En las oficinas de la Fiscalía Local de Concepción se llevó a cabo la reconstitución de escena de la polémica fiesta de cumpleaños del fiscal jefe de esa unidad, Julio Contardo, que cobró notoriedad pública por haberse realizado, el 13 de abril pasado, durante el horario de trabajo y con la participación de dos bailarinas de danza árabe.La diligencia fue ordenada por la Fiscalía Regional del Biobío, que ordenó un segundo sumario administrativo sobre esta celebración para indagar la filtración de algunas fotos del cumpleaños que luego fueron divulgadas por la prensa.El fiscal jefe de Chillán, Pablo Fritz, ordenó el nuevo sumario para detectar si hubo faltas administrativas que pasaran a llevar las normas del Ministerio Público, aunque ya está descartado que se haya dejado de atender al público durante el festejo. Hasta ahora, éste ha motivado sanciones para dos funcionarios.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/05/26/nacional/nacional/noticias/5DF72B22-E340-4AD3-A0F9-307709E8C2E0.htm?id={5DF72B22-E340-4AD3-A0F9-307709E8C2E0} (El Mercurio)
martes, 26 de mayo de 2009
Imputan a nieto por acceder a fondos y acciones de su abuelo
25 de Mayo
Abusó de la confianza de su abuelo de 86 años y se quedó con poco más de $100 millones. Esta es la génesis de una historia que se ventila actualmente en el 4º Juzgado de Garantía.El protagonista es Jaime Andrés García Escobar (38), dueño de una empresa de arriendo de automóviles, quien fue formalizado por los delitos de espionaje informático y falsificación de instrumento privado, cometidos en contra de su abuelo René Manuel Escobar Cabrera.La víctima descubrió en abril de 2008 que el saldo de su cuenta corriente era negativo. A raíz de este "detalle" se dio cuenta de que su nieto accedía a sus cuentas bancarias e incluso a su propiedad de acciones en la bolsa. "En función de dicho lazo de parentesco y de mi avanzada edad, 86 años, durante un período de tiempo me sirvió de acompañante en diligencias bancarias y de otro tipo, por lo que tomó conocimiento de mi situación patrimonial", relata la víctima en la querella.Lo cierto es que, según se ha establecido en la investigación del fiscal Carlos Gajardo, García Escobar se habría aprovechado de esta situación para acceder al dinero de su abuelo.Primero obtuvo el dispositivo electrónico digipass de la cuenta de Escobar Cabrera. Para ello falsificó su firma en una solicitud de este aparato de seguridad, diseñado para operaciones bancarias en internet."Como yo no soy usuario de computadores, nunca estuve interesado en adquirir el digipass; sin embargo, el querellado sin mi autorización logró retirarlo", dice la víctima.Con el dispositivo, García Escobar realizó numerosas transacciones a la cuenta de su cónyuge, Alejandra Manterola Aylwin, quien será formalizada por estos hechos el 23 de junio.Se le imputó el delito de sabotaje informático pues a través de este aparato burló la seguridad de la página bancaria personal de la víctima.Pero, además y gracias al acceso que tenía a la información personal de su abuelo, el imputado traspasó a su nombre 3 mil acciones de la sociedad CMPC cuyo valor total ascendía a $50.850.000.Para ocultar estas acciones, García Escobar se apropiaba de la correspondencia de su abuelo, sobre todo aquella relativa a sus movimientos financieros, según denunció la víctima.El imputado ha negado los hechos y dice que operaciones respondían a negocios que tenía con su abuelo.100 millones de pesos, utilizando un digipass como el de la imagen, le habrían robado a la víctima.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/05/25/nacional/nacional/noticias/36CE9884-3969-4036-86F6-60CD5ED4BEAC.htm?id={36CE9884-3969-4036-86F6-60CD5ED4BEAC} (El Mercurio)
