Buses y terminales apedreados, amenazas de muerte con armas de fuego y cuchillos contra conductores, robo de recaudaciones, cobro de "peajes" y ataques a pasajeros colmaron la paciencia de los microbuseros de esta ciudad, que decidieron contraatacar con una medida inédita: contratarán guardias privados que viajen en el interior de los buses.
Héctor Carvallo, presidente de la Asociación de Dueños de Taxibuses, dijo que la medida se implementará en los próximos días, en los horarios y tramos más peligrosos: "Estimamos un costo de $380 mil por guardia, pero esto no se reflejará en un alza en el pasaje, que es de $420".
El dirigente, que representa a todas las líneas y a más de 730 máquinas, añadió que "no se descarta adquirir elementos de seguridad para proteger a los choferes, como gas pimienta, y se pondrán cabinas enrejadas".
También anunció una paralización total del servicio "si las autoridades no atienden nuestras demandas. Carabineros nos ha colaborado con personal de civil en nuestros traslados, pero los delincuentes, casi todos menores de edad, son puestos en libertad a los pocos días de ser detenidos y no temen reincidir".
Humberto Araya, seremi de Transportes, reconoció el problema de seguridad y anunció que el tema será tratado la próxima semana, junto a las autoridades de la gobernación y jefes de ambas policías.
$277millones sería el costo mensual para los transportistas si cada microbús contara con guardias.
12ataques en una semana han sufrido algunos de los conductores. Una de las líneas ya resolvió cambiar su recorrido para evitar el conflictivo sector norte de la ciudad, la población Bonilla.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/19/nacional/nacional/noticias/BD56B330-E216-4D4A-A82E-7C46A40FEFF1.htm?id={BD56B330-E216-4D4A-A82E-7C46A40FEFF1} (El Mercurio)
sábado, 19 de septiembre de 2009
Congreso y Gobierno chocan por cierre de calles ante delincuencia
Viernes 18 de Septiembre de 2009
Una colisión de intereses en torno al cierre o no de calles y de pasajes en las ciudades existe entre el Gobierno y el Congreso al momento de hacer los ajustes a la normativa vigente, materia que se revisó extensamente durante el año 2008 en el Congreso Nacional y que por ahora está pendiente por falta de consensos.
Así, para el Ministerio de la Vivienda no corresponde que se clausuren arterias por motivos de delincuencia y robos.
Incluso la titular, Patricia Poblete, precisa que las calles más seguras son aquellas en que existe una circulación fluida de peatones y vehículos. Tal planteamiento oficial de su cartera fue llevado al debate legislativo en torno a esta materia el año pasado.
"Los lugares más seguros de la ciudad son aquellos en donde hay una mayor y libre circulación de vehículos y peatones. La delincuencia se ampara en los lugares en que la gente se encierra y en donde no hay tránsito de personas", dijo.
Enfatizó que saltar un portón y acceder a un lugar falto de tránsito facilita los robos.
Posición discrepante tiene el presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, Carlos Montes, quien recordó que en la Comisión de Seguridad Ciudadana se entendió que debe haber algunas zonas de la ciudad con cierres para evitar el descontrol, producto de coyunturas puntuales por armas, robos y drogadicción.
El parlamentario precisó que pueden ser zonas acotadas y con cierres transitorios mientras las comunidades recuperan sus espacios públicos.
Puntualizó que efectivamente tal atribución implica hacer los ajustes legales correspondientes, con el objetivo de que los municipios puedan otorgar tales permisos con tiempos y condiciones acotadas, pero lamentó que la iniciativa no prosperó en 2008 por falta de consensos en la materia. "Yo estoy de acuerdo en el cierre de algunas calles, por ejemplo, por un año, porque ahí impera el descontrol".
Presidente de alcaldes: "Acatamos la ley, pero la gente debe defenderse"
El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Claudio Arriagada, afirmó: "Cuando enfrentamos muertes de niños por balas perdidas o persecuciones de narcotraficantes la gente tiene derecho a tomar resguardos. Si se hace de manera responsable y ordenada, y se garantiza el libre acceso de los vehículos de emergencia, entonces no vemos problema en que los vecinos pongan rejas en sus pasajes".
Arriagada, alcalde de La Granja, aclaró: "Acatamos los fallos de la justicia, pero también tenemos derecho a plantear cambios a la legislación, sobre todo cuando ésta no se ha actualizado. Es por eso que la próxima semana pediremos reuniones para proponer cambios a la ley".
Para cerrar un pasaje se requiere de la aprobación de todos los vecinos involucrados, quienes deben hacer una solicitud ante la Dirección de Obras. Una vez instalado el cierre, basta el reclamo de un vecino o de empresas de servicios (como luz, agua o gas) para que las rejas sean removidas.
