El Pleno de la Corte Suprema rechazó la reposición en contra de la Academia Judicial que presentaron cinco de siete jueces, que reprobaron en noviembre de 2009 el curso para ser ministro de la Corte de Apelaciones.
Los jueces, primero, presentaron una reclamación la que fue rechazada sólo por un voto de los 12 ministros presentes de 21 magistrados que integran la Suprema. Luego, recurrieron con una reposición por el rechazo a la reclamación, y antes de resolver el máximo tribunal solicitó un informe a la Academia Judicial, en el que esta institución sostiene que es un órgano autónomo, por lo que la Suprema es incompetente para revisar la presentación.
En la resolución, la Suprema sostiene que "no existiendo antecedentes o elementos de juicio que permitan alterar la decisión de 7 de abril pasado, no ha lugar a lo solicitado".
El conflicto se originó luego que los jueces de tribunal oral en lo penal Christian Alfaro, Luis del Río, Ana María Hernández, como las juezas de familia Ángela Arap y Vanessa Vaccaro rindieran un examen de derecho civil, en el que obtuvieron una nota inferior a 5.
Ésta era la primera vez que los 15 jueces postulantes al curso rendían una prueba de derecho civil, además de derecho penal y derecho constitucional.
Según los recurrentes, a ellos se les informó que debían tener promedio 5 en las pruebas, no obtener esta nota o más en cada uno de los exámenes.
Al Pleno de ayer no ingresaron el presidente del máximo tribunal, Milton Juica, y el ministro Pedro Pierry, quienes son parte del consejo directivo de la Academia Judicial.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/06/12/nacional/nacional/noticias/0C6F6E3F-A13B-4578-901B-93CD5A03515F.htm?id={0C6F6E3F-A13B-4578-901B-93CD5A03515F} (El Mercurio)
lunes, 14 de junio de 2010
viernes, 11 de junio de 2010
Rechazan ministro en visita por maremoto
Por considerar que aún no se ha establecido la existencia de un hecho punible que deba ser conocido por la justicia naval, la Corte Marcial de la Armada declaró improcedente, "por ahora", la designación de un ministro en visita extraordinario por las muertes ocurridas como consecuencia del maremoto del 27 de febrero. Estableció que el caso debe seguir siendo investigado por la justicia penal ordinaria y la fiscal Solange Huerta. El abogadoO Raúl Meza impugnará la resolución en la Corte Suprema.
Autir: http://diario.elmercurio.com/2010/06/11/nacional/nacional/noticias/490718F0-8263-4A0C-844A-99C936B8BF91.htm?id={490718F0-8263-4A0C-844A-99C936B8BF91} (El Mercurio)
Autir: http://diario.elmercurio.com/2010/06/11/nacional/nacional/noticias/490718F0-8263-4A0C-844A-99C936B8BF91.htm?id={490718F0-8263-4A0C-844A-99C936B8BF91} (El Mercurio)
jueves, 10 de junio de 2010
5 jueces reprobados en curso de ministro recurren a la Suprema
Una inédita presentación ante la Corte Suprema en contra de la Academia Judicial realizaron cinco de siete jueces que reprobaron en noviembre de 2009 el curso para ser ministro de la Corte de Apelaciones.
Junto con los talleres y pasantías que debieron realizar para aprobar el curso que les permite postular al cargo de ministro del Tribunal de Alzada, por primera vez se incorporó un examen de derecho civil, derecho penal y derecho constitucional.
El problema se originó con la prueba de derecho civil, en la que siete de los quince postulantes reprobaron con una nota inferior a 5. Según los recurrentes, a ellos se les informó que debían tener promedio 5 y no obtener esta nota o más en cada uno de los exámenes.
La reclamación fue vista sólo por 12 de los 21 ministros de la Suprema, quienes por sólo un voto decidieron rechazar el recurso por falta de mérito. Los jueces insistieron y presentaron una reclamación, la que está en acuerdo. Antes de pronunciarse, solicitaron un informe a la Academia Judicial.
El caso también generó polémica porque los supremos al resolver entienden que tienen competencia sobre la Academia Judicial. Pero, en su informe, esta institución sostiene que es un órgano autónomo, por lo que la Suprema es incompetente para ver el tema.
