Satisfecho quedó el Consejo de Defensa del Estado (CDE) con el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que no acogió el recurso de inaplicabilidad de 14 aseguradoras contra la norma que las obliga a pagar los gastos médicos e indemnizaciones por los accidentes de los bomberos. La consejera que alegó la causa, Paulina Veloso, estima que la resolución servirá en otras causas.
El caso tuvo varias particularidades. Nunca antes el CDE había intervenido en un proceso a solicitud de la Cámara de Diputados, y por primera vez en la historia del TC los alegatos fueron transmitidos por televisión, esta vez a todas las compañías de Bomberos del país.
Para Veloso, el fallo marcó jurisprudencia, porque " hay un análisis respecto a que la Constitución no prohíbe discriminar o no prohíbe diferenciar", como argumentan varios defensores. Lo que prohíbe, sostuvo, es que tal diferenciación sea "arbitraria, injusta, desproporcional". Agregó que el fallo servirá en otros casos donde se alega discriminación.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/24/nacional/nacional/noticias/BE113396-6971-42B7-8C76-51D5B838BB8A.htm?id={BE113396-6971-42B7-8C76-51D5B838BB8A} (El Mercurio)
sábado, 24 de octubre de 2009
Fiscal Chahuán: "La solución a las críticas no pasa por modificar el Procedimiento Penal
Un año y siete meses cumplió en su cargo el fiscal nacional, Sabas Chahuán. Coincidió la fecha con el décimo aniversario de la puesta en marcha del organismo que dirige.
Un período que no ha estado exento de críticas, presiones y peticiones de revisión al nuevo sistema de procedimiento penal.
En este último punto, el fiscal Chahuán es tajante para responder los cuestionamientos: "No creo que la solución a las críticas, que son legítimas por cierto, pase por modificar nuevamente el Código Procesal Penal".
-Algunos reproches apuntan al trabajo de los fiscales y a la forma de investigar. Tuvimos el caso reciente de la menor violada en La Reina o hay otros casos emblemáticos, como el caso Lapostol o de Aarón Vásquez...
"Es cierto que la sensación en los casos que Ud. señala (caso Lapostol y Aarón Vásquez) fue que la pena no había sido ajustada a los hechos. Pero, las penas las fijan los tribunales. En el caso del joven Vásquez, se llevó a juicio oral y los fiscales hicieron su trabajo. En el caso Lapostol, se realizó el trabajo eficientemente en cuanto a que se detuvo al sujeto, se le condenó más o menos rápidamente y mucho más que en el sistema antiguo, de todas maneras".
-¿Qué ocurrió con la investigación de la violación en la comuna de La Reina?
"En ese caso concreto, la fiscalía fue diligente en el actuar. No es cierto que no hubiera fiscal designado. Nosotros nos ponemos en el lugar de la familia, comprendemos su molestia y desesperación cuando a las primeras horas no ve resultados. Pero, si se revisan los resultados concretos, hubo atención a la familia, hubo análisis del sitio del suceso por Carabineros, hubo análisis de ADN y el sujeto estuvo detenido a los tres o cuatro días de que cometió el ilícito. Y es más, se le está vinculando a otros ilícitos producto de la investigación de la fiscalía. Me quedo con las últimas declaraciones de cercanos a la familia, en el sentido que la investigación los satisfacía".
-¿Ha recibido quejas por parte de los fiscales sobre presiones en algunas causas?
"En ocasiones ha habido -y no estoy hablando de los parlamentarios ni de ningún poder en concreto- intentos de presiones a fiscales en ciertas causas y ello me ha sido informado a través de los fiscales regionales o de las unidades especializadas. Pero, con la lógica de que no vamos a ceder a presiones, sino que para estar advertidos del tejido que rodea la investigación de una causa".
-¿Cómo evalúa el éxodo de fiscales y la participación de ellos en procesos que tuvieron conocimiento?
"Desde el año 2000, de toda la dotación de fiscales los que se han retirado no superan el 7%. Respecto del reproche moral que podría hacerse de que un ex fiscal intervenga como abogado en una causa que ha tenido vinculación, no es delito. Pero, yo no lo haría y sí tendrá cuidado con ello".
-¿Se ha discutido el tema en el plano interno?
"Ha sido tratado en el Consejo General del Ministerio Público, que es el órgano superior asesor del fiscal nacional. Por suerte, salvo dos o tres casos, los ex fiscales no están interviniendo como abogados privados en casos que hayan tenido conocimiento".
