La Moneda tuvo que salir dos veces en un mismo día en defensa del proyecto. En la mañana y luego por la tarde. Y con dos ministros distintos.Primero fue el secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, quien dijo que se había enviado al Parlamento por una "petición de los partidos" y que dar más plazo no tenía "mayor importancia". Y después, cuando ya habían surgido voces como la del presidente del PRSD, José Antonio Gómez, afirmando que su partido no hizo ninguna "petición", apareció la vocera de Gobierno, Carolina Tohá.Salió a precisar que no fue "a petición de los presidentes de partidos", sino "de los candidatos a concejales que son de los distintos partidos".Viera-Gallo y Tohá defendían el proyecto que permitiría "presentar una nueva cuenta de ingresos y gastos electorales" a candidatos y partidos que no cumplieron con la norma electoral tras las municipales 2008. El texto lo firman la Presidenta Bachelet y el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma. Y fue enviado al Congreso el lunes 4 de mayo, tal como reveló "El Mercurio".De aprobarse, el proyecto favorecería a 648 candidatos de la Concertación -el PRSD alcanza a 347, el mayor número- y a 133 de la Alianza que no presentaron rendición de cuentas (ver infografía).Viera-Gallo, junto con atribuir el envío a una petición de los partidos, agregó que "dar más plazo no tiene mayor importancia". La vocera dijo que no habían intervenido los presidentes de partidos, sino los "concejales", y que no se trata de un "perdonazo", sino de una "ampliación de los plazos".
Críticas en partidos
En la Concertación hubo ayer posiciones disímiles frente al proyecto. Mientras los presidentes del PRSD y la DC, José Antonio Gómez y Juan Carlos Latorre, respectivamente, lo defendieron, otros en el PS, el PPD e incluso la DC lo criticaron duramente.El senador PS Carlos Ominami anunció su rechazo. El jefe de bancada de los diputados PPD, Ramón Farías, pidió "no borrar con el codo lo que se escribe con la mano". Y el diputado DC y jefe territorial del comando freísta, Jorge Burgos, afirmó que está en desacuerdo. Además, tanto Gómez como el presidente del PS, Camilo Escalona, negaron haber pedido al Gobierno el proyecto.En la Alianza, tanto RN como la UDI anunciaron su rechazo a la iniciativa. El jefe de bancada de RN, Joaquín Godoy, dijo que no darán los votos "para justificar arreglines entre Pérez Yoma y Viera-Gallo". Y la directiva UDI, tras su reunión, acordó que no apoyará el proyecto enviado por La Moneda.
Piñera y Enríquez-Ominami rechazan el proyecto
"Estoy convencido de que es una muy mala señal y perjudica la calidad de nuestra democracia". Así de enfático fue ayer el candidato de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera, para rechazar el proyecto que extendería el plazo a partidos y candidatos para presentar la rendición de gastos de las últimas elecciones municipales.El abanderado rechazó que la ley fuera poco conocida o difícil de cumplir, uno de los principales argumentos para aprobar el "perdonazo", pues recordó que la ley ya se aplicó en la elección municipal de 2004, y bajo el mismo sistema de elección separada de alcaldes y concejales: "Nadie puede alegar desconocimiento", planteó.Además, afirmó que "si detrás de este proyecto hubiera intenciones con nombre y apellido, sería aún más perjudicial", en referencia a las versiones que indican que favorecería especialmente al Partido Radical.Por su parte, el diputado PS y postulante presidencial "díscolo" Marco Enríquez-Ominami también manifestó ayer que no apoyará el proyecto en el Parlamento. En tanto, el candidato de la Concertación, Eduardo Frei, no se refirió al tema.
Cómo opera el sistema
La Ley sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral no hace responsable al candidato de las rendiciones de cuentas de su campaña, sino que a un administrador electoral previamente designado por el postulante. En el caso de los partidos, existe un administrador general electoral, que es quien reúne la información de los candidatos y la remite al Servicio Electoral.Luego que se hace la rendición -en un plazo de 30 días hábiles después del día de las votaciones-, el Servel se toma entre 30 y 60 días para pronunciarse. Si rechaza la rendición, está contemplado un plazo de apelaciones, cuya máxima instancia es el Tribunal Calificador de Elecciones. Sólo tras ese proceso se cursan las multas.El administrador electoral es quien debe responder en caso de que se encuentren irregularidades en la rendición o bien que ésta no sea presentada. Dependiendo del caso, puede ser multado con entre 5 y 50 UTM (180 mil a 1.800.000 pesos). Considerando que cada candidato tiene un administrador, el monto involucrado en multas podría alcanzar, considerando el piso de 5 UTM, a $250 millones
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/05/12/nacional/politica/noticias/41532A03-EF35-405F-A1A5-1F28BDEC6C04.htm?id={41532A03-EF35-405F-A1A5-1F28BDEC6C04} (El Mercurio)