Fijan fecha para preparar el juicio oral a Pilar Pérez
Jueves 17 de Septiembre de 2009
El 13 de octubre próximo fue fijado como el día en que los intervinientes de la investigación por los crímenes de Providencia presentarán sus pruebas en la audiencia de preparación del juicio oral.
Ese día, el Ministerio Público y las defensas presentarán cada una sus pruebas y discutirán sobre la idoneidad de las mismas.
El martes pasado recién la fiscalía presentó la acusación en contra de María del Pilar Pérez y el presunto sicario José Ruz Rodríguez, ambos acusados de los homicidios de Diegos Schmidt-Hebbel y del ex marido de la mujer, Francisco Zamorano, y su pareja Héctor Arévalo.
La fiscalía presentará 108 testigos, 59 peritajes y casi 300 documentos con los que busca condenar a dos penas de presidio perpetuo calificado a cada uno de los acusados.
Los abogados defensores Mario Palma y Gonzalo Castro, de Pérez y Ruz, respectivamente, también presentarán evidencias particulares para asegurar la inocencia de sus representados.
Autor:http://diario.elmercurio.com/2009/09/17/nacional/nacional/noticias/4A02A956-AA79-4EB0-8DE1-1430CDEE73A4.htm?id={4A02A956-AA79-4EB0-8DE1-1430CDEE73A4}(El Mercurio)
El 13 de octubre próximo fue fijado como el día en que los intervinientes de la investigación por los crímenes de Providencia presentarán sus pruebas en la audiencia de preparación del juicio oral.
Ese día, el Ministerio Público y las defensas presentarán cada una sus pruebas y discutirán sobre la idoneidad de las mismas.
El martes pasado recién la fiscalía presentó la acusación en contra de María del Pilar Pérez y el presunto sicario José Ruz Rodríguez, ambos acusados de los homicidios de Diegos Schmidt-Hebbel y del ex marido de la mujer, Francisco Zamorano, y su pareja Héctor Arévalo.
La fiscalía presentará 108 testigos, 59 peritajes y casi 300 documentos con los que busca condenar a dos penas de presidio perpetuo calificado a cada uno de los acusados.
Los abogados defensores Mario Palma y Gonzalo Castro, de Pérez y Ruz, respectivamente, también presentarán evidencias particulares para asegurar la inocencia de sus representados.
Autor:http://diario.elmercurio.com/2009/09/17/nacional/nacional/noticias/4A02A956-AA79-4EB0-8DE1-1430CDEE73A4.htm?id={4A02A956-AA79-4EB0-8DE1-1430CDEE73A4}(El Mercurio)
Corte de Apelaciones ratifica que es ilegal el cierre de calles
Jueves 17 de Septiembre de 2009
La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la posición de la Contraloría en cuanto a que calles o pasajes son bienes nacionales de uso público, por lo que no pueden ser cerrados, aunque con ello se busque neutralizar a la delincuencia.
Municipios y grupos vecinales han hecho de esta acción de bloqueo una práctica habitual en los años recientes.
Claudia Moya Reyes y Paola Astorga Valenzuela, vecinas de la calle Maquehue, Villa Alegre Oeste, comuna de Cerrillos, recurrieron a la justicia para reclamar por un decreto de 2009 de ese municipio que revocaba otra resolución anterior del alcalde Alejandro Almendares de 2005 que sí autorizaba el cierre de dicha calle.
El fallo de la Corte consigna que el alcalde anuló tal decreto municipal debido al dictamen 53.953 de la Contraloría del 14 de noviembre de 2008 y que considera que el cierre de las calles El Tepual y Maquehue no se ajusta a derecho.
El dictamen del órgano contralor, de acuerdo con lo prescrito en la Ley 10.336, es obligatorio para el municipio de Cerrillos.
La Corte consagra que el cierre de ambas arterias en Cerrillos no se ajusta a derecho, "pues se trata de calles que convergen a otras dos vías, o sea no se trata de calles que tienen una sola entrada o salida, supuesto mínimo que debe concurrir para hacer procedente la medida de cerrar arterias de circulación pública".
Por tales consideraciones, la Corte decidió rechazar el reclamo de ilegalidad de ambas vecinas. El dictamen fue emitido el pasado 8 de septiembre y la sala fue presidida por el ministro Juan Cristóbal Mera.
El representante de "Defendamos la Ciudad", Patricio Herman, explicó que el cierre de calles y pasajes con doble salida está ocurriendo en prácticamente todas las comunas de Santiago. Por ello, cree que el fallo "debe hacer recapacitar a los alcaldes que creen que emitiendo decretitos alcaldicios pueden hacer lo que se les da la gana".
El vecino Alfredo Galdames, que también vive en Maquehue, valoró el fallo de la Corte, "porque de lo contrario todo Santiago va a estar clausurado".
