lunes, 29 de marzo de 2010

Poder Judicial del Maule lidera daños a nivel nacional a raíz del terremoto

Tras el colapso total del edificio de la Corte de Apelaciones de Talca, y sumando los daños severos registrados en la infraestructura de los tribunales de las comunas de Constitución, Cauquenes y Curicó, el poder judicial maulino lidera el ranking de pérdidas a nivel nacional tras el terremoto del 27 de febrero.
Así lo estableció un informe oficial elaborado por la corporación administrativa del Poder Judicial.
El documento se elaboró luego que una comisión de expertos, encabezada por el director nacional de dicha entidad, Miguel Sánchez, recorriera seis regiones desde Valparaíso a Temuco. La evaluación concluyó que los daños a nivel nacional bordean los 12 mil millones de pesos.
En este sentido, la evaluación indica que, en el caso de la jurisdicción del Maule, las pérdidas son de tres mil 550 millones de pesos, cifra que incluye casi en su totalidad el edificio de la Corte de Apelaciones de Talca, además de las pérdidas en infraestructura de los juzgados de otras tres comunas.
Se trata, en definitiva, de la cifra más alta de todo el país, seguida por Concepción, Santiago y Valparaíso. De hecho, según el mismo informe en el caso de Talca el avalúo de los recursos que se exigirán en faenas de reparación mayor es de dos mil 860 millones de pesos; en reparaciones medias es de 415 millones; y en reparaciones menores alcanza a 275 millones de pesos.
Al respecto, el presidente del Colegio de Abogados de Talca, Cristóbal Peña, señaló que basta una apreciación visual en los principales edificios judiciales de Talca y de la región para constatar daños muy cuantiosos, subrayando que “las señales que hemos percibido, específicamente de la Corte Suprema, es que los daños estaban concentrados en Santiago, lo mismo que un informe de operatividad que se publicó en la página web del poder judicial".
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=405696 (El Mercurio)

Condenan a Unesco por incumplimiento de contrato laboral

El Segundo Juzgado de Letras del Trabajo condenó a Unesco Santiago por incumplimiento grave de contrato en el caso de la geógrafa G.R.Q. (40), quien tras trabajar cerca de un año y medio en el organismo, como consultora y encargada de finanzas, terminó por autodespedirse el 1 de septiembre pasado luego de denunciar acoso sexual de parte de su jefe en el organismo, y no pago de sus cotizaciones previsionales, hechos que fueron acreditados a juicio del tribunal.
El fallo ordena a Unesco Santiago pagar remuneraciones adeudadas a la profesional por cerca de $2.200.000, y como indemnización por lucro cesante alrededor de $4.400.000, por todos los sueldos que habría recibido hasta el término de su contrato. Asimismo, se condena al organismo a cubrir todas las cotizaciones previsionales, de salud y cesantía de la mujer, que nunca se pagaron durante la relación laboral.
Unesco Santiago no contestó la demanda y tampoco se presentó para intentar una conciliación.
El juzgado se había declarado incompetente en la causa, acogiendo la tesis de la inmunidad de jurisdicción del organismo internacional, pero la Corte de Apelaciones revocó dicha decisión.

Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/03/29/nacional/nacional/noticias/15EAFFCA-D40E-4DC5-94F2-04259E425CAB.htm?id={15EAFFCA-D40E-4DC5-94F2-04259E425CAB} (El Mercurio)

Ministra Benítez retira los decretos que crean cartera de Medio Ambiente y encara polémica

El miércoles 17 de marzo, a una semana de su asunción en la Conama, la ingeniera María Ignacia Benítez dio instrucciones de retirar de la Contraloría los decretos dejados por la administración Bachelet que daban curso a la instalación del Ministerio de Medio Ambiente; el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente. Era la primera autoridad en hacer algo así y no pasó inadvertido para la oposición. Los más indignados fueron los parlamentarios de oposición, entre ellos, el DC Patricio Vallespín y el PPD Enrique Accorsi, quienes vieron en la medida un intento por alterar y retrasar la normativa dejada por el gobierno saliente.
"Aquí -se defiende Benítez- no hay falta de transparencia. Los decretos los retiré porque era inviable, post terremoto, que en 30 días pudiéramos instalar el ministerio, las 15 seremías regionales, el Servicio de Evaluación Ambiental y la superintendencia en la parte que tiene que asumir, porque hay otra que está supeditada al funcionamiento del Tribunal Ambiental. Obviamente que con los múltiples problemas que dejó el terremoto -a nosotros nos dejó una serie de oficinas regionales inhabilitadas para operar- no estábamos en condiciones de armar todo este engranaje en tan poco tiempo".
-Las suspicacias son múltiples. La acusan de querer cambiar lo hecho por la administración Bachelet y de incumplir una iniciativa que pasó el cedazo del Congreso, tras un acuerdo entre la Concertación y la Alianza.
"Las suspicacias por el retiro de los proyectos son absolutamente infundadas. ¿Qué más puedo querer yo, que ser la ministra de Medio Ambiente? Es lógico. Pero quiero que las cosas se hagan bien y no bajo presión en un plazo tan acotado".
-¿No hubo razones políticas para el retiro de los decretos?
"En lo absoluto. Sí era necesario establecer la estructura que va a tener el Ministerio, cómo van a ser las divisiones temáticas del mismo, al igual que para el Servicio de Evaluación Ambiental. Estas divisiones deben replicarse en regiones a través de las seremías y de los Servicios de Evaluación regionales".
-¿Los decretos habían sido aprobados por la Contraloría?
"No, los decretos no habían sido aprobados por Contraloría; es más, tenían reparos de la Contraloría, por lo que en estos momentos el equipo jurídico de nuestro ministerio está trabajando con la Dirección de Presupuesto y con la Contraloría para resolverlos".
-¿Qué tipo de reparos?
"Son reparos técnicos y jurídicos en orden a que las plantas que fija ese decreto no calzan con las que existen en la Conama".
-En la Concertación se teme que la revisión de plantas apunta a sacar a funcionarios que venían de la administración Bachelet.
"En lo absoluto, porque las plantas no tienen nombre; sólo se establece el número de grados de planta para cada una de las instituciones. Pero sí debo reconocer que hay mucha incertidumbre en la Conama sobre lo que va a pasar con la gente que trabaja, porque cuando llegué acá me encontré con que no tenían idea dónde iban a quedar. Nadie les explicó. Porque entre los muchos cambios se separa el ministerio de lo que es el Servicio de Evaluación Ambiental, que va a quedar como un servicio técnico con personalidad jurídica propia".
-Uno de los más duros ha sido el diputado DC Patricio Vallespín, quien la acusó de estar actuando con "intencionalidad política".
"No he actuado con intencionalidad política. Yo hablé hoy con el doctor Enrique Accorsi, quien también ha sido crítico. Lo invité a conversar conmigo esta semana, cuando él quisiera. También hablé con el diputado Vallespín para que también viniera, para explicarle las razones".
-Vallespín dijo que no le extrañaba su actitud, porque cuando usted fue asesora del senador UDI Pablo Longueira nunca estuvo de acuerdo con una serie de puntos del proyecto.
"En la tramitación del proyecto hubo un acuerdo político y lo que salió fue lo que consensuamos. Por lo tanto, no puedo estar en desacuerdo".
-Con este retraso, ¿cuándo puede partir el ministerio?
"Estamos intentando resolver a la brevedad los reparos de la Contraloría para poder reingresarlos. Esperamos estar funcionando como ministerio, ojalá en el primer semestre de este año".''Se está elaborando un catastro sobre el daño provocado por el terremoto en flora y fauna. De aquí al miércoles esperamos tener una información preliminar".MARÍA IGNACIA BENÍTEZMINISTRA DE MEDIO AMBIENTE Lo que viene en calidad del aire
-El 1 de abril parte el plan de gestión de episodios críticos. ¿Cuál va a ser su plan de acción?
"Hemos tenido dos reuniones de coordinación y nos falta una tercera para terminar de definir el plan de acción sobre el cual en todo caso no tengo mucha movilidad, porque el sistema ya estaba fijado cuando asumí. No obstante, igual quiero cambiar la lógica de cómo opera el plan de los episodios críticos".
-¿Cómo?
"Nuestra estrategia apunta a medidas estructurales, con el uso de instrumentos económicos, para disminuir las concentraciones de PM 2,5, el material particulado fino que impacta en la salud. Hay que destacar que los logros en la Región Metropolitana en la reducción de este contaminante en los últimos años han sido muy buenos, y el énfasis de nuestra gestión apuntará en ese sentido".

Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/03/29/nacional/nacional/noticias/089B5306-E917-4760-B087-8277B08720E2.htm?id={089B5306-E917-4760-B087-8277B08720E2} (El Mercurio)

Pastora aimara lleva 3 años en prisión preventiva

Una aimara de 26 años, que no terminó 6º básico y que ha pasado la mayor parte de su vida pastoreando llamas en el inhóspito altiplano fronterizo con Perú, es la imputada que más tiempo ha permanecido en prisión preventiva desde que partió el nuevo sistema penal en Chile. Gabriela Blas permanece detenida desde el 30 de julio de 2007 bajo los cargos de abandonar a su hijo en la inhóspita puna, con el objetivo de matarlo. El largo proceso vivirá una nueva etapa a partir del lunes 5 de abril, cuando comience el juicio en el que arriesga 15 años de cárcel.
La investigación se ha extendido debido a que el cuerpo sin vida del niño fue hallado 17 meses después que se reportara su desaparición y por diligencias pedidas por la defensa, dijo la fiscal Javiera López.
Los hechos se remontan al 24 de julio de 2007, cuando Gabriela Blas se presentó en el retén de Carabineros de Alcérreca, caserío de la comuna de General Lagos. Allí denunció el extravío del niño, mientras pastoreaba en la estancia Caicone, cercana a la línea del ferrocarril a La Paz.
La búsqueda del menor se vio obstruida por el continuo cambio de versiones de Blas. Dijo que se le había caído del aguayo (morral andino portabebés), que el niño se había asustado al verla discutir con un hombre, que terceros lo habían secuestrado y que lo había abandonado. Cada vez daba distintos puntos de extravío. Incluso, "confesó" haberle dado muerte a golpes por causas sentimentales.
La búsqueda realizada por Carabineros, Ejército y municipio fue infructuosa. Pero otro pastor, Fortunato Tapia Calisaya, dio casualmente con el cadáver en diciembre de 2008. Estaba a 13 kilómetros de la estancia Caicone, en Palcopampa, cerca del volcán Tacora y del límite con Perú. Semidevorado por predadores, sus huesos no estaban fracturados.
Para la fiscal López, las circunstancias previas, coetáneas y posteriores al extravío demuestran la intención de la mujer de deshacerse de su hijo, exponiéndolo a fríos de -20º C. La acusa, además, de obstaculizar la investigación y de incesto, ya que Blas tuvo otro hijo de una relación con su hermano.
El defensor Víctor Providel arguye la necesidad de que el tribunal considere el contexto cultural indígena, como lo establece el artículo 9 del Convenio OIT, que rige desde 2009 en Chile. "El pastoreo es milenario en el mundo aimara y en él es normal llevar niños", dijo. Alega que lo ocurrido es un accidente similar a la muerte de un pequeño ahogado en la piscina de un hogar urbano. Sobre la actitud de Blas frente a la investigación, la achaca a su confusión al ser culpada.
''Blas espera su juicio presa por ser un peligro para la sociedad y por el riesgo de que huya del país".JAVIERA LÓPEZ,FISCAL DE ARICA Visión de un antropólogo
Mirando el juicio desde fuera (no está citado como perito), el antropólogo de la Universidad de Tarapacá Héctor González coincide en que es necesario examinar los hechos desde una perspectiva cultural.
"Independiente de si la imputada es culpable o no, aproximarse al caso desde el punto de vista de la jurisdicción normal implica el riesgo de incurrir en errores etnocentristas y prejuicios al valorar la inocencia o culpabilidad", dijo.
Como ejemplo, señaló que es necesario tener en cuenta que los niños aimaras son llevados por sus padres a pastorear y que, ante un extravío, hay que considerar las distancias que una madre debe cubrir para pedir ayuda y que ella recurrirá primero a su comunidad antes que a Carabineros.
Sin embargo, la fiscal Javiera López asegura que la investigación ya ha abordado, entre muchos otros, el aspecto cultural.
"El Convenio 169 OIT apunta a considerar costumbres, pero dudo mucho que la costumbre del pueblo aimara sea abandonar a sus hijos. Nosotros lo vamos a plantear desde ese punto de vista", dijo.
"Las circunstancias son de tal magnitud, que la pertenencia de la imputada al mundo aimara no modifica nuestra investigación", explica López.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/03/29/nacional/_portada/noticias/F7BC5DB3-F9DD-4547-8958-A4FCDA06F36A.htm?id={F7BC5DB3-F9DD-4547-8958-A4FCDA06F36A}(El Mercurio)

