viernes, 4 de septiembre de 2009

Comisión de Constitución del Senado despacha proyecto que tipifica el delito de femicidio

Los denunciados por violencia intrafamiliar o por agresiones en contra de sus parejas, estarán obligados a presentarse periódicamente ante las unidades policiales como una forma de controlar el cumplimiento de las medidas cautelares decretadas por los jueces.Así lo estableció en forma unánime la Comisión de Constitución del Senado al aprobar esa disposición y todas las contenidas en el proyecto que tipifica y sanciona el delito de parricidio y que también aumenta las penas para quienes maten a sus ex convivientes o ex cónyuges.Según explicó el senador Andrés Chadwick, integrante de la instancia, el proyecto que quedó en condiciones de ser discutido y votado por la Sala del Senado establece la figura del femicidio, que es el asesinato de una mujer por parte de su cónyuge o conviviente, lo que tendrá la misma penalidad para el caso de parricidio, es decir, hasta 40 años de prisión.Agregó que "al mismo tiempo se han perfeccionado y agilizado procedimientos, tanto del Ministerio Público como de los Tribunales de Familia, especialmente con lo que dice relación con la protección en una situación de riesgo en las causas de violencia familiar, para los efectos de poder atender esos casos antes de que se produzca un delito de violencia o un femicidio. La idea es que sean atendidas en forma más eficaz".

Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=374558 (Emol)

Recurso de última hora de fiscal frena la libertad de anarquistas

Los anarquistas Pablo Carvajal Aracena (19) y Matías Castro Aguilera (20), alumnos de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, fueron imputados ayer por la agresión al detective Israel Andrade, en el ataque con bombas molotov al cuartel de la Brigada de Homicidios (BH).
El fiscal Marco Paredes los formalizó por los delitos de homicidio frustrado y porte de artefactos explosivos, y sumó un tercer ilícito por porte de arma de fuego a Castro, quien habría disparado dos veces contra la BH.
Carvajal, alumno de Derecho, fue detenido el miércoles cuando se escondía en un quiosco cercano a la BH. La PDI le incautó un celular -cuya cámara de video captó el ataque-, perdigones y un pendrive con un manual para fabricar artefactos incendiarios. Más tarde, al allanar su hogar se encontró material documental del FPMR.
La PDI aprehendió a Castro, un estudiante de Antropología, a la 1:30 hora de ayer en su casa, en Pudahuel. Allí se decomisaron un notebook y otro pendrive , también con información subversiva. Había un panfleto alusivo a la solidaridad con la causa mapuche.
La pesquisa de la PDI apunta a dos grupos anarquistas: el "Frente de Estudiantes Revolucionarios" y la "Federación de Estudiantes Libertarios".
En la audiencia, el fiscal entregó el relato de dos vigilantes que describen a la célula anarquista que existe en la universidad. E.A.V.G., un testigo reservado, declaró que en un baño vio a jóvenes que se estaban encapuchando. Entre éstos, dijo, había un alumno que disparó contra la BH. Añadió que el grupo integrado por unas 15 personas es problemático, que se reúne en el patio Jamaica y que los vigila porque suelen robar los extintores.
Otro vigilante, C.R.S.Q., relató que uno de los detenidos, que usa un corte de cabello tipo "mohicano", era el líder del grupo y fue quien repartió las molotov.
El fiscal solicitó la prisión preventiva de ambos, pero la jueza Marcela Figueroa no la otorgó argumentando que no se había configurado el delito de homicidio frustrado, sino que el de lesiones menos graves. Así, de ser condenados, los jóvenes quedarían libres y su reclusión sería un castigo anticipado. El fiscal tuvo que apelar verbalmente y la Corte de Apelaciones decidirá hoy sobre la medida cautelar.
Matías Castro había sido detenido por desórdenes en los incidentes del 1 de mayo pasado.

Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/04/nacional/nacional/noticias/F362AF57-4B33-4A0F-AEB4-BFA77C4976BD.htm?id={F362AF57-4B33-4A0F-AEB4-BFA77C4976BD} (El Mercurio)

Consejo de Transparencia ordena a Fonasa y Vivienda entregar calificaciones de funcionarios

Jueves 03 de Septiembre de 2009

En un fallo cuyos alcances se extienden a todas las reparticiones públicas, el Consejo para la Transparencia ordenó al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y el Ministerio de la Vivienda la entrega de las calificaciones de todos sus funcionarios en el período que va de 2003 a 2008, acogiendo un amparo presentado en ese sentido.
Ante la solicitud presentada por Miguel Rojas Zúñiga a ambas reparticiones, y que fue igualmente denegada, él decidió llevar los casos al Consejo, argumentando que "las calificaciones de personal no pueden constituir una información reservada si la propia Ley de Transparencia declara públicos los sueldos, que son un dato más sensible".
Las calificaciones que realiza cada institución son la base para confeccionar el escalafón de planta, según el Estatuto Administrativo que rige a los órganos del Estado. Es un proceso que se realiza anualmente y que mide el período entre el 1 de septiembre y el 31 de agosto.
En dos resoluciones fechadas el 31 de julio pasado, la entidad le dio la razón a Rojas.
Argumentos
"No hay duda del interés público que tienen las calificaciones funcionarias como mecanismo de rendición de cuentas, no sólo ante las jefaturas, sino también ante la sociedad", señalan ambos fallos, firmados por el presidente del Consejo, Juan Pablo Olmedo, y los consejeros Roberto Guerrero y Raúl Urrutia. El cuarto consejero, el ex ministro de Economía Alejandro Ferreiro, se inhabilitó.
Los argumentos que entregaron ambas reparticiones a Rojas para rechazar su pedido fueron diferentes. En el caso de Fonasa, la repartición de gobierno argumentó que satisfacer el pedido implicaría "distraer indebidamente" a funcionarios del cumplimiento de sus labores habituales. Además de lo anterior, el Minvu arguyó causales de reserva, y en una segunda instancia también argumentó la inexistencia de la información en formato Excel, que era el solicitado.
Sin embargo, el Consejo rechazó las argumentaciones, señalando que los datos solicitados ya estaban sistematizados, pues el escalafón de mérito se debe enviar a la Contraloría cada vez que termina el proceso de calificaciones.
En cuanto a la identificación de los funcionarios, el Consejo ordenó que se les debe individualizar con nombre, tipo de contrato, estamento al que pertenece, sexo, puntaje, lista de calificación y año, pero dictaminó que no se diera a conocer el RUT de los trabajadores.
"No hay duda del interés público que tienen las calificaciones funcionarias como mecanismo de rendición de cuentas, no sólo ante las jefaturas, sino también ante la sociedad".
"Se trata de un procedimiento y de información referente al desempeño de labores públicas, no a la esfera privada de los funcionarios".

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA

Ministras explican a la Contraloría uso de autos fiscales en acto de campaña
Las ministras de Trabajo, Claudia Serrano, y de Cultura, Paulina Urrutia, deberán explicar a la Contraloría, a través de un informe, las razones por las que el 19 de agosto pasado, se retiraron en autos fiscales de un acto de campaña del candidato de la Concertación, Eduardo Frei, en el Círculo Español. Ello, pese a existir una prohibición explícita a funcionarios públicos de hacer uso de recursos estatales para participar de actos de campaña.
Así lo solicitó el contralor Ramiro Mendoza a través de un oficio enviado a ambas autoridades el 28 de agosto.
Las respuestas servirán a la Contraloría para definir la procedencia de una investigación sumaria, luego que el diputado RN Cristián Monckeberg recurriera al organismo para denunciar el hecho, que incluso fue catalogado por La Moneda como "un error" de las ministras.
Serrano y Urrutia tienen un plazo de cinco días para enviar sus argumentos.

Resolución establece que el RUT es "secreto o reservado"

Los fallos del Consejo para la Transparencia sobre Fonasa y el Minvu también dictaminan otro tema relevante sobre la protección de datos personales: la entidad indicó explícitamente que la información que entreguen las instituciones estatales no debe incluir el RUT de las personas. "Es un dato personal obtenido de los propios interesados en acceder a la función pública, y no directamente en un registro público, sólo para su tratamiento al interior del servicio público respectivo y no para su cesión a terceros, por lo que debiera ser secreto o reservado", se puntualiza.

Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/03/nacional/politica/noticias/A2636214-A85D-4D43-833E-80E2127A6E29.htm?id={A2636214-A85D-4D43-833E-80E2127A6E29} (El Mercurio)