"El fallo debe hacer recapacitar a los alcaldes que, al emitir decretitos, hacen lo que se les da la gana".
PATRICIO HERMAN"DEFENDAMOS LA CIUDAD"
1993La Contraloría consigna el impedimento legal de cerrar calles por los municipios.
2006El Ministerio de Bienes Nacionales se opone al cierre de algunas calles en Las Condes.
2007El cierre del pasaje San Fernando en La Florida no fue legal, dijo la Contraloría.
Un conflicto hasta a balazos
El 10 de septiembre de 2008 los vecinos de las villas Eduardo Anguita y Cordillera, en San Bernardo, se enfrentaron a piedrazos y hasta a balazos por la instalación de tres portones en calles que cerraron el acceso a la primera población.
La disputa entre ambas comunidades se originó luego que los habitantes de Villa Anguita clausuraron a terceros las calles hacia la artera principal (Condell), esgrimiendo motivos de seguridad. Tal bloqueo impedía a los vecinos ingresar a un sector para tomar los buses del Transantiago.
Similares disputas vecinales han surgido en La Florida, Quilicura, Peñalolén, Cerrillos, Las Condes, entre otras comunas del Gran Santiago.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/17/nacional/nacional/noticias/147797F4-48CF-447C-A624-A105E72ADAF8.htm?id={147797F4-48CF-447C-A624-A105E72ADAF8} (El Mercurio)
La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la posición de la Contraloría en cuanto a que calles o pasajes son bienes nacionales de uso público, por lo que no pueden ser cerrados, aunque con ello se busque neutralizar a la delincuencia.
Municipios y grupos vecinales han hecho de esta acción de bloqueo una práctica habitual en los años recientes.
Claudia Moya Reyes y Paola Astorga Valenzuela, vecinas de la calle Maquehue, Villa Alegre Oeste, comuna de Cerrillos, recurrieron a la justicia para reclamar por un decreto de 2009 de ese municipio que revocaba otra resolución anterior del alcalde Alejandro Almendares de 2005 que sí autorizaba el cierre de dicha calle.
El fallo de la Corte consigna que el alcalde anuló tal decreto municipal debido al dictamen 53.953 de la Contraloría del 14 de noviembre de 2008 y que considera que el cierre de las calles El Tepual y Maquehue no se ajusta a derecho.
El dictamen del órgano contralor, de acuerdo con lo prescrito en la Ley 10.336, es obligatorio para el municipio de Cerrillos.
La Corte consagra que el cierre de ambas arterias en Cerrillos no se ajusta a derecho, "pues se trata de calles que convergen a otras dos vías, o sea no se trata de calles que tienen una sola entrada o salida, supuesto mínimo que debe concurrir para hacer procedente la medida de cerrar arterias de circulación pública".
Por tales consideraciones, la Corte decidió rechazar el reclamo de ilegalidad de ambas vecinas. El dictamen fue emitido el pasado 8 de septiembre y la sala fue presidida por el ministro Juan Cristóbal Mera.
El representante de "Defendamos la Ciudad", Patricio Herman, explicó que el cierre de calles y pasajes con doble salida está ocurriendo en prácticamente todas las comunas de Santiago. Por ello, cree que el fallo "debe hacer recapacitar a los alcaldes que creen que emitiendo decretitos alcaldicios pueden hacer lo que se les da la gana".
El vecino Alfredo Galdames, que también vive en Maquehue, valoró el fallo de la Corte, "porque de lo contrario todo Santiago va a estar clausurado".
"El fallo debe hacer recapacitar a los alcaldes que, al emitir decretitos, hacen lo que se les da la gana".
PATRICIO HERMAN"DEFENDAMOS LA CIUDAD"
1993La Contraloría consigna el impedimento legal de cerrar calles por los municipios.
2006El Ministerio de Bienes Nacionales se opone al cierre de algunas calles en Las Condes.
2007El cierre del pasaje San Fernando en La Florida no fue legal, dijo la Contraloría.
Un conflicto hasta a balazos
El 10 de septiembre de 2008 los vecinos de las villas Eduardo Anguita y Cordillera, en San Bernardo, se enfrentaron a piedrazos y hasta a balazos por la instalación de tres portones en calles que cerraron el acceso a la primera población.
La disputa entre ambas comunidades se originó luego que los habitantes de Villa Anguita clausuraron a terceros las calles hacia la artera principal (Condell), esgrimiendo motivos de seguridad. Tal bloqueo impedía a los vecinos ingresar a un sector para tomar los buses del Transantiago.
