martes, 27 de octubre de 2009

Envían al Parlamento proyecto que resta atribuciones a fiscales militares

Aunque cometa un delito contra un uniformado, nunca más un civil será sometido a la justicia militar de aprobarse un proyecto de ley que ayer fue firmado por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, y que además de restringir su ámbito de competencia introduce en la justicia castrense las normas del Código Procesal Penal.
Ello, sin embargo, con modificaciones que responden a la especificidad de la función militar.
"Los civiles que cometan delitos -aunque sean contra militares- van a ser juzgados por la justicia ordinaria; y eso va a poner término a una intromisión indebida, excesiva, exorbitante, que tenía la justicia militar sobre los civiles en este país", sentenció el ministro de Justicia, Carlos Maldonado Curti.
El secretario de Estado destacó que además de la restricción del ámbito de competencia, la iniciativa legal "establece un sistema procesal moderno para los militares, para que también cuando ellos cometan infracciones militares puedan ser juzgados con todas las garantías del debido proceso".
En esta materia, se pretenden replicar las principales características de la Reforma Procesal Penal en la justicia castrense, para su modernización.
El proyecto de ley firmado por la Presidenta Bachelet se suma a otra iniciativa que ingresó al Parlamento el 13 de octubre y que establece los delitos militares y sus penas, y a otro proyecto que se refiere a los aspectos orgánicos de la nueva Justicia Militar, que actualmente está en preparación por el Ejecutivo.
Dicha normativa planteará la creación de entidades como Juzgados Militares de Garantía y Tribunales Orales en lo Penal Militares, entre otras.
Otra modificación que plantea el proyecto de ley, que hoy se enviaría al Parlamento, es la derogación del delito de desacato, lo que ya había ocurrido en la legislación penal común.
Éste sanciona a quienes amenazan u ofenden de palabra, por escrito o por cualquier otro medio a las Fuerzas Armadas o a sus unidades e integrantes.
Además, la iniciativa legal reformula y actualiza definiciones como "tiempo de guerra" (eliminándose la referencia al "estado de sitio") y perfecciona el régimen de órdenes.
Según se explicó, con las modificaciones citadas el Estado de Chile pretende cumplir con lo ordenado por la Constitución y por tratados internacionales ratificados y vigentes en el país.
Distintas señales
MANUEL VALDERRAMAMiembro de la Corte Marcial
"No conozco el proyecto de la reforma a la justicia militar; como ministro de la Corte Marcial, nosotros hemos visto que la justicia militar está funcionando bien, que no hay problema, pero lógicamente se debe adecuar la justicia militar a los cambios y las reformas procesales que ha sufrido el país".
ALBERTO CARDEMILDiputado
"La derogación del delito de desacato es una señal de debilitar el respaldo, sobre todo a Carabineros. Señal equivocada ante el conflicto en la Araucanía. Gran parte de los anuncios del Gobierno por estos días tiene que ver con la campaña, por hacer guiños a sensibilidades de izquierda".

Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/27/nacional/nacional/noticias/43E1E542-8A13-4CD8-B5A1-7D5E6319AD40.htm?id={43E1E542-8A13-4CD8-B5A1-7D5E6319AD40} (El Mercurio)