Lo insólito es que de esta discusión se han debido mantener al margen el presidente del máximo tribunal, Milton Juica, y el ministro Pedro Pierry, quienes son parte del consejo directivo de la Academia Judicial. También forman parte el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, la fiscal de la Suprema, Mónica Maldonado, el presidente del Colegio de Abogados, Enrique Barros, los ministros de la Corte de Apelaciones, Omar Astudillo y Diego Simpertegui, además de los abogados Humberto Nogueira y Miguel Luis Amunátegui.
Los recurrentes ante la Suprema son los jueces de tribunal oral en lo penal Christian Alfaro, Luis del Río, y Ana María Hernández. Además de las juezas de familia, Ángela Arap y Vanessa Vaccaro.
APLAZADO
Hoy el Pleno de la Suprema vería el tema, pero se postergó para el viernes si están los 12 ministros.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/06/10/nacional/nacional/noticias/E9B77256-7546-492A-B469-84493B46E493.htm?id={E9B77256-7546-492A-B469-84493B46E493} (El Mercurio)
Junto con los talleres y pasantías que debieron realizar para aprobar el curso que les permite postular al cargo de ministro del Tribunal de Alzada, por primera vez se incorporó un examen de derecho civil, derecho penal y derecho constitucional.
El problema se originó con la prueba de derecho civil, en la que siete de los quince postulantes reprobaron con una nota inferior a 5. Según los recurrentes, a ellos se les informó que debían tener promedio 5 y no obtener esta nota o más en cada uno de los exámenes.
La reclamación fue vista sólo por 12 de los 21 ministros de la Suprema, quienes por sólo un voto decidieron rechazar el recurso por falta de mérito. Los jueces insistieron y presentaron una reclamación, la que está en acuerdo. Antes de pronunciarse, solicitaron un informe a la Academia Judicial.
El caso también generó polémica porque los supremos al resolver entienden que tienen competencia sobre la Academia Judicial. Pero, en su informe, esta institución sostiene que es un órgano autónomo, por lo que la Suprema es incompetente para ver el tema.
Lo insólito es que de esta discusión se han debido mantener al margen el presidente del máximo tribunal, Milton Juica, y el ministro Pedro Pierry, quienes son parte del consejo directivo de la Academia Judicial. También forman parte el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, la fiscal de la Suprema, Mónica Maldonado, el presidente del Colegio de Abogados, Enrique Barros, los ministros de la Corte de Apelaciones, Omar Astudillo y Diego Simpertegui, además de los abogados Humberto Nogueira y Miguel Luis Amunátegui.
Los recurrentes ante la Suprema son los jueces de tribunal oral en lo penal Christian Alfaro, Luis del Río, y Ana María Hernández. Además de las juezas de familia, Ángela Arap y Vanessa Vaccaro.
APLAZADO
Hoy el Pleno de la Suprema vería el tema, pero se postergó para el viernes si están los 12 ministros.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/06/10/nacional/nacional/noticias/E9B77256-7546-492A-B469-84493B46E493.htm?id={E9B77256-7546-492A-B469-84493B46E493} (El Mercurio)
La "renuncia no voluntaria" de tres ministros de Bachelet
Ayer, el Diario Oficial consignó en sus páginas el decreto por el que todos los ministros de Michelle Bachelet presentaron su renuncia el pasado 11 de marzo.
Si bien la publicación sólo venía a ratificar el trámite administrativo correspondiente, un elemento llamó la atención: tres de los secretarios de Estado aparecían con una indicación al costado de sus nombres que señalaba que su renuncia era "no voluntaria": Mariano Fernández (Relaciones Exteriores), Paula Quintana (Ministerio de Planificación) y Carmen Andrade (Servicio Nacional de la Mujer).
¿Cuáles son los efectos de dicha situación? Según expertos en la materia, la diferencia entre una renuncia voluntaria y una no voluntaria se presenta fundamentalmente en temas de previsión e imposiciones. Por lo tanto, quienes se acogen a la segunda alternativa reciben algunos beneficios adicionales, que están también vinculados con la antigüedad de su carrera funcionaria en el sector público.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/06/10/nacional/politica/noticias/AB1FF3F6-B4AD-4195-B1F5-1D5DD732A073.htm?id={AB1FF3F6-B4AD-4195-B1F5-1D5DD732A073} (El Mercurio)
Si bien la publicación sólo venía a ratificar el trámite administrativo correspondiente, un elemento llamó la atención: tres de los secretarios de Estado aparecían con una indicación al costado de sus nombres que señalaba que su renuncia era "no voluntaria": Mariano Fernández (Relaciones Exteriores), Paula Quintana (Ministerio de Planificación) y Carmen Andrade (Servicio Nacional de la Mujer).