_________________
''Estamos creando una fuerza detarea en todo Chile, que se dedicará arevisar los archivos provisionales (adonde va el 46% de las denuncias)".
''Actualmente es insuficiente lacantidad de personas que está dedicadaa controlar el cumplimiento delas medidas alternativas".
Definiciones del fiscal en:
Elecciones e investigación en
el Parlamento: "No debe incidir, pero tampoco debe afectar a personas que no son investigadas".
Organismos auxiliares de la Fiscalía (Carabineros, PDI, SML): "Estoy tranquilo, pero no estoy satisfecho ni con la labor de los organismos auxiliares ni con la propia labor de los integrantes del sistema, incluyendo la propia Fiscalía".
Relación entre las policías y fiscales: "Quiero ser franco: sí ha habido problemas, ha habido desencuentros entre ambas policías y entre las policías y los fiscales. Pero si uno ve la película completa, ha sido poco".
Independencia de la Defensoría Penal: "Debe seguir donde está, bajo la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia".
Seguridad personal de los fiscales: "Atentados concretos contra los fiscales, no superan la docena. Amenazas, ha habido más. Hemos realizado un procedimiento especial para adoptar medidas de protección en caso de amenazas o atentados".
46% de causas van al archivo provisional: "Se está cruzando información para detectar relaciones con otros casos que surgen. Estamos creando una fuerza de tarea en todo Chile, que se dedicará a revisar los archivos provisionales y perseguir estos delitos".
Libertades a delincuentes reincidentes : "Hay que afrontar en primer lugar la modificación a la ley 18.216, que establece la forma de cumplir las sanciones alternativas. (...) Actualmente es insuficiente la cantidad de personas que está dedicada a controlar el cumplimiento de estas medidas alternativas".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/24/nacional/nacional/noticias/F089EE77-0B34-4090-B93E-833A2D2D04D2.htm?id={F089EE77-0B34-4090-B93E-833A2D2D04D2} (El Mercurio)
Un período que no ha estado exento de críticas, presiones y peticiones de revisión al nuevo sistema de procedimiento penal.
En este último punto, el fiscal Chahuán es tajante para responder los cuestionamientos: "No creo que la solución a las críticas, que son legítimas por cierto, pase por modificar nuevamente el Código Procesal Penal".
-Algunos reproches apuntan al trabajo de los fiscales y a la forma de investigar. Tuvimos el caso reciente de la menor violada en La Reina o hay otros casos emblemáticos, como el caso Lapostol o de Aarón Vásquez...
"Es cierto que la sensación en los casos que Ud. señala (caso Lapostol y Aarón Vásquez) fue que la pena no había sido ajustada a los hechos. Pero, las penas las fijan los tribunales. En el caso del joven Vásquez, se llevó a juicio oral y los fiscales hicieron su trabajo. En el caso Lapostol, se realizó el trabajo eficientemente en cuanto a que se detuvo al sujeto, se le condenó más o menos rápidamente y mucho más que en el sistema antiguo, de todas maneras".
-¿Qué ocurrió con la investigación de la violación en la comuna de La Reina?
"En ese caso concreto, la fiscalía fue diligente en el actuar. No es cierto que no hubiera fiscal designado. Nosotros nos ponemos en el lugar de la familia, comprendemos su molestia y desesperación cuando a las primeras horas no ve resultados. Pero, si se revisan los resultados concretos, hubo atención a la familia, hubo análisis del sitio del suceso por Carabineros, hubo análisis de ADN y el sujeto estuvo detenido a los tres o cuatro días de que cometió el ilícito. Y es más, se le está vinculando a otros ilícitos producto de la investigación de la fiscalía. Me quedo con las últimas declaraciones de cercanos a la familia, en el sentido que la investigación los satisfacía".
-¿Ha recibido quejas por parte de los fiscales sobre presiones en algunas causas?
"En ocasiones ha habido -y no estoy hablando de los parlamentarios ni de ningún poder en concreto- intentos de presiones a fiscales en ciertas causas y ello me ha sido informado a través de los fiscales regionales o de las unidades especializadas. Pero, con la lógica de que no vamos a ceder a presiones, sino que para estar advertidos del tejido que rodea la investigación de una causa".
-¿Cómo evalúa el éxodo de fiscales y la participación de ellos en procesos que tuvieron conocimiento?