Similares disputas vecinales han surgido en La Florida, Quilicura, Peñalolén, Cerrillos, Las Condes, entre otras comunas del Gran Santiago.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/17/nacional/nacional/noticias/147797F4-48CF-447C-A624-A105E72ADAF8.htm?id={147797F4-48CF-447C-A624-A105E72ADAF8} (El Mercurio)
Estudian limitar el número de licencias médicas que emiten los doctores anualmente
Jueves 17 de Septiembre de 2009
Como una forma de fiscalizar la emisión de licencias médicas luego del escándalo conocido esta semana, en que 16 médicos dieron más de 123 mil licencias en tres años, el superintendente de Seguridad Social, que tiene a su cargo el control y registro de las mismas, Álvaro Elizalde, contó que se estudia la posibilidad de poner un límite a la cantidad de licencias que un médico puede otorgar al año, pues hoy no existe tal restricción.
La idea es establecer un tope máximo de talonarios de licencias a los que tendrían acceso los médicos. "Cuando un médico justifique que debe otorgar un número superior, se le podrá autorizar", dijo Elizalde. El departamento jurídico de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) estudia la forma en que este cambio se podría materializar, pues no está claro si sería necesaria una modificación reglamentaria o legal.
Respecto de esta iniciativa, el director ejecutivo de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, afirmó que "no me atrevo a opinar, pero hay un montón de propuestas que circulan y que hay que analizar".
Otra de las ideas que se estudian es que el Registro Nacional de Licencias se haga público. Con esta medida se busca transparentar el sistema, pues se publicarían los nombres de los doctores y la cantidad de licencias que extienden al año. Eso sí, se resguardaría la identidad de los pacientes y sus diagnósticos.
El funcionamiento de licencias electrónicas es otro de los tópicos con los que se pretende aumentar la fiscalización. Esta iniciativa está dentro de la agenda de modernización del Estado, y en la Suseso esperan que se comience a aplicar dentro de un año en el sistema público, pues ya hay 2.500 médicos del sistema privado que la ocupan.
Entre sus principales ventajas está que se reduce el plazo de tramitación de nueve a tres días. Además, se les puede hacer un seguimiento en línea inmediatamente después de haber sido emitida la licencia y se le notifica en ese momento al empleador.
Sin embargo, la subsecretaria de Salud Pública, Jeanette Vega, expresó que "si bien se puede tener información más rápida, persiste el problema de la falta de facultades fiscalizadoras. Además, el sector público requeriría una adecuación tecnológica". La decisión de cuándo podría entrar en vigencia este sistema está en manos de Salud.
Respecto de la investigación de los 16 médicos cuestionados, el superintendente de Seguridad Social afirmó que en las próximas semanas se podrían sumar más doctores a la causa. "Ésta es la punta del iceberg", anunció.
Las enfermedades por las que se dieron las licencias investigadas son, en su mayoría, por patologías difíciles de fiscalizar, como las psiquiátricas. Llamó la atención de la Suseso que si bien los doctores cuestionados son médicos generales, siquiatras y pediatras, las licencias emitidas no necesariamente coinciden con esas especialidades.
Para solucionar estos problemas, la Subsecretaría de Salud contempla un aumento en la dotación de fiscalizadores en 60 plazas.
Cómo se depuró la lista
Hace dos meses el superintendente de seguridad social, Álvaro Elizalde, se reunió con la mesa directiva del Colegio Médico, donde expuso los nombres de 25 médicos que estaban siendo investigados por el alto número de licencias médicas que otorgaban.
El gremio entonces realizó un chequeo y argumentó en favor de algunos de los facultativos que se incluyeron en la lista inicial, que finalmente fue reducido a 16, según dijo ayer su presidente, Pablo Rodríguez.
La superintendencia, luego de esto, hizo un último cruce de datos con las cajas de compensación, servicios de salud e isapres para verificar a los facultativos que luego fueron denunciados a la justicia.
El médico que otorga más licencias en Chile
Anoche, el programa Informe Especial de TVN estuvo dedicado al caso de las licencias médicas fraudulentas y mostró a Wilhem Symma, el médico denunciado por la Superintendencia de Seguridad Social por haber extendido más de 17 mil licencias en un período de tres años.
En una cámara oculta, se ve cómo Symma le extiende una licencia a un supuesto paciente que la pide para descansar, viajar o por temor a perder el trabajo, y el médico le dice que la llenará por depresión.
Entrevistado por el prograna, Symma negó estar cometiendo una mala práctica. "Tengo una excelente relación médico-paciente", argumentó.
Informe Especial repitió el ejercicio con 11 de los 93 médicos que más licencias dan al año, quienes cobraron entre $10 mil y $40 mil. En un caso, el supuesto paciente ni siquiera vio al doctor que firmó su licencia.
Fiscal: "El primer obligado a cumplir la norma es el cotizante"
Ayer, el fiscal jefe de Delitos Económicos de la Fiscalía Centro Norte, Iván Millán, designó a la fiscal Giovanna Herrera para investigar la denuncia presentada por la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) por presunto uso de licencias médicas falsas.
