Con el objetivo de evitar los "abusos" de clínicas y hospitales públicos, este martes la Presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley que prohíbe condicionar la atención de salud al otorgamiento de un cheque en garantía o dinero en efectivo.
La normativa establece que el pago se deberá garantizar a través de otros medios idóneos, tales como el registro de la información de una tarjeta de crédito, cartas de respaldo entregadas por los empleadores, letra de cambio o pagarés, los cuales se regirán por las disposiciones contenidas en la ley. No obstante, el paciente también podrá voluntariamente dejar en pago un cheque o dinero en efectivo.
En los casos de emergencia debidamente certificadas por un médico cirujano, regirá la actual ley que prohíbe la exigencia de cheques.
La Superintendencia del ramo será la encargada de fiscalizar a todos los prestadores de salud -públicos y privados- y, por primera vez, podrá sancionar las infracciones mediante la aplicación de multas que van desde 10 hasta mil Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir, desde 360 mil hasta 36 millones de pesos.
"Esperamos que esto represente un efecto disuasivo contra las conductas prohibidas", dijo la Mandataria, ante la presencia de parlamentarios oficialistas y de oposición, a quienes agradeció especialmente por la aprobación de esta ley.
Bachelet enfatizó además que se requiere una sanción oportuna, lo que fue reafirmado a su turno por el Superintendente de Salud, Manuel Inostroza, quien sostuvo también que los pacientes que se vean perjudicados pueden hacer sus reclamos en la página web de la Superintendencia y personalmente en las oficinas regionales y del Sernac a lo largo del país.
Inostroza agregó que si los prestadores institucionales exigen el cheque en garantía, además de la multa se arriesgan a ser eliminados del registro de Prestadores Acreditados por un plazo de hasta dos años.
Si se trata de prestadores individuales, además de pagar una suma de dinero pueden sufrir la suspensión durante 180 días para otorgar las Garantías Explícitas en Salud, sea por intermedio de Fonasa o de las isapres, así como para conceder prestaciones en la modalidad de libre elección de Fonasa.
En caso de reincidencia dentro de 12 meses, los prestadores se exponen a una multa desde dos hasta cuatro veces el monto de la sanción aplicada por dicha infracción.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=383025 (Emol)
martes, 3 de noviembre de 2009
NACIONALCongreso aprueba derecho a sala cuna al padre trabajador
Listo para convertirse en ley quedó el proyecto que otorga derecho a sala cuna al trabajador que, por ausencia o inhabilidad de la madre, tiene a su cargo el cuidadano de un menor.
La iniciativa fue aprobada este martes en forma unánime por el Senado y ahora deberá ser promulgada y publicada en el Diario Oficial para su entrada en vigencia.
Durante la tramitación del proyecto, el Ejecutivo hizo presente que el derecho a sala cuna no es traspasable de la madre al padre, considerando que prestan servicios en empresas diferentes, por lo que se debía entender que el derecho se encontraba condicionado a que en la empresa existiera con anterioridad la obligación de costear este beneficio. En ello concordaron los autores y la Comisión de Trabajo de la Cámara.
A modo de ejemplo, si un trabajador, varón, adquiere el cuidado del menor de dos años por sentencia judicial, tendría derecho a solicitar el beneficio en tanto trabaje en una empresa de más de 20 trabajadoras, o en el caso de que tenga pactado el beneficio en forma colectiva.
En la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, el texto no fue objeto de modificaciones, dejándose constancia, que los padres adoptivos tienen los mismos derechos que se establecen en esta iniciativa.
De esta forma, el texto resguarda el derecho a sala cuna del menor de dos años, que estuviera al cuidado del padre o madre por sentencia judicial, en tanto trabajen en empresas ya obligadas a financiar este beneficio.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=383127 (Emol)
La iniciativa fue aprobada este martes en forma unánime por el Senado y ahora deberá ser promulgada y publicada en el Diario Oficial para su entrada en vigencia.
Durante la tramitación del proyecto, el Ejecutivo hizo presente que el derecho a sala cuna no es traspasable de la madre al padre, considerando que prestan servicios en empresas diferentes, por lo que se debía entender que el derecho se encontraba condicionado a que en la empresa existiera con anterioridad la obligación de costear este beneficio. En ello concordaron los autores y la Comisión de Trabajo de la Cámara.
A modo de ejemplo, si un trabajador, varón, adquiere el cuidado del menor de dos años por sentencia judicial, tendría derecho a solicitar el beneficio en tanto trabaje en una empresa de más de 20 trabajadoras, o en el caso de que tenga pactado el beneficio en forma colectiva.
En la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, el texto no fue objeto de modificaciones, dejándose constancia, que los padres adoptivos tienen los mismos derechos que se establecen en esta iniciativa.
De esta forma, el texto resguarda el derecho a sala cuna del menor de dos años, que estuviera al cuidado del padre o madre por sentencia judicial, en tanto trabajen en empresas ya obligadas a financiar este beneficio.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=383127 (Emol)
Corte nombra a ministra para indagar a jueza por caso ADN
Por unanimidad, el Pleno de la Corte de Apelaciones de San Miguel resolvió ayer abrir una investigación sumaria y disciplinaria en contra de la magistrada del Juzgado de Garantía de San Bernardo Gladys Villablanca, para determinar si debió inhabilitarse en una audiencia en la que su pareja, Carlos Quezada, participó como abogado querellante en el caso ADN.
La corte designó a la ministra Carmen Rivas para realizar el sumario administrativo, y le dio un plazo de 30 días para determinar si formula cargos contra Villablanca.
En tanto, ayer fueron reformalizados dos ex directivos del laboratorio B. Brown Medical, por falsificación y contrabando por su presunta responsabilidad en la adulteración de etiquetas y la comercialización en Perú y Rusia.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/03/nacional/nacional/noticias/E9A06654-B785-4428-B3DA-5B60E0C0ACB0.htm?id={E9A06654-B785-4428-B3DA-5B60E0C0ACB0} (El Mercurio)
La corte designó a la ministra Carmen Rivas para realizar el sumario administrativo, y le dio un plazo de 30 días para determinar si formula cargos contra Villablanca.