Abusó de la confianza de su abuelo de 86 años y se quedó con poco más de $100 millones. Esta es la génesis de una historia que se ventila actualmente en el 4º Juzgado de Garantía.El protagonista es Jaime Andrés García Escobar (38), dueño de una empresa de arriendo de automóviles, quien fue formalizado por los delitos de espionaje informático y falsificación de instrumento privado, cometidos en contra de su abuelo René Manuel Escobar Cabrera.La víctima descubrió en abril de 2008 que el saldo de su cuenta corriente era negativo. A raíz de este "detalle" se dio cuenta de que su nieto accedía a sus cuentas bancarias e incluso a su propiedad de acciones en la bolsa. "En función de dicho lazo de parentesco y de mi avanzada edad, 86 años, durante un período de tiempo me sirvió de acompañante en diligencias bancarias y de otro tipo, por lo que tomó conocimiento de mi situación patrimonial", relata la víctima en la querella.Lo cierto es que, según se ha establecido en la investigación del fiscal Carlos Gajardo, García Escobar se habría aprovechado de esta situación para acceder al dinero de su abuelo.Primero obtuvo el dispositivo electrónico digipass de la cuenta de Escobar Cabrera. Para ello falsificó su firma en una solicitud de este aparato de seguridad, diseñado para operaciones bancarias en internet."Como yo no soy usuario de computadores, nunca estuve interesado en adquirir el digipass; sin embargo, el querellado sin mi autorización logró retirarlo", dice la víctima.Con el dispositivo, García Escobar realizó numerosas transacciones a la cuenta de su cónyuge, Alejandra Manterola Aylwin, quien será formalizada por estos hechos el 23 de junio.Se le imputó el delito de sabotaje informático pues a través de este aparato burló la seguridad de la página bancaria personal de la víctima.Pero, además y gracias al acceso que tenía a la información personal de su abuelo, el imputado traspasó a su nombre 3 mil acciones de la sociedad CMPC cuyo valor total ascendía a $50.850.000.Para ocultar estas acciones, García Escobar se apropiaba de la correspondencia de su abuelo, sobre todo aquella relativa a sus movimientos financieros, según denunció la víctima.El imputado ha negado los hechos y dice que operaciones respondían a negocios que tenía con su abuelo.100 millones de pesos, utilizando un digipass como el de la imagen, le habrían robado a la víctima.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/05/25/nacional/nacional/noticias/36CE9884-3969-4036-86F6-60CD5ED4BEAC.htm?id={36CE9884-3969-4036-86F6-60CD5ED4BEAC} (El Mercurio)
Por decreto prohíben la sustancia "Spice"
Lunes 25 de Mayo
Los inciensos aromáticos que contienen marihuana sintética comercializados bajo la marca "Spice" fueron incorporados en el catálogo de drogas prohibidas mediante la publicación del decreto N° 324 del Ministerio del Interior en el Diario Oficial del 23 de mayo pasado.Queda prohibida la importación, elaboración, almacenamiento, porte, distribución y venta de esta droga sintética, según establece la Ley N° 2.000. Su vulneración tiene penas de hasta 5 años y un día de presidio.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/05/25/nacional/nacional/noticias/824FC401-C598-4A50-877C-09230F3987CD.htm?id={824FC401-C598-4A50-877C-09230F3987CD} (El Mercurio)
Los inciensos aromáticos que contienen marihuana sintética comercializados bajo la marca "Spice" fueron incorporados en el catálogo de drogas prohibidas mediante la publicación del decreto N° 324 del Ministerio del Interior en el Diario Oficial del 23 de mayo pasado.Queda prohibida la importación, elaboración, almacenamiento, porte, distribución y venta de esta droga sintética, según establece la Ley N° 2.000. Su vulneración tiene penas de hasta 5 años y un día de presidio.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/05/25/nacional/nacional/noticias/824FC401-C598-4A50-877C-09230F3987CD.htm?id={824FC401-C598-4A50-877C-09230F3987CD} (El Mercurio)
Luis Ortiz Quiroga: "Se está abusando de la prisión preventiva"
Lunes 25 de Mayo
