Minutos después de las 13 horas de ayer, el diputado Gabriel Ascencio activó su teléfono en Buenos Aires y descubrió varias llamadas perdidas. Al revisar su correo se encontró con la notificación de la Contraloría por su presentación en que pedía un pronunciamiento por el posible conflicto de interés del subsecretario de Deportes, Gabriel Ruiz-Tagle, quien también es el accionista mayoritario de Blanco y Negro S.A., sociedad que controla a Colo Colo.
El dictamen, de cuatro carillas y firmado por el contralor, Ramiro Mendoza, sentenció que Ruiz-Tagle puede seguir ejerciendo sus funciones, pero que deberá inhabilitarse en todo lo que tenga que ver con temas ligados al fútbol.
"En la medida en que el ejercicio de sus funciones y atribuciones incida en el quehacer de la sociedad anónima de la cual es accionista -ya sea directamente respecto de ella, de las demás entidades con las que se relaciona o pueda relacionarse la sociedad Blanco y Negro S. A., o en la misma actividad deportiva en que ellas participan-, corresponde concluir que tal director deberá abstenerse de intervenir en cualquiera de esos asuntos", señala.
En la Contraloría precisaron que la decisión invoca leyes previamente vigentes. Y que, en este caso, la obligación de abstención de Ruiz-Tagle es desde el mismo 11 de marzo, por lo que cualquier actuación contraria a ello desde su asunción podría ser objeto de investigación, la que puede culminar con sanciones e incluso una destitución.
A esa misma hora, La Moneda era notificada de la resolución, la cual se sumaba a la que, horas antes, había determinado que el Presidente Sebastián Piñera no estaba inhabilitado para hacer nombramientos en TVN y el Consejo Nacional de Televisión, pese a mantener la propiedad de Chilevisión (ver relacionado).
Ambos fallos fueron analizados por los equipos jurídicos de la Segpres y la Segegob. Y según el análisis, mientras el caso de Piñera era el mejor escenario posible, para Ruiz-Tagle era "el segundo mejor escenario". Esto, porque el subsecretario había adelantado que se abstendría en materias ligadas al fútbol.
Además, comentan, los temas en los que se deberá inhabilitar están relacionados con el registro de donaciones de empresas privadas a sociedades anónimas deportivas, contratos de arriendo de estadios y escuelas de fútbol, pero no afectarían mayormente su labor.
A esa hora la oposición comenzaba a cuestionar la permanencia de Ruiz-Tagle. "Está pendiendo de un hilo", señalaba Ascensio. Pero la decisión de respaldar al subsecretario estaba tomada. Más aún considerando que el propio Ruiz-Tagle puso como condición al asumir no vender sus acciones. Y que una eventual salida volvería a poner la atención sobre el Presidente, quien aún tiene acciones en Blanco y Negro.
Además, se sumó otro factor: la evaluación de Palacio de que Chiledeportes es un tema complejo para la oposición, debido a las irregularidades que hubo en los anteriores gobiernos. Algo que -comentan en La Moneda- puede ser usado como argumento en este caso.
Cerca de las 18 horas, Piñera -quien este fin de semana estará en Cachagua- interrumpió por cinco minutos el consejo de gabinete para llamar a Ruiz-Tagle, quien media hora después dio una conferencia de prensa en el CAR.
Allí, el subsecretario mantuvo su posición: "Se ratifica que es compatible el cargo de director del IND con la dirección de Blanco y Negro S.A. (...) Mientras la ley me permita mantener mis acciones de Colo Colo, al cual le tengo gran afecto, no las voy a vender".
Pese a ello, el diputado UDI Gustavo Hasbún cuestionó la decisión. "Creo que Ruiz-Tagle se equivoca y al único que perjudica con su decisión es al Presidente", escribió en Twitter.
Quien también comentó brevemente el tema fue el presidente de la ANFP, Harold Mayne-Nicholls, quien ha mantenido diferencias con Ruiz-Tagle: "No me corresponde hacer juicios sobre resoluciones que realiza el contralor. Sólo puedo decir que el fútbol no recibe aportes directos de Chiledeportes y, por lo tanto, no veo en que nos pueda afectar la resolución", sentenció.
''(Ruiz-Tagle) Está inhabilitado para ejercer o tomar decisiones que digan relación directa o indirectamente con los intereses de ese club".
CONTRALOR, RAMIRO MENDOZA
''Mientras la ley me permita mantener mis acciones de Colo Colo, al cual le tengo gran afecto, no las voy a vender".
