Un archivo propio con fotografías, datos personales y antecedentes penales de todos los detenidos creó el Ministerio Público, según anunció ayer el fiscal nacional Sabas Chahuán en su cuenta pública anual.
La medida comenzó a operar como plan piloto en las Fiscalías Metropolitanas Oriente y Sur, y busca perfeccionar las bases de datos ya existentes y mejorar, por ejemplo, los reconocimientos fotográficos de las víctimas.
Además, en el mismo sentido, Chahuán solicitó formalmente que se les permita a los fiscales acceder directamente a las bases de datos de Gendarmería.
"Gendarmería hace una ficha muy completa. Tiene fotografías, descripciones, peso, cicatrices, enfermedades de sus reos. Se nos ha permitido el acceso en ciertos casos, pero queremos acceso pleno, por ejemplo, cuando queremos descartar eventuales sospechosos o para realizar reconocimientos fotográficos con mayor certeza", dijo.
Entre otros aspectos, el fiscal nacional pidió mayores atribuciones legales para investigar actos terroristas. En concreto, pidió que las técnicas investigativas permitidas en las causas de narcotráfico, como el uso de agentes encubiertos o entregas vigiladas de armas, puedan ser utilizadas para indagar a grupos subversivos.
"Si hoy queremos filtrar una organización dedicada a poner bombas, no podemos", dijo.
En cuanto a la gestión 2009, Chahuán informó que durante el año pasado ingresaron 1.276.296 causas, es decir, aumentaron un 5.1% respecto del año anterior.
El Ministerio Público logró una cifra histórica pues el 41.6% de los casos se resolvió a través de una salida judicial. Además se obtuvieron 248.140 condenas, lo que significa un aumento de un 15.2% de sentencias respecto de 2008. Desde el inicio de la Reforma Procesal Penal la fiscalía ha tramitado 6.186.904 procesos, logrando un término en el 96,3% de los casos. Juicio a propuestas y cifras de gestión
MAURICIO DUCEAbogado UDP
Registro de detenidos:"Son registros públicos que ya existen, y no entiendo para qué se quieren ocupar. No parece ser distinto a otras bases. Creo que pueden servir en la medida que hay un debe en los procedimientos de identificación y reconocimientos fotográficos".
JAVIERA BLANCOFundación Paz Ciudadana
Términos judiciales:"El 41% de términos judiciales efectivamente es un crecimiento importante, o sea estamos hablando de términos que tienen un mayor grado de calidad que otro tipo de salidas. En ese sentido, hemos pasado en un corto periodo de años de tener un 33 a un 41%".
HERNÁN LARRAÍNSenador UDI
Casos terminados:"La gestión ha sido exitosa, pero es necesario esclarecer temas vitales. El 97% de los casos fueron resueltos, pero no se señala que el grueso de ellos son procesos enviados a archivo provisional, eso es una verdadera caja negra que no se puede dilucidar".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/04/16/nacional/nacional/noticias/661B816C-7F2F-498A-970D-9145EBCC8514.htm?id={661B816C-7F2F-498A-970D-9145EBCC8514}(El Mercurio)
viernes, 16 de abril de 2010
Presidente de la Suprema dice que auditoría al Ministerio Público "no está en la ley"
No está contemplado ni en la Constitución ni en la ley". Así de categórico fue el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, sobre la idea del Gobierno de realizar una auditoría externa al Ministerio Público.
Esta iniciativa, planteada hace unas semanas por el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, fue el tema que marcó la tercera cuenta pública del fiscal nacional Sabas Chahuán, quien ayer ratificó su postura de defender la autonomía de la entidad persecutora.
Y es que fue el Presidente de la República, Sebastián Piñera, quien asistió a la ceremonia flanqueado por el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y el propio Bulnes, el que abrió los fuegos e insistió en la necesidad de "transparentar" los procesos de la fiscalía.