En tanto, ayer fueron reformalizados dos ex directivos del laboratorio B. Brown Medical, por falsificación y contrabando por su presunta responsabilidad en la adulteración de etiquetas y la comercialización en Perú y Rusia.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/03/nacional/nacional/noticias/E9A06654-B785-4428-B3DA-5B60E0C0ACB0.htm?id={E9A06654-B785-4428-B3DA-5B60E0C0ACB0} (El Mercurio)
Empresas públicas serán obligadas a entregar información corporativa al Congreso
Un fuerte avance en su labor fiscalizadora tendrán los diputados a partir de la aprobación del proyecto sobre Ley Orgánica del Congreso que hoy será votado en comisión mixta.
En uno de sus puntos menos conocido, la iniciativa obligará a las empresas públicas -como Enap, Codelco, EFE o TVN- a dar a conocer información corporativa cuando sea requerida por los parlamentarios.
Esta facultad impedirá que se repitan casos como el de la asignación de vehículos a los gerentes de BancoEstado, datos pedidos por diputados de la Alianza en 1997, pero que recién en mayo de este año obligó a entregar la Corte Suprema. O la disputa que aún mantiene TVN con el Consejo para la Transparencia, por la negativa a revelar los sueldos de sus gerentes.
Ahora -según expresa la normativa que tras su votación en la comisión mixta quedará lista para ser revisada por las salas del Senado y la Cámara- las compañías públicas que rechacen suministrar la información serán sancionadas. Y las multas irán desde un tercio hasta el doble de la remuneración mensual del jefe superior del respectivo organismo.
La indicación fue objeto de un áspero debate entre parlamentarios oficialistas y La Moneda, que resistía el proyecto.
Tras una serie de negociaciones con representantes del Ministerio de Hacienda -donde se teme que la normativa afecte la competitividad de las empresas públicas-, el gobierno logró algunas excepciones para los requerimientos de los diputados.
Con ello, se aseguró el respaldo tanto de la Concertación como de la oposición.
Entre los resguardos, las compañías estatales no estarán obligadas a entregar los datos cuando formen parte de negociaciones pendientes o expresamente esos antecedentes hayan sido declarados reservados por ley.
Aún así, los diputados podrán recurrir a Contraloría, previo informe de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), cuando se estime que la negativa de la empresa no está fundamentada.
La normativa, sin embargo, también incorpora obligaciones a los parlamentarios que pidan la información a las compañías públicas: tendrán que dar sus nombres, algo que no se hacía.
"Todo este tema fue muy debatido, pero tuvimos la opinión del contralor para dilucidar el tema, él nos ayudó", explica el presidente de la comisión mixta, Andrés Chadwick (UDI), quien destaca la señal de "transparencia" que se logrará con la puesta en marcha de la normativa.
El proyecto de Ley Orgánica del Congreso incorpora, además, una serie de modificaciones al funcionamiento del Parlamento. Entre ellas se regulará las asignaciones de diputados y senadores y se pondrá en marcha un sistema inédito de fiscalización externa: un Consejo Resolutivo.
"Establecerá cuántos recursos se dan y para qué. Hoy día esto es parejo para todos, pero ahora se verá caso a caso. Yo como diputado por Santiago, por ejemplo, necesitaré mucho menos dinero para pasajes que uno de Antofagasta", explica el diputado RN Alberto Cardemil.
El nuevo organismo estará integrado por un ex consejero del Banco Central, un ex decano de una facultad de Administración, Economía o Derecho de cualquier universidad acreditada; un ex senador y un ex diputado que se haya desempeñado como tal por un mínimo de ocho años. Además, tendrá entre sus filas a un ex ministro de Hacienda, de Economía o ex titular de la Dirección de Presupuestos.
Mientras, el control sobre los recursos públicos para evitar que el dinero sea usado para otros fines estará a cargo del Comité de Auditoría Parlamentaria, formado por profesionales externos, como abogados y contadores auditores.
"Representa una modernización del Congreso, ponerlo a tono con los desafíos de la transparencia y fortalecer sus atribuciones".
MARCELO DÍAZDIPUTADO PS
"Es un avance en términos de modernizar la gestión del Congreso, hacerlo más transparente y más confiable hacia la ciudadanía".
ANDRÉS CHADWICKSENADOR UDI
"Se ha avanzado en transparencia, en cómo están actuando las empresas públicas. Es un paso que resuelve una disputa muy antigua".
PEDRO MUÑOZSENADOR PSConsejo
El proyecto que se vota hoy en la comisión mixta establece el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, un organismo que deberá regular los dineros que se entregan a los legisladores.
Gobierno dice que propuesta de Novoa para dar más atribuciones al Parlamento es "interesante"
El ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, valoró ayer la propuesta del presidente del Senado, Jovino Novoa, quien planteó dotar de más atribuciones al Congreso, entre ellas permitir que la Cámara Alta ratifique a más cargos públicos de los que aprueba actualmente.
Viera-Gallo afirmó que la iniciativa es "interesante" y "digna de analizar", aunque afirmó a continuación que, debido al poco tiempo que queda en esta legislatura, el plan "no es para este Congreso".
La iniciativa, que está inspirada en los contrapesos de poder que se dan entre el Congreso y el Poder Ejecutivo de Estados Unidos, incluye que el Senado ratifique los nombramientos de los directores del Servicio Electoral y el Registro Civil, y el del Fiscal Nacional Económico, por la importancia estratégica que tienen dichas reparticiones.
Además, Novoa plantea dos aspectos respecto de las urgencias legislativas: permitir que los parlamentarios también puedan dar prioridad a ciertas leyes, permitiendo que se presente un pedido de 7 senadores o 25 diputados y que si es aprobado por la sala respectiva, el proyecto deba ser despachado en 20 días; y prohibir las urgencias de "discusión inmediata" y "suma" en los 60 días previos a una elección.
Aunque el presidente de la Cámara Alta tiene contemplado comenzar a discutir su propuesta con los comités parlamentarios en las próximas semanas, ayer algunos senadores, como Carlos Bianchi (independiente) y Alejandro Navarro (MAS) ya manifestaron su buena recepción inicial para discutir la iniciativa.