El tema no es nuevo para la investigadora, pues ella tenía a su cargo la indagatoria en contra de los médicos del desaparecido Centro Médico "Gonzalito", ubicado en Santiago Centro, en el que se "comercializaba" este tipo de documentos.
En esta causa la fiscal logró condenar a los facultativos Viviana Pizarro Díaz y Jaime Riveros Bruna a la pena de 541 días de presidio remitido por infracción a la Ley de Isapres. Además, mantiene en calidad de imputados a los médicos Mario Ibáñez González y José Morales Arellano, quienes están a la espera del juicio.
Pero en este caso la fiscal Herrera apuntará también sus pesquisas hacia los pacientes, es decir, los cotizantes del sistema previsional que utilizaron en su favor estos falsos documentos.
Para ello, debe revisar las 1.263 licencias que fueron otorgadas por los médicos de "Gonzalito", e identificar entre ellas a los afiliados que podrían ser formalizados por este delito.
"Es algo que estamos investigando. Lo importante aquí es entender que el afiliado es el primer obligado a cumplir la norma; es decir, el cotizante es el primer infractor cuando mediante engaño intenta conseguir un beneficio. Él es el primer imputado", explica la fiscal Herrera.
Por esta razón, dice, los médicos y otros funcionarios que participen de estos hechos son considerados como los facilitadores de los medios para cometer el ilícito.
De hecho, en esta causa la investigadora también formalizó a la secretaria del centro médico, quien también participaba en la maniobra de gestionar falsas licencias médicas. Tanto pacientes, médicos y funcionarios arriesgan una pena que va desde los 541 días hasta los tres años y un día.
La fiscal Herrera indagará a partir del lunes próximo la denuncia presentada por la superintendencia. Evaluará primero si los médicos denunciados atienden en su jurisdicción -Santiago Centro-, para en caso contrario derivar los antecedentes a otras fiscalías territoriales.
1.263licencias médicas se entregaron sin motivos justificados en el Centro Médico Gonzalito.
2 facultativosfueron condenados por infracción a la Ley de Isapres. Ambos aparecen en la denuncia presentada por Suseso.
Investigan a médicos del sector público
La subsecretaria de Salud, Jeanette Vega, informó que la Superintendencia de Seguridad Social les hizo llegar una lista de seis a siete médicos vinculados al sector público que habrían entregado licencias médicas fraudulentas. Ante esto, Vega dijo que la mitad de esos profesionales ya no estarían en el sector público o se les habría desvinculado de Fonasa. Otro ya tenía una sanción previa. En definitiva, Fonasa indagará si los médicos están afiliados, y los servicios de Salud investigarán si entregaron esas licencias en el sistema público o en sus consultas privadas. Mientras, el equipo jurídico del Ministerio se hizo parte de la querella de la superintendencia.
Fiscalía pide dos penas de presidio perpetuo para Pilar Pérez y José Ruz
Miércoles 16 de Septiembre de 2009
Las máximas penas establecidas en la ley. Multiplicadas por dos. Eso es lo que arriesgan María del Pilar Pérez López y José Mario Ruz Rodríguez, los dos presuntos responsables de las muertes de Francisco Zamorano Marfull, ex marido de la mujer, y la pareja de éste, Héctor Arévalo, ocurridas el 23 de abril de 2008 en calle Infante 1020, además del crimen del economista Diego Schmidt-Hebbel, quien falleció en el umbral de la puerta de Seminario 95.
Es lo que pidieron ayer los fiscales Vinko Fodich y Carlos Gajardo en su acusación presentada en el 8º Juzgado de Garantía, esto es, dos penas de presidio perpetuo calificado para cada uno.
Pilar Pérez fue acusada como autora inductora del parricidio de su ex marido, del homicidio calificado de Arévalo y del robo con homicidio en contra de Schmidt-Hebbel. Es decir, los fiscales deben probar que la mujer encargó a Ruz la comisión de los ilícitos a cambio de pagos de dinero.
La fiscalía pidió además tres años y un día de cárcel en su contra por el delito homicidio simple frustrado en contra de su nuera, Monserrat Hernando.
José Ruz fue considerado como autor directo de dos homicidios calificados, en el caso de Zamorano y Arévalo, y de robo con homicidio por el economista.
En una sumatoria simple de penas, Pilar Pérez arriesga 83 años de cárcel y Ruz, 80 años.
Pero el presidio perpetuo calificado implica que a los 40 años de cumplida la pena, recién se puede revisar la posibilidad de otorgar algún beneficio al condenado.
Las pruebas y agravantes
La extensa acusación formulada ayer por el Ministerio Público deja entrever que el juicio oral por estos crímenes será de largo aliento. Y es que la fiscalía comprometió la presencia de 108 testigos, 59 peritos y 286 documentos.