domingo, 28 de marzo de 2010

Mediáticos casos judiciales se retrasaron por el terremoto

A raíz del terremoto del 27 de febrero, una serie de casos judiciales altamente mediáticos debieron ser reagendados.
Un ejemplo es la audiencia de preparación de juicio oral contra la banda de narcotraficantes conocida como "Los Cavieres", integrada por 22 personas y desbaratada el 18 de junio del año 2008. Estaba programada para el 1 de marzo pasado, pero debió ser suspendida y reprogramada para el 22 del mismo mes, día en que nuevamente se suspendió a petición de la defensa de los imputados. Ahora está agendada para el próximo 26 de abril. La Fiscalía Metropolitana Sur pide 55 años de cárcel para el líder de la banda, Alejandro Cavieres.
También para el lunes 1 de marzo estaba programado el inicio del juicio oral en contra de los cuatro imputados acusados por la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte de asaltar el frigorífico Trendy de Quilicura, el 12 de febrero de 2008, causando la muerte de los cabos de Carabineros Carlos Cuevas y Job Burgos.
Tras el terremoto, la audiencia no se realizó y tuvo que ser postergada para mañana.
En la Fiscalía Metropolitana Occidente, en tanto, tuvieron que retrasar en cerca de un mes las audiencias programadas para los días siguientes al terremoto, por no tener infraestructura ni capacidad técnica para llevarlas a cabo.
En la Región del Biobío debió reprogramarse el caso del joven Andrés Bagnara Letelier (18), quien fue golpeado la madrugada del 9 de enero por compañeros en un rito scout de "totemización", en un sector rural de la comuna de El Carmen, en la precordillera de Ñuble.
La audiencia de formalización de cargos en contra de 13 jóvenes del grupo Stella Maris del Colegio Sagrados Corazones de Viña del Mar, por el delito de lesiones graves-gravísimas, estaba programada para el 3 de marzo y fue cambiada para el 12 de abril, a las 10 horas.

Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/03/28/nacional/nacional/noticias/DB4C81F4-25DE-4042-8230-DE262E85F485.htm?id={DB4C81F4-25DE-4042-8230-DE262E85F485} (El Mercurio)

Gobierno instruye a ministros evaluar reducción de sueldos a funcionarios de confianza

A un mes del terremoto que afectó a la zona centro-sur del país el pasado 27 de febrero y en el marco de las medidas que se están adoptando como parte del plan de austeridad para enfrentar los efectos de la catástrofe, el Gobierno resolvió esta semana revisar los sueldos que se están pagando a los funcionarios de confianza que llegaron con la actual administración a La Moneda.
Según señalan en Palacio, la idea, que es monitoreada por la jefa del "segundo piso", María Luisa Brahm, es reducir entre un 10 y 30 por ciento los montos que se pagarán a los funcionarios públicos que trabajan directamente con los ministros de Estado en relación con lo que percibían los mismos puestos durante la administración Bachelet.
Medida que, en todo caso -señalan-, va de la mano de una evaluación previa sobre las condiciones y el currículum de cada profesional.
En el transcurso de la semana, la solicitud con respecto al tema ya llegó a varias reparticiones al interior de Palacio, situación que ha generado inquietud en el resto de los ministerios, ya que algunos profesionales ya habían pactado previamente un sueldo.
Cercanos al Presidente Piñera aseguran que esta medida forma parte de un paquete que se comenzará a implementar a la brevedad y que tiene que ver con una reducción general de gastos en la administración pública.
De ello dio cuenta ayer el propio Piñera, en medio de una gira por Concepción y Talcahuano.
"Ya firmé el decreto, hace una semana, de austeridad y reasignación de gastos, que consideramos que era prioritario, introduciendo lo que yo llamé una 'austeridad hasta que duela' o una 'economía de guerra' para que seamos austeros y prediquemos con el ejemplo. Eso va a significar 733 millones de dólares", sostuvo.
Pero no sólo se está apuntando a una reducción de sueldos. También se están revisando algunos gastos menores, como las suscripciones, la papelería y la impresión, así como también la disminución de la actual flota de autos de la Presidencia.
Venta de autos exclusivos
De hecho, como primera medida, esta semana ya se envió a remate a dos emblemáticos autos pertenecientes a dicho grupo, algunos de los cuales han sido usados por anteriores Mandatarios.
Es el caso del Lincoln Town Car, Signature 4.6, del año 1997, con 74 mil kilómetros a cuestas.
Según las descripciones, en el mercado hay vehículos de similares características pero no del mismo año, y como referencia se señala que este mismo modelo del año 94 tiene un valor de $7.000.000.
Un segundo auto es el Peugeot 607 Ebene 3.0, año 2006. En el mercado chileno se encuentran sólo dos vehículos de similares características, pero no del mismo año. Uno de ellos es del año 2007, y su valor es de $13.990.000.
Estos dos autos fueron entregados a la Dirección de Crédito Prendario, que depende del Ministerio del Trabajo, para ser rematados en una fecha próxima, mientras el destino del resto de la flota permanece aún en evaluación. Mandatario afirma que el financiamiento público para recuperar zonas afectadas será del orden de US$ 12 mil millones
En el marco de una nueva gira por las zonas más afectadas por el terremoto y el posterior maremoto del 27 de febrero pasado, el Presidente Sebastián Piñera reveló ayer en Concepción que el sector público deberá destinar alrededor de US$ 12 mil millones para financiar la recuperación de los daños.
"Calculamos que el financiamiento de la parte de lo que le corresponde al sector público va a ser una cifra del orden de los 12 mil millones de dólares", señaló Piñera a radio Biobío, agregando que el Gobierno está estudiando diferentes fórmulas para financiar el costo: entre ellos, el uso de ahorros externos "en forma moderada y responsable", deuda pública, "el aporte solidario del sector privado a través de una ley de donaciones que va a estar en el Congreso la próxima semana", "ajustes en materia tributaria" y "la enajenación de algunos bienes públicos prescindibles".
Además, ayer se conoció que habrá reasignaciones presupuestarias en las regiones, que implicarán que fondos para transporte público y de desarrollo regional sean usados para la reconstrucción en las zonas más afectadas. Y el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, declaró estar evaluando usar el recurso del 2% constitucional. "Si es necesario, estamos abiertos a hacerlo", dijo Larraín.
En tanto, hoy Piñera iniciará su día visitando la Prefectura de Fuerzas Especiales de Santiago, en calle San Isidro, iniciará hoy sus actividades el Presidente Piñera. En el recinto -al que asistirá acompañado del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter- se le expondrán las formas habituales en que se enfrentan los "disturbios" en el denominado "Día del Joven Combatiente", que se conmemora el 29 de marzo.Anuncios en materia de reconstrucción
1 Ley de Donaciones
Busca canalizar el aporte solidario del sector privado para la reconstrucción. Los detalles de los incentivos serán dados a conocer por el Presidente la próxima semana, antes de enviar el proyecto al Congreso.
2 Fondo "Manos a la Obra"
Contempla una inversión de $8.000 millones que serán entregados a los municipios de las zonas afectadas desde la V a la IX Región, incluida la Metropolitana, a través de Bonos de Reparación. Estos bonos, a su vez, deberán ser utilizados en la compra de materiales de construcción.
3 Plan de viviendas
El Mandatario aseguró que se ya está trabajando en la compra de 40 mil mediaguas, como medida de emergencia, que serán instaladas antes del 11 de junio, plazo máximo establecido por Piñera. La necesidad ha sido cubierta, hasta el momento, con 10 mil carpas y tiendas de campaña. Mañana, el Presidente dará a conocer un plan para 200 mil viviendas permanentes.

Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/03/28/nacional/politica/noticias/18B4CD3B-F819-48A7-AF9A-2A871EC3FBD1.htm?id={18B4CD3B-F819-48A7-AF9A-2A871EC3FBD1}(El Mercurio)

viernes, 26 de marzo de 2010

Iván Andrusco es el nuevo director de Gendarmería

El lunes asumirá como nuevo director nacional de Gendarmería el general (r) de Carabineros Iván Andrusco Aspé (54), informó el ministro de Justicia, Felipe Bulnes.
Andrusco se desempeñó durante más de 30 años en la policía uniformada, en labores preferentemente operativas, por lo que él se define como "una persona de terreno". Ingresó a la Escuela de Carabineros en 1974 y se graduó con la especialidad de Mando Estratégico y Gestión de Recursos Financieros. Obtuvo el título de experto en seguridad privada.
Fue jefe de la Sección de Investigación Policial, SIP, a nivel nacional, y jefe del Departamento de Investigación Delictual OS-9. En 2004 representó a Carabineros en una delegación ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos en Ginebra. Ese mismo año fue ascendido a general y designado jefe de la VIII Zona de Carabineros de Biobío, su último cargo antes de acogerse a retiro, en 2006.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/03/26/nacional/nacional/noticias/368C5F7A-75DC-4C88-B682-CA7C259DDCB1.htm?id={368C5F7A-75DC-4C88-B682-CA7C259DDCB1} (El Mercurio)

jueves, 25 de marzo de 2010

TC elimina inciso de proyecto de ley de "bono marzo", pero iniciativa será promulgada

Por haberlo aprobado sin esperar el informe respectivo de la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional y borró el inciso tercero del artículo primero del proyecto de ley que otorga el llamado "bono marzo", que confiere nuevas atribuciones a los tribunales de familia para dirimir eventuales conflictos por el pago de la bonificación.
Sin embargo, la decisión no paraliza la tramitación de la iniciativa legal. De hecho, ayer la Contraloría tomó razón del proyecto, quedando éste listo para su promulgación.
El inciso eliminado, por ampliar las facultades de los juzgados, debía ser revisado por la Corte Suprema. Así lo establece la Constitución para todos los proyectos que cambien las atribuciones de los tribunales.
Ello, si bien la opinión del máximo tribunal del país -que en el caso del bono fue favorable al proyecto- no es vinculante, es decir, si es negativa no impide que la iniciativa legal sea aprobada en el Congreso.
El fallo, que contó con el voto favorable de siete de los diez ministros del TC, señala que el informe de la Suprema es "un trámite esencial para la validez constitucional de esta ley orgánica", por lo tanto, al haberse omitido ese paso, debía declarar inconstitucional el inciso tercero del artículo primero, por adolecer de un vicio de inconstitucionalidad, y además eliminarse de la iniciativa legal.
La decisión del TC tuvo el voto en contra de los ministros Hernán Vodanovic, Carlos Carmona y José Antonio Viera-Gallo, quienes estuvieron por declarar la constitucionalidad del citado inciso, señalando que cuando existe urgencia para tramitar el proyecto, como en este caso, esperar el informe de la Suprema afecta ese plazo y que la opinión del máximo tribunal no es vinculante.
"Lo importante, por tanto, lo principal, no es el informe de la Corte Suprema; lo relevante es el proyecto de ley, al cual dicho informe puede ayudar. Y aquí el proyecto se despachó; el propósito del procedimiento se cumplió", señalan los ministros en el voto de minoría.

Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/03/25/nacional/politica/noticias/5B27479A-C3D9-4B6B-8986-ED9F125DDBAA.htm?id={5B27479A-C3D9-4B6B-8986-ED9F125DDBAA}(El Mercurio)

Computadores reseteados en La Moneda

El ex ministro Viera-Gallo fue el principal impulsor de la agenda de probidad y transparencia del gobierno de Bachelet. En agosto pasado señaló a "El Mercurio": "Esta ley (N° 20.285) ha cambiado el criterio, porque antes los funcionarios se creían dueños de la información y se la llevaban o la eliminaban al irse. Hoy, se dan cuenta, tienen que dejarla".
En la Segpres, sin embargo, los nuevos funcionarios encontraron con estupor que los computadores estaban reseteados, sin ninguna información y sólo con los programas. Quedaron archivados, en cambio, muchos documentos escritos que están siendo clasificados para después ser digitalizados.
La respuesta de Viera-Gallo frente a esta inquietud es clara: "Mi computador personal, el del subsecretario y el del jefe de prensa fueron reseteados. Yo borré todo del mío, porque nadie tiene por qué buscar quién me mandaba mails. Pero hemos cumplido con la ley: toda la información institucional quedó archivada. Además, permanecieron el jefe administrativo, el de asuntos indígenas y el de la Comisión de Transparencia. Tuve cinco reuniones con Cristián Larroulet, mi sucesor, y no he recibido ningún reclamo suyo", señala el hoy ministro del Tribunal Constitucional.

Modificación a proyecto sobre fideicomiso ciego excluye de obligación a parlamentarios