"Desde el año 2000, de toda la dotación de fiscales los que se han retirado no superan el 7%. Respecto del reproche moral que podría hacerse de que un ex fiscal intervenga como abogado en una causa que ha tenido vinculación, no es delito. Pero, yo no lo haría y sí tendrá cuidado con ello".
-¿Se ha discutido el tema en el plano interno?
"Ha sido tratado en el Consejo General del Ministerio Público, que es el órgano superior asesor del fiscal nacional. Por suerte, salvo dos o tres casos, los ex fiscales no están interviniendo como abogados privados en casos que hayan tenido conocimiento".
_________________
''Estamos creando una fuerza detarea en todo Chile, que se dedicará arevisar los archivos provisionales (adonde va el 46% de las denuncias)".
''Actualmente es insuficiente lacantidad de personas que está dedicadaa controlar el cumplimiento delas medidas alternativas".
Definiciones del fiscal en:
Elecciones e investigación en
el Parlamento: "No debe incidir, pero tampoco debe afectar a personas que no son investigadas".
Organismos auxiliares de la Fiscalía (Carabineros, PDI, SML): "Estoy tranquilo, pero no estoy satisfecho ni con la labor de los organismos auxiliares ni con la propia labor de los integrantes del sistema, incluyendo la propia Fiscalía".
Relación entre las policías y fiscales: "Quiero ser franco: sí ha habido problemas, ha habido desencuentros entre ambas policías y entre las policías y los fiscales. Pero si uno ve la película completa, ha sido poco".
Independencia de la Defensoría Penal: "Debe seguir donde está, bajo la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia".
Seguridad personal de los fiscales: "Atentados concretos contra los fiscales, no superan la docena. Amenazas, ha habido más. Hemos realizado un procedimiento especial para adoptar medidas de protección en caso de amenazas o atentados".
46% de causas van al archivo provisional: "Se está cruzando información para detectar relaciones con otros casos que surgen. Estamos creando una fuerza de tarea en todo Chile, que se dedicará a revisar los archivos provisionales y perseguir estos delitos".
Libertades a delincuentes reincidentes : "Hay que afrontar en primer lugar la modificación a la ley 18.216, que establece la forma de cumplir las sanciones alternativas. (...) Actualmente es insuficiente la cantidad de personas que está dedicada a controlar el cumplimiento de estas medidas alternativas".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/24/nacional/nacional/noticias/F089EE77-0B34-4090-B93E-833A2D2D04D2.htm?id={F089EE77-0B34-4090-B93E-833A2D2D04D2} (El Mercurio)
Transparencia da la razón a Subsecretaría de Carabineros
El Consejo para la Transparencia acogió los argumentos de la Subsecretaría de Carabineros para no entregar los nombres completos de las personas que realizaron reclamos o denuncias por diligencias policiales el año pasado.
La solicitud había sido realizada por el abogado Pedro Anguita, quien apeló al citado consejo al pedir una investigación sumaria contra la subsecretaria Javiera Blanco.
La subsecretaría argumentó que la entrega de los nombres de los denunciantes podía afectar la vida privada de aquéllos. Además, notificar a los denunciantes (que llegaban a 315) su derecho de oponerse a esa solicitud habría afectado las funciones de esa repartición, sin personal suficiente.
El consejo reconoció que la divulgación de los nombres de todos los reclamantes podría inhibir futuras denuncias, como la del funcionario a quien se le denegaría su reincorporación por su orientación sexual.
El consejo revisó los 315 reclamos y concluyó que sólo 120 denuncias se referían a presuntos procedimientos mal adoptados. Además, distinguió si la denuncia provenía de una autoridad pública o de un particular. En el caso de las autoridades, la identidad debe ser revelada sin más. Así, mantuvo el requerimiento de la notificación a los particulares, al ser un universo más reducido.
Luis Manuel Rodríguez, asesor jurídico de la subsecretaria, valoró el fallo, destacando la jurisprudencia que antepone el derecho a la privacidad sobre el deber de la transparencia.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/24/nacional/nacional/noticias/CB8DFA84-C6D1-427A-A45F-B39909E88B7E.htm?id={CB8DFA84-C6D1-427A-A45F-B39909E88B7E} (El Mercurio)
La solicitud había sido realizada por el abogado Pedro Anguita, quien apeló al citado consejo al pedir una investigación sumaria contra la subsecretaria Javiera Blanco.