Los fiscales destacan el inédito número de peritos que serán presentados. Esto se explica pues fueron periciadas cada una de las evidencias materiales recogidas en los tres homicidios.
Con todo este número de evidencias el Ministerio Público buscará probar la culpabilidad de ambos imputados y demostrar las agravantes que los afectan.
La fiscalía pidió considerar, para el caso del "doble homicidio", las agravantes de alevosía y premeditación, además del hecho de actuar por premio o promesa remuneratoria. También se incluyó la agravante de ejecutar el delito en la morada del ofendido.
Esta última agravante se aprecia con claridad en el crimen de Infante, pero respecto de Schmidt-Hebbel, quien no vivía en la casa de Seminario 95, se considera que en el "plan de matar" involucraba también a su novia Belén Molina, el cuñado de Pérez López, Agustín Molina, su madre María Aurelia y su hermana Gloria.
Ayer el representante de la familia Schmidt-Hebbel, Juan Domingo Acosta, se manifestó satisfecho por la presentación, ya que a su juicio la calificación de los delitos y las penas que se pidieron corresponden a los hechos.
En tanto, Mario Palma, abogado de María del Pilar Pérez, aseguró que esperará ser notificado de la acusación para adelantar la defensa de su cliente. De todas maneras, insistió en que Pérez López es inocente de los cargos que se le acusan.
59peritajes serán presentados en el juicio oral por los crímenes de Providencia.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/16/nacional/nacional/noticias/C0B3CB93-C98D-4315-BAF4-996C656CEF72.htm?id={C0B3CB93-C98D-4315-BAF4-996C656CEF72} (El Mercurio)
Las máximas penas establecidas en la ley. Multiplicadas por dos. Eso es lo que arriesgan María del Pilar Pérez López y José Mario Ruz Rodríguez, los dos presuntos responsables de las muertes de Francisco Zamorano Marfull, ex marido de la mujer, y la pareja de éste, Héctor Arévalo, ocurridas el 23 de abril de 2008 en calle Infante 1020, además del crimen del economista Diego Schmidt-Hebbel, quien falleció en el umbral de la puerta de Seminario 95.
Es lo que pidieron ayer los fiscales Vinko Fodich y Carlos Gajardo en su acusación presentada en el 8º Juzgado de Garantía, esto es, dos penas de presidio perpetuo calificado para cada uno.
Pilar Pérez fue acusada como autora inductora del parricidio de su ex marido, del homicidio calificado de Arévalo y del robo con homicidio en contra de Schmidt-Hebbel. Es decir, los fiscales deben probar que la mujer encargó a Ruz la comisión de los ilícitos a cambio de pagos de dinero.
La fiscalía pidió además tres años y un día de cárcel en su contra por el delito homicidio simple frustrado en contra de su nuera, Monserrat Hernando.
José Ruz fue considerado como autor directo de dos homicidios calificados, en el caso de Zamorano y Arévalo, y de robo con homicidio por el economista.
En una sumatoria simple de penas, Pilar Pérez arriesga 83 años de cárcel y Ruz, 80 años.
Pero el presidio perpetuo calificado implica que a los 40 años de cumplida la pena, recién se puede revisar la posibilidad de otorgar algún beneficio al condenado.
Las pruebas y agravantes
La extensa acusación formulada ayer por el Ministerio Público deja entrever que el juicio oral por estos crímenes será de largo aliento. Y es que la fiscalía comprometió la presencia de 108 testigos, 59 peritos y 286 documentos.
Los fiscales destacan el inédito número de peritos que serán presentados. Esto se explica pues fueron periciadas cada una de las evidencias materiales recogidas en los tres homicidios.
Con todo este número de evidencias el Ministerio Público buscará probar la culpabilidad de ambos imputados y demostrar las agravantes que los afectan.
La fiscalía pidió considerar, para el caso del "doble homicidio", las agravantes de alevosía y premeditación, además del hecho de actuar por premio o promesa remuneratoria. También se incluyó la agravante de ejecutar el delito en la morada del ofendido.
Esta última agravante se aprecia con claridad en el crimen de Infante, pero respecto de Schmidt-Hebbel, quien no vivía en la casa de Seminario 95, se considera que en el "plan de matar" involucraba también a su novia Belén Molina, el cuñado de Pérez López, Agustín Molina, su madre María Aurelia y su hermana Gloria.
Ayer el representante de la familia Schmidt-Hebbel, Juan Domingo Acosta, se manifestó satisfecho por la presentación, ya que a su juicio la calificación de los delitos y las penas que se pidieron corresponden a los hechos.
En tanto, Mario Palma, abogado de María del Pilar Pérez, aseguró que esperará ser notificado de la acusación para adelantar la defensa de su cliente. De todas maneras, insistió en que Pérez López es inocente de los cargos que se le acusan.
