porque en definitiva son personas, son agentes que están dentro del sistema y hay que buscarles un lugar adecuado".

Carlos Cortés: "La víctima no encaja dentro del sistema. Cuando uno representa a la víctima como querellante en una causa lo miran como el 'pájaro raro'. Uno llega a la audiencia y es la persona que va a entorpecer el normal funcionamiento del juez con el defensor y el fiscal, quienes se ven todos los días, se conocen y dicen: 'ahí viene un querellante'. En ese momento, uno como querellante siente que entorpece, cuando en realidad representa a la persona que sufrió el delito que se está investigando".

"De la PDI en el sistema antiguo, todos sabían que era corrupta

Para el abogado Francisco Cox, el nuevo sistema penal ha funcionado a la perfección en los casos de corrupción. Incluso refiere que la situación actual de la PDI ha sido una consecuencia de esto. "El sistema ha demostrado ser mucho más enérgico que en la justicia antigua. Un ejemplo de esto es que, de la Policía de Investigaciones en el sistema antiguo, todos sabían que era corrupta. Que se paraban órdenes de detención, y eso es conocido. Ahora por lo menos tienes fiscales enérgicos que están investigando eso, transparentando toda esa información que antes era un pozo negro y todos se hacían los locos". En otro aspecto, propone la creación de un jurado en reemplazo de los jueces para resolver los juicio orales: "Pedirle al Poder Judicial, a los jueces que sean héroes, es pedirles demasiado. Pedirles que se abstraigan de las consideraciones de los medios y de la presión social es algo que debieran hacer, pero no lo hacen. Debemos pasar a un sistema de jurado, pues los jueces están pensando en su carrera judicial".

"Nos reíamos con sarcasmo del actuario cosiendo el expediente, pero era seguro"

Francisco Cox: "Hay falencias en la burocratización, en el sentido de que hay ciertas fiscalías en que es más fácil estar al tanto de una causa en el sistema antiguo, que en el actual. Cuando partió la reforma nos reíamos con sarcasmo del actuario cosiendo el expediente antiguo. Pero la seguridad que le daba a uno como abogado que no estaban metiendo prueba entre medio, o que faltaba una hoja, o que incorporan prueba un día antes de la preparación de juicio oral, o que no se perdía ninguna de las 500 fotos que se acompañan. El tener una carpeta que no esta foliada te da una inseguridad como defensor".

Carlos Cortés: "En el sistema antiguo yo podía ir todos los días, de lunes a sábado, y ver todos los días el expediente y era un derecho. Le podía pedir audiencias todos los días al magistrado y ahora no puedo, y puede pasar un mes sin que pueda conocer mi carpeta de investigación. Eso no pasaba antes y eso que todos los delitos de la Región Metropolitana eran vistos por 36 personas. Hoy hay cientos de funcionarios y es mucho más traboso poder acceder a la información".

Juan Domingo Acosta: "Creo que son mañas de los fiscales y yo también las he sufrido, y vuelvo a decir que son cuestiones de los fiscales. Hay fiscales que abusan del espacio que les deja el sistema para desconcertar a las defensas, mediante el expediente de entregarte las mismas copias cuatro o cinco veces, mediante el expediente de seguir un determinado sistema de archivo por tomos y luego desarmarlo en otro sistema distinto. En causas complejas, esto último es tremendo".

¿Es la formalización el antiguo procesamiento?

Carlos Cortés: "En la causa que no tiene publicidad, muchas veces el fiscal formaliza sin tener nada y se termina la causa con medidas alternativas y no se investiga nada. Se formaliza solo con la querella. Entonces se produce una dualidad, porque se produce un tipo de formalización para las causas con prensa y otro tipo de investigación para las causas sin prensa, y eso puede ser complicado".