GABRIEL RUIZ-TAGLE, SUBSECRETARIO DE DEPORTES Resoluciones pendientes
Permanencia de María Luisa Brahm en el CNTV
A mediados de junio, diputados opositores presentaron un requerimiento en que solicitan a la Contraloría que se pronuncie sobre la incompatibilidad de la jefa del "segundo piso" presidencial con el cargo de consejera del CNTV. El dictamen sería emitido a fines de agosto o inicios de septiembre.
Auditoría a contrato de la U. de Chile por Chilevisión
También a fines de junio, el contralor Ramiro Mendoza anunció que indaga el contrato de 1993 en que la Universidad de Chile cedió el usufructo de la concesión de su señal televisiva (que hoy ocupa Chilevisión) por 25 años, un punto clave en la venta del canal que hoy es propiedad de Sebastián Piñera.Dictamen valida nombramientos de Piñera en TVN y en el CNTV
Junto con el dictamen de Ruiz-Tagle, la Contraloría resolvió ayer otra presentación: la de los diputados Ramón Farías, Lautaro Carmona y Patricio Vallespín, que le pedía pronunciarse sobre la eventual incompatibilidad del Presidente Sebastián Piñera para hacer designaciones en TVN y en el Consejo Nacional de Televisión mientras mantiene la propiedad de Chilevisión.
En lo medular, el documento afirma que el Mandatario está habilitado para efectuar los nombramientos y las propuestas, dado que, "conforme a las reglas constitucionales y legales, el ordenamiento jurídico impone al Jefe de Estado el deber de disponer determinados nombramientos", agregando que en caso contrario, podría incurrir en abandono de deberes.
Sobre ello, Ramiro Mendoza planteó ayer que "si hay un conflicto de interés, éste debe demostrarse" y luego ser resuelto en una acusación constitucional, aunque dijo que la entidad "va a estar atenta a las reglas de cumplimiento de probidad, trátese de cualquier autoridad".
La vocera de Gobierno, Ena von Baer, destacó que el dictamen "ratifica que los nombramientos que ha hecho el Presidente se apegan estrictamente a la Constitución y a las leyes", llamando a la Concertación a que destrabe la aprobación de nombramientos en el área de televisión.
En tanto, en la oposición hubo críticas. El diputado Farías (PPD), uno de los que hicieron la presentación, señaló que el dictamen "nos deja en tierra de nadie", mientras Vallespín (DC) no descartó, incluso, usar el recurso de una acusación constitucional en caso de que lo amerite.Contralor pide legislar sobre conflictos de interés
Fue uno de los puntos más llamativos de los dos dictámenes de ayer de la Contraloría. En ambos, Ramiro Mendoza mencionó la falta de una ley orgánica constitucional que determine "los casos y condiciones" en que los funcionarios públicos deberán desprenderse de sus bienes o hacer un fideicomiso ciego para evitar conflictos de interés. "Cabe hacer notar que la ley no ha sido aún dictada", señala en la resolución sobre las designaciones del Presidente Piñera en TVN y el CNTV.
Además, el documento esgrime que la Constitución "ha radicado exclusivamente en el Poder Legislativo" la facultad de determinar qué bienes son potencialmente generadores de dichos conflictos, por lo que la Contraloría "carece de atribuciones" para efectuar dicha calificación.
En esa línea, el propio Mendoza ratificó ayer públicamente el llamado al Congreso para que apruebe a la brevedad el cuerpo legislativo, pendiente desde la reforma constitucional por el tema publicada en enero de este año. "Lo que echamos de menos es que el cumplimiento del artículo octavo de la Constitución encargado a una ley orgánica constitucional, que es de responsabilidad del Congreso Nacional, y que dice relación con la descripción de figuras presuntas donde se producirían conflictos de interés, no ha sido dictado aún", dijo en una visita a las obras del nuevo edificio de la Contraloría Regional de Valparaíso.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/07/16/nacional/politica/noticias/60FF0D59-932D-457B-AB6E-B69A2C641DE8.htm?id={60FF0D59-932D-457B-AB6E-B69A2C641DE8} (El Mercurio)
viernes, 16 de julio de 2010
miércoles, 14 de julio de 2010
Corte confirma embargo de bienes de Pilar Pérez de cara al juicio oral
El embargo de siete inmuebles de propiedad de María del Pilar Pérez López quedó asegurado el lunes ad portas de la realización del juicio oral en su contra por ser la presunta autora intelectual de los crímenes de Providencia.