Obispos llaman a rechazar proyecto que regula las uniones de hecho
El comité permanente de la Conferencia Episcopal emitió ayer una declaración en que llaman a los parlamentarios a rechazar el proyecto que regula las uniones de hecho entre parejas tanto del mismo como de distinto sexo, y cuya votación está programada para hoy en la Cámara. "¿Por qué elegir en medio de un tiempo electoral intenso, inmediatamente antes del receso parlamentario, sin la necesaria serenidad?", se pregunta el texto de los obispos católicos, criticando la iniciativa por disminuir "el valor y el sentido" del matrimonio.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/03/nacional/politica/noticias/E16341FC-9DC8-40D0-AD94-E6F24E21A61F.htm?id={E16341FC-9DC8-40D0-AD94-E6F24E21A61F} (El Mercurio)
En uno de sus puntos menos conocido, la iniciativa obligará a las empresas públicas -como Enap, Codelco, EFE o TVN- a dar a conocer información corporativa cuando sea requerida por los parlamentarios.
Esta facultad impedirá que se repitan casos como el de la asignación de vehículos a los gerentes de BancoEstado, datos pedidos por diputados de la Alianza en 1997, pero que recién en mayo de este año obligó a entregar la Corte Suprema. O la disputa que aún mantiene TVN con el Consejo para la Transparencia, por la negativa a revelar los sueldos de sus gerentes.
Ahora -según expresa la normativa que tras su votación en la comisión mixta quedará lista para ser revisada por las salas del Senado y la Cámara- las compañías públicas que rechacen suministrar la información serán sancionadas. Y las multas irán desde un tercio hasta el doble de la remuneración mensual del jefe superior del respectivo organismo.
La indicación fue objeto de un áspero debate entre parlamentarios oficialistas y La Moneda, que resistía el proyecto.
Tras una serie de negociaciones con representantes del Ministerio de Hacienda -donde se teme que la normativa afecte la competitividad de las empresas públicas-, el gobierno logró algunas excepciones para los requerimientos de los diputados.
Con ello, se aseguró el respaldo tanto de la Concertación como de la oposición.
Entre los resguardos, las compañías estatales no estarán obligadas a entregar los datos cuando formen parte de negociaciones pendientes o expresamente esos antecedentes hayan sido declarados reservados por ley.
Aún así, los diputados podrán recurrir a Contraloría, previo informe de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), cuando se estime que la negativa de la empresa no está fundamentada.
La normativa, sin embargo, también incorpora obligaciones a los parlamentarios que pidan la información a las compañías públicas: tendrán que dar sus nombres, algo que no se hacía.
"Todo este tema fue muy debatido, pero tuvimos la opinión del contralor para dilucidar el tema, él nos ayudó", explica el presidente de la comisión mixta, Andrés Chadwick (UDI), quien destaca la señal de "transparencia" que se logrará con la puesta en marcha de la normativa.
El proyecto de Ley Orgánica del Congreso incorpora, además, una serie de modificaciones al funcionamiento del Parlamento. Entre ellas se regulará las asignaciones de diputados y senadores y se pondrá en marcha un sistema inédito de fiscalización externa: un Consejo Resolutivo.
"Establecerá cuántos recursos se dan y para qué. Hoy día esto es parejo para todos, pero ahora se verá caso a caso. Yo como diputado por Santiago, por ejemplo, necesitaré mucho menos dinero para pasajes que uno de Antofagasta", explica el diputado RN Alberto Cardemil.
El nuevo organismo estará integrado por un ex consejero del Banco Central, un ex decano de una facultad de Administración, Economía o Derecho de cualquier universidad acreditada; un ex senador y un ex diputado que se haya desempeñado como tal por un mínimo de ocho años. Además, tendrá entre sus filas a un ex ministro de Hacienda, de Economía o ex titular de la Dirección de Presupuestos.
Mientras, el control sobre los recursos públicos para evitar que el dinero sea usado para otros fines estará a cargo del Comité de Auditoría Parlamentaria, formado por profesionales externos, como abogados y contadores auditores.
"Representa una modernización del Congreso, ponerlo a tono con los desafíos de la transparencia y fortalecer sus atribuciones".
MARCELO DÍAZDIPUTADO PS
"Es un avance en términos de modernizar la gestión del Congreso, hacerlo más transparente y más confiable hacia la ciudadanía".
ANDRÉS CHADWICKSENADOR UDI
"Se ha avanzado en transparencia, en cómo están actuando las empresas públicas. Es un paso que resuelve una disputa muy antigua".
PEDRO MUÑOZSENADOR PSConsejo
El proyecto que se vota hoy en la comisión mixta establece el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, un organismo que deberá regular los dineros que se entregan a los legisladores.
Gobierno dice que propuesta de Novoa para dar más atribuciones al Parlamento es "interesante"
El ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, valoró ayer la propuesta del presidente del Senado, Jovino Novoa, quien planteó dotar de más atribuciones al Congreso, entre ellas permitir que la Cámara Alta ratifique a más cargos públicos de los que aprueba actualmente.
Viera-Gallo afirmó que la iniciativa es "interesante" y "digna de analizar", aunque afirmó a continuación que, debido al poco tiempo que queda en esta legislatura, el plan "no es para este Congreso".
La iniciativa, que está inspirada en los contrapesos de poder que se dan entre el Congreso y el Poder Ejecutivo de Estados Unidos, incluye que el Senado ratifique los nombramientos de los directores del Servicio Electoral y el Registro Civil, y el del Fiscal Nacional Económico, por la importancia estratégica que tienen dichas reparticiones.
Además, Novoa plantea dos aspectos respecto de las urgencias legislativas: permitir que los parlamentarios también puedan dar prioridad a ciertas leyes, permitiendo que se presente un pedido de 7 senadores o 25 diputados y que si es aprobado por la sala respectiva, el proyecto deba ser despachado en 20 días; y prohibir las urgencias de "discusión inmediata" y "suma" en los 60 días previos a una elección.
Aunque el presidente de la Cámara Alta tiene contemplado comenzar a discutir su propuesta con los comités parlamentarios en las próximas semanas, ayer algunos senadores, como Carlos Bianchi (independiente) y Alejandro Navarro (MAS) ya manifestaron su buena recepción inicial para discutir la iniciativa.