La subsecretaría argumentó que la entrega de los nombres de los denunciantes podía afectar la vida privada de aquéllos. Además, notificar a los denunciantes (que llegaban a 315) su derecho de oponerse a esa solicitud habría afectado las funciones de esa repartición, sin personal suficiente.
El consejo reconoció que la divulgación de los nombres de todos los reclamantes podría inhibir futuras denuncias, como la del funcionario a quien se le denegaría su reincorporación por su orientación sexual.
El consejo revisó los 315 reclamos y concluyó que sólo 120 denuncias se referían a presuntos procedimientos mal adoptados. Además, distinguió si la denuncia provenía de una autoridad pública o de un particular. En el caso de las autoridades, la identidad debe ser revelada sin más. Así, mantuvo el requerimiento de la notificación a los particulares, al ser un universo más reducido.
Luis Manuel Rodríguez, asesor jurídico de la subsecretaria, valoró el fallo, destacando la jurisprudencia que antepone el derecho a la privacidad sobre el deber de la transparencia.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/24/nacional/nacional/noticias/CB8DFA84-C6D1-427A-A45F-B39909E88B7E.htm?id={CB8DFA84-C6D1-427A-A45F-B39909E88B7E} (El Mercurio)
Candidatos aprueban autonomía económica del Poder Judicial y difieren en críticas a los jueces
La posibilidad de obtener la anhelada autonomía financiera del Poder Judicial fue una de las propuestas que plantearon tres de los candidatos presidenciales y sus representantes durante su exposición en las jornadas de reflexión de la Corte Suprema.
Los abanderados Jorge Arrate y Sebastián Piñera, además del abogado Ciro Colombara, que asistió en representación de Marco Enríquez-Ominami, proponen esta autonomía.
Arrate -tras su intervención de 20 minutos al Pleno de la Suprema en que expuso sus propuestas judiciales- afirmó que es partidario de cambiar la Constitución y darle total autonomía al Poder judicial de los otros poderes del Estado, "con plena autonomía financiera".
Colombara, en representación de Enríquez-Ominami, quien está en Ecuador, se mostró partidario de la "independencia económica", mientras Sebastián Piñera planteó la "flexibilización del presupuesto para que los ministros puedan decidir en qué gastar sus recursos".
Una postura diferente tiene el candidato Eduardo Frei, quien no asistió porque se encontraba en Valdivia. Según aseguraron los abogados que lo representaron, Juan Pablo Hermosilla y Pablo Ruiz Tagle, quieren una nueva Constitución.
"En ningún momento hemos pensado que el Poder Judicial debe ser enteramente autónomo. Se trata de un poder que junto a un poder Ejecutivo y Legislativo, deben construir la democracia", dijo Ruiz Tagle.
Agregó que el presupuesto de los jueces, FF.AA. y servicios públicos "debe ser resuelto en el Parlamento".
El presidente de la Suprema, Urbano Marín, se mostró conforme con las visiones de los candidatos. "Reconocieron la autonomía judicial, lo esencial de nuestro sistema democrático de derecho". Sobre la autonomía financiera, reconoció que es un tema importante, pero que "hasta ahora no han tenido problemas con el presupuesto".
Sobre los cuestionamientos a la labor de los jueces y la llamada "puerta giratoria", hubo distintas posturas entre los candidatos.
El más crítico fue el abanderado de la Alianza. "Algunos jueces privilegian más las garantías de los delincuentes que los derechos de las víctimas y los inocentes, por lo tanto en nuestro gobierno vamos a perfeccionar la ley para evitar que la puerta giratoria siga girando", dijo Sebastián Piñera.
Hermosilla se mostró preocupado por la mirada que "ha instalado la derecha de que no hay justicia en Chile, que los jueces se dedican a liberar delincuentes". El representante de Frei señaló que "si bien la justicia debe ser mejorada, se debe acercar más a la gente", y que no se pueden "construir conceptos como el de 'puerta giratoria', que básicamente está minando la confianza de la ciudadanía en los jueces".
El representante de Enríquez-Ominami, Ciro Colombara, abogó por la "reinserción y prevención como temas clave", la capacitación de los jueces y el uso del brazalete electrónico.
Por su parte, Arrate coincidió en su "preferencia por desarrollar políticas de prevención y rehabilitación más que por poner el acento en las políticas de represión" enfocándose en un "candado a las desigualdades".