"Es bueno y sano que pueda existir una auditoría de los procesos, procedimientos y resultados de la fiscalía, porque mientras más transparente sea su labor, mayor eficacia tendrá su trabajo", dijo el Mandatario minutos después de escuchar la cuenta pública.
Luego, el Presidente reveló que el tema ya había sido conversado con el fiscal nacional y aseguró confiado que este diálogo llegaría a "buen puerto".
Autonomía versus auditoria
No obstante, Chahuán no se movió un ápice de su posición.
"La fiscalía ha sido clara. Tenemos todas nuestras cifras publicadas en la página web, todos los fiscales regionales rinden cuenta una vez al año y el nacional una vez al año. Creemos que no se puede hacer, de acuerdo a la Constitución, una auditoría impuesta a la fiscalía", dijo el fiscal nacional.
La única posibilidad, según el titular del Ministerio Público, es que todos los organismos autónomos se sometan a una revisión externa como la planteada.
"Le acabo de decir al excelentísimo señor Presidente que nosotros estamos llanos a cualquier revisión de procedimientos, recursos, más allá de la página web. Pero creemos que es de toda justicia que como la Constitución consagra organismos autónomos, la auditoría se debería hacer a todos los organismos autónomos. Que se le haga a la Contraloría, al Banco Central, al Tribunal Constitucional, al Poder Judicial y a la Fiscalía, no tenemos ningún problema. De otra manera, creemos que está más allá de la Constitución", sentenció.
Esta respuesta abrió otro flanco de discusión. Milton Juica volvió a ser categórico sobre este punto.
"No corresponde, desde luego; nosotros somos un poder autónomo. Si el Gobierno entiende que hay un problema, tiene los conductos suficientes para plantearlo", dijo.
En tanto, en los otros organismos aludidos no hubo respuesta. En la Contraloría dijeron categóricamente que no se referirán al asunto.
En el Banco Central, la respuesta fue similar. "Las disposiciones relativas a revisión y auditoría del Banco Central están expresamente mencionadas en su Ley Orgánica Constitucional", aseguraron desde la entidad.
''No corresponde, desde luego, nosotros somos un poder autónomo. Si el Gobierno entiende que hay un problema, tiene los conductos suficientes para plantearlo".MILTON JUICAPRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA''Es bueno y sano que pueda existir una auditoría de los procesos, procedimientos y resultados de la fiscalía, porque mientras más transparente sea su labor, mayor eficiencia tendrá su trabajo".SEBASTIÁN PIÑERAPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Ministro Bulnes: "No es sinónimo de desconfianza"
Tras la cuenta pública de la Fiscalía, el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, afirmó sobre la discusión planteada ante una eventual auditoría al Ministerio Público que "una cosa es la autonomía y otra es tener la mayor información posible".
Explicó que "nosotros queremos, por supuesto, salvaguardar la autonomía del Ministerio Público, pero creemos al mismo tiempo que las instituciones se fortalecen y legitiman en la medida en que mayor información den a la ciudadanía".
Para el ministro Bulnes no está en cuestión la independencia del ente persecutor, sino que se están analizando instancias de "información y control".
"El Presidente lo ha dicho, creemos que es importante una auditoría al Ministerio Público, no como un sinónimo de desconfianza; al contrario, creemos que éste va a salir fortalecido en la medida que aporte toda la información", aseguró el ministro de Justicia.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/04/16/nacional/nacional/noticias/803940CC-EA57-4940-AC82-BBE29B9947D4.htm?id={803940CC-EA57-4940-AC82-BBE29B9947D4} (El Mercurio)
Esta iniciativa, planteada hace unas semanas por el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, fue el tema que marcó la tercera cuenta pública del fiscal nacional Sabas Chahuán, quien ayer ratificó su postura de defender la autonomía de la entidad persecutora.
Y es que fue el Presidente de la República, Sebastián Piñera, quien asistió a la ceremonia flanqueado por el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y el propio Bulnes, el que abrió los fuegos e insistió en la necesidad de "transparentar" los procesos de la fiscalía.