Obispos llaman a rechazar proyecto que regula las uniones de hecho
El comité permanente de la Conferencia Episcopal emitió ayer una declaración en que llaman a los parlamentarios a rechazar el proyecto que regula las uniones de hecho entre parejas tanto del mismo como de distinto sexo, y cuya votación está programada para hoy en la Cámara. "¿Por qué elegir en medio de un tiempo electoral intenso, inmediatamente antes del receso parlamentario, sin la necesaria serenidad?", se pregunta el texto de los obispos católicos, criticando la iniciativa por disminuir "el valor y el sentido" del matrimonio.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/03/nacional/politica/noticias/E16341FC-9DC8-40D0-AD94-E6F24E21A61F.htm?id={E16341FC-9DC8-40D0-AD94-E6F24E21A61F} (El Mercurio)
Vecinos luchan contra aumento de edificios que bloquean su vista al mar
Lunes 02 de Noviembre de 2009
Compraron sus casas con una hermosa vista al mar. Años después, un edificio alto les bloqueó el paisaje.
En Antofagasta, Valparaíso, Viña del Mar y Puerto Montt, la proliferación de construcciones en altura en el borde costero despierta el malestar de cientos de vecinos que desde sus barrios han acudido a las autoridades, sin obtener soluciones.
En Valparaíso, los reclamos por "derecho a vista al mar" se concentran en la mayoría que habita los cerros, un rasgo de anfiteatro natural destacado del puerto como Patrimonio de la Humanidad. Hoy, la polémica está en el proyecto turístico-urbanístico Muelle Barón, de Mall Plaza. Los vecinos han interpuesto varios recursos para evitar que el nuevo centro comercial irrumpa cambiando la cara del borde costero. La agrupación Comando de Defensa de Valparaíso ha librado una larga batalla judicial, con recursos ante la Corte de Apelaciones, pero sin éxito: la municipalidad autorizó la construcción y ésta comenzará próximamente.
En Viña del Mar, el borde costero ha estado protegido por la "Ley Lorca", una norma antigua que señala que los permisos de edificación serán concedidos tras el consentimiento de dos tercios de los regidores municipales -actuales concejales-, lo que genera una dificultad para la aprobación de proyectos.
No obstante, se han dado los permisos a las construcciones, pese a la oposición de sectores de la ciudad. Con 19 pisos, un proyecto de hotel -donde estaba el antiguo Sanatorio Marítimo- dejará sin vista al mar a los vecinos que compraron departamentos a un paso de la playa.
En Antofagasta, los vecinos simplemente se cansaron de pelear. Hoy, las uniones comunales de barrios cerca de la costa se resignaron ante la nueva realidad.
En Puerto Montt, Manuel Pérez, juez de Policía Local, era un vecino que solía ver desde una colina toda la bahía. Hoy lamenta la construcción del Mall Costanera, que con dos torres de casi 20 pisos cada una bloqueó la mitad de su visual: "Lo que más me ha dolido es que me taparon la Cruz de Tenglo", señala.
Y aunque arquitectos y urbanistas critican los permisos que permitieron las construcciones, nada indica que esto se vaya a detener.
Urbanistas critican el daño
El arquitecto Néstor Hopzapfel, de Puerto Montt, es un férreo detractor de la edificación en altura junto al mar. Acusa que con el pretexto de generar empleos "se permiten atrocidades", como sobrecargas al alcantarillado, congestión vehicular y complicaciones a la ventilación de la ciudad.
Para el presidente del Colegio de Arquitectos, Patricio Gross, la construcción costera "es en un área frágil, que tiene que ser bien planificada. No puede ser que la primera fila de edificios corte y cierre todas las posibilidades a los que están detrás", lamenta.
El profesor de urbanismo de la UC Arturo Orellana asegura que el "boom" inmobiliario en estos edificios a largo plazo terminará depreciando el atractivo turístico y arquitectónico.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/02/nacional/_portada/noticias/3C25ACD1-88EE-4119-A1E7-04AF0550236A.htm?id={3C25ACD1-88EE-4119-A1E7-04AF0550236A} (El Mercurio)
Compraron sus casas con una hermosa vista al mar. Años después, un edificio alto les bloqueó el paisaje.
En Antofagasta, Valparaíso, Viña del Mar y Puerto Montt, la proliferación de construcciones en altura en el borde costero despierta el malestar de cientos de vecinos que desde sus barrios han acudido a las autoridades, sin obtener soluciones.
En Valparaíso, los reclamos por "derecho a vista al mar" se concentran en la mayoría que habita los cerros, un rasgo de anfiteatro natural destacado del puerto como Patrimonio de la Humanidad. Hoy, la polémica está en el proyecto turístico-urbanístico Muelle Barón, de Mall Plaza. Los vecinos han interpuesto varios recursos para evitar que el nuevo centro comercial irrumpa cambiando la cara del borde costero. La agrupación Comando de Defensa de Valparaíso ha librado una larga batalla judicial, con recursos ante la Corte de Apelaciones, pero sin éxito: la municipalidad autorizó la construcción y ésta comenzará próximamente.
En Viña del Mar, el borde costero ha estado protegido por la "Ley Lorca", una norma antigua que señala que los permisos de edificación serán concedidos tras el consentimiento de dos tercios de los regidores municipales -actuales concejales-, lo que genera una dificultad para la aprobación de proyectos.
No obstante, se han dado los permisos a las construcciones, pese a la oposición de sectores de la ciudad. Con 19 pisos, un proyecto de hotel -donde estaba el antiguo Sanatorio Marítimo- dejará sin vista al mar a los vecinos que compraron departamentos a un paso de la playa.
En Antofagasta, los vecinos simplemente se cansaron de pelear. Hoy, las uniones comunales de barrios cerca de la costa se resignaron ante la nueva realidad.
En Puerto Montt, Manuel Pérez, juez de Policía Local, era un vecino que solía ver desde una colina toda la bahía. Hoy lamenta la construcción del Mall Costanera, que con dos torres de casi 20 pisos cada una bloqueó la mitad de su visual: "Lo que más me ha dolido es que me taparon la Cruz de Tenglo", señala.
Y aunque arquitectos y urbanistas critican los permisos que permitieron las construcciones, nada indica que esto se vaya a detener.
Urbanistas critican el daño
El arquitecto Néstor Hopzapfel, de Puerto Montt, es un férreo detractor de la edificación en altura junto al mar. Acusa que con el pretexto de generar empleos "se permiten atrocidades", como sobrecargas al alcantarillado, congestión vehicular y complicaciones a la ventilación de la ciudad.