Al respecto, Marín afirmó "que siempre hay gente que no está de acuerdo con lo que hacen los tribunales. Pero siempre también hay posibilidades que las decisiones judiciales sean revisadas por otros jueces".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/24/nacional/nacional/noticias/AE6A7B03-050A-404E-BD60-F5DBA4E86D6A.htm?id={AE6A7B03-050A-404E-BD60-F5DBA4E86D6A}
(El Mercurio)
Los abanderados Jorge Arrate y Sebastián Piñera, además del abogado Ciro Colombara, que asistió en representación de Marco Enríquez-Ominami, proponen esta autonomía.
Arrate -tras su intervención de 20 minutos al Pleno de la Suprema en que expuso sus propuestas judiciales- afirmó que es partidario de cambiar la Constitución y darle total autonomía al Poder judicial de los otros poderes del Estado, "con plena autonomía financiera".
Colombara, en representación de Enríquez-Ominami, quien está en Ecuador, se mostró partidario de la "independencia económica", mientras Sebastián Piñera planteó la "flexibilización del presupuesto para que los ministros puedan decidir en qué gastar sus recursos".
Una postura diferente tiene el candidato Eduardo Frei, quien no asistió porque se encontraba en Valdivia. Según aseguraron los abogados que lo representaron, Juan Pablo Hermosilla y Pablo Ruiz Tagle, quieren una nueva Constitución.
"En ningún momento hemos pensado que el Poder Judicial debe ser enteramente autónomo. Se trata de un poder que junto a un poder Ejecutivo y Legislativo, deben construir la democracia", dijo Ruiz Tagle.
Agregó que el presupuesto de los jueces, FF.AA. y servicios públicos "debe ser resuelto en el Parlamento".
El presidente de la Suprema, Urbano Marín, se mostró conforme con las visiones de los candidatos. "Reconocieron la autonomía judicial, lo esencial de nuestro sistema democrático de derecho". Sobre la autonomía financiera, reconoció que es un tema importante, pero que "hasta ahora no han tenido problemas con el presupuesto".
Sobre los cuestionamientos a la labor de los jueces y la llamada "puerta giratoria", hubo distintas posturas entre los candidatos.
El más crítico fue el abanderado de la Alianza. "Algunos jueces privilegian más las garantías de los delincuentes que los derechos de las víctimas y los inocentes, por lo tanto en nuestro gobierno vamos a perfeccionar la ley para evitar que la puerta giratoria siga girando", dijo Sebastián Piñera.
Hermosilla se mostró preocupado por la mirada que "ha instalado la derecha de que no hay justicia en Chile, que los jueces se dedican a liberar delincuentes". El representante de Frei señaló que "si bien la justicia debe ser mejorada, se debe acercar más a la gente", y que no se pueden "construir conceptos como el de 'puerta giratoria', que básicamente está minando la confianza de la ciudadanía en los jueces".
El representante de Enríquez-Ominami, Ciro Colombara, abogó por la "reinserción y prevención como temas clave", la capacitación de los jueces y el uso del brazalete electrónico.
Por su parte, Arrate coincidió en su "preferencia por desarrollar políticas de prevención y rehabilitación más que por poner el acento en las políticas de represión" enfocándose en un "candado a las desigualdades".
Al respecto, Marín afirmó "que siempre hay gente que no está de acuerdo con lo que hacen los tribunales. Pero siempre también hay posibilidades que las decisiones judiciales sean revisadas por otros jueces".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/24/nacional/nacional/noticias/AE6A7B03-050A-404E-BD60-F5DBA4E86D6A.htm?id={AE6A7B03-050A-404E-BD60-F5DBA4E86D6A}
(El Mercurio)
Alcaldes presentan recurso de protección en contra de profesores en paro
Vieres 23 de Octubre de 2009
Tal como lo había anunciado, la Asociación Nacional de Municipios (AChM) interpuso esta mañana un recurso de protección en contra del Colegio de Profesores por el paro indefinido que comenzó a regir hoy en todo el país.
El presidente de la entidad, Claudio Arriagada, llegó hasta la Corte de Apelaciones de Santiago, en compañía de los ediles de la capital y en el lugar indicó que ésta es la cuarta paralización del año, por lo que la acción judicial se basa en el derecho constitucional de los estudiantes a la educación.