La primera semana de abril, tras el receso distrital, el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, llegará hasta la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados con un claro objetivo: retomar la discusión del proyecto de ley sobre fideicomiso ciego.
La iniciativa -que regula la obligación de ciertas autoridades públicas de constituir un mandato especial de administración ciega de su patrimonio- fue objeto de fuertes y, según varios parlamentarios consultados, sorpresivas modificaciones por parte del entonces ministro José Antonio Viera-Gallo.
Dos son, al menos, los principales cambios incorporados a través de una indicación sustitutiva que fue ingresada el pasado 28 de enero: la exclusión de los parlamentarios de la obligación de acogerse al fideicomiso y la eliminación del piso de 470.000 unidades de fomento (UF) de patrimonio a partir del cual se obligaba a las autoridades a entregar la administración a terceros.
A cambio se incorporó el deber a ministros, subsecretarios, jefes de servicio, superintendentes, alcaldes, intendentes y al contralor, y se planteó que el fideicomiso deberá ser establecido para los casos en que el patrimonio -ya sean activos o pasivos- pueda ser controlado por la autoridad en cuestión o bien entre al ámbito de sus competencias.
Además, se establece que el Presidente de la República deberá acogerse a la figura "sobre la totalidad de su patrimonio", sin importar el tamaño de éste.
"Redujimos la figura a las personas que toman decisiones puntuales sobre una materia particular que podría ser afectada por un conflicto de interés. En el caso de los parlamentarios existen autorregulaciones reglamentarias que, por ejemplo, les impiden votar en determinados proyectos", explicó el hoy ex ministro Viera-Gallo, consultado sobre la exclusión del deber en el caso de los parlamentarios.
Añadió que se retiró la cifra que establecía un "piso" para el fideicomiso para evitar las críticas que apuntaban a que era un proyecto destinado a complicar al hoy Presidente Sebastián Piñera. "Se acogieron los estándares que establece la OCDE y se fijó la obligación del fideicomiso en función de los tipos de intereses", indicó.
El ex secretario de Estado remató afirmando que las modificaciones "recogen lo que señalaron los diputados y expertos invitados" al debate de la Comisión de Constitución.
Molestia parlamentaria
Los cambios fueron tema de comentario ayer en la Cámara de Diputados, donde parlamentarios de todos los partidos evidenciaron su preocupación por el eventual daño a la imagen de la corporación.
"Todas las normas de transparencia tienen que incorporar a los diputados. Es impresentable que legislemos obligaciones para terceros, sin que nosotros nos tengamos que acoger a ellas", dijo el diputado Edmundo Eluchans (UDI), quien recalcó que "la exclusión de los parlamentarios surge de una indicación del Ejecutivo".
En la misma línea se manifestaron diputados de la DC y del PS. "Eso no fue objeto de debate en la comisión. Esto no tiene que ver con cargos, sino con patrimonio y el ejercicio de una función pública con un cierto tipo de volumen de patrimonio que debiera dar lugar a la figura de fideicomiso", señaló Marcelo Díaz (PS).
"Me parece mal que la indicación del Ejecutivo haya eliminado a los parlamentarios; si somos colegisladores, tenemos que dar el ejemplo y espero que el actual ejecutivo reponga, en este tema, el proyecto original", sentenció Roberto León (DC).
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Sin piso
Nuevo proyecto eliminó piso de
US$ 20 millones para realizar fideicomiso. Sólo será obligatorio en circunstancias específicas.

Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/03/25/nacional/politica/noticias/DF7E3DA0-E631-484C-B73A-5C2164E61AEC.htm?id={DF7E3DA0-E631-484C-B73A-5C2164E61AEC} (El Mercurio)

Contralor propone extender a seis meses responsabilidad administrativa de ex autoridades

Siempre que hay cambio de mando se producen problemas, y peor si además entra al gobierno la oposición. Ocurrió en 1990 y pasa ahora. Se han escuchado críticas en la Cancillería y también en la Segpres (ver relacionada), y además surgen problemas en los municipios.
Pero de parte del nuevo Gobierno no hay reclamos formales ante la Contraloría ni ante el Consejo para la Transparencia, los cuales tampoco tienen atribuciones para hacer algo.
Previendo que se podían producir problemas, el Consejo para la Transparencia envió a fines de enero un oficio a 246 servicios públicos, pero a modo de recomendación, y con el objeto de garantizar el derecho a la información de los ciudadanos (no de las nuevas autoridades). El instructivo señala que, en general, "toda información que obre en poder del órgano o servicio respectivo deberá quedar en los archivos del respectivo organismo, en soporte papel o electrónico", de manera que a futuro los ciudadanos puedan requerir esos datos, según lo garantiza la Ley de Transparencia de 2008.
Pero si alguien solicitara documentos de la anterior administración y la actual no los encontrara, porque no fueron guardados, el Consejo sólo podría actuar contra los actuales jefes de servicio, si no logran justificar esa pérdida.
"El principio es que la información es del Estado de Chile, no de los gobiernos de turno, y se requiere continuidad de la misma. Pero deben reforzarse los mecanismos de exigibilidad de esa información", opina Juan Pablo Olmedo, a quien se le expira su plazo en la presidencia rotativa del Consejo el próximo 28 de abril. Es cierto que la ley que creó el Archivo Nacional ordena guardar todos los documentos de la administración. Es tan añeja, de 1929, que en febrero del año pasado la Dirección de Biblioteas, Archivos y Museos (Dibam) emitió una circular en que clarifica qué debe guardarse, cuándo y cómo archivarse, y qué puede eliminarse.
Pero la Dibam tampoco tiene competencia para sancionar (con multas ridículas de bajas, de $10 por día de atraso que aplica el Presidente de la República), sino hasta que el servicio incumpla el plazo para archivar sus documentos, que son seis años en el caso de los ministerios y municipios, 30 en el de los tribunales y 80 en el de los notarios.
Nueva propuesta
El órgano auditor es el que autoriza la destrucción de información oficial (libros, documentos y cuentas), pero, según su ley orgánica, tres años después de su revisión definitiva. Y la política general del organismo, desde que asumió Ramiro Mendoza, ha sido no autorizar estas purgas.
Pero a pesar de que la normativa consagra el principio de la continuidad en la administración del Estado, si un gobierno destruye información que debiera heredar el siguiente para su buen funcionamiento, la Contraloría tampoco puede aplicar sanciones. Eso, por la sencilla razón de que sólo puede perseguir responsabilidades administrativas de los funcionarios en ejercicio. Y el incumplimiento, en este caso, se conoce cuando los responsables ya no son funcionarios.
Una cosa distinta es que a ex funcionarios sí les puede hacer juicio de cuentas (como está ocurriendo ahora con el ex director de Presupuesto, Alberto Arenas), para que restituya recursos o bien perseguir su responsabilidad civil o, si hay además delito, denunciarlos ante el Ministerio Público.
Por eso, el contralor Ramiro Mendoza, coincidiendo con el Consejo, señala que "para llenar el vacío legal bastaría con extender a seis meses la responsabilidad administrativa de los que dejan un cargo público".
El ex ministro de la Segpres, José Antonio Viera-Gallo, corrobora: "Hay un vacío legal, y me parece lógico que se pudiera extender la responsabilidad administrativa de los funcionarios, como hoy el Presidente y los ministros responden políticamente (con la acusación constitucional) hasta seis meses después de dejar sus cargos".
Olmedo añade que esta "perseguidora de seis meses debiera ser para todas las personas con cargos públicos, porque este vacío legal afecta la probidad".

Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/03/25/nacional/politica/noticias/66C89D67-3FA2-422B-8550-84CF2A0B98E1.htm?id={66C89D67-3FA2-422B-8550-84CF2A0B98E1} (El Mercurio)

miércoles, 24 de marzo de 2010

Técnicas de estudio

Chicos:

Les dejo un link sobre técnicas de estudio.

http://www.aulafacil.com/Tecestud/Lecciones/Temario.htm





Saludos


Ignacio Donoso Velarde

Senado dispuesto a legislar sobre proyecto que favorece tramitación de causas civiles

En su primer trámite constitucional, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado aprobó este martes –por unanimidad- el proyecto del Ministerio de Justicia que favorece la tramitación de causas civiles, que acorta los plazos para decretar la muerte presunta y que establece penas para quienes declaren fraudulentamente esta condición.
El ministro Felipe Bulnes, quien concurrió a la discusión de la iniciativa, se declaró muy satisfecho por la acogida y el compromiso de los senadores por aprobar lo antes posible esta iniciativa, en atención a las materias que regula.La iniciativa ingresó al Congreso el pasado 17 de marzo, siendo el segundo proyecto de ley del nuevo gobierno del Presidente Sebastián Piñera enviado a trámite legislativo, y busca dar respuesta a la nueva realidad judicial generada tras el terremoto y tsunami, otorgando mayores plazos a las causas que se tramitan en aquellos tribunales que resultaron dañados y que no están funcionando de manera normal, como ocurre en 30 juzgados civiles de Santiago, y en los de las regiones de El Maule y Biobío.Además, dispone acortar los plazos para declarar muerte presunta en casos de personas desaparecidas con ocasión del maremoto de la madrugada del 27 de febrero, reduciendo de un año a 90 días el tiempo estipulado para solicitarla.El texto legal también castiga con la pena de presidio menor en su grado medio a máximo, a quienes declaren fraudulentamente la muerte presunta de una persona, conociendo la existencia del desaparecido, contemplando igual sanción al que simule su propia desaparición o la de otro.El paso siguiente es su discusión en particular en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia esperando que, a la brevedad, sea despachada a la Sala de la Cámara Alta.
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=404928(Emol)

Presentan proyecto para modificar ley de donaciones

Un proyecto de Ley que busca modificar la ley 19.885 sobre donaciones con fines sociales en caso de sismo o catástrofe, presentó la diputada UDI Andrea Molina, con la idea de que no se aplique el límite global absoluto en caso de donaciones efectuadas a aquellos damnificados por sismos o catástrofes en comunas, localidades o sectores geográficos que el Presidente de la República determine mediante decreto supremo.Molina explicó que “la iniciativa pretende que declarada una zona o comuna como de catástrofe, no se aplique el artículo 10 de la ley de donaciones que establece un limite global absoluto por empresa del 5 por ciento de la renta liquida imponible".Para la gremialista “si bien la Circular del SII del 5 de marzo pasado deja establecido que en estos casos no hay límites e incluso que en las sociedades con perdida se puede deducir de la renta el monto de la donación como gasto, es fundamental que este beneficio se incorpore a la ley y no quede sólo en una circular que puede ser modificada en cualquier momento si cambia el criterio".Por ultimo, sostuvo que “si bien puede considerarse que esta es una materia donde sólo tiene iniciativa el Ejecutivo, con la presentación de este proyecto pretendo colocar el tema en el debate. El último terremoto dejó claro que frente a situaciones tan complejas, el Estado no tiene capacidad de enfrentarlas solo y requiere la ayuda y el apoyo del sector privado".

Presentan proyecto para modificar ley de donaciones

Un proyecto de Ley que busca modificar la ley 19.885 sobre donaciones con fines sociales en caso de sismo o catástrofe, presentó la diputada UDI Andrea Molina, con la idea de que no se aplique el límite global absoluto en caso de donaciones efectuadas a aquellos damnificados por sismos o catástrofes en comunas, localidades o sectores geográficos que el Presidente de la República determine mediante decreto supremo.Molina explicó que “la iniciativa pretende que declarada una zona o comuna como de catástrofe, no se aplique el artículo 10 de la ley de donaciones que establece un limite global absoluto por empresa del 5 por ciento de la renta liquida imponible".Para la gremialista “si bien la Circular del SII del 5 de marzo pasado deja establecido que en estos casos no hay límites e incluso que en las sociedades con perdida se puede deducir de la renta el monto de la donación como gasto, es fundamental que este beneficio se incorpore a la ley y no quede sólo en una circular que puede ser modificada en cualquier momento si cambia el criterio".Por ultimo, sostuvo que “si bien puede considerarse que esta es una materia donde sólo tiene iniciativa el Ejecutivo, con la presentación de este proyecto pretendo colocar el tema en el debate. El último terremoto dejó claro que frente a situaciones tan complejas, el Estado no tiene capacidad de enfrentarlas solo y requiere la ayuda y el apoyo del sector privado".

Gobierno asegura que bono marzo se pagará en plazos estipulados

El Gobierno quiere ratificar, tal como lo ha dicho el Tribunal Constitucional, que el bono marzo (de $ 40 mil), que va en ayuda de más de 4 millones de chilenos más necesitados y de la clase media, se va a pagar dentro de los plazos estipulados". Así lo afirmó la vocera de Gobierno, Ena Von Baer, luego que surgieran dudas sobre la pronta materialización de la medida, al darse a conocer que estaba pendiente un informe de la Corte Suprema sobre la iniciativa legal.
El miércoles 17 de marzo, la Cámara de Diputados le envió a la Suprema el proyecto de ley que establece el bono y le solicitó su informe sobre éste. El Parlamento aprobó el proyecto al día siguiente, sin esperar la respuesta del máximo tribunal del país, situación que generó molestia en sus miembros. La opinión de éste, según lo establece la Constitución, debe ser considerada en caso de proyectos que alteren las atribuciones de los tribunales. En este caso, las cambia, porque la justicia de familia podría tener que dirimir eventuales conflictos por la entrega del bono.
El presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, destacó que en la primera parte del informe -favorable al proyecto de ley- señalan que no les parece bien que éste se despachara estando pendiente el informe de la Corte Suprema, "que era un trámite absolutamente obligatorio".
Coordinación
El magistrado aprovechó la visita que le hizo el lunes al presidente del Senado y a la presidenta de la Cámara de Diputados para "decirles que debiéramos tener un mayor grado de coordinación en este tipo de proyectos, de tal manera que no se presentaran estos equívocos, que a la larga son muy negativos para la imagen del país. Es una cuestión de cumplimiento de la normativa, que creemos que aquí, en este caso, no se produjo".
En paralelo, el artículo que entrega atribuciones a los tribunales de familia es analizado por el Tribunal Constitucional, que hoy al mediodía entregará su sentencia, aunque en el organismo y también en el Ejecutivo se aclaró que ésta no interfiere en la promulgación de la ley que establece el bono. Sí harán ver el error al no esperar el informe de la Corte Suprema.

Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/03/24/nacional/nacional/noticias/79F10FF4-ADA6-4DE1-986D-7621B49F4587.htm?id={79F10FF4-ADA6-4DE1-986D-7621B49F4587} (El Mercurio)

martes, 23 de marzo de 2010

Brote viral se expande en Región de Antofagasta y aún no se determina la causa

Martes 23 de Marzo de 2010

Alertas se mantienen las autoridades de Salud de la Región de Antofagasta, puesto que en los últimos diez días se han registrado 5.400 consultas por problemas gastrointestinales, cuyas causa no se ha podido determinar.
"Hasta ayer y desde el 13 de marzo tenemos 5.400 casos en toda la región, pero Antofagasta es el lugar que registra más, con 2.200 personas intoxicadas, pero esto todavía va en ascenso y no sé cuando vamos a llegar al peak", señaló a Emol el seremi (s) de Salud, Manuel Cortés.
La autoridad regional indicó que se ha buscado la causa en el ambiente, sin embargo, aún no se ha logrado establecer.
"No hay un factor ambiental común que explique la situación en este momento, pero sí hay una gran sospecha que sea un virus, por esta época otoñal o quizás alguna persona que lo haya ingresado a la región y se pudo haber extendido. En este momento hay un contagio persona a persona", detalló.
Con el objetivo de aclarar el origen del brote viral diarreico, ya se enviaron muestras al Instituto de Salud Pública y al laboratorio de la Universidad de Chile. Según el facultativo, los resultados podrían conocerse esta semana.
En todo caso, el seremi (s) sostuvo que los síntomas que han presentado los afectados apuntan a un cuadro intestinal tipo viral, el cual dura de dos a cinco días, sin necesidad de hospitalización. Por lo tanto, aseguró, la red asistencial está preparada para atender a los pacientes.

Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=404891(Emol)

Diputados proponen modificar Código del Trabajo para evitar despidos

Martes 23 de Marzo de 2010

Ante los despidos ocurridos tras el terremoto, diputados de las bancadas PS y DC presentaron hoy un proyecto de ley que busca modificar el numeral seis del artículo 159 del Código del Trabajo, que actualmente permite utilizar como causal de despido la situación de caso fortuito o fuerza mayor.
Según explicó el diputado Osvaldo Andrade (PS), la iniciativa legal "precisa y regula los conceptos de casos fortuitos por fuerza mayor como causal de despido sin derecho a indemnización".
"Nos parece abusiva la forma en que se ha aplicado esta norma y nos parece que es responsabilidad del empleador haber tomado las precauciones con antelación. Y si no lo hizo o tiene alternativas de reincorporar al trabajador no debiera provocarse el despido", agregó.
Por su parte, el diputado Patricio Vallespín (DC) solicitó que se incorpore un artículo transitorio que permita la retroactividad de la medida.
"Creemos que no debe quedar al absoluto arbitrio del empleador el calificar las circunstancias y efectos del caso fortuito o fuerza mayor. Por ello consideramos que debe acreditar ante la Dirección del Trabajo la entidad del hecho y procurar afectar lo menos posible a los empleados que laboran en el lugar", añadió.

Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=404846 (El Mercurio)

Gobierno compromete bono marzo y afirma que TC revisa sólo un artículo de la ley

Martes 23 de Marzo de 2010

Ante las dudas que surgieron respecto a los plazos de promulgación de la ley del "bono marzo", debido a la espera del informe respectivo del Tribunal Constitucional (TC), la portavoz de La Moneda, Ena von Baer, explicó que el organismo sólo está revisando un inciso del proyecto, que en el caso de ser rechazado, no impide la promulgación de la normativa.Von Baer precisó que como "ordena la Constitución y ha señalado el propio TC", el órgano está conociendo un inciso del proyecto de ley que concede atribuciones a los Tribunales de Familia para el pago del beneficio.Asimismo, explicó que debido a que todas las demás disposiciones del proyecto no son materia de análisis del Tribunal Constitucional, no se pone en riesgo el pago del aporte de 40 mil pesos por carga para las familias más pobres del país."Si es que ese inciso se declara inconstitucional, para lo cual hay que esperar el informe que el TC dará a conocer mañana, el apartado se va a reformular y se repondrá durante las próximas semanas", indicó la secretaria de Estado.Llamando a todos los chilenos a tener "tranquilidad" la ministra puntualizó que "el Gobierno quiere ratificar, tal como le ha dicho el Tribunal Constitucional, de que el bono marzo, que va en ayuda de 4 millones de chilenos, se va a pagar dentro de los plazos estipulados, porque la ley se va a promulgar dentro de los próximos días".

Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=404908 (Emol)

El Ministerio Público todavía no ha podido iniciar ninguna investigación por las presuntas irregularidades presentadas en la Caja de Ahorro de Emplead

Martes 23 de Marzo de 2010

El Ministerio Público todavía no ha podido iniciar ninguna investigación por las presuntas irregularidades presentadas en la Caja de Ahorro de Empleados Públicos.
La razón es que el informe de auditoría de Contraloría que fue terminado el pasado 9 de marzo y según la institución remitido el 19 de marzo al Ministerio Público, todavía no ha llegado a esa dependencia. Por otra parte, el Ministerio de Justicia todavía espera el informe solicitado al CDE hace 8 meses, clave para realizar cualquier acción legal o administrativa.
En la Contraloría argumentan que el documento ya remitido es público e incluso aparece publicado en su página web. Por otra parte, al interior del Ministerio de Justicia aseguran que una vez obtenido el informe del Consejo de Defensa del Estado, se pueden tomar dos caminos: entregar recomendaciones e instrucciones a la Caja de Ahorros o clausurar su personalidad jurídica, atribución de último recurso que tiene la cartera.
El motivo del atraso en la elaboración del documento es la constante incorporación de nuevos antecedentes.
"Los informes no siempre se entregan en 60 días. Depende de la complejidad. Además, cuando se conocen nuevos antecedentes, éstos deben incorporarse, lo que normalmente modifica los plazos", afirmaron fuentes del Consejo.

Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/03/23/nacional/nacional/noticias/79919991-7712-490E-9684-D870F268EFF2.htm?id={79919991-7712-490E-9684-D870F268EFF2} (El Mercurio)

lunes, 22 de marzo de 2010

Contraloría detecta sobrepago de subsidios por $103 mil millones a cárceles concesionadas

Lunes 22 de Marzo de 2010

Pagos excesivos del Estado estarían comprometidos hacia las concesionarias de cárceles privadas a raíz del denominado Subsidio Fijo de la Construcción, según estableció el informe de una extensa auditoría realizada por la Contraloría.
El documento, que fue entregado el 9 de marzo pasado, se centra en la fiscalización a las cárceles del Grupo 1 (Alto Hospicio, La Serena y Rancagua) y Grupo 3 (Santiago Uno, Valdivia, Puerto Montt)
La Contraloría recuerda que, según las bases de la licitación, durante los 20 años que dura la concesión "el Ministerio de Justicia pagará semestralmente al concesionario por cada uno de los establecimientos penitenciarios, una cuota equivalente a un tercio del Subsidio Fijo de la Construcción".
Así, el cálculo que hace el organismo es que "el total a pagar por el MINJU por concepto de Subsidios Fijos a la Construcción a las Concesionarias de los Grupos 1 y 3, asciende a UF 10.495.300, lo que comparado con los presupuestos establecidos en las bases, cuyo monto total es de UF 5.550.000, determina una diferencia de UF 4.945.300" (equivalente a $103.752.394.000 al valor de hoy), según el documento, puntualizando que la estimación se hace "excluyendo del análisis las devoluciones de IVA, resoluciones arbitrales y juicios".
En su respuesta a la observación, el MINJU señaló que el presupuesto inicial "corresponde a un valor preliminar como estimación del costo de la obra y en este sentido no es correcto ocupar dicho valor como elemento de comparación para la determinación de diferenciales de costo de obra".
Sin embargo, la Contraloría planteó que "la utilización del presupuesto como parámetro de comparación es un procedimiento válido de control, en la medida que permite demostrar las desviaciones producidas con los costos reales".
Las conclusiones revelan falta de control del Estado en cuanto al funcionamiento administrativo de las cárceles concesionadas, pagos por servicios no realizados y ausencia de multas.
Uno de los cuestionamientos planteados es la disparidad en la ocupación de los recintos penales. Así, señaló, mientras en el segundo semestre de 2008 Santiago Uno tuvo 93 días de sobrepoblación -lo que implica que el Estado debió pagar un monto adicional a las concesionarias, valorado en $342 millones-, en los casos de Puerto Montt, Valdivia y La Serena, la ocupación llegaba en promedio al 58%, 66% y 77%, respectivamente.
El informe concluye que durante 2008 "el Ministerio de Justicia pagó a las concesionarias $3.971.388.889 por servicios no utilizados". Si bien el ministerio señaló en su respuesta que "no opera un criterio de distribución matemática" en los penales y que "influyen los vínculos familiares y de arraigo" de los reos, la Contraloría retrucó que, por ejemplo, las bases de licitación de Santiago Uno contemplan que Gendarmería "adoptará las medidas para disponer del traslado de internos a otros establecimientos" ante una sobrepoblación.
"Atendidos los altos costos involucrados, aparece del todo conveniente que se tomen las medidas para lograr una mejor utilización de la capacidad instalada de los recintos", recomendó la Contraloría.
Además, la entidad efectuó críticas a la ausencia de multas cursadas. Objetó que, pese a que las bases de las licitaciones contemplan sanciones a las concesionarias en caso de retraso en el pago de consumo de agua, luz y gas, en la práctica eso no ocurrió.
La Contraloría plantea que las multas aplicables durante el ejercicio 2008 habrían alcanzado a 208.000 UTM, unos $7.834.628.160, pero que no se cursaron. Por ello, la entidad instruyó un sumario administrativo para determinar responsabilidades tanto en Gendarmería como en el MOP por el "control inadecuado" de ese aspecto. Otras anomalías
La Contraloría también revisó aspectos relacionados con las instalaciones de las cárceles concesionadas. Así, descubrió que en la cárcel de Alto Hospicio la red conformada por los focos rastreadores de iluminación de las torres de vigilancia operaba "parcialmente". Y, según denunció la empresa concesionaria, habría un uso indebido de ellos, ya que eran utilizados por el personal para "encender cigarrillos y calentar alimentos".
Además, se detectó que en los recintos de Rancagua, Valdivia y Puerto Montt existían problemas con elementos como los detectores de metales y los equipos destinados a revisar a las visitas de los detenidos.


Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/03/22/nacional/nacional/noticias/D4E45CDD-BCA7-4A29-B3F9-EDD1D6C2319F.htm?id={D4E45CDD-BCA7-4A29-B3F9-EDD1D6C2319F} (El Mercurio)

Dictamen aclara límites de despidos por "fuerza mayor"

Con el fin de aclarar los alcances de la causal de término de contrato de trabajo "por caso fortuito o fuerza mayor" -que ha sido utilizada con mayor frecuencia en las últimas semanas, según reconoce la autoridad-, la Dirección del Trabajo (DT) emitió un dictamen que establece los límites y los requisitos para su aplicación.
El viernes, el presidente de la CUT, Arturo Martínez, denunció la falta de fiscalización del Ejecutivo y el explosivo aumento de las desvinculaciones en las zonas afectadas por el terremoto, lo que habría dejado cesantes a más de 15 mil trabajadores.
La DT decidió emitir una resolución para precisar cuándo se aplica esta causal de despido contenida en el artículo 159 Nº 6 del Código del Trabajo. Para que ello ocurra, explicó la Dirección, la normativa indica que es preciso que los daños ocurridos en las instalaciones de la empresa se deban al terremoto y que "sus efectos directos sean irresistibles, esto es, que suponga la nula posibilidad de mantener el puesto de trabajo de los trabajadores".
Según informó a "El Mercurio" el subsecretario de Trabajo, Marcelo Soto, "a raíz del uso que se hizo durante esta semana de esta causal, la Dirección del Trabajo determinó que había que sacar un dictamen que interprete lo que significa fuerza mayor". Agregó que la actual normativa es muy general y no explicita las situaciones en que la causal puede ser aplicada: "Cuando hay una norma legal imprecisa o muy general, la Dirección del Trabajo tiene el deber y la facultad de interpretar la ley", dijo.
Respecto de las críticas de la CUT sobre la falta de fiscalización, Soto aseguró que las cifras oficiales contabilizan no más de seis mil despidos tras el terremoto, aunque reconoció cierta lentitud en la fiscalización. Pese a ello, dijo que "se está fiscalizando y se va a seguir fiscalizando durante todo el tiempo que sea necesario" para evitar abusos.


Revisa el dictámen: http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/w3-article-97663.html

Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/03/21/nacional/nacional/noticias/EA9B3624-7453-406E-94C9-E2D22126B4FA.htm?id={EA9B3624-7453-406E-94C9-E2D22126B4FA} (El Mercurio)