Para el presidente del Colegio de Arquitectos, Patricio Gross, la construcción costera "es en un área frágil, que tiene que ser bien planificada. No puede ser que la primera fila de edificios corte y cierre todas las posibilidades a los que están detrás", lamenta.
El profesor de urbanismo de la UC Arturo Orellana asegura que el "boom" inmobiliario en estos edificios a largo plazo terminará depreciando el atractivo turístico y arquitectónico.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/02/nacional/_portada/noticias/3C25ACD1-88EE-4119-A1E7-04AF0550236A.htm?id={3C25ACD1-88EE-4119-A1E7-04AF0550236A} (El Mercurio)
Fiscalía analiza cuatro nuevos casos para ampliar el uso de brazaletes electrónicos
Domingo 01 de Noviembre de 2009
Cuatro nuevos casos serán estudiados por la Fiscalía Oriente, para aplicar el uso de brazaletes electrónicos para el control de medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. Esto, como parte del inédito plan piloto para aplicar esta tecnología GPS.
Hasta ahora, hay un solo caso: Nelson Podesta Esparza lo está utilizando desde septiembre pasado, cuando se le sustituyó la prisión preventiva por el arraigo en las comunas de Las Condes, Providencia, Ñuñoa, Peñalolén y La Reina.
Podesta se encuentra imputado de estafas reiteradas, y lo que en realidad lleva puesto es una tobillera en su pierna izquierda que avisa a la central si el sujeto quebranta la medida cautelar.
"Este es un proyecto; por lo tanto, nos hemos ido bien despacio. Queremos ver si el sistema funciona bien, y así ha ocurrido. Lo hemos monitoreado, y la persona que tiene esta tobillera se ha portado de lujo. Lo único que no quiere es volver a la cárcel; por lo tanto, es una persona súper atenta. El control respecto de la persona ha funcionado perfecto", reconoce el fiscal regional oriente, Xavier Armendáriz.
Este plan incluye la utilización máxima de cinco dispositivos, que son provistos por la empresa "Familia En Línea". Pablo Riera, gerente de la firma, dice por su parte que el plan no ha tenido fallas.
"Es un beneficio social bastante grande: el Estado se ahorra la cárcel y él (imputado) puede continuar alimentando a su familia, evita que ésta incurra en otras prácticas para poder mantener su subsistencia", dice el ejecutivo.
El análisis de nuevos casos partirá la próxima semana. "Vamos a buscar otros casos en los que podamos aplicar este mecanismo. Nos interesa que sea de común acuerdo con el defensor, no vamos a entrar en una confrontación contra la voluntad de las personas. Varios fiscales me han comentado que los propios defensores le han propuesto sustituir la prisión preventiva por un brazalete. Para el abogado, los intereses de su cliente están mejor defendidos si logran sustituir la prisión preventiva por una libertad ambulatoria, pero vigilada", dice Armendáriz.
¿Vulnera garantías?
Tras este plan piloto, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, anunció hace unos días que su interés era ampliar este mecanismo a todo el país. Pero este sistema cuenta con opiniones dispares, sobre todo desde la Defensoría Penal Pública. De hecho, la defensora nacional, Paula Vial, planteó que existía voluntad de aplicar este mecanismo pero sólo en casos excepcionales, en que es necesario sustituir la prisión preventiva. A su juicio, este sistema puede llegar a vulnerar las garantías de los imputados.
Armendáriz defiende el uso del dispositivo: "Alguien dirá que acá se están vulnerando derechos, pero qué más restricción de sus derechos que esta persona esté privada de libertad, que no pueda andar en la calle, hacer su vida. Entonces, el disvalor entre tener en prisión a esa persona y tenerla vigilada en el cumplimiento de una medida cautelar es mucho menos que estando preso", dijo.
El uso masivo de este dispositivo dependerá del costo y que sea regulado por ley. Según Riera, tiene un valor del orden de los US$ 300 mensuales, unos $150 mil.
Todos coinciden en que su implementación puede llegar a ser incluso más barata que tener a una persona privada de libertad.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/01/nacional/_portada/noticias/02962D3C-15B4-41FA-ABFC-CCDBC47445E8.htm?id={02962D3C-15B4-41FA-ABFC-CCDBC47445E8} (El Mercurio)
Cuatro nuevos casos serán estudiados por la Fiscalía Oriente, para aplicar el uso de brazaletes electrónicos para el control de medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. Esto, como parte del inédito plan piloto para aplicar esta tecnología GPS.
Hasta ahora, hay un solo caso: Nelson Podesta Esparza lo está utilizando desde septiembre pasado, cuando se le sustituyó la prisión preventiva por el arraigo en las comunas de Las Condes, Providencia, Ñuñoa, Peñalolén y La Reina.
Podesta se encuentra imputado de estafas reiteradas, y lo que en realidad lleva puesto es una tobillera en su pierna izquierda que avisa a la central si el sujeto quebranta la medida cautelar.
"Este es un proyecto; por lo tanto, nos hemos ido bien despacio. Queremos ver si el sistema funciona bien, y así ha ocurrido. Lo hemos monitoreado, y la persona que tiene esta tobillera se ha portado de lujo. Lo único que no quiere es volver a la cárcel; por lo tanto, es una persona súper atenta. El control respecto de la persona ha funcionado perfecto", reconoce el fiscal regional oriente, Xavier Armendáriz.
Este plan incluye la utilización máxima de cinco dispositivos, que son provistos por la empresa "Familia En Línea". Pablo Riera, gerente de la firma, dice por su parte que el plan no ha tenido fallas.
"Es un beneficio social bastante grande: el Estado se ahorra la cárcel y él (imputado) puede continuar alimentando a su familia, evita que ésta incurra en otras prácticas para poder mantener su subsistencia", dice el ejecutivo.
El análisis de nuevos casos partirá la próxima semana. "Vamos a buscar otros casos en los que podamos aplicar este mecanismo. Nos interesa que sea de común acuerdo con el defensor, no vamos a entrar en una confrontación contra la voluntad de las personas. Varios fiscales me han comentado que los propios defensores le han propuesto sustituir la prisión preventiva por un brazalete. Para el abogado, los intereses de su cliente están mejor defendidos si logran sustituir la prisión preventiva por una libertad ambulatoria, pero vigilada", dice Armendáriz.