Y es que la Corte de Apelaciones confirmó el lunes pasado la decisión del 8º Juzgado de Garantía de prohibir la celebración de actos y contratos sobre sus bienes raíces, que estarían avaluados en unos $400 millones.
El abogado de la imputada, Mario Palma, había solicitado al tribunal de alzada la revocación de estas medidas, por ser "agraviante a los derechos de mi representada", según consignó en el recurso de apelación.
Pero con esta decisión refuerza la idea del fiscal Carlos Gajardo, quien pretende asegurar la reparación a los familiares de las víctimas, en el evento de que Pérez López sea condenada.
De hecho, en el marco del proceso penal, tanto Pérez López, como José Ruz, autor material de los crímenes, enfrentan demandas civiles de parte de los familiares de Francisco Zamorano, ex marido de la mujer, y de la pareja de éste, Héctor Arévalo; además de la familia del economista Diego Schmidt-Hebbel.
Los primeros fueron asesinados en su domicilio de Infante 1020 el 23 de abril de 2008, y el joven economista en la puerta de entrada de Seminario 97, en la casa de su polola, María Belén Molina, sobrina de la imputada.
Si fueran condenados, ambos podrían enfrentar demandas por más de mil millones de pesos.
Para ello, Pérez López debiera echar mano de los departamentos 41 y 32 de Seminario 96, frente al lugar donde Schmidt-Hebbel fue asesinado; y los inmuebles 31, 42 y 21 del mismo edificio, pero que pertenecen a la sociedad Galiza, en la que Pérez López posee el 90%. También se cuentan una residencia que la mujer adquirió en Talagante y su casa de Seminario 95.
En tanto, la causa debe llegar en los próximos días al Tercer Tribunal Oral en Lo Penal, que tiene un plazo de entre 15 y 60 días para fijar la fecha del inicio del juicio oral en que ambos acusados arriesgan presidio perpetuo.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/07/14/nacional/_portada/noticias/608EB068-EB62-4774-9505-B0C48569DD5C.htm?id={608EB068-EB62-4774-9505-B0C48569DD5C} (El Mercurio)
Y es que la Corte de Apelaciones confirmó el lunes pasado la decisión del 8º Juzgado de Garantía de prohibir la celebración de actos y contratos sobre sus bienes raíces, que estarían avaluados en unos $400 millones.
El abogado de la imputada, Mario Palma, había solicitado al tribunal de alzada la revocación de estas medidas, por ser "agraviante a los derechos de mi representada", según consignó en el recurso de apelación.
Pero con esta decisión refuerza la idea del fiscal Carlos Gajardo, quien pretende asegurar la reparación a los familiares de las víctimas, en el evento de que Pérez López sea condenada.
De hecho, en el marco del proceso penal, tanto Pérez López, como José Ruz, autor material de los crímenes, enfrentan demandas civiles de parte de los familiares de Francisco Zamorano, ex marido de la mujer, y de la pareja de éste, Héctor Arévalo; además de la familia del economista Diego Schmidt-Hebbel.
Los primeros fueron asesinados en su domicilio de Infante 1020 el 23 de abril de 2008, y el joven economista en la puerta de entrada de Seminario 97, en la casa de su polola, María Belén Molina, sobrina de la imputada.
Si fueran condenados, ambos podrían enfrentar demandas por más de mil millones de pesos.
Para ello, Pérez López debiera echar mano de los departamentos 41 y 32 de Seminario 96, frente al lugar donde Schmidt-Hebbel fue asesinado; y los inmuebles 31, 42 y 21 del mismo edificio, pero que pertenecen a la sociedad Galiza, en la que Pérez López posee el 90%. También se cuentan una residencia que la mujer adquirió en Talagante y su casa de Seminario 95.
En tanto, la causa debe llegar en los próximos días al Tercer Tribunal Oral en Lo Penal, que tiene un plazo de entre 15 y 60 días para fijar la fecha del inicio del juicio oral en que ambos acusados arriesgan presidio perpetuo.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/07/14/nacional/_portada/noticias/608EB068-EB62-4774-9505-B0C48569DD5C.htm?id={608EB068-EB62-4774-9505-B0C48569DD5C} (El Mercurio)
lunes, 12 de julio de 2010
Suprema aprueba ampliar recurso de apelación en materia laboral
El Pleno de la Corte Suprema resolvió informar favorablemente un proyecto de ley que se encuentra en trámite en el Congreso, que de ser aprobado introducirá una importante modificación en materia laboral: la ampliación del recurso de apelación en sentencias definitivas.
