Abogados en la mira de la justicia por estafas o engaños a sus clientes

Son depositarios de la confianza de sus clientes. Les resuelven los problemas legales. Pero, a veces se transforma en un verdadero lío. Con la Reforma Procesal Penal se han hecho visibles los casos de abogados que estafan a sus clientes, y cometen delitos en el ejercicio de su profesión. Son condenados, pero a penas bajas y con amplias posibilidades de seguir ejerciendo.
El caso más emblemático es el de Pedro Toledo Barrera, condenado en febrero pasado a cuatro años de libertad vigilada, y al pago de una multa de $37 mil por estafar a uno de sus clientes en $1.080 millones, un millonario empresario octogenario del rubro metalúrgico.
Toledo confesó la estafa, consistente en haberle dicho que había obtenido un convenio extrajudicial por la suma señalada, cuando en realidad el acuerdo era por $100 millones.
Se trataba de una demanda de paternidad que presentó una mujer de 60 años en contra del empresario.
Toledo se comprometió a devolver la mitad de lo defraudado, lo que hizo efectivo en cheques viajeros y propiedades que adquirió. Además fue condenado a dos penas de 61 días, por cohecho, que son las únicas que le prohíben ejercer la profesión, sólo mientras las cumpla.
Un caso similar fue resuelto el pasado 3 de octubre en un juicio oral. El abogado Eduardo Jerez Ebensperger (34) fue condenado a tres años de libertad vigilada, por apropiarse de $57 millones de un acuerdo extrajudicial en un juicio tramitado en el 24º Juzgado Civil de Santiago contra una constructora.
Jerez logró un avenimiento con los demandados, y éstos se comprometieron a pagar la suma de $357 millones. "Sin embargo, el imputado engañosamente informó a la víctima que el monto era de $300 millones (...) omitiendo fraudulentamente el saldo de los $57 millones", consigna el fallo.
La fiscal que indagó la causa, Giovanna Herrera, valoró que se acreditara el ilícito, ya que el profesional afirmó que el saldo era el pago de sus honorarios.
Explicó que sólo en los casos de prevaricación, la ley establece para los abogados sanciones accesorias como la prohibición de ejercer la profesión. Jerez fue sólo inhabilitado perpetuamente para ejercer sus derechos políticos, y para ejercer cargos u oficios públicos.
Al igual que el abogado Rodrigo Castro Gil, quien el 22 de diciembre del año pasado fue condenado a 21 días de prisión por ser encubridor de su cliente en el delito de estafa: el famoso químico Winston Michelson.
Castro Gil compró un vehículo Mitsubishi Lancer, que costaba $10 millones, con el dinero que Michelson había obtenido producto de una millonaria estafa al Banco de Chile. En este delito el químico ideó un método de depósito de cheques que vulneró el sistema de seguridad bancario y permitió aumentar su saldo disponible, en diferentes cuentas corrientes.
Sanción profesional
Preocupada se mostró la consejera del Colegio de Abogados, Olga Feliú, al ser consultada por el aumento de los casos.
Adelantó que pedirá al consejo del organismo que se revise la estadística de este tipo de casos. "Hay que inculcar a las personas los conceptos de probidad en todas las actividades, y también la honestidad en el caso de los abogados", sostuvo.
Según explicó, a los profesionales colegiados se los puede sancionar con la expulsión, la que es difundida en la revista del Colegio de Abogados. Sin embargo, las sanciones aumentarían de aprobarse en el Congreso la ley de los Colegios Profesionales, que es parte de la Reforma Constitucional de 2005.
Con la nueva normativa el Colegio de Abogados tendrá la facultad de suspender el ejercicio de la profesión a los colegiados. Pero también la ley contempla la creación de los Tribunales de Ética, que podrían aplicar esta misma sanción a los abogados no colegiados.
Según Feliú, la ley podría estar lista el próximo año.
Caso en el sistema antiguo
Fue el 2 de febrero de 2004 que la ciudadana francesa Liliana Chayet Timmling firmó un mandato general en favor de su abogado, Nelson Contreras Saa, que le permitió manejar sus cuentas bancarias, dineros e inversiones.
Cuatro meses después descubrió que su asesor no estaba titulado, lo que sucedió tiempo después. La mujer lo despidió y revocó los permisos, pagándole por sus servicios cerca de $ 63 millones en honorarios. Sin embargo, el abogado siguió actuando en su nombre, usando para ello el poder que firmó la clienta y realizó giros de dinero desde las cuentas corrientes y desde fondos mutuos por un monto superior a los US$ 145 mil (unos 93,8 millones de pesos de la época).
El dinero lo repartió con sus tres socios. Contreras está procesado como autor de estafa, y el resto como cómplices.

Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/12/nacional/nacional/noticias/6A4A821E-5438-43D5-9569-77AFC58760B6.htm?id={6A4A821E-5438-43D5-9569-77AFC58760B6} (El Mercurio)

Consejo de la Cultura precisa investigación de la Contraloría

El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes emitió ayer una declaración pública haciendo precisiones a una auditoría que realiza la Contraloría Regional de Valparaíso respecto del gasto de más de $1.700 millones el año pasado.
Ello, a propósito de lo publicado ayer por el cuerpo Reportajes de "El Mercurio", respecto del uso de estos recursos en un centenar de comunas durante el año electoral municipal de 2008.
Parte de la declaración señala que uno de los objetivos del Consejo es "promover un desarrollo cultural armónico, pluralista y equitativo entre los habitantes del país, a través del fomento y difusión de la creación artística nacional, adoptando iniciativas públicas que estimulen una participación activa de la ciudadanía en el logro de tales fines..., en este sentido, las actividades de 'Extensión Cultural' vienen a profundizar la cobertura regional y dar vida al mandato legal del Consejo. ¿Acaso se pretende que nuestra institución paralice sus acciones en años electorales?".
También expresa que "el cuestionamiento al aumento de recursos planteado en el reportaje carece de todo fundamento y fue realizado de acuerdo a la normativa legal, tanto así que el decreto respectivo del Ministerio de Hacienda fue tomado de razón por la propia Contraloría General de la República". Señala que las actividades de 2008 y 2009 desarrolladas en 200 comunas se han realizado "con la colaboración de las autoridades de todos los colores políticos, sin distinción alguna".
Y sobre las deficiencias administrativas denunciadas, acota que fueron detectadas por los procesos internos de control, que las autoridades del servicio tomaron medidas para ordenarlas y que se instruyó una investigación administrativa. Los hechos, afirman, "se refieren exclusivamente a situaciones de carácter administrativo y en ningún caso a faltas a la probidad".


Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/12/nacional/nacional/noticias/BF387B65-7D21-
43D6-B03D-F7DEC83D376A.htm?id={BF387B65-7D21-43D6-B03D-F7DEC83D376A} (El Mercurio)

Informe reservado revela que persisten las falencias en centros de detención de menores

