La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dejó sin efecto la indemnización que el Ministerio de Vivienda (Minvu), el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) y la Municipalidad de Puente Alto debían pagar a 10 propietarios de la Villa Estación Ferroviaria I de Puente Alto, cuya viviendas resultaron dañadas por las intensas lluvias del invierno de 1997, en el llamado episodio de las "casas Copeva".
En fallo unánime, las ministras Dobra Lusic y María Rosa Kittsteiner (suplente) y la abogada integrante Paola Herrera revocaron el fallo de primera instancia del 26° Juzgado Civil de Santiago, que había concedido el pago de tres millones de pesos por daño emergente, y de $1,8 millón por daño moral a cada propietario.
El fallo del tribunal de alzada acogió la excepción de la prescripción de la acción civil que planteó el Consejo de Defensa del Estado (CDE), quien representó en el juicio tanto al Minvu como al Serviu.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/09/nacional/nacional/noticias/4D03F951-C595-48E5-AB82-0D98A2BCF8D9.htm?id={4D03F951-C595-48E5-AB82-0D98A2BCF8D9} (El Mercurio)
miércoles, 9 de septiembre de 2009
Causas por tráfico de drogas colapsan el tribunal de juicio oral de Arica
Los jueces del tribunal de juicio oral de Arica atienden dos y tres juicios orales al día, programan audiencias los sábados e incluso los domingos, pero aún ese ritmo de trabajo no les alcanza para cumplir los plazos exigidos por el Código Procesal Penal.
Actualmente, las audiencias se están fijando para abril de 2010, lo que supera largamente el plazo máximo de 60 días que establece la ley para realizar el juicio, contados desde el momento en que la causa pasa del tribunal de garantía al oral.
"Obviamente es ilegal no cumplir las normas, pero es por una situación de absoluta sobrecarga del tribunal (...) Es una situación crítica para todo el sistema, que también afecta la labor de fiscales y defensores", admite el presidente del tribunal oral, Héctor Gutiérrez.
La situación se arrastra desde 2008, pero se agravó este año porque el tribunal oral redujo de 6 a 4 sus integrantes (un juez jubiló y otro se trasladó a la Corte), mientras el número de causas ingresadas aumentó en 45%. Al 31 de agosto había 257 causas para juicio oral, frente a 177 en igual período de 2008.
Gutiérrez asegura que esta crisis era previsible, ya que el diseño de la nueva justicia penal en Arica consideró sólo el tamaño de su población, pero no el rol estratégico que su carácter fronterizo juega en el tráfico de drogas. El número de causas en juicio oral este año en Arica sólo es superado por San Miguel, Concepción y Valparaíso, jurisdicciones que cuentan con más de 12 jueces orales cada una.
Un diagnóstico similar realizó el defensor regional, Claudio Gálvez, pero agregó otra causa: la política del Ministerio Público de desestimar salidas alternativas, como juicios abreviados, aún en aquellos casos en que se cumplen los requisitos para ello. Agrega que mientras en el resto de Chile se dan de dos a tres juicios abreviados por cada juicio oral, en Arica la proporción es de uno a uno.
El fiscal regional Jorge Valladares declinó referirse al tema.
La próxima semana la defensoría regional interpondrá recursos de amparo a favor de los 60 reos que están prolongando su prisión preventiva, en espera del juicio oral por más tiempo de lo que permite la ley.
Además, pedirá el traslado de jueces desde Iquique para descongestionar el sistema.
Según la Defensoría, el Estado se expone a ser denunciado por incumplir el Pacto de San José sobre DD.HH., y los condenados podrían, incluso, reclamar la nulidad de su juicio.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/09/nacional/nacional/noticias/73C9D3B4-D3D4-4E3B-8B68-9C10082057C5.htm?id={73C9D3B4-D3D4-4E3B-8B68-9C10082057C5} (El Mercrio)
Actualmente, las audiencias se están fijando para abril de 2010, lo que supera largamente el plazo máximo de 60 días que establece la ley para realizar el juicio, contados desde el momento en que la causa pasa del tribunal de garantía al oral.
"Obviamente es ilegal no cumplir las normas, pero es por una situación de absoluta sobrecarga del tribunal (...) Es una situación crítica para todo el sistema, que también afecta la labor de fiscales y defensores", admite el presidente del tribunal oral, Héctor Gutiérrez.
La situación se arrastra desde 2008, pero se agravó este año porque el tribunal oral redujo de 6 a 4 sus integrantes (un juez jubiló y otro se trasladó a la Corte), mientras el número de causas ingresadas aumentó en 45%. Al 31 de agosto había 257 causas para juicio oral, frente a 177 en igual período de 2008.
Gutiérrez asegura que esta crisis era previsible, ya que el diseño de la nueva justicia penal en Arica consideró sólo el tamaño de su población, pero no el rol estratégico que su carácter fronterizo juega en el tráfico de drogas. El número de causas en juicio oral este año en Arica sólo es superado por San Miguel, Concepción y Valparaíso, jurisdicciones que cuentan con más de 12 jueces orales cada una.
Un diagnóstico similar realizó el defensor regional, Claudio Gálvez, pero agregó otra causa: la política del Ministerio Público de desestimar salidas alternativas, como juicios abreviados, aún en aquellos casos en que se cumplen los requisitos para ello. Agrega que mientras en el resto de Chile se dan de dos a tres juicios abreviados por cada juicio oral, en Arica la proporción es de uno a uno.
El fiscal regional Jorge Valladares declinó referirse al tema.