¿Cuáles son los efectos de dicha situación? Según expertos en la materia, la diferencia entre una renuncia voluntaria y una no voluntaria se presenta fundamentalmente en temas de previsión e imposiciones. Por lo tanto, quienes se acogen a la segunda alternativa reciben algunos beneficios adicionales, que están también vinculados con la antigüedad de su carrera funcionaria en el sector público.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/06/10/nacional/politica/noticias/AB1FF3F6-B4AD-4195-B1F5-1D5DD732A073.htm?id={AB1FF3F6-B4AD-4195-B1F5-1D5DD732A073} (El Mercurio)
miércoles, 9 de junio de 2010
Senado aprueba en general el proyecto de financiamiento para la reconstrucción
Por 33 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones, el Senado aprobó hoy en general el proyecto de financiamiento para la reconstrucción.
Tal como se esperaba, el senador Eduardo Frei (DC) se abstuvo de aprobar la idea de legislar, al igual que sus pares Mariano Ruiz-Esquide (DC) y Guido Girardi (PPD).
De esta manera, el texto presentado por el Gobierno quedó en condiciones de ser analizado en particular a partir de la próxima semana.
Uno de los puntos de la iniciativa que ha concitado mayores reparos es el alza de impuestos a las grandes empresas durante dos años, ya que para la Concertación no es un plazo suficiente.
Al respecto el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, aseguró que a pesar de que está abierto a conversar con la oposición, el Ejecutivo no modificará el carácter transitorio del aumento de los tributos.
En la extensa sesión de este miércoles, el senador Frei afirmó que no ha visto "señales claras" por parte de La Moneda durante los tres días de debate en la Cámara Alta y recordó que el próximo viernes vence el plazo fijado por el Gobierno y la Comisión de Hacienda para presentar las indicaciones correspondientes.
En ese momento, según dijo, se sabrá si existen las condiciones para "establecer un diálogo profundo como lo han pedido especialmente los senadores de las zonas afectadas, de tal manera de financiar el proyecto de reconstrucción y ver el financiamiento completo del Gobierno para los próximos cuatro años".
"Creo que todos sentimos que tenemos una responsabilidad frente al país y creo que el país espera que tengamos la capacidad de entendernos, de buscar los acuerdos y de sacar un buen proyecto en la parte de la reconstrucción y en general para los próximos años", añadió al justificar su voto de abstención, que ya había emitido el lunes pasado en la sesión de la Comisión de Hacienda.
Por su parte, el senador Eugenio Tuma (PPD) pidió al Ejecutivo que recoja las modificaciones que plantea la Concertación para enriquecer el proyecto, como eximir del pago de timbres y estampillas a las personas y pequeñas empresas, o la aplicación de un royalty.
"El ministro (Larraín) nos oye pero no nos escucha, la vocera de Gobierno ha señalado que existe disposición para escuchar, pero no hay ninguna sola señal de que estén disponibles para acoger ninguna de las iniciativas que hemos plateado", acusó, al tiempo que indicó que en las actuales condiciones el proyecto hace que "los más pobres ayuden a los más pobres", en circunstancias que "quienes tienen que ayudar más, naturalmente tienen que ser los de mayores ingresos".
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=418082 (Emol)
Tal como se esperaba, el senador Eduardo Frei (DC) se abstuvo de aprobar la idea de legislar, al igual que sus pares Mariano Ruiz-Esquide (DC) y Guido Girardi (PPD).
De esta manera, el texto presentado por el Gobierno quedó en condiciones de ser analizado en particular a partir de la próxima semana.
Uno de los puntos de la iniciativa que ha concitado mayores reparos es el alza de impuestos a las grandes empresas durante dos años, ya que para la Concertación no es un plazo suficiente.
Al respecto el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, aseguró que a pesar de que está abierto a conversar con la oposición, el Ejecutivo no modificará el carácter transitorio del aumento de los tributos.