Cristián Muga: "¿Cuál es el valor que se le está dando a la formalización? Si uno recoge lo que la reforma dice de la formalización, es una mera comunicación de cargos que no afecta la presunción de inocencia y tampoco es un juicio de quien está siendo formalizado. Hay discrepancia entre lo que es la intención y la verdad. Da la impresión que una formalización aparejada a medidas cautelares enérgicas como la prisión preventiva, es como un procesamiento, un fallo y la gente tiende a pensar que la presunción de inocencia desaparece".

Juan Domingo Acosta: "La prensa lo muestra y la gente lo entiende (la formalización) como un procesamiento, cuando es un acto de garantía para el imputado. Lo que pasa es que existe una segunda pata y es la discusión de eventuales medidas cautelares personales y ahí es cuando se empieza a confundir el hecho de ser semiculpable o en principio culpable. Es un tema que la prensa debiera trabajar un poco también, ser más claros en ese punto, no enviar señales que pueden ser equívocas sobre lo que significa un simple acto de formalización".

Francisco Cox: "Este sistema está a años luz del sistema antiguo. Por eso que sobre la formalización, es pedirle peras al olmo, pues la gente percibe lo que percibe. No es responsabilidad ni de los medios de comunicación, ni de los fiscales. La formalización es una acción gravosa, más allá de lo que diga o resuelva un juez".

"Creo que la Corte Suprema debería tener la facultad de quitar el título"

Alfredo Morgado: "Este tema es agudo y social. Soy partidario de un Colegio de Abogados nacional, no la institución atomizada que tenemos hoy, y una colegiatura obligatoria. Este es un tema ciudadano porque no existe control ético obligatorio alguno. Sancionar aquellas atenciones deficientes que han arruinado familias y vidas. Creo que el Poder Judicial debería tener un control más activo".

Francisco Cox: "El Colegio de Abogados tiene una función crítica que cumplir. Debe tener un 'plus' estar colegiado, por lo que debe haber un control ético, pero también de calidad. Creo que, además, la Corte Suprema debería tener la facultad de quitar el título. Puede sonar a cortarle las manos, pero me parece que si se crea un mecanismo con un debido proceso, sería valioso socialmente".

Cristián Muga: "Lo central es que las universidades deben asumir el rol formador que deben tener. Deben pensar en esta responsabilidad social que tienen cuando ponen cientos de abogados en el mercado. Y el rol del Colegio de Abogados tiene que ser fortalecido a través de un control ético o una colegiatura obligatoria. Concuerdo con un mecanismo para quitar el título de abogado, pero no me basta con que lo pierda sólo cuando comete eventualmente un ilícito y está preso; me parece que hay conductas anteriores que debieran ser sancionadas".

Carlos Cortés: "El tema pasa por las universidades. La cortapisa debe ser a nivel universitario, o al término de la universidad. Debe ser mucho más exhaustivo el control de los alumnos antes de recibir el título".

Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/04/20/nacional/nacional/noticias/394E1099-E100-4753-A0C2-24AC30CC350D.htm?id={394E1099-E100-4753-A0C2-24AC30CC350D} (El Mercurio)

Detenido falso abogado que litigó 20 veces en C. Suprema

En Temuco será formalizado hoy por ejercicio ilegal de la profesión Ronald Schirmer Prieto, quien se desempeñaba como abogado de importantes empresas salmoneras de Puerto Montt. Según el M. Público, llegó a litigar 20 veces en la Corte Suprema y más de 80 en la Corte de Apelaciones de P. Montt. Por el mismo delito será formalizado en Puerto Varas. Schirmer fue detenido ayer en el aeropuerto de Santiago cuando intentaba huir hacia Ecuador. Tras una denuncia de Sernapesca, la fiscalía confirmó que no tiene título profesional ni ha convalidado estudios en el extranjero. El falso abogado adquirió notoriedad cuando en 2008 difundió un listado de trabajadores despedidos de industrias salmoneras. Se le llamó "la lista de Schirmer"..

Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/04/20/nacional/nacional/noticias/396C71CD-F79A-4F92-A4CE-91B15181E2E7.htm?id={396C71CD-F79A-4F92-A4CE-91B15181E2E7} (El Mercurio)

Diputados PPD proponen transparentar sueldos en empresas privadas

Junto con entregar un fuerte respaldo a la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia -que obligará a las entidades públicas a publicar sueldos, contrataciones y compras que realicen-, los diputados PPD Enrique Jaramillo, Ramón Farías y Enrique Accorsi propusieron que también se transparente dicha información en las empresas privadas.En esta línea, los parlamentarios anunciaron la presentación de un proyecto de ley, que ingresarán de vuelta de la semana distrital, para que se publiquen los sueldos de los ejecutivos de las sociedades anónimas abiertas con el fin de que exista un equilibrio entre la empresa privada y pública en cuanto al acceso a la información."La idea es que los chilenos conozcan qué sucede en las empresas donde están invertidos sus fondos de las AFP, abriendo así mayor transparencia al mercado. No se trata de hacerles más difícil la tarea a los pequeños empresarios, pero sí a aquéllos que rigen el capital en el país, porque un puñado de empresas tiene sobre el 10% del capital de todo el país", señaló el diputado PPD, Enrique Jaramillo.Los parlamentarios valoraron además la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia. Ramón Farías, jefe de la bancada PPD, señaló que "nosotros apoyamos la Ley de Transparencia porque creemos que le hace bien a Chile, ya que queda a la vanguardia mundial en medidas que van en contra de la corrupción. El período del secretismo se acabó".Por su parte, el diputado Enrique Accorsi señaló que "además, es una medida que va a quedar como un ícono de la administración de la Presidenta Michelle Bachelet, y que permitirá concretar una verdadera participación ciudadana, porque ahora una persona común y corriente podrá fiscalizar. En ese sentido, llamamos a la ciudadanía a ejercer con responsabilidad".

Autor: http://www.lasegunda.com/ediciononline/cronica/detalle/index.asp?idnoticia=479793 (La Segunda)

Comenzó a regir la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información

¿Cuánto gana un ministro?, ¿quién es el senador que más viaja al extranjero?, ¿con qué entidad suscribió un contrato Codelco u otra empresa estatal? Las respuestas a éstas y otras preguntas están disponibles a partir de este momento en los portales web de cada repartición estatal, al comenzar a regir la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
La nueva normativa obliga al Ejecutivo y a las empresas públicas a poner a disposición de los ciudadanos datos sobre su gestión, como sueldos de todos los funcionarios públicos y asesores de las autoridades, así como los detalles de los contratos suscritos a nombre del Estado.La ley también establece que otros organismos, como los municipios, ambas Cámaras del Congreso, la Contraloría, el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas, entre otras, deben transparentar su funcionamiento.
La difusión operará de dos formas: la denominada transparencia activa y la transparencia pasiva. La primera de ellas corresponde a la información que los órganos del Estado deben subir a la web. Entre éstas están, por ejemplo, las remuneraciones de los funcionarios públicos, así como los contratos de asesores de ministros y subsecretarios y los convenios de cada cartera, entre otros.La segunda acción está referida a toda la información que debe ser entregada en caso de ser solicitada por cualquier ciudadano.
Para que la legislación se cumpla, un organismo clave será el Consejo para la Transparencia, presidido por el abogado Juan Pablo Olmedo, que tendrá la facultad de sancionar a quienes no cumplan con la normativa y resolver apelaciones de ciudadanos a los que se les niegue información.

