En fallo unánime, la Segunda Sala de la Corte Suprema rechazó el recurso de queja presentado en contra del fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que condenó a la empresa Casinos Enjoy Antofagasta a pagar una multa de 5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) -equivalentes a $184.310- por infracción a la Ley del Consumidor y una indemnización de $5.000.000 por el daño moral provocado a Elizabeth Flores Soria.
La mujer es madre de Paz Otero Flores, joven de 23 años con síndrome de Down, a quien el 29 de noviembre de 2006 se le impidió el ingreso a una de las salas de juegos del casino de esa ciudad.
El dictamen de los ministros Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller determina que la operadora violó la Ley del Consumidor al impedir injustificadamente el acceso a la joven Otero Flores a la sala de juegos.
La sala detalló que "son derechos y deberes básicos del consumidor (...) el no ser discriminado arbitrariamente por parte de proveedores de bienes y servicios".
También determinó que "el actuar del gerente de la (empresa) demandada, no sólo ha constituido una infracción a la citada ley (19.496), sino que ha significado una afrenta a la dignidad de las personas y por consiguiente un sufrimiento psíquico que debe ser reparado".
Autor: http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=409497 (Emol)
viernes, 23 de abril de 2010
CDE se querella por supuesto cohecho en caso de supermercado
El Consejo de Defensa del Estado se querelló contra quienes resulten responsables por el delito de cohecho por el caso de la supuesta coima que recibió el alcalde de Colina, Mario Olavarría.
Los abogados de la entidad estatal solicitaron varias diligencias que están orientadas a determinar el patrimonio del alcalde y de todos sus asesores. Entre estas diligencias pidieron un peritaje contable y el análisis de las cuentas corrientes de quienes aparecen implicados en la causa. Los abogados que están estudiando los antecedentes son Alma Sánchez y Rolando Melo. El CDE tomó está decisión el jueves pasado.
Mario Olavarría será formalizado el próximo 29 de abril por cohecho. También serán imputados su asesor Domingo Soto, el empresario Nabil Mansour y Francisco Leyton, el vicepresidente de Tottus.
Según el Ministerio Público, este último habría pagado una comisión de 117 millones de pesos a Olavarría a través de Mansour y Soto, para quedarse con un paño de terreno municipal, donde posteriormente se instaló un supermercado de dicha cadena ligada a Falabella.
El caso explotó cuando un oficial de Carabineros denunció que el supermercado vendía alcohol y estaba a menos de cien metros de una comisaría. En la investigación un ejecutivo de DyS (Lider) declaró que a él le solicitaron una gran cantidad de dinero (600 UFs), equivalente a los 117 millones de pesos para adjudicarse el terreno en arriendo. La defensa de Olavarría señala que el dinero que recibió de Soto fue a modo de préstamo personal. Además sostienen que DyS siempre estuvo dispuesta a pagar la comisión al intermediario (Mansour).
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/04/23/nacional/nacional/noticias/F13C3DB8-C494-4E33-B6F4-F36CA41A5242.htm?id={F13C3DB8-C494-4E33-B6F4-F36CA41A5242}(El Mercurio)
Los abogados de la entidad estatal solicitaron varias diligencias que están orientadas a determinar el patrimonio del alcalde y de todos sus asesores. Entre estas diligencias pidieron un peritaje contable y el análisis de las cuentas corrientes de quienes aparecen implicados en la causa. Los abogados que están estudiando los antecedentes son Alma Sánchez y Rolando Melo. El CDE tomó está decisión el jueves pasado.
Mario Olavarría será formalizado el próximo 29 de abril por cohecho. También serán imputados su asesor Domingo Soto, el empresario Nabil Mansour y Francisco Leyton, el vicepresidente de Tottus.
Según el Ministerio Público, este último habría pagado una comisión de 117 millones de pesos a Olavarría a través de Mansour y Soto, para quedarse con un paño de terreno municipal, donde posteriormente se instaló un supermercado de dicha cadena ligada a Falabella.
El caso explotó cuando un oficial de Carabineros denunció que el supermercado vendía alcohol y estaba a menos de cien metros de una comisaría. En la investigación un ejecutivo de DyS (Lider) declaró que a él le solicitaron una gran cantidad de dinero (600 UFs), equivalente a los 117 millones de pesos para adjudicarse el terreno en arriendo. La defensa de Olavarría señala que el dinero que recibió de Soto fue a modo de préstamo personal. Además sostienen que DyS siempre estuvo dispuesta a pagar la comisión al intermediario (Mansour).
Autor: http://diario.elmercurio.com/2010/04/23/nacional/nacional/noticias/F13C3DB8-C494-4E33-B6F4-F36CA41A5242.htm?id={F13C3DB8-C494-4E33-B6F4-F36CA41A5242}(El Mercurio)
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