domingo, 21 de junio de 2009

La polémica votación por Víctor Pérez que provocó la crisis en el Consejo de Rectores

La última sesión del Consejo de Rectores terminó mal. Tan mal, que la votación del 4 de junio en la que debían elegir al nuevo vicepresidente ejecutivo del organismo que agrupa a las 25 universidades tradicionales -16 estatales y 9 privadas- y que es la cara visible de la entidad, se realizó con seis representantes menos. Todos ellos (autoridades de planteles privados) se retiraron abruptamente antes de que se realizara la elección.
Finalmente, el rector de la U. de Chile, Víctor Pérez, fue ratificado con 14 votos de los 25 representantes. Resultado alejado del que obtuvo en 2007, cuando fue electo por unanimidad.
La pugna que tiene dividido al Consejo y que provocó el choque de fuerzas entre los rectores de las universidades estatales y los de planteles privados en la polémica sesión es la exigencia de las universidades estatales de un "nuevo trato" por parte del Estado. El punto de mayor conflicto es la propuesta que estas universidades presentaron en enero pasado -a la que Pérez adhirió- pidiendo que se les financie el 50% de su presupuesto.
Ante esto, las universidades privadas no tardaron en reaccionar. El rector de la Universidad Austral, Víctor Cubillos, dice que "la plata del Estado es de todos los chilenos y debería beneficiar a todo el sistema universitario, no sólo a las universidades del Estado".
Coincide con él la máxima autoridad de la U. de Concepción, Sergio Lavanchy, quien alega que "se ha hecho uso y abuso de una terminología muy ambigua que es el trato preferente". Según él, en el Consejo de Rectores hay un convencimiento de que a las universidades estatales hay que "liberarlas de restricciones de corte administrativo para que tengan una eficiente gestión". Pero, a su modo de ver, nada tendría que ver con pedir recursos adicionales.
Las instituciones estatales reclaman "falta de comprensión" de las privadas, ya que tienen más restricciones que las privadas y deben rendir cuentas a la Contraloría. El rector de la U. de la Frontera, Sergio Bravo, advierte que "es extremadamente complejo hacer buena gestión para mejorar la calidad (de la enseñanza) si estamos con las manos atadas en un mundo competitivo".
Al comenzar el año, la tensión entre los bloques ya estaba desatada y comenzaban a escucharse objeciones contra un nuevo mandato del rector de la U. de Chile como vocero del organismo. Algunos reclamaban que se había "abanderizado con una causa" (ver recuadro).
Por eso, el Consejo de Rectores decidió crear en abril una comisión que buscara una mesa directiva de consenso. Pero este comité no logró acuerdo.

Desenlace "brutal"
El 4 de junio, los rectores se reunieron en la sede de la Universidad Técnica Federico Santa María de Valparaíso.
Cuando tocaron el último punto de la tabla, sobre la elección del vicepresidente ejecutivo, el rector de la U. Católica, Pedro Pablo Rosso, le consultó a su par de la U. de Santiago, Juan Zolezzi (quien además es el presidente del Consorcio de Universidades Estatales), si en la reunión que el Consorcio había realizado el día anterior se había escogido un candidato para la vicepresidencia. "De forma muy honesta, el rector Zolezzi dijo que sí, que tenían un candidato y que era Víctor Pérez. Quedó muy a la vista que se había tomado un acuerdo. Las estatales son 16 y venía una votación en bloque", relata el rector de la U. Austral, Víctor Cubillos.
Acto seguido, los rectores de las universidades Católica de Chile, Austral, de Concepción, Católica del Norte, Católica de la Santísima Concepción y Federico Santa María, que oficiaba de dueño de casa, se retiraron de la sala. En signo de protesta, ninguno votó.
"Lo que pasó fue brutal", resume el rector de la U. Federico Santa María, José Rodríguez. Y agrega que fue "una de las horas más tristes que ha vivido el Consejo de Rectores".
El tema no está completamente zanjado. En la próxima reunión de este jueves en Antofagasta se hará oficial el nombramiento de Pérez como vicepresidente ejecutivo, y del rector de la UC de Valparaíso, Alfonso Muga, como vicepresidente ejecutivo alterno. Sigue vigente la posibilidad de nombrar tres cargos de consenso que integren la mesa directiva.Negrita

Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/06/21/nacional/nacional/noticias/F7D4795F-75B6-4C5B-A000-2D03EF1C21D2.htm?id={F7D4795F-75B6-4C5B-A000-2D03EF1C21D2} (El Mercurio)
Con la idea de extender la celebración de los 200 años de la Independencia de Chile de dos a cuatro días, parlamentarios de todos los sectores presentaron un proyecto para declarar feriado también el viernes 17 y lunes 20 de septiembre del próximo año.
"En consideración a que los días 18 y 19 de septiembre de 2010 serán sábado y domingo, respectivamente, estimamos conducente y razonable presentar una reforma legal con el propósito de que los chilenos puedan celebrar en el próximo año, y especialmente en aquel aniversario, las fiestas patrias en plenitud, garantizando para ello el acceso igualitario a toda la ciudadanía a las celebraciones y al descanso que el caso amerita y exige", se lee en el proyecto que enviaron en mayo los diputados UDI Eugenio Bauer, Ignacio Urrutia, Ramón Barros y Gonzalo Arenas, el DC Renán Fuentealba, el PPD Guido Girardi y el independiente Álvaro Escobar.
Según explican los parlamentarios en la argumentación de la iniciativa, las Fiestas Patrias son una fecha de "unidad nacional que se encuentran en el alma de todos los chilenos, que se convierte en una fecha que todos celebran por igual, sin distingos de clases o posiciones" y que, en consecuencia, "corresponde a la autoridad incentivar y garantizar dicha celebración, entregando los días correspondientes para el encuentro con las tradiciones más típicas del pueblo chileno".
Una propuesta similar tuvo éxito para la celebración del Centenario en 1910.
A comienzos de septiembre de ese año se promulgó una ley que aumentó el feriado de tres a siete días, extendiéndose desde el viernes 16 al jueves 22 de ese mes, y no sólo al 18, 19 y 20 como era tradición en la época.

"Celebrar como corresponde"
El diputado Eugenio Bauer, uno de los impulsores de la medida -que de aprobarse dejaría el próximo año con diez días feriados-, explica que "hace años nos estamos preparando para el Bicentenario, y sucede que sólo será sábado y domingo. Estimamos que sería prudente dar feriado el viernes y el lunes, de forma tal que el país pueda celebrar como corresponde sus 200 años".
La misma opinión tiene el diputado Renán Fuentealba.
"Es una fecha tan importante para nosotros que si pudiéramos alargarlo sería estupendo, dada la trascendencia de la fecha".
Eso sí, ambos aclaran que se trata de una excepción y que no se extiende a los próximos años.
El diputado UDI Gonzalo Arenas rescata la "carga emocional" y el "cambio político y económico con el que enfrentamos el Bicentenario". Además asegura que "se trata de democratizar la celebración, ya que quienes tienen menos recursos no pueden pedir permisos para extender la celebración".
Pese a que aún no se ha discutido en la sala de la Cámara de Diputados, Bauer explica que al momento de presentar el proyecto buscó apoyo en todas las bancadas, "para que no se generara una polémica al respecto y que hubiese acuerdo".

Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/06/21/nacional/politica/noticias/B626E3D8-D878-4974-AD0E-85151C3E51CA.htm?id={B626E3D8-D878-4974-AD0E-85151C3E51CA} (El Mercurio)

Cámara endurece su código de conducta y busca dar más atribuciones a Comisión de Ética

Las denuncias de irregularidades en contratos de arriendo del diputado Maximiano Errázuriz -desde el viernes ex RN- y las posteriores investigaciones iniciadas por la Fiscalía de la V Región y por la Cámara de Diputados obligaron a la Corporación a revisar la efectividad del código de Conducta Parlamentaria y a un replanteamiento de las atribuciones de la Comisión de Ética.
El análisis fue categórico. Ni el código ni la comisión responden al "contexto de una Cámara del 2010". Así lo planteó el diputado Enrique Accorsi (PPD), presidente de la instancia, quien adelantó un conjunto de medidas que los diputados integrantes de la comisión trabajan con la secretaría de la Cámara para dar un vuelco a su misión.
Actualmente, la Comisión de Ética sólo puede dar recomendaciones a los diputados sobre el comportamiento parlamentario, pero no tiene facultades para sancionar cuando éste es transgredido.
"Creemos que lo que hacemos en la Comisión de Ética es positivo, pero tenemos que adecuarla al contexto actual. No tenemos ni los instrumentos ni la manera de actuar para poder tener una mayor eficacia como comisión de conducta parlamentaria", explica Accorsi.
Entre las nuevas medidas que busca adoptar la comisión está el tener, principalmente, atribuciones para ejercer sanciones "efectivas", dice Accorsi, más allá de las reprimendas verbales.
Algunas de las propuestas que se barajan son, por ejemplo, castigos en dinero, disminución de las asignaciones, e incluso, en algunos casos, suspender ciertas atribuciones parlamentarias, como la facultad de los diputados de representar a la Cámara en el extranjero.
Accorsi, además, pone énfasis en que hoy la comisión no puede citar a los parlamentarios cuyas conductas sean cuestionadas, sino sólo cursar invitaciones que, sin consecuencias, los diputados pueden rechazar.
"Esto es una coyuntura que hay que aprovechar para que la Comisión de Ética pueda realmente ejercer una labor de control de conducta eficaz", concluyó el diputado.