59peritajes serán presentados en el juicio oral por los crímenes de Providencia.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/16/nacional/nacional/noticias/C0B3CB93-C98D-4315-BAF4-996C656CEF72.htm?id={C0B3CB93-C98D-4315-BAF4-996C656CEF72} (El Mercurio)
Documento de ingreso a Isla de Pascua no restringe la estadía del visitante
Martes 15 de Septiembre de 2009
Desde hoy todos los chilenos y extranjeros que viajen a Isla de Pascua deberán someterse a un control adicional a los ya existentes.
La medida fue adoptada por el Gobierno luego de la protesta de los isleños por la sobrepoblación y el consiguiente daño patrimonial y al ecosistema de la isla.
Los viajeros a Rapa Nui recibirán un documento (ver fotografía) en el aeropuerto Arturo Merino Benítez -denominada "Tarjeta de Visitante Rapa Nui"-que deberán llenar con los datos consultados, el que posteriormente será revisada en el terminal aéreo de Mataveri.
Esta plantilla ayudará a mejorar la información sobre las personas que ingresen a la isla, aunque todavía no funcionará para controlar la permanencia de los turistas en Isla de Pascua, hasta que no se concrete la reforma constitucional que propuso el Gobierno y que actualmente está en período de negociación entre el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, con autoridades de Isla de Pascua.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/15/nacional/nacional/noticias/182995C2-5B6A-4E38-9C1A-31208342488A.htm?id={182995C2-5B6A-4E38-9C1A-31208342488A} (El Mercurio)
Desde hoy todos los chilenos y extranjeros que viajen a Isla de Pascua deberán someterse a un control adicional a los ya existentes.
La medida fue adoptada por el Gobierno luego de la protesta de los isleños por la sobrepoblación y el consiguiente daño patrimonial y al ecosistema de la isla.
Los viajeros a Rapa Nui recibirán un documento (ver fotografía) en el aeropuerto Arturo Merino Benítez -denominada "Tarjeta de Visitante Rapa Nui"-que deberán llenar con los datos consultados, el que posteriormente será revisada en el terminal aéreo de Mataveri.
Esta plantilla ayudará a mejorar la información sobre las personas que ingresen a la isla, aunque todavía no funcionará para controlar la permanencia de los turistas en Isla de Pascua, hasta que no se concrete la reforma constitucional que propuso el Gobierno y que actualmente está en período de negociación entre el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, con autoridades de Isla de Pascua.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/15/nacional/nacional/noticias/182995C2-5B6A-4E38-9C1A-31208342488A.htm?id={182995C2-5B6A-4E38-9C1A-31208342488A} (El Mercurio)
Fiscal interroga a imputado por presunta extorsión
Martes 15 de Septiembre de 2009
Dos horas y media duró ayer el interrogatorio a Pedro del Fierro Carmona, el periodista e intermediario en compra y venta de armas que fue denunciado por un presunto intento de extorsión en contra del ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma.
Según diversas fuentes de la causa, declaró en calidad de imputado ante el fiscal oriente, Xavier Armendáriz.
Reconoció en parte los hechos denunciados por el abogado del Ministerio del Interior, Luciano Foullioux.
Esto es, que se reunió con este último en presencia del abogado Héctor Salazar, y que le habría pedido beneficios para sus amigos miembros del Grupo de Amigos Personales del Presidente Salvador Allende (GAP). Esto, a cambio de entregar una versión que favorezca al ministro Pérez Yoma en el proceso judicial por la compra de tanques Leopard I.
De no llegar a un acuerdo, Del Fierro entregaría antecedentes que perjudicarían a la autoridad, según la denuncia.
Ayer, el imputado admitió estos hechos, pero negó haber pedido a cambio el pago de 500 mil dólares.
Segundo piso
En tanto, el jueves pasado se presentó voluntariamente a declarar uno de los asesores del llamado "segundo piso" del Palacio de la Moneda.
Se trata de Marcos Robledo, quien habría llevado ante Armendáriz nuevos antecedentes del caso.
El fiscal está estudiando si procede el delito de extorsión o de amenazas condicionadas.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/15/nacional/nacional/noticias/50EDD30A-7294-4513-A30A-A7247E9CBDAB.htm?id={50EDD30A-7294-4513-A30A-A7247E9CBDAB} (El Mercurio)
Dos horas y media duró ayer el interrogatorio a Pedro del Fierro Carmona, el periodista e intermediario en compra y venta de armas que fue denunciado por un presunto intento de extorsión en contra del ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma.
Según diversas fuentes de la causa, declaró en calidad de imputado ante el fiscal oriente, Xavier Armendáriz.
Reconoció en parte los hechos denunciados por el abogado del Ministerio del Interior, Luciano Foullioux.