El máximo dirigente de los alcaldes explicó que si el recurso es acogido tendrán más herramientas para actuar en caso de que el paro se radicalice. En ese sentido, añadió que si los docentes impiden la entrada de los alumnos a clases, los ediles podrán recurrir a la fuerza pública e incluso contratar profesores de reemplazo.
Arriagada recordó que los colegios aún están recuperando las clases perdidas a raíz del paro por el bono SAE, y que ahora se inicia el proceso de la PSU, la devolución de los portafolios de la evaluación docente, las graduaciones, las matrículas y la planificación del año 2010.
Por último, advirtió que los municipios se mantendrán firmes en su postura de no pagar los días no trabajados, independiente de la opinión del Mineduc.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=381450(El Mercurio)
Tal como lo había anunciado, la Asociación Nacional de Municipios (AChM) interpuso esta mañana un recurso de protección en contra del Colegio de Profesores por el paro indefinido que comenzó a regir hoy en todo el país.
El presidente de la entidad, Claudio Arriagada, llegó hasta la Corte de Apelaciones de Santiago, en compañía de los ediles de la capital y en el lugar indicó que ésta es la cuarta paralización del año, por lo que la acción judicial se basa en el derecho constitucional de los estudiantes a la educación.
El máximo dirigente de los alcaldes explicó que si el recurso es acogido tendrán más herramientas para actuar en caso de que el paro se radicalice. En ese sentido, añadió que si los docentes impiden la entrada de los alumnos a clases, los ediles podrán recurrir a la fuerza pública e incluso contratar profesores de reemplazo.
Arriagada recordó que los colegios aún están recuperando las clases perdidas a raíz del paro por el bono SAE, y que ahora se inicia el proceso de la PSU, la devolución de los portafolios de la evaluación docente, las graduaciones, las matrículas y la planificación del año 2010.
Por último, advirtió que los municipios se mantendrán firmes en su postura de no pagar los días no trabajados, independiente de la opinión del Mineduc.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=381450(El Mercurio)
Antofagasta: prohíben subir la voz en la calle
Viernes 23 de Octurbe de 2009
El concejo municipal de esta ciudad aprobó, por siete votos a favor y uno en contra, una ordenanza sobre "control y regulación de ruidos molestos" en que se prohíbe conversar en voz alta en la vía pública pasadas las 23 horas.
El incumplimiento será calificado como una falta grave. Los infractores serán citados al juzgado de policía local y se exponen al pago de una multa de dos UTM ($72.996).
La ordenanza indica en el artículo 17 que "queda especialmente prohibido después de las 23 horas, en las vías públicas, las conversaciones en alta voz sostenidas por personas estacionadas frente a casas de habitación, las canciones, la música y la algarabía en general, ya sea de ejecutantes a pie o en vehículo".
La normativa impide además que "el pregón de mercaderías y objetos de toda índole, rifas, billetes de lotería (...) la propaganda de cualquier condición desde el interior de los locales a la vía pública, sea hecha de viva voz o por aparatos productores o difusores de sonido".
La alcaldesa Marcela Hernando señaló que ésta entrará en vigencia el próximo mes.
El concejal Félix Acori que votó en contra de esta ordenanza, la calificó de "maquillaje". En su opinión, "no soluciona el problema de fondo de la contaminación acústica en la segunda ciudad más ruidosa después de Santiago, según estudios recientes".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/23/nacional/nacional/noticias/2DAAB004-79F5-4E22-AB3A-9ACC4F3940B8.htm?id={2DAAB004-79F5-4E22-AB3A-9ACC4F3940B8} (El Mercurio)
El concejo municipal de esta ciudad aprobó, por siete votos a favor y uno en contra, una ordenanza sobre "control y regulación de ruidos molestos" en que se prohíbe conversar en voz alta en la vía pública pasadas las 23 horas.
El incumplimiento será calificado como una falta grave. Los infractores serán citados al juzgado de policía local y se exponen al pago de una multa de dos UTM ($72.996).
La ordenanza indica en el artículo 17 que "queda especialmente prohibido después de las 23 horas, en las vías públicas, las conversaciones en alta voz sostenidas por personas estacionadas frente a casas de habitación, las canciones, la música y la algarabía en general, ya sea de ejecutantes a pie o en vehículo".
La normativa impide además que "el pregón de mercaderías y objetos de toda índole, rifas, billetes de lotería (...) la propaganda de cualquier condición desde el interior de los locales a la vía pública, sea hecha de viva voz o por aparatos productores o difusores de sonido".