¿Vulnera garantías?
Tras este plan piloto, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, anunció hace unos días que su interés era ampliar este mecanismo a todo el país. Pero este sistema cuenta con opiniones dispares, sobre todo desde la Defensoría Penal Pública. De hecho, la defensora nacional, Paula Vial, planteó que existía voluntad de aplicar este mecanismo pero sólo en casos excepcionales, en que es necesario sustituir la prisión preventiva. A su juicio, este sistema puede llegar a vulnerar las garantías de los imputados.
Armendáriz defiende el uso del dispositivo: "Alguien dirá que acá se están vulnerando derechos, pero qué más restricción de sus derechos que esta persona esté privada de libertad, que no pueda andar en la calle, hacer su vida. Entonces, el disvalor entre tener en prisión a esa persona y tenerla vigilada en el cumplimiento de una medida cautelar es mucho menos que estando preso", dijo.
El uso masivo de este dispositivo dependerá del costo y que sea regulado por ley. Según Riera, tiene un valor del orden de los US$ 300 mensuales, unos $150 mil.
Todos coinciden en que su implementación puede llegar a ser incluso más barata que tener a una persona privada de libertad.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/11/01/nacional/_portada/noticias/02962D3C-15B4-41FA-ABFC-CCDBC47445E8.htm?id={02962D3C-15B4-41FA-ABFC-CCDBC47445E8} (El Mercurio)
Ley protege a testigos con cambio de domicilio en Chile o el extranjero
Sábado 31 de Octubre de 200
Nueva identidad o reserva de ella y cambio de domicilio en Chile o en el extranjero son algunas de las medidas extremas que considera la ley para proteger a un testigo cuya integridad física esté en alto riesgo por haber colaborado con la justicia, según informó a este diario la Fiscalía Nacional.
Aunque el organismo no quiso revelar cuántas personas viven actualmente en esta situación, sí precisó que las medidas de resguardo se pueden extender al grupo familiar del testigo protegido.
Sin embargo, trascendió que hasta ahora son varios los casos en que se ha decretado el traslado de testigos de una región a otra, con el pago de los gastos que implica esta medida, como una forma de protegerlos ante amenazas en su contra.
El tema cobró actualidad luego que el fiscal especial para casos de violencia mapuche, Miguel Ángel Velásquez, revelara que su trabajo era apoyado por un testigo protegido, denominado "R1903M".
Críticas internas
Esto desató críticas internas, pues se consideró inoportuno sacar a la luz pública estrategias de investigación o antecedentes que pueden alentar la búsqueda del colaborador, por parte de los indagados por hechos delictuales, para sacarlos del proceso.
Algunos fiscales reconocen preocupación porque, en ciertos casos, ha faltado rigurosidad para proteger a testigos.
Como ejemplo, se citan algunos allanamientos en el sector sur de Santiago donde han aparecido rostros de personas que colaboraron con la diligencia que, aunque son desconocidos para el grueso del público, sí interesan a los delincuentes afectados por los operativos.
Las medidas de protección son decretadas tanto por los fiscales a cargo de un caso como por los jueces, según mandata el Código Procesal Penal.
La Fiscalía Nacional explica que "a partir de un proceso definido, se evalúa mediante pautas de intimidación y de riesgo la situación del testigo".
Y si el análisis arroja una situación peligrosa, el fiscal a cargo de la investigación es quien está llamado a otorgar las medidas de protección necesarias.
Hay otras iniciativas que son de decisión autónoma del fiscal, como la petición de rondas periódicas de Carabineros al domicilio del testigo, consultas telefónicas periódicas de la policía a éste, instalación de botones de emergencia en su domicilio o alarmas personales de ruido, entre otras disposiciones.
El cambio de identidad, contemplado en las leyes de conductas terroristas, de drogas y en la que castiga el lavado de dinero o blanqueo de activos, debe ser autorizado por el juez.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/31/nacional/nacional/noticias/0C4B2E60-9926-4BE2-97F0-73F1F36392DB.htm?id={0C4B2E60-9926-4BE2-97F0-73F1F36392DB} (El Mercurio)
Nueva identidad o reserva de ella y cambio de domicilio en Chile o en el extranjero son algunas de las medidas extremas que considera la ley para proteger a un testigo cuya integridad física esté en alto riesgo por haber colaborado con la justicia, según informó a este diario la Fiscalía Nacional.
Aunque el organismo no quiso revelar cuántas personas viven actualmente en esta situación, sí precisó que las medidas de resguardo se pueden extender al grupo familiar del testigo protegido.
Sin embargo, trascendió que hasta ahora son varios los casos en que se ha decretado el traslado de testigos de una región a otra, con el pago de los gastos que implica esta medida, como una forma de protegerlos ante amenazas en su contra.
El tema cobró actualidad luego que el fiscal especial para casos de violencia mapuche, Miguel Ángel Velásquez, revelara que su trabajo era apoyado por un testigo protegido, denominado "R1903M".
Críticas internas
Esto desató críticas internas, pues se consideró inoportuno sacar a la luz pública estrategias de investigación o antecedentes que pueden alentar la búsqueda del colaborador, por parte de los indagados por hechos delictuales, para sacarlos del proceso.
Algunos fiscales reconocen preocupación porque, en ciertos casos, ha faltado rigurosidad para proteger a testigos.
Como ejemplo, se citan algunos allanamientos en el sector sur de Santiago donde han aparecido rostros de personas que colaboraron con la diligencia que, aunque son desconocidos para el grueso del público, sí interesan a los delincuentes afectados por los operativos.
Las medidas de protección son decretadas tanto por los fiscales a cargo de un caso como por los jueces, según mandata el Código Procesal Penal.
La Fiscalía Nacional explica que "a partir de un proceso definido, se evalúa mediante pautas de intimidación y de riesgo la situación del testigo".
Y si el análisis arroja una situación peligrosa, el fiscal a cargo de la investigación es quien está llamado a otorgar las medidas de protección necesarias.
Hay otras iniciativas que son de decisión autónoma del fiscal, como la petición de rondas periódicas de Carabineros al domicilio del testigo, consultas telefónicas periódicas de la policía a éste, instalación de botones de emergencia en su domicilio o alarmas personales de ruido, entre otras disposiciones.