En la extensa sesión de este miércoles, el senador Frei afirmó que no ha visto "señales claras" por parte de La Moneda durante los tres días de debate en la Cámara Alta y recordó que el próximo viernes vence el plazo fijado por el Gobierno y la Comisión de Hacienda para presentar las indicaciones correspondientes.
En ese momento, según dijo, se sabrá si existen las condiciones para "establecer un diálogo profundo como lo han pedido especialmente los senadores de las zonas afectadas, de tal manera de financiar el proyecto de reconstrucción y ver el financiamiento completo del Gobierno para los próximos cuatro años".
"Creo que todos sentimos que tenemos una responsabilidad frente al país y creo que el país espera que tengamos la capacidad de entendernos, de buscar los acuerdos y de sacar un buen proyecto en la parte de la reconstrucción y en general para los próximos años", añadió al justificar su voto de abstención, que ya había emitido el lunes pasado en la sesión de la Comisión de Hacienda.
Por su parte, el senador Eugenio Tuma (PPD) pidió al Ejecutivo que recoja las modificaciones que plantea la Concertación para enriquecer el proyecto, como eximir del pago de timbres y estampillas a las personas y pequeñas empresas, o la aplicación de un royalty.
"El ministro (Larraín) nos oye pero no nos escucha, la vocera de Gobierno ha señalado que existe disposición para escuchar, pero no hay ninguna sola señal de que estén disponibles para acoger ninguna de las iniciativas que hemos plateado", acusó, al tiempo que indicó que en las actuales condiciones el proyecto hace que "los más pobres ayuden a los más pobres", en circunstancias que "quienes tienen que ayudar más, naturalmente tienen que ser los de mayores ingresos".
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=418082 (Emol)
Se crea registro nacional para arreglar y mantener los ascensores de edificios
Todas las personas que trabajan en arreglo y mantención de ascensores de edificios se podrán inscribir, a contar de hoy, en el Registro Nacional de Instaladores, Mantenedores y Certificadores de Ascensores, a cargo del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.
En el Diario Oficial de hoy se publica el reglamento que crea dicho registro luego que la Contraloría lo aprobara el 19 de mayo pasado. Se podrán inscribir tanto personas naturales como jurídicas, las que serán clasificadas según su experiencia técnica y capacidad económica.
La ministra de Vivienda y Urbanismo, Magdalena Matte, hizo un llamado a los interesados a inscribirse en el registro con el fin de que en octubre, cuando comience a regir la obligatoriedad de la norma, existan suficientes entidades que puedan mantener y certificar estas instalaciones cuando sean requeridos por los propietarios de los edificios, en aras de cumplir la ley.
"El fin que se persigue con estas nuevas obligaciones es que los elevadores se utilicen con seguridad y sin riesgos de accidentes", explicó la ministra.
Los instaladores serán calificados en tres categorías: la primera, los que hayan instalado 100 unidades y tengan cinco años de experiencia en el rubro; la segunda, 50 unidades y cinco años de experiencia, y la tercera, para quienes hayan instalado 10 unidades y tengan como mínimo dos años de experiencia.
Para inscribirse en la primera categoría deberán demostrar un patrimonio de 5 mil UF ($105.715.000); en la segunda, 2 mil UF ($42.286.000) y en la tercera, 500 UF ($10.571.500).
Los mantenedores y certificadores deberán tener cinco años de experiencia, se les exigirá grado profesional -ingenieros civiles mecánicos, eléctricos o electrónicos; ingenieros de ejecución en las mismas áreas, o ingenieros civiles industriales en las mismas menciones descritas- y la misma documentación comercial.
Debido a que las personas que trabajan en el rubro en el 90% no tienen título profesional, se dará un plazo para solucionar ese tema.
Desde ya, algunas empresas se están fusionando con las que tienen profesionales titulados o creando nuevas firmas que incluyan por lo menos a un profesional.
Los mantenedores deben acreditar un patrimonio de 250 UF y los certificadores de 400 UF.
La experiencia deberán acreditarla con documentos fidedignos que estén emanados de entidades públicas o privadas a quienes hayan servido.
Además, los instaladores en todas las categorías deberán contar con un seguro de responsabilidad civil por 2 mil UF, al igual que los mantenedores y certificadores. Ambos no podrán actuar como certificadores y mantenedores respecto de sus mismos equipos.