Problemas de infraestructura, falta de profesionales, hacinamiento, deserción del sistema y quebrantamientos de condena son sólo algunas de las observaciones que contiene el informe de la Comisión Interinstitucional de Supervisión de los Centros Privativos de Libertad del Sename y Gendarmería de la Región Metropolitana (RM).
Se trata de la segunda visita que este grupo realizó a siete centros metropolitanos con el fin de verificar las condiciones en que se encuentran los menores infractores, según mandata el reglamento de la Ley de Responsabilidad Adolescente (RPA).
Similares documentos se emitieron en todas las regiones del país. Pero el Ministerio de Justicia los declaró "reservados", y negó a este diario acceso a estos informes, aduciendo el Art. 21 de la Ley de Transparencia.Sin embargo, "El Mercurio" obtuvo en exclusiva el documento relacionado con los centros de la capital, el que desnuda una serie de problemas.
Condenas incumplidas
La comisión metropolitana concurrió el 25 de mayo al Centro Semicerrado Femenino Santiago. Allí detectó que de las siete menores que cumplían condena, sólo una estaba presente. "La tasa de incumplimiento es alta, y no se declara quebrantamiento por parte de los tribunales, pese a los informes negativos emitidos por el personal del Centro en ese sentido", dice el informe.
Da cuenta también que hay escasez de recursos, carencia de programas de actividades para las adolescentes y problemas en infraestructura.
En el Centro Semicerrado Masculino La Cisterna, las dificultades son similares. De los 23 jóvenes que derivó Gendarmería hacia ese centro, 19 quebrantaron su condena.
También detectaron falencias de infraestructura para que los profesionales puedan ejercer su labor. No hay talleres para que los jóvenes aprendan un oficio. No hay psiquiatra, y el recinto está a punto de caer en condición de hacinamiento, se informa.
El Centro Cerrado de Calera de Tango tiene 30 plazas ocupadas. "Después del fin de semana y luego del lunes, los adolescentes no reingresan al centro", acusa el informe.
Aunque aquí hay grandes espacios, áreas verdes y no se aprecia hacinamiento, la comisión detectó una deficiencia en actividades y talleres para los menores internos.
El Centro de San Joaquín cuenta con ocho casas. Allí detectaron progresos respecto del informe anterior, como ornamentación de las casas, que las hace acogedoras. Pero también se detectaron escasos recursos para las actividades.
Comunidad Tiempo Joven
El 16 de de junio la comisión visitó la Comunidad Tiempo Joven, de San Bernardo.
También se detectaron avances respecto del informe anterior, con menos hacinamiento. Sin embargo, se mantienen los cinco internos por habitación. "Los baños se encuentran en regular estado, ya que hay muchos que están deteriorados y sucios al momento de la visita", explica el reporte. "Las casas se aprecian frías y algunas piezas no cuentan con ventana", añade.
La comisión recibió reclamos de algunos adolescentes "por los techos del patio, los cuales se encuentran en mal estado y se llueven", consigna.
La disminución de la población permitió controlar los conflictos. "Se aprecian avances en la existencia de talleres en relación al período anterior, sin embargo faltan insumos para un mejor desarrollo de los mismos", lamentan los comisionados. También detectaron hacinamiento en habitaciones de determinadas casas.
En el Centro de Internación Provisoria Santiago (mixto), las condiciones son mejores. En el sector femenino funcionan talleres de vestuario, donde las internas reciben clases.
En el sector masculino hay talleres de panadería y repostería. Pero la falta de recursos no permite desarrollar todas las actividades diseñadas, precisa el documento. "El personal parece estar agobiado y con falta de preparación para tratar a la población penal", concluye.
Finalmente, la Sección Juvenil de Puente Alto, administrada por Gendarmería, fue visitada el 11 de junio. Algunos dormitorios no tienen vidrios en sus ventanas. Los baños son "absolutamente insuficientes", y también detectaron hacinamiento en los dormitorios. Respecto de las consultas sobre actividades de reinserción, los encargados respondieron a la comisión que "Gendarmería no cuenta con recursos para financiar actividades de ese tipo", según plantea el escrito.
Subsecretario: "Estamos enfrentando las falencias"
El subsecretario de Justicia, Jorge Frei, informó que estas comisiones funcionan a partir del año pasado en virtud del reglamento de la Ley de Responsabilidad Adolescente (RPA). Hasta ahora, han emitido dos informes respecto de las visitas que han realizado a los centros.
"Nosotros hemos analizado en profundidad estos informes y sus conclusiones y estamos enfrentando oportunamente las falencias que allí se señalan", explicó la autoridad.
Puso como ejemplo el caso de la falla de la caldera de la Comunidad Tiempo Joven, de San Bernardo, cuyo problema fue informado por la comisión. Ésta fue repuesta y ahora funciona.
Nicolás Espejo, consultor de UNICEF en Chile, valora que estén funcionando en todas las regiones.
UNICEF participa en una secretaría técnica con el Ministerio de Justicia, donde se discuten mejoras al sistema. Esta coordinación ha mejorado algunos puntos, como establecer periodicidad de las visitas a los centros a lo menos una por semestre y que los informes deben estar listos en un plazo breve, explicó Espejo. Pero señala que el organismo internacional espera que el funcionamiento de las comisiones sea establecido por ley, con el fin de darle continuidad en el tiempo.
Los ocho expertos que elaboraron el informe
La comisión que emitió el informe estuvo integrada por Patricio Reyes, seremi de Justicia; Juan Manuel Escandón, representante del Poder Judicial; María Cecilia Ramírez, representante del Ministerio Público; Claudia Vergara y Nicolás Orellana, de la Defensoría Regional Metropolitana; Cristóbal Pascal, representante de la Unicef; Francisca Werth, de Fundación Paz Ciudadana, y Ada Torres, de la Fundación Tierra de Esperanza.

Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/12/nacional/nacional/noticias/F0EC66A7-7903-45AA-9E2E-33A3128E5FFD.htm?id={F0EC66A7-7903-45AA-9E2E-33A3128E5FFD} (El Mercurio)

Nanas dominicanas y estudiantes haitianos conforman la nueva oleada de inmigrantes

Domingo 11 de Octubre de 2009


Los habitantes de la isla La Española están cambiando las tibias aguas del Caribe por el austral, frío y mediterráneo clima de nuestro país.
En los últimos cuatro meses han llegado al país entre 50 y 60 mujeres dominicanas en busca de trabajo como empleadas domésticas.
La población de haitianos era de 50 personas en el último censo de 2002, pero en el último año se duplicó la cifra.
Son hombres de entre 20 y 25 años, viven en Quilicura y San Bernardo, quieren estudiar e insertarse en el país.
Las caribeñas tienen entre 26 y 38 años, dejaron hijos en su patria, sufren con el frío, pero están aprendiendo a cocinar comida chilena, y a conocer los hábitos y la cultura nacional.
Sus planes son trabajar uno o dos años y retornar a República Dominicana, que, según relatan, ha estado muy azotada por la crisis económica.
Desde 2006, 39 mil 797 personas se radicaron en el país, y el total de inmigrantes llegó a las 324 mil 428 personas.
Los peruanos son la población foránea mayoritaria, con 107 mil 557 personas, seguidos de los argentinos y bolivianos. Los colombianos y ecuatorianos han aumentado su presencia.
El proceso de regularización del Gobierno de Bachelet redujo los ilegales de 26 mil a 7 mil 300, según las cifras del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior.
Carmen Gloria Daneri, directora de Extranjería, dijo que la crisis económica no afectó el flujo migratorio, sino que incentivó a los extranjeros a regularizar su residencia.
Menos empleos
La crisis económica ha impactado en las oportunidades laborales de los inmigrantes y en los sueldos, advierte el padre scalabriniano Algacir Munhak, vicepresidente del Instituto Chileno Católico de Migración (Incami), entidad que promueve la atención a los migrantes, a través de casas de acogida, bolsa de trabajo, cursos de capacitación y asesoría legal.
En el Centro Integrado de Atención al Migrante (Ciami), ubicado en Malaquías Concha, Ñuñoa, recinto en que las empleadoras buscan nanas extranjeras -en su mayoría peruanas-, antes de mayo había entre 25 y 30 ofertas laborales, pero la cifra se redujo a ocho.
Los sueldos para las nanas puertas adentro bajaron de 250 y 280 mil pesos, en promedio, a 200 y 220 mil, explica la hermana Virginia Peña.
Si antes de la crisis las empleadas domésticas demoraban alrededor de una semana en ser contratadas, ahora puede tardar más de un mes.
En la casa hay 50 camas y entrega almuerzos por 700 pesos, pero la demanda ha crecido a 150 personas durante los fines de semana.
El padre Munhak añade que la falta de oportunidades laborales se repite también en las casas de acogida de Arica e Iquique.
Pero señaló que "Chile siempre será atractivo para los extranjeros. No creo que sea una tendencia a largo plazo".

Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/11/nacional/nacional/noticias/CC2E9044-6E7A-4E5C-90A6-072B75DB3000.htm?id={CC2E9044-6E7A-4E5C-90A6-072B75DB3000} (El Mercurio)