"Yo creo que nadie pensó, ni el gobierno pudo prever que el espíritu inicial de la reforma (procesal penal) se iba a trastocar", sentencia el destacado penalista Luis Ortiz Quiroga, quien, frente a los últimos episodios de violencia carcelaria -y el hacinamiento penitenciario que se ha vuelto a poner en el tapete-, hace un crítico análisis del nuevo sistema de justicia."Se está abusando de la prisión preventiva, y eso determina que si usted ve cuáles son las personas privadas de libertad, el 50 o 40% a lo menos no son personas condenadas, y ese porcentaje es uno de los más altos del mundo", afirma.El abogado y académico atribuye este fenómeno a la ley de agenda corta, que, a su juicio, "constituye un gravísimo atentado contra las bases mismas del Código Procesal Penal". Insiste en que esta medida cautelar se debe aplicar en casos cuando hay un "peligro real y concreto a la sociedad".Prueba de ello, argumenta, es que contrario a lo que se preveía, encuestas como la de la Fundación Paz Ciudadana muestran que entre el año 2000 y 2008 -bajo la vigencia del nuevo sistema penal-, la población carcelaria aumentó en 120%."La situación es realmente pavorosa desde el punto de vista de los internos. Han sobrepasado todas las posibilidades de capacidad de las instituciones carcelarias", advierte.Dice que los legisladores han instrumentalizado el Derecho Penal para resolver problemas que son "socialmente más complejos", y apunta además al rol de fiscales y jueces de garantía.Por ejemplo, cuando se trata de delitos de baja cuantía, insiste en que "la solución no está en meterlos a la cárcel"."Por ejemplo, el sujeto que roba el supermercado y que después lo encuentran de nuevo y sale en libertad, a los 15 días lo vuelven a meter. La solución no es meterlo a la cárcel de manera indefinida, simplemente habrá que aplicar políticas sociales no sólo de prevención, sino que de educación, de resocialización", concluye Ortiz Quiroga.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/05/25/nacional/nacional/noticias/426CE47C-4A68-4587-BE98-DC4E05F4C87C.htm?id={426CE47C-4A68-4587-BE98-DC4E05F4C87C} (El Mercurio)
"Yo creo que nadie pensó, ni el gobierno pudo prever que el espíritu inicial de la reforma (procesal penal) se iba a trastocar", sentencia el destacado penalista Luis Ortiz Quiroga, quien, frente a los últimos episodios de violencia carcelaria -y el hacinamiento penitenciario que se ha vuelto a poner en el tapete-, hace un crítico análisis del nuevo sistema de justicia."Se está abusando de la prisión preventiva, y eso determina que si usted ve cuáles son las personas privadas de libertad, el 50 o 40% a lo menos no son personas condenadas, y ese porcentaje es uno de los más altos del mundo", afirma.El abogado y académico atribuye este fenómeno a la ley de agenda corta, que, a su juicio, "constituye un gravísimo atentado contra las bases mismas del Código Procesal Penal". Insiste en que esta medida cautelar se debe aplicar en casos cuando hay un "peligro real y concreto a la sociedad".Prueba de ello, argumenta, es que contrario a lo que se preveía, encuestas como la de la Fundación Paz Ciudadana muestran que entre el año 2000 y 2008 -bajo la vigencia del nuevo sistema penal-, la población carcelaria aumentó en 120%."La situación es realmente pavorosa desde el punto de vista de los internos. Han sobrepasado todas las posibilidades de capacidad de las instituciones carcelarias", advierte.Dice que los legisladores han instrumentalizado el Derecho Penal para resolver problemas que son "socialmente más complejos", y apunta además al rol de fiscales y jueces de garantía.Por ejemplo, cuando se trata de delitos de baja cuantía, insiste en que "la solución no está en meterlos a la cárcel"."Por ejemplo, el sujeto que roba el supermercado y que después lo encuentran de nuevo y sale en libertad, a los 15 días lo vuelven a meter. La solución no es meterlo a la cárcel de manera indefinida, simplemente habrá que aplicar políticas sociales no sólo de prevención, sino que de educación, de resocialización", concluye Ortiz Quiroga.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/05/25/nacional/nacional/noticias/426CE47C-4A68-4587-BE98-DC4E05F4C87C.htm?id={426CE47C-4A68-4587-BE98-DC4E05F4C87C} (El Mercurio)
Admiten querella del Gobierno por el paro de Gendarmería
Viernes 22 de Mayo