El cambio de identidad, contemplado en las leyes de conductas terroristas, de drogas y en la que castiga el lavado de dinero o blanqueo de activos, debe ser autorizado por el juez.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/31/nacional/nacional/noticias/0C4B2E60-9926-4BE2-97F0-73F1F36392DB.htm?id={0C4B2E60-9926-4BE2-97F0-73F1F36392DB} (El Mercurio)
Corte resuelve el lunes si indaga a jueza por caso ADN
Sábado 31 de Octubre de 2009
El próximo lunes el Pleno de la Corte de Apelaciones de San Miguel resolverá si abre una investigación sumaria y disciplinaria en contra de la magistrada del Juzgado de Garantía de San Bernardo Gladys Villablanca, para determinar si debió inhabilitarse en una audiencia en la que su pareja, Carlos Quezada, participó en calidad de abogado querellante en el llamado caso ADN.
Ayer, los defensores de los ejecutivos formalizados por la muerte de 14 niños y las secuelas de otros menores -Luis Ortiz Quiroga, Cristián Muga y Leonardo Battaglia- hicieron formalmente una petición de investigación para determinar si durante la audiencia del 16 de marzo de 2009, en que se llevaría a cabo un juicio abreviado, Villablanca y Quezada ya eran pareja.
La magistrada resolvió llevar el caso a un juicio oral, tal como lo solicitó el abogado Quezada, de quien espera un hijo. Ambos sostienen que la relación se inició después.
El lunes la fiscalía reformalizará a los ejecutivos por falsificación y contrabando.
Autor: (El Mercurio)
El próximo lunes el Pleno de la Corte de Apelaciones de San Miguel resolverá si abre una investigación sumaria y disciplinaria en contra de la magistrada del Juzgado de Garantía de San Bernardo Gladys Villablanca, para determinar si debió inhabilitarse en una audiencia en la que su pareja, Carlos Quezada, participó en calidad de abogado querellante en el llamado caso ADN.
Ayer, los defensores de los ejecutivos formalizados por la muerte de 14 niños y las secuelas de otros menores -Luis Ortiz Quiroga, Cristián Muga y Leonardo Battaglia- hicieron formalmente una petición de investigación para determinar si durante la audiencia del 16 de marzo de 2009, en que se llevaría a cabo un juicio abreviado, Villablanca y Quezada ya eran pareja.
La magistrada resolvió llevar el caso a un juicio oral, tal como lo solicitó el abogado Quezada, de quien espera un hijo. Ambos sostienen que la relación se inició después.
El lunes la fiscalía reformalizará a los ejecutivos por falsificación y contrabando.
Autor: (El Mercurio)
Colegio de Abogados demanda un rol más protagónico de cartera de Justicia
Sábado 31 de Octubre de 2009
Sus expectativas de que en el próximo gobierno el Ministerio de Justicia recupere el "peso político" que tuvo "en el pasado" manifestó ayer el presidente del Colegio de Abogados, Enrique Barros, al término de un debate al que la orden y la Fundación Pro Bono invitaron a representantes de los cuatro candidatos presidenciales, y en el que, entre otros temas, se abordó el papel de la citada secretaría de Estado.
"Una de las cosas esenciales en el diseño del futuro Gobierno es que el Ministerio de Justicia tenga un rango y un rol protagónico dentro del Gobierno, y eso hace que tenga peso político suficiente como para tener influencia en la distribución de recursos, en las políticas públicas", afirmó Barros a "El Mercurio".
Una visión con la que discrepó el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, quien aseguró que en el actual gabinete "no hay protagonismos", y recordó que durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet el crecimiento del sector justicia "ha sido el más grande" en la historia del país. "Lamentablemente, más que un análisis político, las palabras (de Barros) denotan un poco de desconocimiento", dijo.
Pero Barros también apuntó al alto número de servicios que dependen de esa cartera, afirmando que "tengo la impresión de que hay una hipertrofia dentro del ministerio, tiene 7 servicios dependientes", los que "no necesariamente están vinculados con la gestión de Justicia".
"Probablemente ahí es necesario también hacer un rediseño institucional de tal manera de saber qué cosa pertenece al ámbito de justicia, a seguridad pública y a otras materias", agregó.
Esta preocupación fue compartida por algunos de los representantes de los candidatos, quienes, además, en forma unánime, hicieron un crítico diagnóstico de la labor de las Corporaciones de Asistencia Judicial, opinión a la que se sumó Barros.
"La impresión que tenemos es que las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ) están cumpliendo deficientemente las dos funciones: completar la formación práctica de los egresados de Derecho, y prestar un servicio de asistencia jurídica a quienes no lo tienen", aseguró el presidente de la orden gremial.
Consultado al respecto, el ministro Maldonado respondió que la estructura, recursos y diseño de la CAJ "corresponden a un Chile de otra época", y conscientes de ello, en las próximas semanas presentarán el proyecto de ley que crea un Servicio Nacional de Asistencia Jurídica.
Adelantó que entre las propuestas que la llamada mesa penitenciaria hará a fin de año podrían estar cambios al diseño orgánico de ese sector, y reconoció ser partidario de que el ministerio tenga más de una subsecretaría -como Salud o Trabajo-, "por la distinta naturaleza de los servicios que dependen de él".
______________
''En algún tiempolo tuvo en el pasado (pesopolítico), y es la épocaen que se hicieron lasmás grandes reformas".ENRIQUE BARROSPRESIDENTE COLEGIO DE ABOGADOS
''Lamentablemente,más que un análisis político,las palabras (deBarros) denotan un pocode desconocimiento".CARLOS MALDONADOMINISTRO DE JUSTICIA
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/31/nacional/nacional/noticias/23CAFDA6-152D-4D66-943E-FA801FA0FB66.htm?id={23CAFDA6-152D-4D66-943E-FA801FA0FB66} (El Mercurio)
Sus expectativas de que en el próximo gobierno el Ministerio de Justicia recupere el "peso político" que tuvo "en el pasado" manifestó ayer el presidente del Colegio de Abogados, Enrique Barros, al término de un debate al que la orden y la Fundación Pro Bono invitaron a representantes de los cuatro candidatos presidenciales, y en el que, entre otros temas, se abordó el papel de la citada secretaría de Estado.