La vigencia de la inscripción en el registro durará seis años, contados desde la fecha de la resolución que la dispuso, pudiendo ser renovada a petición del interesado.
Este registro quedó en manos de Vivienda tras la modificación de la Ley General de Urbanismo y Construcción.
En su artículo 159 se lee que los ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas que se emplacen en edificios privados o públicos deberán ser instalados y mantenidos conforme a las especificaciones técnicas de sus fabricantes y a las disposiciones de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción.
El trabajo futuro de los inscritos en este nuevo registro será fiscalizado por los municipios.
1.800viajes, en promedio, realizan los ascensores diariamente.
250millones de viajes se efectúan mensualmente en todos los elevadores del país.
De 5 a 9llamadas diarias, para rescatar a personas atrapadas en dichos aparatos, recibe Bomberos.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/06/09/nacional/nacional/noticias/33D7675F-4B95-4E1A-A009-D48FCD611089.htm?id={33D7675F-4B95-4E1A-A009-D48FCD611089} (El Mercurio)
En el Diario Oficial de hoy se publica el reglamento que crea dicho registro luego que la Contraloría lo aprobara el 19 de mayo pasado. Se podrán inscribir tanto personas naturales como jurídicas, las que serán clasificadas según su experiencia técnica y capacidad económica.
La ministra de Vivienda y Urbanismo, Magdalena Matte, hizo un llamado a los interesados a inscribirse en el registro con el fin de que en octubre, cuando comience a regir la obligatoriedad de la norma, existan suficientes entidades que puedan mantener y certificar estas instalaciones cuando sean requeridos por los propietarios de los edificios, en aras de cumplir la ley.
"El fin que se persigue con estas nuevas obligaciones es que los elevadores se utilicen con seguridad y sin riesgos de accidentes", explicó la ministra.
Los instaladores serán calificados en tres categorías: la primera, los que hayan instalado 100 unidades y tengan cinco años de experiencia en el rubro; la segunda, 50 unidades y cinco años de experiencia, y la tercera, para quienes hayan instalado 10 unidades y tengan como mínimo dos años de experiencia.
Para inscribirse en la primera categoría deberán demostrar un patrimonio de 5 mil UF ($105.715.000); en la segunda, 2 mil UF ($42.286.000) y en la tercera, 500 UF ($10.571.500).
Los mantenedores y certificadores deberán tener cinco años de experiencia, se les exigirá grado profesional -ingenieros civiles mecánicos, eléctricos o electrónicos; ingenieros de ejecución en las mismas áreas, o ingenieros civiles industriales en las mismas menciones descritas- y la misma documentación comercial.
Debido a que las personas que trabajan en el rubro en el 90% no tienen título profesional, se dará un plazo para solucionar ese tema.
Desde ya, algunas empresas se están fusionando con las que tienen profesionales titulados o creando nuevas firmas que incluyan por lo menos a un profesional.
Los mantenedores deben acreditar un patrimonio de 250 UF y los certificadores de 400 UF.
La experiencia deberán acreditarla con documentos fidedignos que estén emanados de entidades públicas o privadas a quienes hayan servido.
Además, los instaladores en todas las categorías deberán contar con un seguro de responsabilidad civil por 2 mil UF, al igual que los mantenedores y certificadores. Ambos no podrán actuar como certificadores y mantenedores respecto de sus mismos equipos.
La vigencia de la inscripción en el registro durará seis años, contados desde la fecha de la resolución que la dispuso, pudiendo ser renovada a petición del interesado.
Este registro quedó en manos de Vivienda tras la modificación de la Ley General de Urbanismo y Construcción.
En su artículo 159 se lee que los ascensores, tanto verticales como inclinados o funiculares, montacargas y escaleras o rampas mecánicas que se emplacen en edificios privados o públicos deberán ser instalados y mantenidos conforme a las especificaciones técnicas de sus fabricantes y a las disposiciones de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción.
El trabajo futuro de los inscritos en este nuevo registro será fiscalizado por los municipios.
1.800viajes, en promedio, realizan los ascensores diariamente.
250millones de viajes se efectúan mensualmente en todos los elevadores del país.