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió a tramitación la querella por infracciones a la Ley de Seguridad del Estado presentada por el Gobierno en contra de quienes resulten responsables del reciente paro de actividades en Gendarmería.La resolución fue remitida al Ministerio Público para que designe el fiscal que tendrá a su cargo la investigación sustentada en el artículo 11 del citado texto legal, el cual sanciona a quienes entorpecen los servicios esenciales de la administración del Estado.La acción legal fue presentada un día antes de la firma del acuerdo entre las asociaciones de funcionarios de Gendarmería y la Subsecretaría de Justicia para suspender el paro por 30 días, e iniciar las negociaciones en una mesa de diálogo.La mencionada ley tiene un carácter eminentemente político y otorga la facultad privativa y excluyente del Ejecutivo para seguir acciones legales, como para desistirse de ella en cualquier momento.El subsecretario del Interior, Patricio Rosende, dio a entender que habrá que esperar la dinámica que adquieran las conversaciones, antes de retirar la querella en trámite.El dirigente de los suboficiales Juan Alarcón señaló que después de sucesivas reuniones con sus dirigidos para explicar la firma del acuerdo con el Gobierno, fue restablecida la normalidad en el servicio penitenciario.Alarcón señaló que les merece respeto la interlocución en el conflicto del subsecretario de Justicia, Jorge Frei, aunque las bases de su organización desean permanecer en alerta.La discusión está centrada en el proyecto de aumento de una dotación de 6.000 uniformados en los próximos seis años, iniciativa enviada por el Gobierno a discusión parlamentaria, que fue calificada como insuficiente.En las conversaciones preliminares la mesa de negociaciones acordó mantener el carácter uniformado, jerárquico y obediente de la institución, conservar el derecho a asociación de los funcionarios, y aumentar la planta de profesionales y empleados encargados de la rehabilitación.
Autor:http://diario.elmercurio.com/2009/05/22/nacional/nacional/noticias/1BAC7EB2-ED80-4FAE-A884-2A2E36E281A0.htm?id={1BAC7EB2-ED80-4FAE-A884-2A2E36E281A0} (El Mercurio)
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió a tramitación la querella por infracciones a la Ley de Seguridad del Estado presentada por el Gobierno en contra de quienes resulten responsables del reciente paro de actividades en Gendarmería.La resolución fue remitida al Ministerio Público para que designe el fiscal que tendrá a su cargo la investigación sustentada en el artículo 11 del citado texto legal, el cual sanciona a quienes entorpecen los servicios esenciales de la administración del Estado.La acción legal fue presentada un día antes de la firma del acuerdo entre las asociaciones de funcionarios de Gendarmería y la Subsecretaría de Justicia para suspender el paro por 30 días, e iniciar las negociaciones en una mesa de diálogo.La mencionada ley tiene un carácter eminentemente político y otorga la facultad privativa y excluyente del Ejecutivo para seguir acciones legales, como para desistirse de ella en cualquier momento.El subsecretario del Interior, Patricio Rosende, dio a entender que habrá que esperar la dinámica que adquieran las conversaciones, antes de retirar la querella en trámite.El dirigente de los suboficiales Juan Alarcón señaló que después de sucesivas reuniones con sus dirigidos para explicar la firma del acuerdo con el Gobierno, fue restablecida la normalidad en el servicio penitenciario.Alarcón señaló que les merece respeto la interlocución en el conflicto del subsecretario de Justicia, Jorge Frei, aunque las bases de su organización desean permanecer en alerta.La discusión está centrada en el proyecto de aumento de una dotación de 6.000 uniformados en los próximos seis años, iniciativa enviada por el Gobierno a discusión parlamentaria, que fue calificada como insuficiente.En las conversaciones preliminares la mesa de negociaciones acordó mantener el carácter uniformado, jerárquico y obediente de la institución, conservar el derecho a asociación de los funcionarios, y aumentar la planta de profesionales y empleados encargados de la rehabilitación.
Autor:http://diario.elmercurio.com/2009/05/22/nacional/nacional/noticias/1BAC7EB2-ED80-4FAE-A884-2A2E36E281A0.htm?id={1BAC7EB2-ED80-4FAE-A884-2A2E36E281A0} (El Mercurio)
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