"Es bueno y sano que pueda existir una auditoría de los procesos, procedimientos y resultados de la fiscalía, porque mientras más transparente sea su labor, mayor eficacia tendrá su trabajo", dijo el Mandatario minutos después de escuchar la cuenta pública.
Luego, el Presidente reveló que el tema ya había sido conversado con el fiscal nacional y aseguró confiado que este diálogo llegaría a "buen puerto".
Autonomía versus auditoria
No obstante, Chahuán no se movió un ápice de su posición.
"La fiscalía ha sido clara. Tenemos todas nuestras cifras publicadas en la página web, todos los fiscales regionales rinden cuenta una vez al año y el nacional una vez al año. Creemos que no se puede hacer, de acuerdo a la Constitución, una auditoría impuesta a la fiscalía", dijo el fiscal nacional.
La única posibilidad, según el titular del Ministerio Público, es que todos los organismos autónomos se sometan a una revisión externa como la planteada.
"Le acabo de decir al excelentísimo señor Presidente que nosotros estamos llanos a cualquier revisión de procedimientos, recursos, más allá de la página web. Pero creemos que es de toda justicia que como la Constitución consagra organismos autónomos, la auditoría se debería hacer a todos los organismos autónomos. Que se le haga a la Contraloría, al Banco Central, al Tribunal Constitucional, al Poder Judicial y a la Fiscalía, no tenemos ningún problema. De otra manera, creemos que está más allá de la Constitución", sentenció.
Esta respuesta abrió otro flanco de discusión. Milton Juica volvió a ser categórico sobre este punto.
"No corresponde, desde luego; nosotros somos un poder autónomo. Si el Gobierno entiende que hay un problema, tiene los conductos suficientes para plantearlo", dijo.
En tanto, en los otros organismos aludidos no hubo respuesta. En la Contraloría dijeron categóricamente que no se referirán al asunto.
En el Banco Central, la respuesta fue similar. "Las disposiciones relativas a revisión y auditoría del Banco Central están expresamente mencionadas en su Ley Orgánica Constitucional", aseguraron desde la entidad.
''No corresponde, desde luego, nosotros somos un poder autónomo. Si el Gobierno entiende que hay un problema, tiene los conductos suficientes para plantearlo".MILTON JUICAPRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA''Es bueno y sano que pueda existir una auditoría de los procesos, procedimientos y resultados de la fiscalía, porque mientras más transparente sea su labor, mayor eficiencia tendrá su trabajo".SEBASTIÁN PIÑERAPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Ministro Bulnes: "No es sinónimo de desconfianza"
Tras la cuenta pública de la Fiscalía, el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, afirmó sobre la discusión planteada ante una eventual auditoría al Ministerio Público que "una cosa es la autonomía y otra es tener la mayor información posible".
Explicó que "nosotros queremos, por supuesto, salvaguardar la autonomía del Ministerio Público, pero creemos al mismo tiempo que las instituciones se fortalecen y legitiman en la medida en que mayor información den a la ciudadanía".
Para el ministro Bulnes no está en cuestión la independencia del ente persecutor, sino que se están analizando instancias de "información y control".
"El Presidente lo ha dicho, creemos que es importante una auditoría al Ministerio Público, no como un sinónimo de desconfianza; al contrario, creemos que éste va a salir fortalecido en la medida que aporte toda la información", aseguró el ministro de Justicia.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/04/16/nacional/nacional/noticias/803940CC-EA57-4940-AC82-BBE29B9947D4.htm?id={803940CC-EA57-4940-AC82-BBE29B9947D4} (El Mercurio)
Jueces condenan a 10 años a pastora por la muerte de su hijo Eloy
El tribunal oral condenó ayer a 10 años y un día de presidio efectivo a la pastora aimara Gabriela Blas Blas, como autora de abandono de menor con resultado de muerte, delito cuya víctima fue su propio hijo Domingo Eloy (3), quien falleció en el altiplano en julio de 2007.