Corte Suprema pide más claridad a los jueces a la hora de argumentar sus fallos

Lunes 26 de octubre de 2009

Mejorar la calidad de la justicia, así como su cercanía y comprensión por parte de los usuarios, son los principales objetivos de las resoluciones adoptadas por la Corte Suprema en la duodécima versión de sus jornadas anuales de reflexión, concluida ayer, donde se pidió a los magistrados mayor claridad en la redacción de sus fallos.
"Reconocemos que muchas veces, para el público en general, entender una sentencia por los tecnicismos que ella involucra es complejo", afirmó el vocero del máximo tribunal del país, ministro Milton Juica.
El magistrado explicó que se ha hecho un gran esfuerzo para superar los atrasos en la tramitación de las causas, y estadísticamente se han dictado muchas más sentencias que en años anteriores, "pero queremos que se refleje también una calidad en el diseño de las sentencias, que estén bien fundamentadas y hacer una fundamentación más comprensible para el público".
En esa línea, el pleno de la Corte Suprema resolvió que las calificaciones de los jueces deben considerar la calidad de la fundamentación de los fallos que han emitido, eso sí, "sin amagar bajo ningún concepto su autonomía jurisdiccional".
Otro punto tratado en las jornadas de reflexión -desarrolladas desde el viernes pasado, en el Hotel Manquehue de la capital- fue el atraso en el agendamiento de audiencias en los tribunales orales de Talca, Ovalle y Arica, donde se instruyó a los ministros visitadores de las cortes de Apelaciones respectivas realizar un diagnóstico de la situación de cada tribunal.
"Puede deberse a que exista efectivamente una gran cantidad de trabajo que hace inmanejable el sistema o puede haber también una falla en la gestión propia de los tribunales", señaló el ministro Juica.
El presidente de la Corte Suprema, Urbano Marín, precisó que si hubiera un problema de diseño habría que reforzar los tribunales con más jueces, "pero esa es una solución por lo menos a mediano plazo porque hay que dictar una ley que cree las plazas, y además hacer todo el procedimiento de nombramiento, que no es fácil".
El magistrado recordó que desde comienzos de año está en trámite un proyecto de ley que permite trasladar transitoriamente jueces de un tribunal a otro para reforzar dotaciones que sean insuficientes, y le han manifestado al Ministerio de Justicia la necesidad de que se apruebe lo antes posible: "Ahí por lo menos podríamos tener una solución a corto plazo".
Otra iniciativa aprobada fue crear un museo con fallos y objetos históricos del Poder Judicial para el Bicentenario.

Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/26/nacional/nacional/noticias/07C5459E-DA68-4EA0-BEB4-C8745EF5BE94.htm?id={07C5459E-DA68-4EA0-BEB4-C8745EF5BE94} (El Mercurio)

El Consejo para la Transparencia podrá resolver solicitudes a empresas públicas

Lunes 26 de octubre de 2009

En su primer fallo sobre la materia tras la entrada en vigor de la Ley sobre Acceso a la Información, en abril pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago determinó que el Consejo para la Transparencia tiene competencia para resolver reclamos tras pedidos de información a empresas públicas, lo que le permitiría obligar a dichas reparticiones a que entreguen datos ante solicitudes.
La Corte se pronunció sobre la presentación del abogado Álvaro Pérez Castro, gerente general de Unaco Chile, quien acudió al Consejo luego que BancoEstado le negara información que solicitó invocando la Ley de Transparencia.
El 12 de junio, el Consejo se declaró incompetente, al igual que en un fallo anterior que involucraba a la Empresa de Ferrocarriles del Estado, por estimar que las empresas públicas quedaban eximidas por la ley de la obligación de entregar la información, debiendo sólo cumplir con publicar datos específicos en sus sitios web.
Ante esto, Pérez Castro presentó ante la Corte de Apelaciones un reclamo de ilegalidad en contra del Consejo.
El viernes pasado, la Séptima Sala de la Corte, integrada por los ministros Cornelio Villarroel y Mauricio Silva y el abogado integrante Antonio Barra, resolvió por unanimidad rechazar el recurso por ser presentado en forma "extemporánea".
Sin embargo, en el fallo se plantea que esto se realizó "no obstante haber sido el Consejo para la Transparencia plenamente competente para conocer del reclamo" del recurrente.
Según fuentes del Consejo, esto sienta un precedente para que, ante futuros reclamos, la entidad pueda resolver forzando a las empresas públicas a entregar información que les sea solicitada por particulares. Esto genera un escenario completamente nuevo, pues hasta ahora se entendía que quedaban fuera de esa obligación.
El abogado Pérez Castro se mostró complacido por el fallo, ya que la Corte le reconoció su derecho a solicitar la información al BancoEstado y a acudir ante el Consejo si no recibe los datos. Por eso, anunció que hoy "a primera hora" acudirá hasta las oficinas del banco con una carta en que reiterará su pedido.
Polémica sobre atribuciones
Las competencias del Consejo para la Transparencia sobre las empresas públicas -como BancoEstado, TVN, Codelco y Enami- han sido materia de discusión en los primeros meses de la aplicación de la ley. Uno de los fallos más comentados fue el que obligó a TVN a publicar los sueldos de todos sus directivos, lo que está en proceso de apelación ante el Consejo por parte del canal estatal.
Pero, además, los directivos del Sistema de Empresas Públicas (SEP) han cuestionado las atribuciones de la entidad. A raíz de las consultas por la emisión de un nuevo instructivo sobre Transparencia Activa, la directora del SEP, Mónica Singer, planteó que el Consejo "no tiene por función ni atribuciones" fiscalizar el cumplimiento de la transparencia en las empresas públicas ni aplicarles sanciones.

Autor: (El Mercurio)