De 5 a 9llamadas diarias, para rescatar a personas atrapadas en dichos aparatos, recibe Bomberos.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/06/09/nacional/nacional/noticias/33D7675F-4B95-4E1A-A009-D48FCD611089.htm?id={33D7675F-4B95-4E1A-A009-D48FCD611089} (El Mercurio)
Cambios en Mineduc incluyen equipo de estudios similar al Banco Central
Una fuerte reestructuración tendrá el Ministerio de Educación en los próximos meses. Además de los cambios que traerá la instalación de la nueva institucionalidad considerada en la Ley General de Educación, se crearán nuevos departamentos y reformarán programas internos.
Uno de los principales cambios apunta a crear un departamento de estudios similar al del Banco Central. Para ello se contratarán profesionales con posgrado. A esto se sumará la creación de nuevas unidades -como reconstrucción, apoyo a municipios y nuevos programas- y el fortalecimiento de la Unidad de Currículum y Evaluación (UCE).
A nivel de subvenciones, se hará una reformulación completa del sistema de fiscalización. Para ello, se tomará el modelo propuesto por el estudio realizado por el ex director de Impuestos Internos y ex ministro, Javier Etcheberry, y que fue encargado por la administración anterior.
El sistema de Supervisión de la División de Educación General también será reformulado.
Adicionalmente, se pretende reducir los costos de la repartición con el fin de aumentar la inversión en los estudiantes. De hecho, el aumento de 20% de la subvención preferencial en septiembre se hará con recursos propios.
En cuanto a los despidos, hoy el ministro Joaquín Lavín deberá exponer sobre el tema tanto en la comisión de Educación del Senado como en la sala de la Cámara de Diputados.
Según los datos del Mineduc, 466 funcionarios han salido de la repartición, la mayor parte de los cuales corresponde a despidos. Del total, sólo 81 personas han presentado sus renuncias.
La mayor cantidad de despidos corresponde a programas que fueron mal evaluados por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. Querella en contra del subsecretario
La Asociación de Funcionarios del Ministerio de Educación presentó ayer una querella por injurias con contra del subsecretario de la repartición, Fernando Rojas. La acción legal fue interpuesta en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.
Según explicó el presidente de Andime, Nelson Viveros, la acción legal se debe a que Rojas ha vinculado a los funcionarios con actos delictuales y con amenazas. "Nosotros negamos cualquier vínculo con criminales que asaltan a mano armada o con amenazas", afirmó Viveros.
El tribunal deberá declarar la admisibilidad de la querella.
Uno de los principales cambios apunta a crear un departamento de estudios similar al del Banco Central. Para ello se contratarán profesionales con posgrado. A esto se sumará la creación de nuevas unidades -como reconstrucción, apoyo a municipios y nuevos programas- y el fortalecimiento de la Unidad de Currículum y Evaluación (UCE).
A nivel de subvenciones, se hará una reformulación completa del sistema de fiscalización. Para ello, se tomará el modelo propuesto por el estudio realizado por el ex director de Impuestos Internos y ex ministro, Javier Etcheberry, y que fue encargado por la administración anterior.
El sistema de Supervisión de la División de Educación General también será reformulado.
Adicionalmente, se pretende reducir los costos de la repartición con el fin de aumentar la inversión en los estudiantes. De hecho, el aumento de 20% de la subvención preferencial en septiembre se hará con recursos propios.
En cuanto a los despidos, hoy el ministro Joaquín Lavín deberá exponer sobre el tema tanto en la comisión de Educación del Senado como en la sala de la Cámara de Diputados.
Según los datos del Mineduc, 466 funcionarios han salido de la repartición, la mayor parte de los cuales corresponde a despidos. Del total, sólo 81 personas han presentado sus renuncias.
La mayor cantidad de despidos corresponde a programas que fueron mal evaluados por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. Querella en contra del subsecretario
La Asociación de Funcionarios del Ministerio de Educación presentó ayer una querella por injurias con contra del subsecretario de la repartición, Fernando Rojas. La acción legal fue interpuesta en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.
Según explicó el presidente de Andime, Nelson Viveros, la acción legal se debe a que Rojas ha vinculado a los funcionarios con actos delictuales y con amenazas. "Nosotros negamos cualquier vínculo con criminales que asaltan a mano armada o con amenazas", afirmó Viveros.
El tribunal deberá declarar la admisibilidad de la querella.
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