Los jueces desestimaron favorecerla con atenuantes, por lo que fue castigada con presidio mayor en su grado medio, aunque la pena durará 5 años menos que los pedidos por la fiscalía.
Gabriela Blas escuchó impasible su condena. Pero dirigentes aimaras presentes en la sala reclamaron contra el fallo. "Vine todos los días al juicio y creo que lo que ocurrió tiene que ver con las vivencias de las pastoras aimaras que llevan consigo a sus hijos", dijo la presidenta de las mujeres indígenas de Arica, Lorenza Huanca, en consonancia con la tesis de la defensa.
La fiscal Javiera López descartó que el juicio haya vulnerado los derechos de la acusada en su calidad de indígena, ya que los jueces examinaron su pertenencia a la cultura aimara, pero concluyeron que ello no altera su responsabilidad penal. López destacó que el lugar donde fue finalmente hallado el niño, una pampa desolada a 15 kilómetros del punto de su extravío, demuestra que fue dejado allí por terceros con la intención de dificultar que se diera con su cuerpo.
En el juicio, los policías que interrogaron a Blas destacaron que se mostró sin emociones ante la muerte de su hijo, e hicieron notar su capacidad para hilar distintas historias sobre lo sucedido; entre ellas, haberle matado a golpes y por asfixia.
A juicio de la defensora nacional, Paula Vial, los jueces aplicaron cánones occidentales para examinar expresiones culturales indígenas. "No sólo en el hecho de estimar que dejar a un niño solo durante el pastoreo es un descuido. Tampoco para entender por qué Gabriela entrega diversas versiones a la policía", agregó. Al entender de Vial, el contexto de angustia expuso a la pastora a sugestiones, ya que las mujeres aimaras sólo establecen relaciones de confianza con otras mujeres de su comunidad. Esta falta de garantías a su condición indígena puede, en su opinión, llevar a anular al juicio o a que sea examinado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La primera versión que Gabriela Blas dio a la policía, en presencia de su abogado, fue determinante en su condena de 10 años de reclusión. Entonces, la mujer expresó que había abandonado a su hijo en la línea del Ferrocarril de Arica a La Paz.
Además, los jueces para descartar el tema indígena resaltaron que "no es propio de la cultura aimara abandonar a los niños".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/04/16/nacional/nacional/noticias/F28F1F7F-817E-4A65-BB47-B746BD4225E9.htm?id={F28F1F7F-817E-4A65-BB47-B746BD4225E9}(El Mercurio)
Los jueces desestimaron favorecerla con atenuantes, por lo que fue castigada con presidio mayor en su grado medio, aunque la pena durará 5 años menos que los pedidos por la fiscalía.
Gabriela Blas escuchó impasible su condena. Pero dirigentes aimaras presentes en la sala reclamaron contra el fallo. "Vine todos los días al juicio y creo que lo que ocurrió tiene que ver con las vivencias de las pastoras aimaras que llevan consigo a sus hijos", dijo la presidenta de las mujeres indígenas de Arica, Lorenza Huanca, en consonancia con la tesis de la defensa.
La fiscal Javiera López descartó que el juicio haya vulnerado los derechos de la acusada en su calidad de indígena, ya que los jueces examinaron su pertenencia a la cultura aimara, pero concluyeron que ello no altera su responsabilidad penal. López destacó que el lugar donde fue finalmente hallado el niño, una pampa desolada a 15 kilómetros del punto de su extravío, demuestra que fue dejado allí por terceros con la intención de dificultar que se diera con su cuerpo.
En el juicio, los policías que interrogaron a Blas destacaron que se mostró sin emociones ante la muerte de su hijo, e hicieron notar su capacidad para hilar distintas historias sobre lo sucedido; entre ellas, haberle matado a golpes y por asfixia.