La próxima semana la defensoría regional interpondrá recursos de amparo a favor de los 60 reos que están prolongando su prisión preventiva, en espera del juicio oral por más tiempo de lo que permite la ley.
Además, pedirá el traslado de jueces desde Iquique para descongestionar el sistema.
Según la Defensoría, el Estado se expone a ser denunciado por incumplir el Pacto de San José sobre DD.HH., y los condenados podrían, incluso, reclamar la nulidad de su juicio.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/09/nacional/nacional/noticias/73C9D3B4-D3D4-4E3B-8B68-9C10082057C5.htm?id={73C9D3B4-D3D4-4E3B-8B68-9C10082057C5} (El Mercrio)
Cierran investigación por crímenes de Providencia
En una audiencia de no más de quince minutos, los fiscales Vinko Fodich y Carlos Gajardo dictaron ayer el cierre de la investigación del "doble homicidio" de Francisco Zamorano y de su pareja Héctor Arévalo, y del crimen del joven economista Diego Schmidt-Hebbel, en la puerta de Seminario 95.
Tres muertes que ocurrieron en Providencia y que tienen como principales imputados a Pilar Pérez López, conocida como "La Quintrala", y al sicario que esta última habría contratado para estos fines, José Mario Ruz Rodríguez.
Tras diez meses de indagatoria, el Ministerio Público llevará a juicio oral a ambos imputados, y a partir de hoy corre un plazo de diez días para la presentación de la acusación fiscal.
Según informó ayer el fiscal Gajardo, la indagatoria se cierra luego de haber acreditado la participación de ambos imputados en los crímenes, por lo que arriesgan las máximas penas que contempla la ley chilena. Esto es, el presidio perpetuo calificado.
Se encontraría probado que Pérez López contactó y contrató a Ruz para asesinar a su ex marido, Francisco Zamorano, y a la pareja homosexual de este último, Héctor Arévalo.
Según la imputación, Ruz ultimó a ambos en la casa que compartían en José Manuel Infante 1020. Para ello, el 23 de abril del año pasado, utilizó una pistola hechiza con silenciador y guantes de cuero.
Tiempo después, y luego de haber sido presionado por Pérez López, el sicario debía matar al cuñado de la mujer, Agustín Molina; a su hermana Gloria, a su madre, María Aurelia López, y a su sobrina María Belén, quienes vivían al lado de su casa, en Seminario 97.
El plan falló en la mañana del 4 de noviembre, pues Ruz se cruzó con el novio de María Belén. El economista Diego Schmidt-Hebbel recibió un impacto de bala en el cuello y luego fue acuchillado por Ruz tras intentar impedirle el paso para ingresar a la casa.
La fiscalía también buscará condenar a Pilar Pérez por el homicidio frustrado de su nuera, Montserrat Hernando, y también la acusará de homicidio frustrado en el caso de su cuñado, hermana, madre y sobrina, quienes eran objeto del encargo.
Ayer, la fiscalía separó esta indagatoria de una nueva pesquisa por infracción a la ley de armas en contra de los armeros Aladino Pereira y Juan González, quienes proveyeron las armas del sicario.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/09/nacional/_portada/noticias/BA96BAA1-F511-49C5-8C38-2B154F5C0A19.htm?id={BA96BAA1-F511-49C5-8C38-2B154F5C0A19} (El Mercurio)
Tres muertes que ocurrieron en Providencia y que tienen como principales imputados a Pilar Pérez López, conocida como "La Quintrala", y al sicario que esta última habría contratado para estos fines, José Mario Ruz Rodríguez.
Tras diez meses de indagatoria, el Ministerio Público llevará a juicio oral a ambos imputados, y a partir de hoy corre un plazo de diez días para la presentación de la acusación fiscal.
Según informó ayer el fiscal Gajardo, la indagatoria se cierra luego de haber acreditado la participación de ambos imputados en los crímenes, por lo que arriesgan las máximas penas que contempla la ley chilena. Esto es, el presidio perpetuo calificado.
Se encontraría probado que Pérez López contactó y contrató a Ruz para asesinar a su ex marido, Francisco Zamorano, y a la pareja homosexual de este último, Héctor Arévalo.
Según la imputación, Ruz ultimó a ambos en la casa que compartían en José Manuel Infante 1020. Para ello, el 23 de abril del año pasado, utilizó una pistola hechiza con silenciador y guantes de cuero.
Tiempo después, y luego de haber sido presionado por Pérez López, el sicario debía matar al cuñado de la mujer, Agustín Molina; a su hermana Gloria, a su madre, María Aurelia López, y a su sobrina María Belén, quienes vivían al lado de su casa, en Seminario 97.
El plan falló en la mañana del 4 de noviembre, pues Ruz se cruzó con el novio de María Belén. El economista Diego Schmidt-Hebbel recibió un impacto de bala en el cuello y luego fue acuchillado por Ruz tras intentar impedirle el paso para ingresar a la casa.
La fiscalía también buscará condenar a Pilar Pérez por el homicidio frustrado de su nuera, Montserrat Hernando, y también la acusará de homicidio frustrado en el caso de su cuñado, hermana, madre y sobrina, quienes eran objeto del encargo.
Ayer, la fiscalía separó esta indagatoria de una nueva pesquisa por infracción a la ley de armas en contra de los armeros Aladino Pereira y Juan González, quienes proveyeron las armas del sicario.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/09/nacional/_portada/noticias/BA96BAA1-F511-49C5-8C38-2B154F5C0A19.htm?id={BA96BAA1-F511-49C5-8C38-2B154F5C0A19} (El Mercurio)
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