Revisión de cuentas

También como una reacción a los hechos desatados en las últimas semanas, y para evitar que se repitan situaciones como la del diputado Errázuriz, el presidente de la Cámara, Rodrigo Álvarez, baraja otra medida.
La idea es que una comisión externa -que puede ser la misma que se propone para que se encargue de las asignaciones- revise el estado de cuentas financieras de los diputados.
La versión del abogado del diputado: ?Está en un estado de pánico agudo''
"Está ensimismado, pero mejor. Él necesitaba reconocer y así expiar algunas de esas mismas acciones'', asevera Juan Carlos Manríquez, el abogado que defiende al cuestionado diputado por Puente Alto, Maximiano Errázuriz, y por estos días, uno de los hombres más cercanos a él.
Convencido de que la figura de "fraude al fisco'' no es aplicable en este caso, Manríquez está decidido a probar que todos los recursos obtenidos de forma ilegal por el parlamentario de RN fueron gastados "en su propio distrito". Para eso, ya facultó al Ministerio Público para que revise todas las platas del diputado sin previa autorización.

Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/06/21/nacional/politica/noticias/7E57EA56-6941-4CB9-8660-02CC3D722D06.htm?id={7E57EA56-6941-4CB9-8660-02CC3D722D06} (El Mercurio)

Aplican por primera vez en Santiago la Ley Antiterrorista por "bombazos"

Sábado 20 de Junio del 2009

La Fiscalía Metropolitana Oriente aplicará por primera vez la Ley Antiterrorista en la investigación por los más 90 "bombazos" registrados en la Región Metropolitana desde 2005.
El próximo 29 de julio los fiscales Xavier Armendáriz y Francisco Jacir formalizarán a Cristián Cancino Carrasco (27), integrante del colectivo "okupa" Kasa Idea de calle Sotomayor 449, por su presunta participación en la instalación de un artefacto explosivo en dependencias de la farmacia Cruz Verde de avenida Colón con Alcántara, en Las Condes.
El atentado ocurrió el 26 de marzo pasado, días antes de la conmemoración del "Día del Joven Combatiente". El artefacto fue hallado por vecinos que transitaban por el sector, quienes dieron rápido aviso a Carabineros.
Efectivos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (Gope) lograron desactivar a tiempo el artefacto, un extintor con pólvora negra en su interior.
Según antecedentes de la causa, Cancino Carrasco -al que sus amigos "okupas" conocen como "Margarito"- fue identificado por la inteligencia policial como el autor del fallido atentado.
El imputado se encuentra en prisión preventiva y formalizado por infracción a la Ley de Control de Armas, luego de ser sindicado como el dueño de la pólvora negra que incautó la policía en una pieza de la casa "okupa" de calle Sotomayor. Además, es investigado como el presunto proveedor de la pólvora que utilizaba el anarquista Mauricio Morales Duarte (27) en el artefacto que le explotó y le causó la muerte mientras lo manipulaba en las cercanías de la Escuela de Gendarmería, la madrugada del viernes 22 de mayo pasado.

Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/06/20/nacional/nacional/noticias/322592EC-2C73-470B-B491-209910357EDC.htm?id={322592EC-2C73-470B-B491-209910357EDC} (El Mercurio)

Gobierno definirá el lunes vía para ?la píldora'