La alcaldesa Marcela Hernando señaló que ésta entrará en vigencia el próximo mes.
El concejal Félix Acori que votó en contra de esta ordenanza, la calificó de "maquillaje". En su opinión, "no soluciona el problema de fondo de la contaminación acústica en la segunda ciudad más ruidosa después de Santiago, según estudios recientes".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/23/nacional/nacional/noticias/2DAAB004-79F5-4E22-AB3A-9ACC4F3940B8.htm?id={2DAAB004-79F5-4E22-AB3A-9ACC4F3940B8} (El Mercurio)
Suprema detecta doce deficiencias en Ley Penal Adolescente y propone soluciones
Viernes 23 de Octube de 2009
Preocupación hay en la Corte Suprema por las dificultades en la implementación de la Ley de Responsabilidad Penal de los Adolescentes, reforma que se puso en marcha el 8 de junio de 2007.
En un oficio que envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, analiza 12 deficiencias que tiene el sistema y propone modificaciones a la ley.
Uno de los problemas que plantea es la necesidad de establecer una judicatura especial y competencia exclusiva para el conocimiento de las infracciones penales cometidas por adolescentes. Para ello, pide modificar la ley, y que la distribución de las causas se realice a jueces de garantía y tribunal de juicio oral en lo penal capacitados en la materia.
Otro inconveniente serían los casos de flagrancia, ya que las audiencias de control de detención de jóvenes infractores son más rigurosas que las de los adultos por delitos de la misma naturaleza. Esto se explica, según el informe, porque los adultos detenidos por delitos de "escasa entidad" son dejados en libertad y citados a audiencias. En cambio, los adolescentes son llevados a control de detención.
A juicio de la Suprema, esto significa "un trato más riguroso que en los adultos, al extenderse las horas de privación de libertad más allá de lo estrictamente necesario", pues son llevados a control de detención pese a que no se resolverá una internación provisoria u otra cautelar.
Según los supremos, la solución es que la policía los deje libres y citados al juzgado en caso de delitos que no tengan penas privativas de libertad.
Otra desigualdad que detectaron con los adultos se refiere a las divergencias de los jueces en cuanto a la aplicación de juicios abreviados, lo que se zanjaría con una norma legal que haga referencia a este procedimiento.
En el documento se aborda también la dificultad en materia de ejecución de sanciones. Las cortes de Apelaciones han tenido que dirimir contiendas de competencias acerca de qué tribunal (juzgado de garantía o el de juicio oral en lo penal) es el competente para aprobar el plan de intervención individual o reinserción social cuando el joven ha sido condenado. La Suprema propone que sea el tribunal que dictó la sentencia condenatoria el que decida.
También se sugiere una unificación de penas en la última sentencia que se dicte contra el adolescente.
Sobre los efectos estigmatizadores de las condenas, se pide omitir del certificado de antecedentes la anotación prontuarial, en caso de condenas no privativas de libertad y que no sea reincidente.
Informe adecuado
El abogado de la Unicef, Nicolás Espejo, dijo que el informe de la Suprema es "adecuado" y que es importante corregir los problemas. A su juicio, la principal deficiencia de la ley es la ausencia de criterios rigurosos y específicos de la privación de libertad, pues del 70% de los jóvenes que pasan por esta sanción "más de la mitad debiera ser sometida a esta medida como último recurso".
Espejo cree que urge tener jueces, fiscales y defensores especializados, además de planes de reinserción individual.
"Distorsionaron el sistema"
El magistrado del primer juzgado de garantía de Santiago, Fernando Guzmán Fuenzalida, aseguró que uno de los aspectos centrales del informe elaborado por una comisión de jueces -en el que se basó la Corte Suprema- es la necesidad de cambiar el catálogo de penas aplicables a los adolescentes, incluyendo en el sistema penal sólo los delitos más graves.
"El punto más crítico sigue siendo el catálogo de los delitos, la necesidad imperiosa hoy de hacer una reducción drástica de cuáles son los delitos por los que vamos a castigar a los menores penalmente", explicó.
Además de esto, señaló que sólo en algunos de los delitos más graves debería permitirse la detención de los menores. "Por populismo puro nos prometieron seguridad ciudadana con la extensión del recurso cárcel (...) Sin embargo, hoy hay más delitos, éstos son más violentos y la gente se siente más insegura", afirmó.