A juicio de la defensora nacional, Paula Vial, los jueces aplicaron cánones occidentales para examinar expresiones culturales indígenas. "No sólo en el hecho de estimar que dejar a un niño solo durante el pastoreo es un descuido. Tampoco para entender por qué Gabriela entrega diversas versiones a la policía", agregó. Al entender de Vial, el contexto de angustia expuso a la pastora a sugestiones, ya que las mujeres aimaras sólo establecen relaciones de confianza con otras mujeres de su comunidad. Esta falta de garantías a su condición indígena puede, en su opinión, llevar a anular al juicio o a que sea examinado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La primera versión que Gabriela Blas dio a la policía, en presencia de su abogado, fue determinante en su condena de 10 años de reclusión. Entonces, la mujer expresó que había abandonado a su hijo en la línea del Ferrocarril de Arica a La Paz.
Además, los jueces para descartar el tema indígena resaltaron que "no es propio de la cultura aimara abandonar a los niños".
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/04/16/nacional/nacional/noticias/F28F1F7F-817E-4A65-BB47-B746BD4225E9.htm?id={F28F1F7F-817E-4A65-BB47-B746BD4225E9}(El Mercurio)
Contraloría prepara sistema de toma de razón en línea para más de un millón de trámites al año
La modernización de la Contraloría General de la República ha sido uno de los sellos de los recién cumplidos tres años de gestión de Ramiro Mendoza al frente de la entidad.
Apenas un mes después de asumir el puesto el 10 de abril de 2007, ordenó que los informes fueran publicados en internet. Además, actualizó los sistemas computacionales internos de la institución, e hizo cambios a nivel de jefaturas, buscando optimizar la eficiencia.
El cambio también ha sido a nivel de infraestructura. Este año la Contraloría ya inauguró la remodelación de varios pisos de sus oficinas en Santiago, entre ellas la del propio Mendoza, con fondos propios de la entidad.
Y el objetivo es que para 2015 -al final de su período de ocho años- todas las sedes regionales tengan un inmueble propio para desempeñar sus tareas, ya que en la actualidad varias comparten edificio con otras reparticiones estatales. De hecho, en 2010 se inaugurarán las oficinas de Valparaíso y Biobío.
Sin embargo, la apuesta de Mendoza va más allá. Y apunta a lograr la simplificación de gran parte de las tareas burocráticas que debe cumplir la entidad, las que ocupan una importante cantidad de recursos humanos.
En la Contraloría destacan que la idea es dedicar la mayor cantidad de personal en tareas de fiscalización, un área en el que Mendoza ha puesto especial énfasis.
"Proyecto estrella"
Y para ello, la institución prepara un "proyecto estrella": un sistema que permitirá la toma de razón electrónica y en línea de más de un millón de trámites al año que se hacen en la administración pública, centrados fundamentalmente en temas de personal.
El programa, a cargo de la División Jurídica y del Centro de Informática de la Contraloría, es un viejo anhelo de la entidad.
En síntesis, lo que permite es agilizar un proceso que hoy se debe realizar en forma escrita y que puede tardar días o incluso semanas, ocupando tiempos y recursos del Estado.
Durante los últimos años, y con recursos del presupuesto de la institución, se ha avanzado en la construcción del sistema.
La complejidad es que éste debe estar preparado para reconocer automáticamente una serie de variables, con el fin de detectar si un decreto se ajusta o no a la legalidad. Así, en caso de que haya errores, el documento se derivaría a los expertos de la entidad para las observaciones pertinentes; y si está correcto, queda visado para su ejecución.
En la Contraloría señalan que este año ya han comenzado con las pruebas del sistema y que éstas han dado buenos resultados.
Aunque el programa informático aún está en desarrollo, se espera que ya esté completo a fines de este año o comienzos de 2011.
En la entidad señalan que para comenzar a operar, se deberán hacer cambios en la actual legislación, sobre todo en cuanto a los temas de firma electrónica y de conservación de los documentos. Y además, capacitar a los servicios públicos sobre el uso del sistema.