"Una de las cosas esenciales en el diseño del futuro Gobierno es que el Ministerio de Justicia tenga un rango y un rol protagónico dentro del Gobierno, y eso hace que tenga peso político suficiente como para tener influencia en la distribución de recursos, en las políticas públicas", afirmó Barros a "El Mercurio".
Una visión con la que discrepó el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, quien aseguró que en el actual gabinete "no hay protagonismos", y recordó que durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet el crecimiento del sector justicia "ha sido el más grande" en la historia del país. "Lamentablemente, más que un análisis político, las palabras (de Barros) denotan un poco de desconocimiento", dijo.
Pero Barros también apuntó al alto número de servicios que dependen de esa cartera, afirmando que "tengo la impresión de que hay una hipertrofia dentro del ministerio, tiene 7 servicios dependientes", los que "no necesariamente están vinculados con la gestión de Justicia".
"Probablemente ahí es necesario también hacer un rediseño institucional de tal manera de saber qué cosa pertenece al ámbito de justicia, a seguridad pública y a otras materias", agregó.
Esta preocupación fue compartida por algunos de los representantes de los candidatos, quienes, además, en forma unánime, hicieron un crítico diagnóstico de la labor de las Corporaciones de Asistencia Judicial, opinión a la que se sumó Barros.
"La impresión que tenemos es que las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ) están cumpliendo deficientemente las dos funciones: completar la formación práctica de los egresados de Derecho, y prestar un servicio de asistencia jurídica a quienes no lo tienen", aseguró el presidente de la orden gremial.
Consultado al respecto, el ministro Maldonado respondió que la estructura, recursos y diseño de la CAJ "corresponden a un Chile de otra época", y conscientes de ello, en las próximas semanas presentarán el proyecto de ley que crea un Servicio Nacional de Asistencia Jurídica.
Adelantó que entre las propuestas que la llamada mesa penitenciaria hará a fin de año podrían estar cambios al diseño orgánico de ese sector, y reconoció ser partidario de que el ministerio tenga más de una subsecretaría -como Salud o Trabajo-, "por la distinta naturaleza de los servicios que dependen de él".
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''En algún tiempolo tuvo en el pasado (pesopolítico), y es la épocaen que se hicieron lasmás grandes reformas".ENRIQUE BARROSPRESIDENTE COLEGIO DE ABOGADOS
''Lamentablemente,más que un análisis político,las palabras (deBarros) denotan un pocode desconocimiento".CARLOS MALDONADOMINISTRO DE JUSTICIA
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/31/nacional/nacional/noticias/23CAFDA6-152D-4D66-943E-FA801FA0FB66.htm?id={23CAFDA6-152D-4D66-943E-FA801FA0FB66} (El Mercurio)
Ruso será imputado en causa por lavado de dinero
Viernes 30 de Octubre de 2009
Por el delito de lavado de dinero será formalizado próximamente el empresario ruso Sergey Zadnepryanskiy, quien fue detenido la semana pasada en su parcela de San Felipe a raíz de una petición de extradición procedente de su país.
El miércoles pasado, el fiscal Vinko Fodich solicitó al 8º Juzgado de Garantía una audiencia para imputarle cargos, relativos a la internación de millones de rublos (moneda rusa) y a la utilización de los mismos en nuestro país.
Zadnepryanskiy es requerido por la Federación Rusa por estar vinculado a una millonaria estafa cometida en contra del banco Sberbank, que es el Banco de Ahorro de ese país.
En 2006, el sujeto huyó de la justicia de la Federación Rusa, y gracias al contacto de algunos amigos arribó a nuestro país y se instaló en la V Región con una empresa de fabricación de cerámicas y ladrillos.
Fue así como creó la firma ZSL Servicios Ltda., en parte, con los dineros que logró internar. Según habría acreditado la investigación de Vinko Fodich, se trataría de unos US$ 2 millones (unos $1.000 millones).
Tras la detención de Zadnepryanskiy, el investigador pidió órdenes de allanamiento de su parcela y su empresa. Efectivos de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) incautaron computadores e información contable que servirán para acreditar el presunto lavado de dinero.
En cuanto al pedido de extradición, el ministro de la Corte Suprema Adalis Oyarzún rechazó la petición del abogado de Zadnepryanskiy de sustituir la prisión preventiva.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/30/nacional/nacional/noticias/F85F14B8-6705-4095-868B-B3681C1D46F2.htm?id={F85F14B8-6705-4095-868B-B3681C1D46F2} (El Mercurio)
Por el delito de lavado de dinero será formalizado próximamente el empresario ruso Sergey Zadnepryanskiy, quien fue detenido la semana pasada en su parcela de San Felipe a raíz de una petición de extradición procedente de su país.
El miércoles pasado, el fiscal Vinko Fodich solicitó al 8º Juzgado de Garantía una audiencia para imputarle cargos, relativos a la internación de millones de rublos (moneda rusa) y a la utilización de los mismos en nuestro país.
Zadnepryanskiy es requerido por la Federación Rusa por estar vinculado a una millonaria estafa cometida en contra del banco Sberbank, que es el Banco de Ahorro de ese país.
En 2006, el sujeto huyó de la justicia de la Federación Rusa, y gracias al contacto de algunos amigos arribó a nuestro país y se instaló en la V Región con una empresa de fabricación de cerámicas y ladrillos.
Fue así como creó la firma ZSL Servicios Ltda., en parte, con los dineros que logró internar. Según habría acreditado la investigación de Vinko Fodich, se trataría de unos US$ 2 millones (unos $1.000 millones).
Tras la detención de Zadnepryanskiy, el investigador pidió órdenes de allanamiento de su parcela y su empresa. Efectivos de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) incautaron computadores e información contable que servirán para acreditar el presunto lavado de dinero.
En cuanto al pedido de extradición, el ministro de la Corte Suprema Adalis Oyarzún rechazó la petición del abogado de Zadnepryanskiy de sustituir la prisión preventiva.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2009/10/30/nacional/nacional/noticias/F85F14B8-6705-4095-868B-B3681C1D46F2.htm?id={F85F14B8-6705-4095-868B-B3681C1D46F2} (El Mercurio)
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