Procedimiento

Toda persona puede solicitar información relacionada con el contenido de actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, salvo algunas excepciones que contempla la ley. Esto puede hacerse por escrito o en los sitios web de los organismos.
La petición debe contener la información solicitada, el órgano al que se dirige, la identificación del solicitante (nombres, apellidos, dirección) y de su apoderado.
Si se cumple con los requisitos, se debe consignar la fecha de la solicitud, asignarle un código y especificar el medio de notificación. De lo contrario, se notifica a quien hizo la petición para que complete los antecedentes en un plazo de cinco días.
Si la información ya está publicada, deberá indicarse a quien la solicitó dónde la puede consultar y si es sobre otra materia que no corresponda a la ley, se informará al solicitante.
Posteriormente, un responsable deberá hacerse cargo de evaluar: si la petición pertenece al ámbito de competencia del servicio (si no es así el funcionario deberá derivar la solicitud al organismo competente); si los datos están disponibles o son reservados y si está sujeto a la oposición de terceros (si éstos no se oponen en 3 días hábiles, la información será pública).

Notificaciones

Las respuestas se entregarán por carta certificada, por correo electrónico o en las oficinas de la administración respectiva. En el caso de que la solicitud haya sido aprobada, la información debe entregarse, si ello no ocurre, el organismo debe fundamentar por qué.
La denegación puede establecerse por excepciones ligadas a causales de secreto y reserva, como en temas relacionados a la defensa nacional, relaciones exteriores y seguridad pública, además de las que una ley de quórum calificado defina como tales.
La solicitud es gratuita y sólo se podrá exigir el pago de los costos de reproducción de los documentos y su envío si la ley lo permite.
El plazo de entrega, en tanto, es de 20 días hábiles desde la recepción del requerimiento, prorrogables por 10 días.
Si la solicitud es denegada, quien la pidió puede llevar su caso ante el Consejo para la Transparencia y por último a la Corte de Apelaciones.
De aprobarse la entrega de la información, el Consejo para la Transparencia está facultado para sancionar a la autoridad o funcionario con multas que van desde el 20 al 50 por ciento de su sueldo, y de persistir en la conducta, se le suspenderá de su cargo por un plazo de cinco días.

Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=354405 (Emol)

Senado y Cámara muestran grandes diferencias al transparentar información

Pese a que ambas entidades anunciaron el cumplimiento de la Ley de Acceso a la información pública, que las obliga a transparentar la información respecto a sus gastos, remuneraciones de los parlamentarios y asesores entre otros ítem, la Cámara de Diputados sólo público parcialmente los datos, mientras en el Senado se puede acceder a mayores detalles.
Mientras que en el Senado se puede acceder a cual es el monto líquido final de las remuneraciones de cada uno de sus 38 integrantes, en la Cámara, sólo se publica que los diputados tienen una dieta parlamentaria de libre disposición que alcanza los $4.978.479 pesos.
Al revisar los antecedentes del Senado , que adelantó la publicación de los antecedentes poniéndolos a disposición de la ciudadanía en la tarde de ayer, se puede ver que de la dieta de $6.762.936 pesos que reciben casa parlamentario, tras los gastos de impuestos, salud y previsión, comienzan a aparecer las diferencias.
El senador de la UDI Pablo Longueira es que obtiene el monto líquido más bajo, el que alcanza los $4.409.384 pesos, mientras que el que más gana es su par de Renovación Nacional, Carlos Kuschel, con $5.398.959.
Dentro de los montos que llaman la atención está el dinero que los senadores destinan al pago de celulares. Quien publica la cuenta más baja es el parlamentario del PS, Juan Pablo Letelier, con $40.561 pesos, mientras que el senador del MAS, Alejandro Navarro, gasta 45 veces esa suma, al pagar $1.835.147.
En cuanto al pago de asesores, en la Cámara de Diputados se publica la lista con los nombres y el tipo de contrato de las personas que trabajan en cada comité parlamentario, cada uno de los cuales dispone de $2.193.356. mensuales para el pago de secretarios y asesores. Sin embargo, no se registran las remuneraciones de manera individual.
En cambio, en el Senado se detallan los gastos de cada uno de los parlamentarios en transporte, gastos por concepto de personal de apoyo, arriendos, difusión, imprenta, consumos básicos, sobres franqueados y materiales de oficina en general.

Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=354437 (Emol)