Sábado 20 de Junio del 2009

El Gobierno estudia las distintas vías para reponer la entrega de la "píldora del día después" luego que la Contraloría se lo prohibiera a los municipios.
Las alternativas las barajan herméticamente los equipos jurídicos de los ministerios de Salud, Secretaría General de la Presidencia y del Sernam, los que juntos presentarán las opciones ante el comité político del lunes.
Sólo entonces la autoridad tomaría una decisión respecto del dictamen. Éste echó por tierra la interpretación que había sustentado el Ejecutivo de que los municipios distribuyeran el fármaco, invocando la Ley 19.378 sobre atención primaria, que permitía hasta ahora a las comunas agregar "la píldora" al stock de fármacos esenciales entregados por el Ministerio de Salud.
Eso quedó de plano descartado ayer por la Asociación de Corporaciones Municipales, que explicó que ya no hay fórmulas a nivel comunal para distribuir el medicamento. Gonzalo Navarrete, alcalde de Lo Prado y miembro de este grupo, explicó que ayer en una reunión los ediles concordaron en que "no hay salida".
La única opción que ven estos alcaldes es que el Gobierno, a través del Ministerio de Salud, envíe un proyecto de ley al Congreso que busque permitir la distribución del levonorgestrel 0,75. "Esto es algo que se necesita legislar a la brevedad. Al no tener un mecanismo social de distribución, se produce discriminación".
En tanto, ayer el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, se remitió a decir que el Ministerio de Salud estudia las implicancias jurídicas del dictamen, y explicó que "la Contraloría no se pronuncia específicamente sobre la norma técnica que rige para la entrega de este medicamento a las personas que han sido objeto de violación (?). En ese escenario, nosotros entendemos que esa norma técnica básica sigue vigente". Lo mismo ocurriría, a su juicio, con la venta en farmacias del principio activo.

Otra visión

Una postura opuesta entregó ayer el abogado Jorge Reyes, quien fue uno de los requirientes del pronunciamiento hecho por la Contraloría y quien asesora a ONGs contrarias a la distribución de "la píldora". Según Reyes, el alcance del dictamen de Contraloría también toca a las farmacias, por lo que tampoco pueden seguir vendiendo el levonorgestrel 0,75, puesto que forman parte del Sistema Nacional de Servicios de Salud al tener convenios con dicha entidad. En efecto, el documento afirma que "se encuentran en la misma situación (en el ámbito de aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional) los demás entes públicos y privados que suscriban convenios con los organismos que integran el Sistema Nacional de Servicios de Salud, por cuanto, en su virtud, constituyen asimismo dicho sistema".
Por su parte, el director de la Central de Abastecimiento del Ministerio de Salud (Cenabast), Mario Jerez, explicó que las ventas que hacía su repartición a las farmacias quedaron a partir de ayer congeladas a la espera de la interpretación de la autoridad.

Autor: http://www.youtube.com/watch?v=kUFL1Ycbe90&NR=1 (El Mercurio)

Ministro inicia sumario tras detectar 66 falsas contraórdenes en juzgados de garantía de Santiago

Sábado 20 de Junio del 2009

El Cuarto Tribunal Oral en lo penal de Santiago es el único que superó sin irregularidades la indagatoria desarrollada por el ministro Mario Carroza en el Centro de Justicia, que arrojó un total de 66 contraórdenes de detención falsas, las que dejaron sin efecto órdenes de captura de un número similar de delincuentes dictadas por los juzgados de garantía capitalinos.
Sólo en estos últimos tribunales se detectaron resoluciones falsas, mientras que en la mayoría de los juzgados no se cumple con los protocolos establecidos por la Corte Suprema para tramitar las contraórdenes de detención, generándose "inconsistencias".
Según explicó ayer el ministro investigador, integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago y quien el jueves entregó un informe al pleno de la Corte Suprema y ayer al tribunal de alzada, todas las contraórdenes falsas detectadas fueron generadas fuera del sistema informático del Poder Judicial.
"Los modus operandi ya se reflejaron y están determinados en esto que se llamaba la red de corrupción. Entiendo yo que se utilizaban los formularios, y todo el llenado de esos formularios se hacía por fuera del sistema; después la orden se enviaba por fax o algún sistema técnico que permitiera que llegara una copia a Investigaciones, Carabineros o el Registro Civil. De esa manera se dejaba sin efecto la orden (de detención), porque se daba por sentado que esa firma correspondía al juez determinado", explicó el magistrado, quien agregó que con la implementación de la firma digital avanzada, esta situación actualmente puede evitarse.
Todos los antecedentes recabados por Carroza fueron derivados al Ministerio Público para que inicie las investigaciones penales correspondientes. Además, el ministro abrió un sumario administrativo general para indagar las responsabilidades de funcionarios judiciales.
El vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, aseguró que en todos los casos se dispuso la aprehensión de los delincuentes beneficiados, y afirmó que considerando el universo de 101 mil contraórdenes que se analizaron, lo detectado "no es un asunto mayor": "Sesenta y seis de un universo de 101 mil evidentemente que es grave, pero revela que no hay un sistema en todos los tribunales tendiente a este fin. Representa un acto puntual de corrupción que va a ser investigado y seguramente sancionado una vez que se detecte quiénes son los autores de esos hechos punibles", señaló.

Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/06/20/nacional/_portada/noticias/8306EF6D-8BFD-4A6D-9CE3-965595B115F5.htm?id={8306EF6D-8BFD-4A6D-9CE3-965595B115F5} (El Mercurio)