El ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, se encuentra elaborando junto a su equipo una serie de medidas -algunas de carácter administrativo y otras que deberán pasar por el Congreso- enmarcadas en una de las prioridades que quiere subrayar La Moneda: la agenda de probidad y transparencia.
Aunque las iniciativas, que buscan ampliar la agenda política y legislativa más allá del terremoto, suman seis, son tres las prioridades inmediatas del Ejecutivo: la regulación del fideicomiso ciego, el perfeccionamiento del sistema de Alta Dirección Pública y las readecuaciones a la ley de transparencia y de acceso a la información pública.
En este sentido, la cartera que encabeza Larroulet tiene presupuestado enviar al Congreso, en los próximos 15 días, una indicación sustitutiva al actual proyecto que existe en la Cámara de Diputados sobre fideicomiso ciego.
Los cambios que La Moneda propondrá serán dos. El primero de ellos apunta a definir mejor la cobertura de este sistema, incorporando a los parlamentarios y a los consejeros del Banco Central. El que los legisladores estén afectos al fideicomiso es prioritario para el Gobierno. De hecho, la administración Bachelet, mediante una indicación enviada el 28 de enero, pretendía excluirlos de la obligación de acogerse a la medida.
Otro de los cambios que el Gobierno enviará al proyecto es que se autorice a instituciones financieras extranjeras que gocen de un reconocido prestigio para que puedan actuar como administradoras de los mentados fideicomisos.
Esto último, comentan desde el Ejecutivo, sería similar a las carteras de inversión que manejan los Fondos de Pensiones
El Mandatario tiene un especial interés en esta materia; de hecho, ha pedido formalmente a su equipo poder sacar prontamente esta ley y que involucre también a los parlamentarios. El jefe de Estado se acogió, en abril de 2009, a un fideicomiso ciego voluntario donde cuatro instituciones -Celfin Capital, LarrainVial, Bice y Moneda Asset Management- controlan parte de su patrimonio.
La Segpres ya dio los primeros pasos en esta materia hace un par de semanas, cuando el ministro Larroulet asistió a la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados para exponer sobre el tema.
Otra de las prioridades de esta agenda es ampliar el sistema de Alta Dirección Pública. En 2007 el anterior Gobierno envió al Congreso un proyecto que perfeccionaba tal sistema. Hoy el Ejecutivo quiere retomarlo para que una mayor cantidad de cargos estén sujetos a este sistema de selección para trabajar en el sector público.
La actual administración también pretende retomar la regulación de quienes dejan un cargo en la administración del Estado y pasan inmediatamente al sector privado. Algo que el Ejecutivo ha denominado la "puerta giratoria" desde el sector público al privado.
Regular "puerta giratoria"
Actualmente la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado señala que son incompatibles las "actividades de las ex autoridades o ex funcionarios de una institución fiscalizadora que impliquen una relación laboral con entidades del sector privado sujetas a la fiscalización de ese organismo". Y que esa incompatibilidad se mantendrá por seis meses.
Es decir, una persona que trabaje en una entidad regulatoria no puede irse, al dejar tal labor, a una empresa que antes regulaba. La intención del Ejecutivo es establecer con mayor precisión quienes están sujetos a esa prohibición y ampliarla a un año. A cambio de ello, se estudia establecer una compensación económica a las ex autoridades sujetas a esta incompatibilidad, cuyo monto debe ser discutido.
Otra iniciativa apunta a perfeccionar la Ley de Transparencia. Para ello se están estudiando tanto la propuesta de los senadores Hernán Larraín (UDI) y Soledad Alvear (DC) -planteada la semana pasada- como las sugerencias que ha hecho el Consejo para la Transparencia. De hecho, Larroulet tiene previsto reunirse hoy con miembros del Consejo para abordar aspectos de esta agenda.
''Es un mandato del Presidente de la República que considera que es fundamental avanzar en materias detransparencia y de probidad".CRISTIÁN LARROULETMINISTRO SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA
Fondos de campaña
Anoche, la Primera Dama Cecilia Morel cuestionó en TVN que haya parlamentarios "que son financiados en sus campañas por empresas que no sabemos", en respuesta a las críticas a Piñera por la demora en la venta de LAN y Chilevisión. Dijo que sería bueno que las donaciones se transparenten, "como en EE.UU.". Las propuestas
1 Perfeccionamiento de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública: Plantea cambios como los plazos para las resoluciones del Consejo para la Transparencia y fijar plazos menores a cinco años para la reserva de información.
2 Regulación del fideicomiso ciego: se reestudiará el ámbito de aplicación de dicho instrumento, incorporando a parlamentarios y consejeros del Banco Central, al tiempo que autorizará a instituciones extranjeras para que lo administren.
3 Perfeccionamiento de la regulación sobre declaraciones de intereses y de patrimonio: Busca permitir que se presenten de manera electrónica en el sitio web de la Contraloría General de la República; amplía el contenido de las declaraciones de intereses y establece sanciones por el incumplimiento de esta obligación al momento de dejar el cargo.
4 Perfeccionamiento del Sistema de Alta Dirección Pública: Propone ampliar la cobertura de servicios y cargos adscritos a los procesos de selección públicos.
5 Regulación de la "puerta giratoria" desde el sector público al privado: Reactiva un proyecto de ley del año 2006 y establece con mayor precisión las autoridades y funcionarios sujetos a la prohibición de migrar al sector privado, ampliando además el período determinado en el que están impedidos de hacerlo. Al mismo tiempo, fija una compensación económica para quienes queden regidos por este mismo hecho.
6 Creación de un grupo de trabajo con expertos en gestión de archivos públicos: Pretende conformar un grupo de trabajo de expertos nacionales para que elaboren un informe con propuestas de políticas públicas en materia de gestión en el sector estatal, con énfasis en las políticas de gestión documental electrónica.