"Distorsionaron absolutamente el espíritu inicial del diseño del sistema", agregó el juez de garantía.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/23/nacional/_portada/noticias/EAF56C76-C0E4-4A64-AC10-A566E3DAE63B.htm?id={EAF56C76-C0E4-4A64-AC10-A566E3DAE63B} (El Mercurio)
Preocupación hay en la Corte Suprema por las dificultades en la implementación de la Ley de Responsabilidad Penal de los Adolescentes, reforma que se puso en marcha el 8 de junio de 2007.
En un oficio que envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, analiza 12 deficiencias que tiene el sistema y propone modificaciones a la ley.
Uno de los problemas que plantea es la necesidad de establecer una judicatura especial y competencia exclusiva para el conocimiento de las infracciones penales cometidas por adolescentes. Para ello, pide modificar la ley, y que la distribución de las causas se realice a jueces de garantía y tribunal de juicio oral en lo penal capacitados en la materia.
Otro inconveniente serían los casos de flagrancia, ya que las audiencias de control de detención de jóvenes infractores son más rigurosas que las de los adultos por delitos de la misma naturaleza. Esto se explica, según el informe, porque los adultos detenidos por delitos de "escasa entidad" son dejados en libertad y citados a audiencias. En cambio, los adolescentes son llevados a control de detención.
A juicio de la Suprema, esto significa "un trato más riguroso que en los adultos, al extenderse las horas de privación de libertad más allá de lo estrictamente necesario", pues son llevados a control de detención pese a que no se resolverá una internación provisoria u otra cautelar.
Según los supremos, la solución es que la policía los deje libres y citados al juzgado en caso de delitos que no tengan penas privativas de libertad.
Otra desigualdad que detectaron con los adultos se refiere a las divergencias de los jueces en cuanto a la aplicación de juicios abreviados, lo que se zanjaría con una norma legal que haga referencia a este procedimiento.
En el documento se aborda también la dificultad en materia de ejecución de sanciones. Las cortes de Apelaciones han tenido que dirimir contiendas de competencias acerca de qué tribunal (juzgado de garantía o el de juicio oral en lo penal) es el competente para aprobar el plan de intervención individual o reinserción social cuando el joven ha sido condenado. La Suprema propone que sea el tribunal que dictó la sentencia condenatoria el que decida.
También se sugiere una unificación de penas en la última sentencia que se dicte contra el adolescente.
Sobre los efectos estigmatizadores de las condenas, se pide omitir del certificado de antecedentes la anotación prontuarial, en caso de condenas no privativas de libertad y que no sea reincidente.
Informe adecuado
El abogado de la Unicef, Nicolás Espejo, dijo que el informe de la Suprema es "adecuado" y que es importante corregir los problemas. A su juicio, la principal deficiencia de la ley es la ausencia de criterios rigurosos y específicos de la privación de libertad, pues del 70% de los jóvenes que pasan por esta sanción "más de la mitad debiera ser sometida a esta medida como último recurso".
Espejo cree que urge tener jueces, fiscales y defensores especializados, además de planes de reinserción individual.
"Distorsionaron el sistema"
El magistrado del primer juzgado de garantía de Santiago, Fernando Guzmán Fuenzalida, aseguró que uno de los aspectos centrales del informe elaborado por una comisión de jueces -en el que se basó la Corte Suprema- es la necesidad de cambiar el catálogo de penas aplicables a los adolescentes, incluyendo en el sistema penal sólo los delitos más graves.
"El punto más crítico sigue siendo el catálogo de los delitos, la necesidad imperiosa hoy de hacer una reducción drástica de cuáles son los delitos por los que vamos a castigar a los menores penalmente", explicó.
Además de esto, señaló que sólo en algunos de los delitos más graves debería permitirse la detención de los menores. "Por populismo puro nos prometieron seguridad ciudadana con la extensión del recurso cárcel (...) Sin embargo, hoy hay más delitos, éstos son más violentos y la gente se siente más insegura", afirmó.
"Distorsionaron absolutamente el espíritu inicial del diseño del sistema", agregó el juez de garantía.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/23/nacional/_portada/noticias/EAF56C76-C0E4-4A64-AC10-A566E3DAE63B.htm?id={EAF56C76-C0E4-4A64-AC10-A566E3DAE63B} (El Mercurio)
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