Esto es, que se reunió con este último en presencia del abogado Héctor Salazar, y que le habría pedido beneficios para sus amigos miembros del Grupo de Amigos Personales del Presidente Salvador Allende (GAP). Esto, a cambio de entregar una versión que favorezca al ministro Pérez Yoma en el proceso judicial por la compra de tanques Leopard I.
De no llegar a un acuerdo, Del Fierro entregaría antecedentes que perjudicarían a la autoridad, según la denuncia.
Ayer, el imputado admitió estos hechos, pero negó haber pedido a cambio el pago de 500 mil dólares.
Segundo piso
En tanto, el jueves pasado se presentó voluntariamente a declarar uno de los asesores del llamado "segundo piso" del Palacio de la Moneda.
Se trata de Marcos Robledo, quien habría llevado ante Armendáriz nuevos antecedentes del caso.
El fiscal está estudiando si procede el delito de extorsión o de amenazas condicionadas.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/15/nacional/nacional/noticias/50EDD30A-7294-4513-A30A-A7247E9CBDAB.htm?id={50EDD30A-7294-4513-A30A-A7247E9CBDAB} (El Mercurio)
Juez Solís procesará en caso falsos detenidos desaparecidos
Lunes 14 de Septiembre de 2009
Por el delito de fraude al fisco, el ministro Alejandro Solís alista los procesamientos a los familiares de cuatro de los nueve casos de falsos detenidos desaparecidos.
"Se están acumulando los antecedentes que pueden llegar eventualmente a un autoprocesamiento", explicó el magistrado al ser consultado por el tema.
El juez Solís podría adoptar una resolución en los próximos días.
Los cuatro casos sospechosos son el de Gustavo Soto Peredo, quien falleció a causa de una puñalada al corazón en 1990 y cuyo hijo cobró hasta 2005 pensiones que suman 10 millones de pesos.
Se suman el episodio de Carlos Rojas Campos, quien vive en Argentina; Pedro Millas Márquez, que falleció en un accidente ferroviario, y Carlos Muñoz Mejías, muerto en un accidente de tránsito en 1973.
En todo caso, el ministro ya dictó el sobreseimiento en dos de los casos denunciados. Uno de ellos es el de Emperatriz Villagra, que figuraba como detenida desaparecida en el Informe Rettig, pero su hermana reconoció que había fallecido años antes (en 1955), producto de una complicación en el parto.
Solís explicó que en cinco casos no se acreditó una acción dolosa, sino que hubo desconocimiento por parte de los familiares.
"Está fehacientemente acreditado que la petición que se hizo al gobierno por los familiares no había dolo sino ignorancia", sostuvo el juez.
El ministro agregó que en los próximos días cerrará los otros tres casos, como el denunciado por la diputada RN Karla Rubilar, de Luis Emilio Recabarren.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/14/nacional/nacional/noticias/F87CAE25-7D46-41B1-892F-7FAB149A8153.htm?id={F87CAE25-7D46-41B1-892F-7FAB149A8153} (El Mercurio)
Por el delito de fraude al fisco, el ministro Alejandro Solís alista los procesamientos a los familiares de cuatro de los nueve casos de falsos detenidos desaparecidos.
"Se están acumulando los antecedentes que pueden llegar eventualmente a un autoprocesamiento", explicó el magistrado al ser consultado por el tema.
El juez Solís podría adoptar una resolución en los próximos días.
Los cuatro casos sospechosos son el de Gustavo Soto Peredo, quien falleció a causa de una puñalada al corazón en 1990 y cuyo hijo cobró hasta 2005 pensiones que suman 10 millones de pesos.
Se suman el episodio de Carlos Rojas Campos, quien vive en Argentina; Pedro Millas Márquez, que falleció en un accidente ferroviario, y Carlos Muñoz Mejías, muerto en un accidente de tránsito en 1973.
En todo caso, el ministro ya dictó el sobreseimiento en dos de los casos denunciados. Uno de ellos es el de Emperatriz Villagra, que figuraba como detenida desaparecida en el Informe Rettig, pero su hermana reconoció que había fallecido años antes (en 1955), producto de una complicación en el parto.
Solís explicó que en cinco casos no se acreditó una acción dolosa, sino que hubo desconocimiento por parte de los familiares.
"Está fehacientemente acreditado que la petición que se hizo al gobierno por los familiares no había dolo sino ignorancia", sostuvo el juez.
El ministro agregó que en los próximos días cerrará los otros tres casos, como el denunciado por la diputada RN Karla Rubilar, de Luis Emilio Recabarren.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/09/14/nacional/nacional/noticias/F87CAE25-7D46-41B1-892F-7FAB149A8153.htm?id={F87CAE25-7D46-41B1-892F-7FAB149A8153} (El Mercurio)
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