De todas formas, la estimación es que para 2012 ya estará operando en forma plena, convirtiéndose así en un salto clave para modernizar todo el actual sistema de gestión pública en el Estado.
Sedes
Este año, la Contraloría espera inaugurar las nuevas oficinas de la entidad en Valparaíso y Biobío. En la corporación destacan que el objetivo es llegar a 2015 -año en que termina el período del contralor- con sedes propias en todas las regiones del país.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/04/16/nacional/politica/noticias/C0CD39EC-FC6E-4A67-85E7-E7CB42E9EC29.htm?id={C0CD39EC-FC6E-4A67-85E7-E7CB42E9EC29} (El Mercurio)
Apenas un mes después de asumir el puesto el 10 de abril de 2007, ordenó que los informes fueran publicados en internet. Además, actualizó los sistemas computacionales internos de la institución, e hizo cambios a nivel de jefaturas, buscando optimizar la eficiencia.
El cambio también ha sido a nivel de infraestructura. Este año la Contraloría ya inauguró la remodelación de varios pisos de sus oficinas en Santiago, entre ellas la del propio Mendoza, con fondos propios de la entidad.
Y el objetivo es que para 2015 -al final de su período de ocho años- todas las sedes regionales tengan un inmueble propio para desempeñar sus tareas, ya que en la actualidad varias comparten edificio con otras reparticiones estatales. De hecho, en 2010 se inaugurarán las oficinas de Valparaíso y Biobío.
Sin embargo, la apuesta de Mendoza va más allá. Y apunta a lograr la simplificación de gran parte de las tareas burocráticas que debe cumplir la entidad, las que ocupan una importante cantidad de recursos humanos.
En la Contraloría destacan que la idea es dedicar la mayor cantidad de personal en tareas de fiscalización, un área en el que Mendoza ha puesto especial énfasis.
"Proyecto estrella"
Y para ello, la institución prepara un "proyecto estrella": un sistema que permitirá la toma de razón electrónica y en línea de más de un millón de trámites al año que se hacen en la administración pública, centrados fundamentalmente en temas de personal.
El programa, a cargo de la División Jurídica y del Centro de Informática de la Contraloría, es un viejo anhelo de la entidad.
En síntesis, lo que permite es agilizar un proceso que hoy se debe realizar en forma escrita y que puede tardar días o incluso semanas, ocupando tiempos y recursos del Estado.
Durante los últimos años, y con recursos del presupuesto de la institución, se ha avanzado en la construcción del sistema.
La complejidad es que éste debe estar preparado para reconocer automáticamente una serie de variables, con el fin de detectar si un decreto se ajusta o no a la legalidad. Así, en caso de que haya errores, el documento se derivaría a los expertos de la entidad para las observaciones pertinentes; y si está correcto, queda visado para su ejecución.
En la Contraloría señalan que este año ya han comenzado con las pruebas del sistema y que éstas han dado buenos resultados.
Aunque el programa informático aún está en desarrollo, se espera que ya esté completo a fines de este año o comienzos de 2011.
En la entidad señalan que para comenzar a operar, se deberán hacer cambios en la actual legislación, sobre todo en cuanto a los temas de firma electrónica y de conservación de los documentos. Y además, capacitar a los servicios públicos sobre el uso del sistema.
De todas formas, la estimación es que para 2012 ya estará operando en forma plena, convirtiéndose así en un salto clave para modernizar todo el actual sistema de gestión pública en el Estado.
Sedes
Este año, la Contraloría espera inaugurar las nuevas oficinas de la entidad en Valparaíso y Biobío. En la corporación destacan que el objetivo es llegar a 2015 -año en que termina el período del contralor- con sedes propias en todas las regiones del país.
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/04/16/nacional/politica/noticias/C0CD39EC-FC6E-4A67-85E7-E7CB42E9EC29.htm?id={C0CD39EC-FC6E-4A67-85E7-E7CB42E9EC29} (El Mercurio)
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