En un fallo dividido de 14 votos contra 6, se resolvió dar luz verde a la iniciativa que presentaron los senadores UDI Pablo Longueira y Víctor Pérez.
La presentación viene a solucionar un conflicto que se estaba dando en las Cortes de Apelaciones del país y especialmente en la de Santiago, porque el recurso de nulidad era el único medio de impugnación que tiene la parte vencida para alzarse en contra de la sentencia definitiva, y como éste es muy acotado la mayoría de ellos eran declarados inadmisibles.
Esto significó que los abogados interpusieran recursos de queja ante la Corte Suprema. Y pese a que eran rechazados, de oficio el máximo tribunal dejaba sin efecto la resolución que declaraba la inadmisibilidad, obligando a las Cortes de Apelaciones a conocer los recursos de nulidad.
Esta situación se estaba constituyendo en un problema para los usuarios y un atochamiento de recursos en la Suprema.
La ley Nº 20.022, que estableció los nuevos juzgados de letras del trabajo, sólo consagró como medios de impugnación de las resoluciones la reposición y el recurso de nulidad. El recurso de apelación estaba acotado sólo a las sentencias que ponían término al juicio o hicieran imposible su continuación; a aquellas que se pronunciaban sobre medidas cautelares, y a las que fijaban el monto de las liquidaciones o reliquidaciones de beneficios de seguridad social.
Según el informe de los supremos, el proyecto de ley es "beneficioso, pues consagra el principio de la gradualidad o doble instancia" y sugieren la revisión de la iniciativa de los senadores en lo que respecta al recurso de nulidad.
Esto, ya que la moción de los parlamentarios concede la revisión de este recurso sólo al máximo tribunal, en circunstancias que éste estimó que las Cortes de Apelaciones pueden conocer también parte de ellos, por lo que esta parte del proyecto la informaron desfavorablemente.
Plazo para apelar
De aprobarse el proyecto de ley, los abogados tendrán cinco días para apelar ante las cortes de Apelaciones del país a las sentencias definitivas en materia laboral.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/07/12/nacional/nacional/noticias/44B2AAB8-E6A1-4E5C-B483-356C77313526.htm?id={44B2AAB8-E6A1-4E5C-B483-356C77313526} (El Mercurio)
En un fallo dividido de 14 votos contra 6, se resolvió dar luz verde a la iniciativa que presentaron los senadores UDI Pablo Longueira y Víctor Pérez.
La presentación viene a solucionar un conflicto que se estaba dando en las Cortes de Apelaciones del país y especialmente en la de Santiago, porque el recurso de nulidad era el único medio de impugnación que tiene la parte vencida para alzarse en contra de la sentencia definitiva, y como éste es muy acotado la mayoría de ellos eran declarados inadmisibles.
Esto significó que los abogados interpusieran recursos de queja ante la Corte Suprema. Y pese a que eran rechazados, de oficio el máximo tribunal dejaba sin efecto la resolución que declaraba la inadmisibilidad, obligando a las Cortes de Apelaciones a conocer los recursos de nulidad.
Esta situación se estaba constituyendo en un problema para los usuarios y un atochamiento de recursos en la Suprema.
La ley Nº 20.022, que estableció los nuevos juzgados de letras del trabajo, sólo consagró como medios de impugnación de las resoluciones la reposición y el recurso de nulidad. El recurso de apelación estaba acotado sólo a las sentencias que ponían término al juicio o hicieran imposible su continuación; a aquellas que se pronunciaban sobre medidas cautelares, y a las que fijaban el monto de las liquidaciones o reliquidaciones de beneficios de seguridad social.
Según el informe de los supremos, el proyecto de ley es "beneficioso, pues consagra el principio de la gradualidad o doble instancia" y sugieren la revisión de la iniciativa de los senadores en lo que respecta al recurso de nulidad.
Esto, ya que la moción de los parlamentarios concede la revisión de este recurso sólo al máximo tribunal, en circunstancias que éste estimó que las Cortes de Apelaciones pueden conocer también parte de ellos, por lo que esta parte del proyecto la informaron desfavorablemente.
Plazo para apelar
De aprobarse el proyecto de ley, los abogados tendrán cinco días para apelar ante las cortes de Apelaciones del país a las sentencias definitivas en materia laboral.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/07/12/nacional/nacional/noticias/44B2AAB8-E6A1-4E5C-B483-356C77313526.htm?id={44B2AAB8-E6A1-4E5C-B483-356C77313526} (El Mercurio)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)